DEMANDA LABORAL. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE PREVENIR AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS PARA SUBSANAR LOS DEFECTOS O IRREGULARIDADES EN AQUÉLLA, DEBE RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA EL LAUDO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente contradicción de tesis atento a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 1/1997 del Tribunal Pleno, relativo a la determinación de la competencia por materia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al envío de asuntos competencia del Pleno a dichas Salas, aprobado el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete y publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de ese mismo año, toda vez que se presenta una denuncia de contradicción de tesis que si bien se refiere a la procedencia de la vía de amparo, lo que de suyo, en principio, es un tema genérico, sin embargo se encuentra vinculado estrictamente a la materia laboral al referirse a una violación procesal reclamable en amparo en la que incurrió una Junta de Conciliación y Arbitraje.
SEGUNDO.-La presente denuncia de contradicción de tesis es procedente en función del servidor público que la formula, de conformidad con lo siguiente:
Los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental establecen, en la parte conducente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"Fracción XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"...
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."
Ley de Amparo.
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Los preceptos antes reproducidos establecen los lineamientos para la integración de la jurisprudencia por el sistema de unificación, a través de la resolución de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Tanto el artículo 107, fracción XIII del Código Político, como el 197-A de la Ley de Amparo, establecen que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes o los Magistrados que los integran o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieran sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios. Como se advierte, la enumeración de los órganos, servidores públicos o personas que pueden denunciar la contradicción es limitativa y se reduce a los anteriormente señalados.
En el presente caso, la contradicción de tesis es denunciada por el presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que tuvo el carácter de contendiente, toda vez que dicho órgano jurisdiccional resolvió en sesión de diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y ocho el juicio de amparo directo número DT-8399/98, promovido por Albertina Beatriz Sánchez López. De esta forma, al estar facultado dicho servidor público, en su calidad de integrante del órgano colegiado contendiente, por la Constitución y por la Ley de Amparo para hacerla, la presente denuncia de contradicción de tesis debe estimarse procedente.
TERCERO.-Los razonamientos vertidos por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en la resolución de diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y ocho recaída en el amparo directo DT-8399/98, promovido por Albertina Beatriz Sánchez López, por conducto de su apoderado, en contra del laudo de fecha once de febrero de mil novecientos noventa y ocho de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, dictado en el expediente laboral 231/95 seguido por la quejosa en contra de La Idea Verde, Sociedad Anónima y otros, son los siguientes:
"TERCERO.-Es infundado el primero y esencialmente fundados el segundo, tercero y sexto, conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo.-Por razón de método se estudian en primer lugar las violaciones al procedimiento que hace valer la quejosa.-Aduce esencialmente la quejosa en el primer concepto de violación, que la autoridad responsable incurrió en violaciones al procedimiento, en virtud de que el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, procedió al estudio del incidente de nulidad de actuaciones que hizo valer la demandada, no obstante que se interpuso el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y seis, después de transcurridos los tres días siguientes al de la publicación en el boletín laboral de la audiencia que atacó de nulidad, ocurrida el diez del mismo mes y año, y de que el término feneció el quince del mes y año citados, por lo que de conformidad con los artículos 733 y 735, de la Ley Federal del Trabajo, el incidente planteado había precluido, y debió tenerlo por no interpuesto al ser extemporáneo, y como consecuencia, por no acreditada la personalidad del apoderado del patrón, así como por contestada la demanda en sentido afirmativo, y debió condenar al patrón al pago de las prestaciones reclamadas por la trabajadora.-Es infundado lo que alega la quejosa, porque si bien el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y seis, la demandada ‘La Idea Verde, S.A.’, interpuso incidente de nulidad de actuaciones en contra de la audiencia de fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y seis, publicada el diez de octubre del mismo año (fojas ciento veinticuatro del expediente laboral), y que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 735, en relación con el 733, de la Ley Federal del Trabajo, cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles, y que dicho término comenzará a correr al día siguiente al en que surta efecto la notificación y se contará en él el día del vencimiento; en la especie, ese término no resulta aplicable, toda vez que las Juntas deben admitir y tramitar el incidente de nulidad de actuaciones aunque se haya cerrado la instrucción en el procedimiento, en virtud que de conformidad con los artículos 686, 782 y 886, de la legislación invocada, de oficio pueden revisar el procedimiento y enmendarlo si estiman que se omitió alguna de sus formalidades, teniendo facultades para allegarse pruebas para mejor proveer, con mayor razón si es a petición de parte que estime viciada una actuación, de ahí que si el referido incidente de nulidad de actuaciones se interpuso después del término a que se refieren los numerales citados en primer lugar y de que la Junta responsable cerró la instrucción de la audiencia celebrada el siete de octubre de mil novecientos noventa y seis (fojas ciento veintiuno y ciento veintitrés), el incidente debió de admitirse, tramitarse y resolverse como en el caso aconteció, y por consiguiente, no resultó extemporáneo ni precluido el derecho para interponerlo, independientemente de que se realizó con posterioridad al término de los tres días aludidos, pues se repite, dicho término no rige en tratándose del incidente de nulidad de actuaciones, por lo que la responsable no incurrió en la violación procesal que le atribuye la quejosa, apoyada en los motivos que hace valer; independientemente de que en otra parte alegue que el incidente sólo procede cuando no haya sido legalmente notificado el patrón, porque lo que interpuso la demandada fue el incidente de nulidad de actuaciones, con motivo de que no se le notificó legalmente para que compareciera a la audiencia de fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y seis, es decir, derivado de una actuación procesal que se siguió sin que se le notificara para que compareciera a la misma, por lo que tampoco asiste razón a la peticionaria de garantías en este otro aspecto, máxime que su inconformidad parte esencialmente de que precluyó el derecho de la demandada para interponer el incidente respectivo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 239, consultable en la página 157, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo V, que dice: ‘INCIDENTE DE NULIDAD EN JUICIO LABORAL. DEBE ADMITIRSE AUN CUANDO SE HAYA CERRADO LA INSTRUCCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO.-Debe admitirse y tramitarse el incidente de nulidad de actuaciones que se promueva aunque ya se haya cerrado la instrucción en los juicios laborales, siempre que todavía no se haya dictado el laudo, porque no cabe considerar que estando el procedimiento en tales condiciones, se encuentre precluido el derecho de promover una nulidad de actuaciones, ya que de conformidad con los artículos 686, 782 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, las propias Juntas, de oficio, pueden revisar el procedimiento y enmendarlo si estiman que se omitió alguna de sus formalidades, teniendo facultades hasta para allegarse las pruebas que estime necesarias para mejor proveer; por lo tanto, con mayor razón procederá el trámite a petición de una de las partes que considera existente una actuación viciada. En cambio, si ya estuviera autorizado el laudo por la Junta, sería improcedente el incidente de nulidad que se promoviera respecto de actuaciones anteriores al mismo, por ser el laudo una resolución que no admite recurso alguno y no puede ser revocada por la Junta que la emite, como lo establece el artículo 848 de la ley mencionada.’.-No obstante, en lo que sí asiste razón a la quejosa, es en lo que alega esencialmente en el segundo y tercer conceptos de violación, respecto de que la Junta responsable dejó de aplicar lo dispuesto por los artículos 685 y 873, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, al no haber requerido a la actora para que aclarara la acción que realmente intentaba; porque efectivamente como lo manifiesta dicha quejosa, en su escrito inicial de demanda reclamó indemnización constitucional por despido injustificado y en la aclaración y modificación de la demanda la rescisión de la relación de trabajo, como se advierte a fojas uno y ciento quince, de los autos del expediente laboral.-Ahora bien, si de acuerdo con lo anterior, se aprecia que la actora ejercitó acciones contradictorias, se tiene que de conformidad con los artículos 685 y 873, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, la Junta debió de requerir y prevenir a la actora para que subsanara la demanda dentro de un término de tres días, a fin de que precisara cuál de las dos acciones era la que realmente ejercitaba, independientemente de que diga la quejosa, que ambas acciones las hizo derivar del despido injustificado, porque si bien en el escrito inicial de demanda la actora reclamó indemnización constitucional por el despido injustificado ocurrido el diez de febrero de mil novecientos noventa y cinco (fojas uno y dos), en la aclaración y ampliación de la demanda, la rescisión de la relación de trabajo, la fundó en que el patrón incurrió en faltas de probidad, honradez, actos de violencia y amenazas en contra de su persona, con motivo de que el día ocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco, la representante legal de la empresa le manifestó que había un faltante de inventario, obligándola a firmarlo y requiriéndole para que pagara la cantidad de ‘N$72,000.00’, y que no la dejaron salir del lugar de los hechos hasta que no firmó el inventario, pues de lo contrario quedaría detenida y remitida de inmediato al Ministerio Público, por cuyos hechos adujo que hizo la denuncia correspondiente (fojas ciento quince y ciento diecisiete), es decir, que se está en presencia de dos acciones distintas, inclusive por las características de los hechos narrados, que mereció la aclaración correspondiente de la acción intentada, aun cuando se alegue tanto en la demanda como en la aclaración y ampliación, el despido injustificado, si además se toma en cuenta que la fecha de tales hechos es distinta, pues en la demanda se señaló que el despido tuvo lugar el diez de febrero de mil novecientos noventa y cinco, y en la aclaración y ampliaciones, que los hechos que motivaron las faltas, de probidad, honradez, actos de violencia y amenazas, y el despido ocurrieron el ocho de febrero del mismo año.-La violación procesal trascendió al resultado del fallo en términos del artículo 158, de la Ley de Amparo, porque como lo dice la quejosa en el tercero y sexto conceptos de violación, y tiene razón en este aspecto, la Junta responsable en el laudo reclamado sólo se limitó a resolver respecto de la rescisión de la relación de trabajo, con base en cuya acción declaró prescrita la acción intentada, independientemente de que haya aludido a la acción de indemnización por despido injustificado reclamado en el escrito inicial de demanda, pues se advierte que se refirió a ella con el único objeto de establecer que en la aclaración la actora modificó el ejercicio de la acción que inicialmente había reclamado, como se advierte del considerando segundo del fallo impugnado (fojas doscientos veinte).-En las relacionadas consideraciones, lo que procede es conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo impugnado y, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, reponga el procedimiento en lo necesario, para que requiera a la actora en términos de los artículos 685 y 873, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de que subsane las irregularidades, defectos y contradicciones de la demanda, aclaración y modificaciones a la misma, a fin de que precise cuál es la acción que realmente se encuentra ejercitando en el juicio laboral. Hecho que sea, y sin perjuicio de que realice sus demás funciones jurisdiccionales, resuelva lo que conforme a derecho corresponda.-Visto el efecto por el que se concede el amparo, es innecesario el estudio de los demás conceptos de violación que hace valer la quejosa; de conformidad con la jurisprudencia número 168, consultable en la página 113, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos.’."
CUARTO.-Las consideraciones sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en el juicio de amparo directo 247/97, promovido por Guillermo Tadeo Pérez, por conducto de su apoderado, contra actos de la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, consistentes en el laudo dictado con fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y seis dentro del juicio laboral número 866/94-E, seguido por el quejoso en contra de Fabis Boutique y/o quien resulte ser propietario legítimo y otros, son del tenor literal siguiente:
"TERCERO.-El estudio de los anteriores conceptos de violación, permite arribar a las siguientes consideraciones.-Al analizar los relativos a las violaciones de procedimiento, se encuentra que devienen inoperantes, aquellos conceptos de violación mediante los que se destaca la omisión de la Junta, de acatar lo dispuesto por los artículos 685, 873 y 878 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de prevenir al actor para que aclarara su escrito inicial de demanda, respecto de aquellos aspectos en los que incurrió en oscuridad y por los que se consideró al pronunciarse el laudo definitivo que la acción relativa al despido era improcedente.-Ciertamente, la violación procesal resultante de la omisión por parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en acatar en sus términos lo estatuido por los artículos 685, 873 y 878 de la Ley Federal del Trabajo, no es de aquellas que pueda ser impugnada en el amparo directo, ya que no se encuentra comprendida en alguno de los supuestos en que se consideran violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, susceptibles de combatirse a través del amparo uniinstancial; por el contrario, la omisión de las Juntas de cumplir con el deber de mandar aclarar la demanda, debe impugnarse en amparo indirecto ante un Juez de Distrito, por ser de aquellas que de actualizarse, dentro del procedimiento laboral tienen una ejecución de imposible reparación.-Para arribar a la anterior conclusión, se tiene presente que las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente en amparo directo, cuando se reclama el laudo respectivo, pero también pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, según el resultado que arroje el análisis objetivo de la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica; circunstancias todas estas se surten en el caso de la omisión de las Juntas en su obligación de subsanar, mandar aclarar o corregir las demandas de los trabajadores, cuando éstas sean incompletas u oscuras, y que como enseguida se verá le imprimen un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se desarrolle todo el procedimiento y recaiga el laudo.-En efecto, para examinar el problema relativo, en concordancia con las consideraciones precedentes, se observa que la omisión en el acatamiento de los artículos 685 y 873 del código obrero, resulta irreparable, una vez que ha quedado debidamente integrada la litis laboral; esto es, cuando se cierra la etapa de demanda y excepciones, porque con posterioridad a dicho momento, la Junta estaría impedida para ejercer la suplencia de la demanda del trabajador, en los términos que le imponen los mencionados artículos 865 y 873, de la Ley Federal del Trabajo, conforme las razones que a continuación se exponen: En principio, como se arguye en los conceptos de violación, la Junta al recibir una demanda proveniente del trabajador, indefectiblemente se encuentra obligada a analizar dicho libelo, en forma por demás escrupulosa, con el objeto de detectar oportunamente, si dicha demanda es incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo a la ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, subsanar dicha irregularidad, tal como lo es la oscuridad apuntada, de manera que, al admitir dicha demanda, esté en posibilidad de señalar al trabajador las omisiones o defectos en que haya incurrido, conforme lo ordenan los artículos 685 y 873, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo; que la obligan a intervenir en cada caso, según corresponda, en beneficio del trabajador o sus beneficiarios; tanto más si se considera que tal obligación, parte de un sistema tutelar en favor del trabajador que deriva de los principios de justicia social comprendidos en el artículo 123 constitucional, ampliados después en las normas sustantivas y adjetivas laborales que lo reglamentan, y que alcanza también al juicio de garantías, a través de las disposiciones del artículo 197 de la Norma Suprema y del numeral 76 bis, fracción IV de su ley reglamentaria.-Tan es así, que no cabe duda, de que en el procedimiento laboral, es propósito claro y definitivo del legislador hacer efectivos los derechos sociales que en favor del trabajador establece nuestra Carta Magna, así como su ley reglamentaria, imponiendo a los órganos de la impartición de la justicia laboral, diversas obligaciones procesales en auxilio a los trabajadores, tendientes a evitar situaciones de tipo formal o legal, que pudieran colocar al litigante menos preparado, en situación de desventaja notoria frente a su contraparte, al grado de que esta desventaja lo llevara a perder sus derechos, sólo porque no supo cumplir con las formalidades legales para hacerlos valer; verbigracia como en el caso sucedió, en que el actor incurrió en oscuridad al plantear los hechos constitutivos del despido y de los de su reclamo de tiempo extraordinario, y en esa virtud se determinó que las acciones relativas eran improcedentes.-Ahora bien, como contrapeso a la circunstancia consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, que le permite acceder a los servicios de mejores abogados y de contar con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; al trabajador, la ley le confiere el beneficio de que no pueda verse privado de sus legítimos derechos laborales, por defectos en el planteamiento de sus demandas, obligando a las Juntas a suplir sus deficiencias, de manera tal que las mismas no trasciendan al resultado del juicio; habida cuenta, que en todo caso, debe adoptarse el criterio sustentado por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que de la relación de los artículos 685, 873, último párrafo, 878, fracción II y 879, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo, se infiere que la regla general de que el proceso laboral se inicia a instancia de parte, tiene diversos matices o temperamentos en el tratamiento de la demanda, que pueden reducirse a dos hipótesis: 1) Cuando dicha demanda es incompleta; y, 2) Cuando es oscura o vaga, irregular, o en ella se ejercitan acciones contradictorias, puesto que en ambas hipótesis se establece la suplencia de la demanda, si es promovida por el trabajador o sus beneficiarios. Dicha suplencia varía en cada uno de los dos supuestos, aunque siempre tiene como límite el respeto a la indicada regla de que el proceso se inicia a instancia de parte. Así, en la primera hipótesis, la suplencia no tiene por objeto que el tribunal cambie la acción o intente una nueva, sino sólo que ateniéndose a la ejercitada y a los hechos expuestos, subsane las prestaciones a que el trabajador tiene derecho y cuya petición fue omitida, debiendo resaltarse que este tipo de suplencia la hace el tribunal por sí y desde luego, aun sin la intervención del actor. En el segundo supuesto, en cambio, la actuación del tribunal necesita la intervención del actor para que exprese, conforme a su libre voluntad, lo que en cada caso corresponda, ya que en acatamiento a la regla del inicio del proceso a instancia de parte, sólo él está en aptitud de proporcionar los datos que aclaren, regularicen o concreten los términos de la demanda, y sobre todo, sólo él puede optar por una de las acciones cuando son contradictorias. Cabe agregar en confirmación de lo anterior, que si precisados los defectos u omisiones, el promovente trabajador o sus beneficiarios, no los subsanan dentro del término legal y tampoco lo hacen en el periodo de demanda y excepciones, o bien no comparecen al mismo, la Junta deberá, por así indicarlo la ley, tener por reproducida la demanda inicial tal como fue formulada. Pese a las diferencias acusadas, las normas rectoras de la suplencia tienen en común que no establecen una potestad discrecional a cargo del tribunal laboral para subsanar o mandar corregir irregularidades u omisiones de la demanda laboral, sino por el contrario, se traducen en verdaderos imperativos que lo obligan a intervenir en cada caso, según corresponda, en beneficio del trabajador.-Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia número 133, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 91 del Tomo V, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto dicen: ‘DEMANDA LABORAL. SUPLENCIA. LA ATRIBUCIÓN OTORGADA A LAS JUNTAS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES DE EJERCICIO OBLIGATORIO.-De la relación de los artículos 685, 873, último párrafo, 878, fracción II, y 879, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, se infiere que la regla general de que el proceso laboral se inicia a instancia de parte, tiene diversos matices o temperamentos en el tratamiento de la demanda, que pueden reducirse a dos hipótesis: 1) Cuando dicha demanda es incompleta; y, 2) Cuando es oscura o vaga, irregular o en ella se ejercitan acciones contradictorias, puesto que en ambas hipótesis se establece la suplencia de la demanda si es promovida por el trabajador o sus beneficiarios. Dicha suplencia varía en cada uno de los dos supuestos, aunque siempre tiene como límite el respeto a la indicada regla de que el proceso se inicia a instancia de parte. Así, en la primera hipótesis, la suplencia no tiene por objeto que el tribunal cambie la acción o intente una nueva, sino sólo que ateniéndose a la ejercitada y a los hechos expuestos, subsane las prestaciones a que el trabajador tiene derecho y cuya petición fue omitida, debiendo resaltarse que este tipo de suplencia la hace el tribunal por sí y desde luego, aun sin la intervención del actor. En el segundo supuesto, en cambio, la actuación del tribunal necesita la intervención del actor para que exprese, conforme a su libre voluntad, lo que en cada caso corresponda, ya que en acatamiento a la regla del inicio del proceso a instancia de parte, sólo él está en aptitud de proporcionar los datos que aclaren, regularicen o concreten los términos de la demanda y, sobre todo, sólo él puede optar por una de las acciones cuando son contradictorias. Cabe agregar en confirmación de lo anterior, que si precisados los defectos u omisiones, el promovente trabajador o sus beneficiarios no los subsanan dentro del término legal y tampoco lo hacen en el periodo de demanda y excepciones o bien no comparecen al mismo, la Junta deberá, por así indicarlo la ley, tener por reproducida la demanda inicial tal como fue formulada. Pese a las diferencias acusadas, las normas rectoras de la suplencia tienen en común que no establecen una potestad discrecional a cargo del tribunal laboral para subsanar o mandar corregir irregularidades u omisiones de la demanda laboral sino, por el contrario, se traducen en verdaderos imperativos que lo obligan a intervenir en cada caso, según corresponda, en beneficio del trabajador.’.-Así mismo, no debe pasar inadvertido, que los artículos 685, 873 y 878 de la Ley Federal del Trabajo, invariablemente señalan los términos en que deben ejercer las Juntas esa obligación, de velar porque la demanda del trabajador sea clara y completa, pues es así que el primero de los mencionados dispositivos prevé, que cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo a la ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta en el momento de admitir la demanda subsanará ésta, sin perjuicio de que cuando la demanda sea oscura o vaga se proceda en términos de lo dispuesto por el artículo 873 de la propia ley, el cual a su vez establece, que cuando la Junta notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane en un término de tres días; a su vez, el artículo 878 en su fracción II de la mencionada ley, indica que el actor expondrá su demanda, ratificándola, precisando los puntos petitorios, que si el promovente siempre que se trate del trabajador, no cumpliere los requisitos omitidos o no subsanare las irregularidades que se le hayan indicado en el planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga en ese momento; cuyos términos como fácilmente se advierte, necesariamente se agotan con antelación al momento en que se cierra el periodo de demanda y excepciones.-Lo anterior encuentra su razón de ser, en que conforme al principio de concentración que establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo que confirman múltiples preceptos de dicho cuerpo de ley, el procedimie
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5657-c8b2d06e/demanda-laboral-la-omision-de-la-junta-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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