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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 451/2016. · Registro digital (IUS): 27590
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, SINALOA, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCU
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Pág. 165.

EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 451/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, SINALOA, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: MÓNICA CACHO MALDONADO.

II. Competencia

5. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la contradicción de tesis, de conformidad con una interpretación extensiva y teleológica de los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente,(4) 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece.

6. Lo anterior, en términos de lo decidido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del día veintiséis de enero de dos mil quince, al resolver la contradicción de tesis 271/2014, en el sentido de que a dicha Suprema Corte, funcionando en Pleno o en Salas, según corresponda, le compete conocer de las contradicciones entre las tesis sustentadas por un Pleno de Circuito y Tribunales Colegiados de diverso Circuito, en atención a que el objetivo fundamental del procedimiento de contradicción es generar seguridad jurídica mediante la definición de una jurisprudencia que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción.

7. Asimismo, la competencia recae en esta Sala, ya que el tema al que se refiere la denuncia de contradicción deriva de juicios de orden civil, materia en la cual se encuentra especializada.

III. Legitimación

8. En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.

IV. Existencia

9. El presente asunto sí cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que ha fijado esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) consistentes en que:

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

10. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este primer requisito sí se satisface, pues a juicio de esta Primera Sala, el Pleno de Circuito y los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, como se expone a continuación:

11. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito resolvió la contradicción de tesis **********, entre los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión ******** y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil de ese mismo Circuito, al resolver los recursos de revisión ********** y **********.

12. Luego de determinar que ambos tribunales se pronunciaron sobre cuáles deben ser los efectos de la concesión de amparo contra el indebido emplazamiento a juicio, el Pleno aclaró que el Octavo Tribunal Colegiado estableció, en el recurso de revisión **********, que el efecto debía ser "reponer el procedimiento a efecto de que se emplace legalmente a la quejosa", pero al resolver el recurso de revisión **********, consideró que tal efecto debía ser que la responsable repusiera el procedimiento "y con plenitud de jurisdicción provea lo que en derecho corresponda", por lo que sólo tomaría en cuenta este segundo criterio, por ser una modificación del primero.

13. En ese sentido, estimó satisfechos los requisitos de procedencia, ya que mientras el Tercer Tribunal Colegiado estableció que el efecto de la concesión de amparo contra el indebido emplazamiento a juicio debe ser el de ordenar la reposición del procedimiento y, a partir de la notificación personal de la sentencia de amparo, que transcurra el plazo para contestar la demanda en el juicio de origen bajo la premisa de que el quejoso ya se hizo sabedor del juicio promovido en su contra; en cambio, el Octavo Tribunal Colegiado estimó que no debe ser así, sino ordenar reponer el procedimiento, a fin de que la responsable, con plenitud de jurisdicción, provea lo que en derecho corresponda; esto debido a que la notificación personal de la ejecutoria de amparo no puede hacer las veces de emplazamiento al juicio del que deriva el acto reclamado.

14. Así, fijó como punto de contradicción el siguiente: ¿Uno de los efectos de la sentencia que concede la protección constitucional en un juicio de amparo indirecto contra el indebido emplazamiento a juicio, es que la autoridad responsable deje insubsistente el emplazamiento a la quejosa, así como las actuaciones subsecuentes y, con plenitud de jurisdicción provea lo que en derecho corresponda, o bien, que a partir de la notificación de la ejecutoria de amparo transcurra el término a la enjuiciada para comparecer al juicio de origen?

15. Dicho punto se resolvió conforme a las siguientes consideraciones:

• El emplazamiento a juicio constituye una de las formalidades esenciales del procedimiento necesarias para garantizar la audiencia previa a los actos privativos, en términos del artículo 14 constitucional. Incluso, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte se ha admitido la suplencia de la deficiencia de la queja en materias civil, mercantil y administrativa, tratándose de la falta o del ilegal emplazamiento del demandado en un juicio; así como ante la falta de emplazamiento del tercero perjudicado en el juicio de amparo. Lo que demuestra la importancia del llamamiento a un procedimiento jurisdiccional contencioso a una de las partes, en el sentido de que si no se lleva a cabo, debe reponerse el procedimiento para tal efecto, por constituir la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, porque afecta la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como de probar.

• Conforme al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, los efectos de la concesión de amparo serán restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Asimismo, en el último considerando, el Juez debe determinar con precisión los efectos, especificar las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar el estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho vulnerado.

• El acto reclamado considerado en los criterios contendientes sí es de carácter positivo, porque se trata del emplazamiento a juicio.

• Así, uno de los efectos de la concesión de amparo contra ese acto no puede ser que a partir de la notificación de la ejecutoria de amparo el quejoso comparezca a juicio de origen a contestar la demanda, porque esa notificación no puede tener el alcance de sustituir al emplazamiento, ya que éste debe realizarse según la formalidades que le son propias, en relación con el procedimiento en que se verifique y con apego a las leyes aplicables, dada su trascendencia para la constitución de la relación jurídico-procesal.

• Además, un efecto de esa naturaleza implicaría imponer al tribunal de amparo el análisis del procedimiento de origen y verificar sus particularidades, lo cual no concreta el cumplimiento exacto del fallo protector, que se limita a dejar insubsistente el emplazamiento irregular y los actos subsecuentes que tengan como base esa actuación procesal.

• La notificación de la sentencia de amparo sólo pone en conocimiento del quejoso la sentencia firme dictada en el juicio constitucional, pero no hace las veces de emplazamiento, ya que éste no se sujeta a la Ley de Amparo, sino a la norma procesal que rige el procedimiento respectivo, donde normalmente se pide señalar el domicilio donde ha de practicarse, los documentos que deben acompañarse y las formalidades de la diligencia.

• En cambio, al notificarse la sentencia de amparo no es dable analizar si se cumplen los requisitos del emplazamiento según la ley del acto, es decir, no se puede advertir si el domicilio donde se hace la notificación de la sentencia coincide con el señalado por la ley para llevar a cabo el emplazamiento, que ordinariamente es uno donde se tenga mayor certeza de que el demandado conocerá del juicio entablado en su contra (donde habita, labora o se puede localizar). Asimismo, si la concesión del amparo contra el emplazamiento hubiera obedecido a que el notificador no se cercioró de que la persona buscada tuviera su domicilio en el lugar donde se constituyó, o bien, porque no se acompañaron los documentos necesarios para una defensa adecuada; la concesión de amparo con el efecto de que a partir de la notificación de la sentencia se debe acudir a contestar la demanda dejaría sin ningún sentido la protección constitucional, con la posibilidad de incurrir en la misma infracción que se pretende evitar, al no permitir que la diligencia se realice donde pueda ser localizado el demandado, o bien, que se tenga acceso a la documentación requerida para contestar la demanda.

• Además, con el emplazamiento a través de la notificación de la sentencia de amparo no podrían tener lugar los efectos del emplazamiento, es decir, fijar la competencia a favor del Juez que hace la diligencia, sujetar al emplazado a seguir el juicio ante ese Juez, obligar al demandado a contestar la demanda ante dicha autoridad y producir todas las consecuencias de la interpelación judicial.

• Tampoco se respetaría el principio de economía procesal y la garantía de tutela judicial efectiva, por la inseguridad que genera no hacer la notificación con las formalidades necesarias y esto podría incidir en las etapas del procedimiento como diversas violaciones procesales.

• Inclusive, si se tratara de juicios ejecutivos mercantiles, se desvirtuaría la naturaleza de la diligencia que consta de tres partes: requerimiento de pago, embargo y emplazamiento; pues se verificaría solamente la última fase.

• Tampoco puede estimarse que con la notificación de la sentencia de amparo se respete el principio de buena fe, pues la concesión de la protección constitucional obedece a un actuar irregular de la autoridad responsable que dejó al afectado en estado de indefensión; es decir, no es imputable al quejoso, por lo cual, no se le puede sancionar por una obligación que la responsable incumplió, máxime que la quejosa tiene derecho al debido proceso.

• Además, la actuación del actuario adscrito a la autoridad de amparo se rige por la Ley de Amparo, y no por la que regula el acto reclamado, donde se prevén los requisitos del emplazamiento. Y si llegara a considerarse que la notificación de la sentencia de amparo fue ilegal en un incidente de nulidad, esto trascendería en el procedimiento de origen.

• Si el efecto del amparo debe ser restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta no hubiera existido, esto no se lograría si la concesión del amparo se sustituye al acto reclamado, porque se trataría extralógicamente al juicio de amparo como si fuera una actuación dentro del juicio de origen, o una actuación ordinaria de la autoridad común, lo cual es inadmisible.

• Con base en lo anterior, se considera que el efecto de la concesión del amparo contra el emplazamiento destruye dicho acto y las actuaciones subsecuentes y, en su caso, corresponderá a la autoridad responsable proveer los trámites; pues sólo ella estará en aptitud de verificar la procedencia de la continuación del procedimiento de origen, porque, incluso, podría ocurrir que el actor desistiera de la instancia o de la acción; de ahí que el efecto del amparo sólo deba consistir en dejar insubsistente la diligencia impugnada y las actuaciones subsecuentes. Interpretación que se estima apegada al deber impuesto a las autoridades en el artículo 1o. constitucional, de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.

• Es importante destacar que lo anterior no implica que el conocimiento genérico que el quejoso tiene de la existencia de un procedimiento en su contra, no pueda ser tomado en cuenta si se presentara un juicio de amparo posterior, para evitar que el juicio constitucional sea utilizado para retrasar o impedir la continuación del juicio natural sin justificación, sobre la base de un nuevo "indebido emplazamiento a ese propio procedimiento", pues la Primera Sala(6) ya determinó que si el demandado conoce de la existencia del juicio natural pierde el carácter de persona extraña, para lo cual, resulta suficiente el conocimiento del proceso, adquirido con motivo de la instauración del juicio de amparo en que se le concedió la protección constitucional.

16. Conforme a lo anterior, el Pleno de Circuito consideró que debía de prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la siguiente tesis:

"EMPLAZAMIENTO INDEBIDO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA EN SU CONTRA SON QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE DICHA DILIGENCIA, ASÍ COMO TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO DE ORIGEN, Y RESUELVA CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN LO QUE CORRESPONDA RESPECTO A UN NUEVO EMPLAZAMIENTO. Los efectos de la sentencia que concede la protección constitucional contra el indebido emplazamiento a juicio consisten en que la autoridad responsable deje insubsistente la diligencia relativa, así como todo lo actuado en el juicio de origen, y resuelva con plenitud de jurisdicción lo que corresponda, pero no implica que la notificación de la ejecutoria de amparo haga las veces de un emplazamiento, ya que por su especificidad, ninguna actuación puede sustituirlo y, por tanto, en su caso, éste debe realizarse de acuerdo a sus propias formalidades, en relación con el procedimiento en que se verifique y las leyes aplicables, dada su trascendencia para la constitución de la relación jurídico-procesal. Lo anterior concuerda con los efectos restitutorios de la protección constitucional, consistentes en restablecer las cosas al estado en que guardaban antes de la violación, como si ésta no hubiera existido, pues si uno de los propios efectos sustituyera al mismo acto reclamado, sería en detrimento de los fines restitutorios del juicio constitucional, establecidos en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Lo antes señalado no significa que el conocimiento -genérico- de que existe un procedimiento contra el quejoso, no pueda tomarse en consideración en un juicio de amparo posterior, para evitar que el juicio constitucional se utilice para retrasar o impedir la continuación del juicio natural, sin justificación alguna, sobre la base de un nuevo ‘indebido emplazamiento a ese propio procedimiento’, y que, por tanto, el quejoso pueda comparecer a solicitar nuevamente la protección constitucional, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de título y subtítulo: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92).’, determinó que si el demandado tiene conocimiento de la existencia del juicio natural, pierde el carácter de persona extraña a juicio por equiparación, para lo cual, es suficiente el conocimiento de dicho procedimiento, adquirido con motivo de la instauración del juicio de amparo contra su indebido emplazamiento, en el que se le concedió la protección constitucional."

17. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió el amparo en revisión **********, interpuesto en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto **********, derivado de un juicio especial hipotecario respecto al cual se reclamó la falta de legal emplazamiento.

18. En la sentencia dictada por el Juez de Distrito se concedió el amparo contra el ilegal emplazamiento para el efecto de que, a partir de la notificación de la sentencia, comenzara a correr el plazo para contestar la demanda en el juicio de origen. El Tribunal Colegiado modificó dichos efectos de la concesión, bajo las siguientes consideraciones:

• Los efectos de la concesión de la protección constitucional contra el indebido emplazamiento a juicio no puede consistir en que a partir de la notificación de la ejecutoria de amparo transcurra el término para que el demandado comparezca al juicio de origen a contestar la demanda, pues esa notificación, por su especificidad, no puede tener el alcance de sustituir el emplazamiento, en la medida de que este acto procesal debe realizarse de acuerdo a las formalidades que le son propias, en relación con el procedimiento en que se verifique y con apego a las leyes aplicables dada su trascendencia para la constitución de la relación jurídico-procesal.

• Así, el cumplimiento exacto del fallo protector se limita a dejar insubsistente el emplazamiento irregular, así como los actos subsecuentes que tengan como base tal actuación.

• En cambio, en la notificación de la ejecutoria de amparo únicamente se pone en conocimiento del quejoso la sentencia firme dictada en el juicio constitucional, pero no hace las veces de una diligencia de emplazamiento con sujeción a la legislación aplicable, ya que es esta última, y no la Ley de Amparo, la que rige aquella diligencia, que, en su caso, señala el domicilio en el que debe verificarse, así como las formalidades propias que deben seguirse en dicha diligencia y los documentos que deben acompañarse para garantizar la eficaz defensa de sus derechos.

• De proceder de ese modo se genera inseguridad jurídica, al no realizarse la notificación a la parte enjuiciada con las formalidades necesarias para comparecer al procedimiento de origen, de acuerdo a la legislación aplicable; y esto incidiría en las etapas subsecuentes del proceso ordinario.

• Además, si la falta de comparecencia en su oportunidad al procedimiento no es imputable al quejoso, entonces, no se le puede sancionar por una obligación que la autoridad responsable no satisfizo, más aún si la quejosa tiene derecho a que se observe el debido proceso.

• Los propios efectos de la protección constitucional consisten en restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta no hubiera existido; consecuentemente, si uno de los propios efectos de la ejecutoria de amparo sustituyera al mismo acto reclamado, ello sería en detrimento de los fines restitutorios de la sentencia de amparo, establecidos en el artículo 77 de la Ley de Amparo, tratando a este medio extraordinario de defensa constitucional, como si fuera una actuación dentro del propio procedimiento de origen, o como una actuación ordinaria de la autoridad común. Situación que es inadmisible.

19. De la misma forma, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió en el amparo en revisión **********, interpuesto en contra de lo considerado en el juicio de amparo indirecto **********, derivado del juicio especial hipotecario **********, del que se reclama un ilegal emplazamiento por edictos.

20. El Tribunal Colegiado modificó los efectos de la concesión de amparo contra el emplazamiento, que se habían fijado en el sentido de que, a partir de la notificación de la sentencia de amparo, debía correr el plazo para comparecer al juicio de origen a contestar la demanda, para determinar que el efecto debía ser dejar insubsistente el emplazamiento y las actuaciones subsecuentes, para llevar a cabo un nuevo emplazamiento proveyendo con plena jurisdicción lo que en derecho corresponda. Al respecto, el tribunal se fundó, esencialmente, en lo siguiente:

• Aunque pueda ser congruente con los principios de economía procesal y buena fe, lo cierto es que la notificación personal de la ejecutoria que concede el amparo, no puede hacer las veces de emplazamiento al juicio, ya que ello supondría que el Juez de Distrito se sustituyera en las funciones de la autoridad responsable, supuesto que la Ley de Amparo no prevé, en cambio, el artículo 77, fracción I, de esa ley establece que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

• Asimismo, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito resolvió en la contradicción de tesis **********, que la notificación de la ejecutoria de amparo no puede hacer las veces de emplazamiento. Consideraciones que se comparten.

21. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, resolvió en el expediente auxiliar **********, formado con motivo de la remisión del amparo en revisión ********, del índice del Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de las siguientes características:

22. Dentro del juicio especial hipotecario promovido por el Infonavit en contra de Manuel Isaac Pulido Moreno y María de Lourdes Gutiérrez Ramírez ante el Juez Tercero de lo Civil con sede en Tijuana, Baja California, en que se dictó sentencia condenatoria y se procedió al remate y adjudicación del inmueble hipotecado; el primero de los demandados promovió juicio de amparo indirecto en contra del emplazamiento a ese juicio y todo lo actuado en él.

23. Del juicio constitucional conoció el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, el cual dictó sentencia en el sentido de conceder el amparo debido a que el emplazamiento incumplió las formalidades previstas en la ley, y el efecto de la concesión fue para que se dejara insubsistente lo actuado en el juicio hipotecario desde el ilegal emplazamiento y se repusiera el procedimiento, acotando que resultaba innecesario ordenar la práctica de un nuevo emplazamiento, porque con motivo del trámite del juicio de amparo el demandado tuvo conocimiento pleno de los datos de identificación del juicio, así como del contenido de la demanda, las prestaciones reclamadas y las pruebas ofrecidas, por lo cual se encuentra en aptitud de apersonarse ante el Juez a contestar la demanda, y que el plazo respectivo se computaría a partir de que surta efectos la notificación de la sentencia de amparo o, en su caso, la del recurso de revisión correspondiente.

24. El quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia, del cual se formó el expediente principal y auxiliar que analizó el Tribunal Colegiado en cuestión, el cual confirmó la sentencia recurrida, con base en las siguientes consideraciones:

• Los efectos de la concesión de amparo son distintos tratándose de personas extrañas a juicio, respecto de quienes son terceros extraños por equiparación.

• La persona extraña a juicio es aquella distinta de los sujetos de la controversia, es decir, la opuesta a la "parte" procesal, para quien los efectos del amparo no son que se le llame al juicio, ni la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado, sino reintegrarle en sus derechos afectados que son los bienes en litigio, donde no es parte. En cambio, el tercero extraño por equiparación es el sujeto que sí es parte del juicio, pero no fue legalmente emplazado y, por tal motivo, no se apersonó en el proceso; caso en el cual, el efecto del amparo sí es declarar la nulidad del juicio desde el emplazamiento hasta su última actuación, para restituirlo en el goce de su derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la afectación.

• En el caso, el quejoso es un tercero extraño por equiparación y los efectos para los cuales se concedió el amparo contra la ilegalidad del emplazamiento son correctos, porque la violación alegada es la falta de citación al juicio de origen, o violación a la garantía de audiencia; y el efecto del conocimiento ya se colmó con motivo del trámite del juicio de amparo, donde se dieron a conocer al quejoso, de manera pormenorizada, las prestaciones que se le reclamaron y los planteamientos en que sustenta la actora sus pretensiones, al acceder a los autos del juicio de origen que remitió la autoridad responsable, así como se le dio a conocer el juzgado y número de expediente.

• Lo anterior, máxime que el plazo para contestar la demanda correrá desde que surta efectos la notificación de la sentencia de amparo o, en su caso, de la del recurso de revisión, en los términos ordenados en los autos de 3 y 11 de octubre de 2011 dictados en el juicio de origen, por virtud de los cuales se ordenó el emplazamiento.

• Con lo anterior no se subsana ni convalida el emplazamiento irregular, sino que se parte de su ilegalidad y se toman las medidas necesarias para restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, pues no existe un derecho fundamental a gozar de la diligencia de emplazamiento, sino que su naturaleza es adjetiva e instrumental respecto de la garantía de audiencia, y para tutelarla de la mejor forma es válido partir del conocimiento adquirido del juicio del que ya no se es tercero extraño. Por tanto, el Juez de Distrito dictó medidas tendientes a asegurarse que el quejoso fuese escuchado en juicio sin mayor dilación, pues ya cuenta con los datos que lo colocan en aptitud de ejercer el derecho fundamental de ser escuchado y defenderse en juicio.

• El requerimiento para aceptar la depositaría judicial del bien hipotecado, previsto en el artículo 461 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, no es obstáculo a los efectos de la concesión de amparo, porque el quejoso podría ejercer sus derechos sobre tal aspecto, al contestar la demanda porque conoce los hechos, la existencia del juicio y la ley que invoca, o en su defecto, asumir las consecuencia legales y procesales de no comparecer a pesar de conocer el juicio.

• La consecuencia de la inconstitucionalidad de la diligencia de emplazamiento tiene como consecuencia restituir al disconforme en el pleno derecho de audiencia, lo que se consigue al dejar sin efectos el emplazamiento practicado y los actos subsecuentes y permitir ejercer el derecho de audiencia, con la posibilidad de ser oído.

• El objeto del emplazamiento se consigue si con motivo del amparo promovido contra el emplazamiento al quejoso se le tiene como sabedor de la existencia del juicio seguido en su contra, siendo innecesario practicar un nuevo emplazamiento.

• Ese criterio se funda también en evitar el abuso en la promoción del juicio de amparo por los terceros extraños por equiparación, pues un genuino interés en el respeto a la garantía de audiencia se ejerce al comparecer a juicio, sin esperar a que la responsable lo emplace nuevamente.

• No obsta lo establecido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis **********, ya que ese criterio no le resulta obligatorio.

25. De ese criterio se formó y publicó la siguiente tesis:

"GARANTÍA DE AUDIENCIA EN JUICIO CIVIL. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE DETERMINA LA ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO DE QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). En la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de título y subtítulo: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92).’, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que pierde el carácter de tercero extraño por equiparación el demandado que tiene conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra. Con base en esta premisa, es que al conceder el amparo a quien se ostenta con aquel carácter en un juicio, resulta innecesario ordenar la práctica de un nuevo emplazamiento, a virtud de que con el conocimiento que del juicio de origen obtuvo en el amparo, el particular ya se encuentra en aptitud de apersonarse al mismo a defender sus intereses, con lo cual se colma la tutela del derecho fundamental de audiencia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27590-c8dbaffd/emplazamiento-el-amparo-concedido-en-su-contra-tiene · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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