Corpus
Modo: Corpus Pro

VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE ABSUELVE AL ACUSADO. VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. LA LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE ABSUELVE AL ACUSADO NO IMPLICA QUE ADQUIERA FACULTADES QUE CORRESPONDEN AL MINISTERIO PÚBLICO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 229/2011. · Registro digital (IUS): 23627
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Pág. 1020.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 229/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE DICIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: JAIME SANTANA TURRAL.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.

Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que, a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

Ello es así, porque si bien es cierto, que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción, se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni formal ni materialmente, el Pleno del Primer Circuito.

La anterior interpretación, es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estaría supeditado a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.

En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializado o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Primer Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental -antes de su reforma-; y, con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Legitimación. Los denunciantes, Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se encuentran legitimados, con base en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para efectuar la denuncia de la contradicción de tesis a que este asunto se refiere, toda vez que uno de los criterios en contienda, se sustentó en un amparo directo penal de su índice.

TERCERO. Existencia de la contradicción de tesis.

I. Ejecutorias que participan de la contradicción. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir la parte considerativa que fundamentó la decisión de los tribunales contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal, el catorce de diciembre de dos mil diez, resolvió el amparo directo **********, cuyas consideraciones, en lo que interesa, son las siguientes:

"En el presente asunto la quejosa, en su calidad de representante legal de la parte ofendida en el proceso penal, reclama la sentencia absolutoria.

"No obstante, sí está legitimada para ejercer esta acción de amparo directo, como se verá a continuación:

"Tradicionalmente se ha sostenido el criterio de que no procede dicha acción, aunque también tradicionalmente el fundamento no ha derivado de la ley, de norma expresa y lo suficientemente clara como para dejarlo fuera de cuestionamiento; ha sido la jurisprudencia la que se ha encargado de cerrar esa puerta al ofendido. Pero ahora, virtud a la nueva normativa constitucional, también es la jurisprudencia la que da a este Tribunal Colegiado el soporte necesario para abrirla, permitir pues que el ofendido tenga la posibilidad de que pueda -vía acción de amparo directo- revertir una sentencia de absolución y, en su lugar, se condene al acusado para que finalmente le sea resarcido el daño.

"Se había dicho, y lo refrendó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de agosto de dos mil ocho, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 90/2008 -derivada de contradicción de tesis- en la que sostuvo que dicha acción no procedía por dos razones distintas, a saber:

"a) El ofendido no es parte procesal, sino tan sólo un coadyuvante del Ministerio Público, lo cual implica que la intervención de aquél en el proceso está subordinada a la actuación de éste, de modo que si al fiscal le está vedada la posibilidad de acudir al juicio de amparo, por mayoría de razón, al ofendido también.

"Las razones que animaron esa conclusión derivaron de la interpretación que la Primera Sala hizo al artículo 20, apartado ‘C’, antes apartado ‘B’, de la Constitución, al sostener que aun cuando en ese apartado constitucional se establece que el ofendido o víctima puede actuar como coadyuvante del representante social, ello de ninguna forma significa que puede sustituirlo en sus facultades o actuar más allá de aquello para lo cual está legitimado.

"La Sala expuso que la coadyuvancia implica que el ofendido cuenta con la posibilidad de auxiliar al Ministerio Público, sin poder ir más allá de aquello para lo que está legitimado dicho representante social, por lo que si conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 103 constitucional, el Ministerio Público no se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo en contra de una sentencia absolutoria dictada en un juicio penal, en virtud de que no puede a través de éste, argumentar que la sociedad en general, la cual representa, resiente a través de esa sentencia absolutoria, violaciones a una garantía individual, entonces, como coadyuvante del Ministerio Público el ofendido tampoco puede promover el juicio de amparo pues sería tanto como afirmar que en virtud de esa coadyuvancia éste pueda actuar más allá de lo que se encuentra legitimado el fiscal.

"b) Ante una sentencia absolutoria, el ofendido resiente un agravio indirecto, pero no una afectación directa, y es sólo esta última la que hace posible la procedencia del amparo, en tanto que es la que genera el interés jurídico.

"La Suprema Corte sostuvo que el hecho de que el referido fallo absolutorio tenga como consecuencia el que el procesado sea absuelto de la reparación del daño, no da lugar a la existencia de un agravio directo al ofendido, sino en todo caso indirecto, el cual no lo legitima para acudir al juicio de amparo, reclamando esa afectación indirecta. Puntualizó además, que si el Ministerio Público no se encuentra legitimado para promover amparo en contra de una sentencia absolutoria, habida cuenta que no se lesiona un interés jurídico directo, con mayor razón no lo puede estar el simple coadyuvante, que es el ofendido.

"Pero es la propia Primera Sala la que, usando la misma herramienta del derecho pretoriano, deshizo ese camino y ha empezado a construir otro, en sentido contrario.

"En efecto, por lo que hace a la razón identificada en el inciso a), la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 146/2008-PS fallada el veintiuno de octubre de dos mil nueve y los amparos en revisión 151/2010 y 502/2010 emitidos el veintiséis de mayo y veinticuatro de noviembre, ambos de dos mil diez, sostuvo un nuevo criterio en el sentido de que constitucionalmente al ofendido se le otorgaron derechos que prácticamente lo equiparan a una verdadera parte dentro del procedimiento penal -por ende, con autonomía del Ministerio Público-, de manera que por sí misma puede promover los medios de defensa que estime convenientes en tutela de su derecho fundamental a obtener la reparación del daño -los medios de defensa que en específico se trataron fueron el recurso de apelación y el juicio de amparo indirecto-.

"La Primera Sala estableció que con la adición del apartado B al artículo 20 constitucional, en el año dos mil, se pretendió otorgar al ofendido o a la víctima de un delito, la calidad de parte procesal dentro de un proceso penal, dotándola de los medios necesarios para hacer efectivas sus prerrogativas. También refirió que del proceso constitucional de la citada modificación se advierte que el Constituyente evidenció su deseo de equiparar procesalmente tanto a la persona a la que se imputa la comisión de un hecho constitutivo de delito, como al ofendido o víctima del mismo, con la posibilidad de que como parte adquiera independencia procesal plena.

"Asimismo, dicha Sala precisó que si bien no se le otorgó literal y expresamente a la víctima u ofendido el carácter de parte dentro del procedimiento penal, fue por la intención del reformador de evitar confusiones respecto del órgano que técnicamente es el acusador: Ministerio Público, es decir, dejar claro que a éste corresponde la acción persecutoria, sin que -por los nuevos derechos adquiridos- se sustituya al representante social con la víctima, de ahí que sin importar el mayor o menor grado con el que la víctima, en términos fácticos, se involucre en el procedimiento penal, la carga de la acusación y todo lo que conlleva recaerán en el Ministerio Público y no le releva de sus facultades, pero sin que ello redunde en perjuicio de los nuevos derechos de las víctimas y ofendidos.

"Esto último significa que si bien, al menos en esa reforma de dos mil, no se abrió la posibilidad de que el ofendido encabezara en exclusiva la posición de actora, sí se le dotó de la independencia impugnativa necesaria para velar por su real y directo interés, que es la reparación del daño.

"Véase pues que con base en los nuevos argumentos, no cabe la menor duda de que la Primera Sala se apartó de aquel criterio que hacía dependiente al ofendido del Ministerio Público, para reconocerle ahora como verdadera parte en el procedimiento penal, con autonomía que le permite actuar libremente en busca de su interés legítimo de que el resarcimiento del daño que sufrió, sí llegue a materializarse.

"Lo así concluido no implica que al reconocerse legitimación a la víctima u ofendido para acudir al amparo directo, se pueda rebasar la acusación del Ministerio Público, pues los planteamientos que llegara a formular necesariamente partirán de la base de los términos en que haya sido previamente formulada la acusación, ya que la sentencia absolutoria que eventualmente pueda señalarse como acto reclamado en vía directa, ineludiblemente presupone que fue emitida una vez que el Ministerio Público precisó su acusación al formular conclusiones en el periodo de juicio.

"Por otra parte, la Primera Sala también se apartó de la segunda razón -identificada con el inciso b)- que había dado en la tesis que, a juicio de este Tribunal Colegiado, queda superada, relativa a que, para que el amparo fuera procedente, se necesitaba que la afectación que sufriera la víctima u ofendido fuera directa; ahora les reconoce legitimación para acudir al juicio de garantías aun cuando sea indirecto el agravio que resientan.

"Ciertamente, en la ejecutoria de la citada contradicción de la tesis 146/2008, sostuvo que tal como están redactados los artículos 5o., fracción III, inciso b) y 10, fracción II, de la Ley de Amparo, constriñen la participación de la víctima u ofendido en la acción constitucional de amparo, a los actos que tengan vinculación directa con la reparación del daño, cuando la intención del Poder Revisor de la Constitución -al incluir el apartado B al artículo 20 constitucional- fue la de rescatarlos del olvido (cuando no marginación) normativo en que se encontraban, para lo cual se reconsideró su posición constitucional con el propósito de mejorar su situación jurídica y afianzar su participación en el procedimiento penal, principalmente para obtener la reparación del daño que el hecho típico le originó.

"Así, destacó que como parte, la víctima u ofendido pueden ver afectada su esfera jurídica en virtud, de los actos de las autoridades que conducen el procedimiento penal (el Ministerio Público durante la averiguación previa y el órgano jurisdiccional durante la instrucción), que si bien no afectan en forma explícita la reparación del daño en tanto que no importan un pronunciamiento al respecto, sí implican que, de facto, tal reparación no ocurra por afectar la pretensión reparatoria, con lo cual sí se les puede relacionar en forma inmediata con dicha figura.

"De esta manera, concluyó que el ofendido o víctima sí pueden acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que el acto reclamado, si bien no se refiere en forma directa a dicha figura reparatoria, sí les afecta de hecho.

"En ese orden de ideas, el examen efectuado a las ejecutorias de mérito permite concluir que, si por las características de los derechos con los que es dotada la víctima u ofendido de un delito, realmente tienen el carácter de parte en el procedimiento penal, y como tal pueden impugnar cualquier decisión que en los hechos pudiera afectar -directa o indirectamente- su prerrogativa fundamental a la reparación del daño, entonces, este órgano colegiado considera que ya no conserva vigencia materialmente hablando la jurisprudencia que impedía a esa parte acceder al juicio de amparo directo contra una sentencia absolutoria, de la que su propia productora -Primera Sala- se ha apartado, si no expresamente, sí a través de los nuevos argumentos dados en sus últimas decisiones, para reconocer a la víctima u ofendido legitimación activa para acudir al juicio de amparo directo a reclamar la sentencia absolutoria que determina la inexistencia de la precondición -acreditación del delito y la responsabilidad del inculpado-, para acceder a ese derecho constitucional.

"Este tribunal de control constitucional no inadvierte que las nuevas conclusiones sobre los temas tratados -legitimación e interés jurídico de la víctima u ofendido en el amparo- se generaron al resolver una contradicción de tesis y dos amparos indirectos en revisión, es decir, no se emitieron desde la perspectiva del juicio de amparo directo -como sí ocurrió en el caso de la referida jurisprudencia 1a./J. 90/2008-; sin embargo, tal circunstancia no limita su alcance sólo a los procedimientos en que se generaron, dado que la naturaleza de los temas y las razones que ahora los respaldan, son de tal calado que inciden en cualquier vía.

"Tampoco se desconoce la imposibilidad del Ministerio Público de impugnar una resolución absolutoria de segunda instancia, pero también se tiene claro que ello se justifica en el origen propio del diseño de nuestro sistema constitucional, que no prevé para él algún recurso para combatirla en tanto actúa como autoridad y, por ello, no tiene el carácter de gobernado, pero por esa misma razón el impedimento que recae en aquél no alcanza al ofendido, quien sí es gobernado y, además, tiene derechos propios que defender; derechos que el Constituyente ha entronado en el mismo nivel que los del inculpado.

"Finalmente, este órgano colegiado no pasa inadvertido que una de las objeciones al presente criterio, podría ser que se pudiera dejar en estado de indefensión al inculpado ante una eventual concesión del amparo liso y llano a la parte ofendida (porque sí hay delito y responsabilidad penal) pues aquél ya no tendría posibilidad de impugnar ni esa decisión ni la determinación de la autoridad responsable en su cumplimiento; sin embargo, este órgano colegiado estima que esa posibilidad no puede erigirse como un candado más para hacer improcedente el juicio constitucional, por las siguientes razones:

"Primera, porque el tema de los efectos que pudiera tener una eventual concesión del amparo a la víctima u ofendido es una cuestión de fondo que, como tal, no puede obstaculizar la procedencia del juicio de garantías, sino en todo caso podría incidir en dos cosas: a) la materia del amparo y, b) los alcances de una concesión.

"Segunda, porque vedar el juicio de amparo directo a la parte ofendida porque aún no hayan sido definidos, mediante un criterio obligatorio, los alcances de una posible ejecutoria de amparo favorable a la parte ofendida que pudiera resguardar la defensa del inculpado o que, en su caso, a través de una ponderación de derechos determine cuál debe prevalecer, lo único que hace, justamente, es evadir el estudio jurisdiccional de ese tema -de dichos alcances- al tiempo que con ello se obstaculiza el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional.

"Tercera, no puede dejarse de observar que, a la fecha, el camino que han empezado a trazar los órganos legislativos federales respecto de la procedencia del juicio de amparo directo, es abrirlo simultáneamente a las dos partes antagónicas del proceso penal -incluyendo la ofendida-, creando la figura del amparo adhesivo que puede presentarse por quien ahora sería tercero perjudicado. En efecto, el lunes trece de diciembre del año pasado, se publicó en la Gaceta del Senado de la República, el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, por el que se aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se envió a las Legislaturas de los Estados para continuar el proceso de reforma conducente; literalmente la reforma se propone, en lo que interesa, en los siguientes términos:

"‘Artículo 107. ...

"III. ...

"‘a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. ...

"‘La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.

"‘Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, en virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

"‘Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; ...’

"Y si esta es la tendencia -que inculpado y ofendido puedan impugnar al mismo tiempo las mismas decisiones-, sumado a que, como se ha desarrollado en los párrafos precedentes, el día de hoy es posible interpretar la legislación actual en el mismo sentido, no hay razón para quitarle a la parte ofendida la posibilidad de hacer valer sus derechos constitucionales por vía de amparo directo.

"Pues bien, en el caso concreto, la ahora quejosa **********, en representación de los menores de edad **********, se encuentra legitimada para acudir al presente juicio de amparo pues durante el proceso penal se le reconoció su carácter de parte ofendida -foja 613 de la causa-, y tiene interés jurídico dado que reclama la sentencia definitiva que al ser absolutoria afecta indirectamente -porque no hubo un pronunciamiento expreso al respecto- su pretensión reparatoria." (fojas 25 a 35)

El anterior asunto dio origen a la tesis aislada I.1o.P.113 P, del tenor siguiente:

"Novena Época

"Núm. Registro IUS: 161719

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXXIII, junio de 2011

"Materia: Común

"Tesis: I.1o.P.113 P

"Página: 1611

"VÍCTIMA U OFENDIDO. ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE ABSUELVE AL ACUSADO. Tradicionalmente se ha sostenido el criterio de que no procede esa acción constitucional, porque la víctima u ofendido no es parte en el proceso penal sino sólo coadyuvante del fiscal y porque el dictado de una sentencia sólo le causa un agravio indirecto; sin embargo, los criterios vigentes generados a través del derecho positivo y la jurisprudencia permiten dar un cambio de rumbo. Constitucionalmente se le han reconocido derechos -entre ellos el de reparación del daño-, la situación de la víctima y ofendido actual es situada en la posición procesal de parte. Y, por otro lado, hoy puede sostenerse que sí se ve afectada su esfera jurídica por resoluciones que, si bien no impactan de manera directa a la reparación del daño, en tanto que no se hace un pronunciamiento al respecto, sí implican que, de facto, la reparación no ocurra por afectar la pretensión reparatoria. Estas consideraciones en un sentido u otro, no derivan de una norma expresa sino que se han tenido que construir a partir de una interpretación constitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: primero en las tesis-y ejecutorias que las originaron- 1a. XXIX/2002 y 1a./J. 90/2008, se sostuvo el criterio de no reconocer legitimación en amparo directo; pero después en la tesis 1a./J. 114/2009 (así como en los amparos en revisión 151/2010 y 502/2010), el criterio es también expreso pero con el sentido contrario -sí reconocer legitimación-. Es cierto que este último criterio se refiere al amparo indirecto -y como tercero perjudicado-, pero las razones en que se sustenta son aplicables para el amparo directo -y como quejoso-, ciertamente, ahora se dijo que la víctima u ofendido se equipara prácticamente a una parte y que una resolución puede, de facto, afectar la reparación del daño, cuando no ocurra por afectarse la pretensión reparatoria. Y estas dos razones son sustanciales por la naturaleza de los temas examinados e inciden en cualquier vía, de modo que permiten sostener que ahora la víctima u ofendido sí está legitimado para promover juicio de amparo directo en contra de una sentencia definitiva absolutoria. Lo cual no implica que se pueda rebasar la acusación del Ministerio Público, pues la promoción del amparo tendría como presupuesto que hubo acusación; además, si bien pudiera objetarse el nuevo criterio por la posibilidad de dejar en estado de indefensión al acusado ante una eventual concesión lisa y llana (a favor de la víctima, que implicara que sí hay delito y responsabilidad), lo cierto es que ello no puede erigirse en un obstáculo que genere la improcedencia del juicio de amparo, entre otras razones, porque se trata de una cuestión de fondo que no puede obstaculizar la procedencia y porque vedar esta vía al no haberse definido los alcances de una ejecutoria favorable lo único que hace es, justamente, evadir el estudio de ese tema -los alcances-."

El mismo criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo ********** (fojas 37 a 46).

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito -tribunal denunciante-, al resolver el siete de abril de dos mil once, el amparo directo 564/2010 **********, en la parte que interesa expuso:

"No se estudian los conceptos de violación hechos valer por el quejoso **********, en virtud que este Tribunal Colegiado de manera oficiosa, advierte la actualización de una causa de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y preferente.

"Previamente, este tribunal considera pertinente puntualizar como ya lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el derecho a la reparación del daño constituye una garantía individual, por lo cual la víctima o el ofendido puede expresar y canalizar legalmente su interés en obtenerla, por lo que incluso, a través del juicio de amparo, puede atacar cualquier resolución jurisdiccional dictada dentro del proceso penal e impugnar todos aquellos actos en que se violente alguna de las garantías contenidas en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal, como sería la reparación del daño.

"En efecto, el artículo 20 constitucional aludido, en lo conducente dice:

"‘Artículo 20. En todo proceso del orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido tendrán las siguientes garantías:

"‘...

"‘B. De la víctima o del ofendido.

"‘...

"‘IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.’

"De dicho precepto constitucional se desprende que el derecho a la reparación del daño, para ser reclamado a través del juicio de amparo directo, tiene como condición necesaria la existencia de una sentencia condenatoria, esto es, una sentencia en la que se estime acreditado el delito y la plena responsabilidad del acusado, y que en los casos que así proceda, lo solicite el Ministerio Público, supuesto en el que -establece el referido precepto- el Juez no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación; ello se justifica dada la naturaleza de ese derecho, por lo que basta la existencia de la sentencia condenatoria para que se dé vida, por una parte, a la sanción y, por la otra, a la obligación de reparar el daño como consecuencia directa y necesaria del hecho ilícito en favor de la víctima u ofendido, lo cual no ocurre en el caso de emitirse una sentencia absolutoria, pues con ésta, fenece su derecho a la reparación del daño.

"Una vez precisado lo anterior, debe señalarse como ya se anunció, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo.

"Dicha disposición establece:

"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso.’

"El artículo 4o. de la Ley de Amparo, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado.

"De lo anterior se sigue que el juicio de garantías, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23627-097876bb/victima-u-ofendido-del-delito-esta-legitimado-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.