EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).
EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 259/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE OCTUBRE DE 2011. PONENTE: OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIOS: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ Y RAFAEL COELLO CETINA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de octubre de dos mil once.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio número 5767/2009, dirigido al presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el veintinueve de junio de dos mil nueve, el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Tribunal Colegiado en cita, al resolver el amparo en revisión civil 180/2009 y el sostenido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 136/2002, que dio origen a la tesis aislada de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. ES ATACABLE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE CONOCE DESPUÉS DE QUE SE DICTÓ SENTENCIA DEFINITIVA, PERO ÉSTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA."
SEGUNDO. Mediante oficio SSGA-IV-31131/2009, recibido en la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de este Alto Tribunal, el uno de julio de dos mil nueve, el subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del conocimiento de la referida Secretaría de Acuerdos que la denuncia de contradicción de tesis propuesta es competencia de la Sala en cita y, al efecto, envió los autos relativos.
TERCERO. Por auto de tres de julio de dos mil nueve, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 259/2009, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis formulada y requirió al presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para que remitiera el juicio de amparo en revisión 136/2002, así como los asuntos más recientes en los que hubiera sostenido un criterio similar, o informara si se ha apartado del mismo.
CUARTO. Mediante proveído de catorce de julio de dos mil nueve, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que el órgano jurisdiccional en cuestión dio cumplimiento al requerimiento señalado en el punto que precede, ordenó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación conviniera dentro del plazo de treinta días.
En el mismo proveído, se ordenó turnar los autos a la atención del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, a fin de que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
QUINTO. Por oficio DGC/DCC/849/2009, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el siete de agosto de dos mil nueve, el agente del Ministerio Público de la Federación, designado para intervenir en el presente asunto por el director general de Constitucionalidad de la Procuraduría General de la República, formuló opinión en la que solicitó se dictara la resolución correspondiente en el sentido de que la contradicción de tesis es inexistente.
SEXTO. En sesión de dos de junio de dos mil diez, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó la remisión del asunto al Pleno de este Alto Tribunal.
Mediante proveído de tres de junio de dos mil diez, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el envío del asunto al Tribunal Pleno, por conducto de la Subsecretaría General de Acuerdos.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil diez, previo oficio del secretario de Acuerdos de la Primera Sala con la petición de que el Tribunal Pleno se avocara al conocimiento de la presente contradicción de tesis, determinó que no se está en el caso de someter el asunto a la consideración de la Primera Sala y ordenó la devolución de los autos al Ministro ponente para que formulara el proyecto de resolución respectivo y diera cuenta con él al Pleno de este Alto Tribunal.
En la sesión privada celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil diez, ante el deceso del señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, este Pleno determinó que los asuntos radicados en este órgano jurisdiccional bajo su ponencia se returnaran en definitiva a alguno de los Ministros que integran esta Suprema Corte, ante lo cual, mediante proveído presidencial del veintinueve de septiembre del año indicado, el presente asunto se returnó a la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir del cuarto de octubre de dos mil once, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo General Plenario 5/2001, en su texto vigente derivado del instrumento normativo aprobado por este Pleno el seis de octubre de dos mil once, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente circuito y el tema jurídico propuesto amerita su intervención.
En efecto, de la interpretación de los párrafos primero y segundo de la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Pleno concluye que las contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de diferente circuito son de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El texto de dichos párrafos, contenido en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, es el siguiente:
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer."
De la lectura del referido texto constitucional se advierte, en principio, que a los Plenos de Circuito se les otorgaron atribuciones únicamente para conocer de las contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, en tanto que a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se le confirieron para conocer de las suscitadas, incluso, entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización.
En cuanto a la distribución de atribuciones para resolver contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, importa destacar que en la exposición de motivos del diecinueve de marzo de dos mil nueve, que a la postre diera lugar a la reforma constitucional antes referida, se indicó:
"En este sentido, se propone la reforma a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por virtud de la cual, se crea un nuevo órgano para la decisión de posibles contradicciones de tesis entre los tribunales pertenecientes a un mismo circuito; los Plenos de Circuito. Estos órganos estarán integrados por miembros de los mismos Tribunales Colegiados, que son los que de primera mano y de manera más cercana conocen la problemática que se presenta en sus propios ámbitos de decisión. Esto permite generar una homogeneización de los criterios hacia adentro del circuito previniendo así que tribunales diversos pero pertenecientes a la misma jurisdicción decidan cuestiones distintas para casos iguales. ... La Suprema Corte de Justicia mantiene la competencia para conocer de las controversias que se susciten (i) entre Plenos de Circuito de distintos circuitos (ii) entre Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o (iii) entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización. ..."
A su vez, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Senado de la República, de ocho de diciembre de dos mil nueve, se sostuvo, al respecto:
"En este sentido, se propone la reforma a los artículos 94, 100 y 107 constitucionales por virtud de la cual se les otorga a los actuales circuitos judiciales una autonomía relativa que permitirá darles mayor homogeneidad, precisión y especificidad a los criterios y precedentes que se generen en ese circuito, sin necesariamente extenderse al resto de los mismos. Ello contribuirá a generar una mayor seguridad jurídica, valor que esta reforma busca promover y asegurar.
"Así, las contradicciones de tesis que se generen al interior de un mismo circuito se resolverán a través de un nuevo órgano -los Plenos de Circuito- que tendrá como función resolver los criterios contradictorios. Estos órganos estarán integrados por los miembros de los mismos Tribunales Colegiados. ..."
En términos similares, en el dictamen de la minuta con el referido proyecto de decreto, emitido el once de agosto de dos mil diez por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se concluyó:
"Sexta. En lo que se refiere a las contradicciones de tesis entre los Tribunales Colegiados de un mismo circuito, se propone la creación de un nuevo órgano para su resolución: los Plenos de Circuito. Esta modificación está encaminada a homogeneizar los criterios hacia adentro de un circuito previniendo así que tribunales diversos pertenecientes a la misma jurisdicción emitan criterios contradictorios.
"En estos casos, la Suprema Corte mantendría la competencia para conocer de: a) Las controversias entre Plenos de distintos circuitos, b) entre Plenos en materia especializada de un mismo circuito o c) entre tribunales de un mismo circuito con diferente especialización. Esto asegura que sea la Suprema Corte el órgano terminal para establecer las interpretaciones, evitando así una potencial dualidad y oposición entre la interpretación constitucional y la legal."
Ante ello, atendiendo a los fines que persiguió el Poder Reformador de la Constitución, se advierte que los Plenos de Circuito fueron establecidos con el fin de resolver las contradicciones de tesis suscitadas, exclusivamente, entre los Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional finalmente aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la referida reforma constitucional, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis, cuya resolución se confirió expresamente a este Alto Tribunal.
Como se precisa en los referidos documentos legislativos, uno de los fines que se persiguió con la reforma constitucional en comento fue el de promover y asegurar el principio de seguridad jurídica, manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Alto Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, siendo necesario que, al seno de los respectivos circuitos, el Pleno de Circuito correspondiente establezca el criterio jurisprudencial de esa circunscripción territorial para, en su caso, generar con un diverso Pleno de Circuito la contradicción de tesis que pudiera conocer este Alto Tribunal, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional.
Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió en el párrafo segundo de la fracción XIII del artículo 107 constitucional, debe tomarse en cuenta que en dicho precepto se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde es posible deducir, por mayoría de razón, que también corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de sostenerse lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional, cuando los criterios contradictorios provinieran de Tribunales Colegiados con diferente especialización y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de la normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los Plenos de los circuitos respectivos.
Por tanto, atendiendo a los fines de la referida reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, este Alto Tribunal arriba a la conclusión de que le corresponde conocer de las contradicciones de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de diverso circuito; interpretación constitucional que, incluso, se realizó al emitir el seis de octubre de dos mil once el instrumento normativo, en virtud del cual se modificó el Acuerdo General 5/2001 y conforme al cual este Pleno es competente para conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, como deriva de su punto tercero, fracción VI, la cual dispone:
"VI. Las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las diversas que se susciten entre el Pleno o las Salas de este Alto Tribunal y alguna de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos del párrafo séptimo del artículo 99 constitucional, así como las suscitadas entre los Plenos de Circuito y/o los Tribunales Colegiados de un diverso circuito, cuando así lo acuerde la Sala en la que esté radicada y el Pleno lo estime justificado."
Del texto de dicho acuerdo general se colige que este Pleno ya había reconocido que ante la falta de texto expreso sobre la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones de tesis entre un Pleno de Circuito y Tribunales Colegiados de un circuito diferente, o bien, entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, atendiendo al principio de seguridad jurídica, la competencia para conocer de aquéllas corresponde al Pleno de este Alto Tribunal, delegándose la atribución respectiva a sus Salas, sin menoscabo de que éstas puedan devolver a aquél su competencia y éste considere justificada su participación.
Aún más, tomando en cuenta que a la fecha no se han emitido los actos formal y materialmente legislativos que desarrollen la reforma constitucional en comento, así como el principio establecido en el considerando tercero del instrumento normativo emitido por este Pleno el tres de octubre de dos mil once, con el objeto de modificar y adicionar el Acuerdo General Plenario 12/2009, consistente en que ante la falta de dichos ordenamientos, atendiendo al principio de supremacía constitucional, para resolver los asuntos pendientes sería aplicable la legislación ordinaria vigente, salvo en aquello en lo que se oponga al nuevo marco constitucional derivado de los decretos de modificaciones constitucionales publicados en el Diario Oficial de la Federación el seis y del diez de junio de dos mil once, debe tomarse en cuenta lo previsto tanto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo como en la fracción VIII del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que este Pleno conocerá: "De las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, por los Tribunales Colegiados de Circuito cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las Salas, o por el Tribunal Electoral en los términos de los artículos 236 y 237 de esta ley."
En ese orden de ideas, si la interpretación de los párrafos primero y segundo de la fracción XIII del artículo 107 constitucional, en su texto vigente, da lugar a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí es competente para conocer de las contradicciones de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, debe estimarse aplicable, incluso, lo previsto en los artículos 197-A de la Ley de Amparo, en lo conducente, y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a la competencia originaria de este Pleno para conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito sobre materias que no sean de la competencia exclusiva de una de las Salas de este Alto Tribunal, como sucede en el caso concreto.
Incluso, a mayor abundamiento, se concluye que ante la falta de entrada en vigor de los actos materialmente legislativos a los que el artículo 94, párrafo séptimo, de la Constitución General de la República condiciona el funcionamiento de los Plenos de Circuito, atendiendo al principio de seguridad jurídica que se resguarda con la resolución de las contradicciones de tesis, la competencia para conocer de las referidas en la fracción XIII, párrafo primero, del artículo 107 constitucional, se encuentra sujeta a las reglas establecidas actualmente en los preceptos vigentes de la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, al haberse formulado por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, conforme a lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al dictar resolución en el amparo en revisión civil 180/2009, consideró lo que enseguida se expone:
"Es esencialmente fundado el agravio esgrimido por la quejosa, aquí recurrente **********.
"Es así, dado que basta atender a la causa de pedir, para advertir que como lo señala la inconforme, la resolución recurrida, de fecha doce de marzo de dos mil nueve, terminada de engrosar al día siguiente, le causa agravios, dado que se ostentó al juicio de amparo con el carácter de tercero extraño por equiparación, por lo que no se encontraba obligada a agotar el principio de definitividad.
"En efecto, se afirma lo anterior, ya que contrario a lo estimado por la Juez Decimotercero de Distrito del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el caso concreto, la quejosa, aquí recurrente, no se encontraba en la obligación de agotar recurso ordinario alguno antes de promover el amparo indirecto; lo que es así, dado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio lugar a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2001, de rubro: ‘EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO.’, argumentó lo siguiente:
"‘... cuando el quejoso acude como persona extraña al juicio, a pesar de que él sea el demandado, se da la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que la violación principal cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, ya que no se llegó a formar la relación procesal, pues fueron precisamente esos defectos los que impidieron a la parte demandada tener conocimiento del juicio seguido en su contra y, por lo tanto, lo que se combate no es la sentencia o laudo en sí, sino el no haber sido oído y vencido en juicio; por lo que es el amparo indirecto el procedente contra actos consistentes en todo lo actuado en un juicio, en el que el quejoso asegura que no fue emplazado, por equipararse a una persona extraña al juicio.’
"... De lo que se desprende que, lo procedente en el caso concreto era la promoción del juicio de amparo indirecto, aun cuando no hubiese causado ejecutoria la sentencia emitida en el juicio natural, y no se hubiese agotado el recurso ordinario previsto por la ley; pues de obligarse al quejoso a que agote el recurso ordinario procedente en contra de la sentencia definitiva, llevaría a un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y contra dicha resolución lo que procedería es el juicio de amparo directo; siendo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proscribió lo anterior, pues en la tesis de jurisprudencia antes invocada, argumentó que, en contra de la falta o ilegalidad del emplazamiento, lo que procede es el juicio de amparo indirecto, ya que es en la única vía que le permite al quejoso ofrecer pruebas durante el juicio a fin de que acredite la ilegalidad del emplazamiento reclamado."
CUARTO. Por su parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 136/2002, consideró lo que enseguida se cita:
"En el caso concreto, este tribunal considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia derivada del artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados no son atacables en amparo indirecto, sino en la vía directa.
"En efecto, del análisis integral de la demanda de garantías, tanto del capítulo de actos reclamados como de los conceptos de violación, se aprecia que la quejosa reclamó el ilegal emplazamiento practicado en el juicio de controversia de arrendamiento seguido ante el Juez responsable por ********** en contra de la ahora quejosa, expediente 606/2000 y, como consecuencia, ‘la sentencia definitiva’ dictada en el mismo el día veinticuatro de octubre del dos mil uno, en la que se condenó a la quejosa a la desocupación y entrega del inmueble arrendado en un plazo de treinta días, así como los efectos y consecuencias.
"Existe criterio jurisprudencial de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que si se reclama la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo por la parte que se considera perjudicada y tiene conocimiento del juicio seguido a sus espaldas antes de que se dicte sentencia o antes de que ésta cause ejecutoria, entonces la violación no es de imposible reparación para los efectos del amparo, porque si bien esta violación procesal es de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no afecta derechos fundamentales del gobernado, y pueden ser impugnados hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones o, en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga contra el fallo de primer grado.
"La jurisprudencia en comento es la número 238, publicada en las páginas 196 y 197, Tomo IV, Civil del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice:
"‘EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.’ (se transcribe)
"... En el caso concreto, según se advierte de las constancias de autos, la quejosa conoció del emplazamiento practicado en el juicio que se siguió en contra (sic) cuando se le notificó la sentencia definitiva de primer grado; y antes de que ésta causara ejecutoria por lo que debió agotar el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, previsto en los artículos 688, 689, 690 y demás del Código de Procedimientos Civiles, y a través de los agravios atacan (sic) tanto la ilegalidad del emplazamiento, existiendo la posibilidad de que dicho recurso pudiera tener el efecto de nulificar el emplazamiento o, en su caso, de revocar la sentencia condenatoria que se dictó contra la quejosa.
"... Ahora bien, de todo lo anterior se tiene que si la ahora quejosa fue parte demandada en el juicio de donde provienen los actos reclamados y, señala que tuvo conocimiento del juicio el veintitrés de noviembre del dos mil uno, como lo reconoció expresamente en la demanda de garantías, fecha en la cual la sentencia no había causado ejecutoria porque esto sucedió hasta el catorce de diciembre del mismo año; entonces la quejosa se encontraba en uno de los supuestos señalados en la jurisprudencia transcrita, y por ende obligada a agotar el recurso de apelación contra dicha sentencia, para que a través de los agravios atacara la ilegalidad del emplazamiento e inclusive las violaciones de fondo cometidas en la sentencia, existiendo la posibilidad de que a través del recurso se pudiera nulificar el emplazamiento o revocar la sentencia condenatoria, y en caso de que no se hubiese reparado la violación cometida, se podía atacar vía conceptos de violación en el amparo directo que se promoviera contra el fallo de segundo grado; de manera que al no haberlo hecho así consintió tácitamente las violaciones que ahora reclama.
"No es obstáculo a lo anterior el actual criterio jurisprudencial número 40/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicado en la página 81, Tomo XIII, abril del 2001, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: ‘EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO.’, en el que se sostiene, en esencia, que cuando el quejoso se ostenta como persona extraña por equiparación al procedimiento y alega la falta o ilegalidad del emplazamiento, puede acudir a reclamarlo en amparo indirecto aun y cuando conozca del laudo, sentencia o resolución definitiva durante el término para acudir al amparo; puesto que dicho criterio jurisprudencial no interrumpe ni modifica la jurisprudencia citada al inicio de este estudio como lo dispone el artículo 194 de la Ley de Amparo, puesto que no se expresan las razones en que se apoya una pretendida interrupción y siendo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Más Alto Tribunal Jurisdiccional del País, no podría dejar de cumplir con lo dispuesto por la ley, además de lo anterior tampoco se contraponen ni desvirtúan las consideraciones de aquélla.
"... Ahora bien, las consideraciones torales de la ejecutoria transcrita correspondiente a la jurisprudencia P./J. 40/2001 se sustentan en que cuando el quejoso se equipara a un tercero extraño al juicio y conoce del laudo o sentencia firme dentro del término a que se refieren los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, y alega la ilegalidad del emplazamiento o la falta del mismo, procede el amparo indirecto en su contra y no directo alegándolo como violación procesal, ello porque en el indirecto el quejoso tendrá la posibilidad de ofrecer pruebas para acreditar la ilegalidad del emplazamiento y en el directo no existe tal posibilidad, l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23569-830141f4/emplazamiento-su-falta-o-ilegalidad-es-impugnable-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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