AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO CUANDO SE IMPUGNAN APARTADOS JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 371/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 16 DE ENERO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS RESPECTO DEL FONDO. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. SECRETARIO: JULIO VEREDÍN SENA VELÁZQUEZ.
III. Competencia
7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diversos circuitos y el tema de fondo corresponde a la materia penal, en la que se encuentra especializada esta Sala.
8. Lo anterior con base, además, en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012(10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, página 9, Décima Época).
IV. Legitimación
9. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue interpuesta por los integrantes de uno de los Tribunales Colegiados que emitió -al resolver un juicio de amparo directo- uno de los criterios contendientes. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
V. Existencia de la contradicción
10. Como se verá a continuación, el presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis, fijados por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales exigen que:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente, en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
11. Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD y CONCEPTO."(4) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(5)
12. A continuación, argumentaremos, por qué en el caso concreto se actualizan todos los requisitos enunciados:
13. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello, se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
14. El tribunal denunciante, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, analizó un asunto con las siguientes características:
15. Un acusado de nombre **********, fue sentenciado por su responsabilidad penal en la comisión del delito de lesiones agravadas, cometidas en agravio de **********, ********** y **********. Inconforme con la sentencia definitiva, la víctima **********, promovió juicio de amparo directo, que se resolvió el cinco de julio de dos mil doce, en el sentido de negar el amparo y protección constitucional solicitados.
16. El citado Tribunal Colegiado declaró inoperantes los conceptos de violación en atención a que, si bien, el quejoso estaba legitimado para promover el juicio de amparo directo, ya que contaba con la calidad de parte ofendida en la causa de donde emanó el juicio de amparo directo, también lo es, que no formuló conceptos de violación relacionados con el tópico de reparación del daño, pues su inconformidad únicamente cuestiona la sanción corporal que fue impuesta al sentenciado por la perpetración del ilícito.
17. Las razones que el Tribunal Colegiado consideró para negar la protección constitucional, son las siguientes (énfasis añadido):
" Los conceptos de violación que anteceden son inoperantes.
"Para arribar a la referida conclusión, en el caso, resulta pertinente destacar que conforme al diseño legal y constitucional vigente, el gobernado que cuenta con la calidad de parte ofendida en un proceso penal se encuentra legitimado para promover amparo en los supuestos previstos por el artículo 10 de la Ley de Amparo, que dice:
"‘Artículo 10. La víctima y el ofendido, titulares del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, podrán promover amparo:
"‘I. Contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil;
"‘II. Contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal y relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil; y,
"‘III. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 Constitucional.’
"Asociado a esas hipótesis, también cuenta con tal posibilidad para impugnar en esa vía la infracción a los derechos, elevados a rango de garantías individuales por el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como así lo sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia del tenor literal siguiente:
"‘LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. NO SE LIMITA A LOS CASOS ESTABLECIDOS EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LA MATERIA, SINO QUE SE AMPLÍA A LOS SUPUESTOS EN QUE SE IMPUGNE VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -en vigor a partir del 21 de marzo de 2001- adicionó un apartado B en el cual se establecen derechos con rango de garantías individuales a favor del ofendido o víctima del delito. Ahora bien, el hecho de que el texto del artículo 10 de la Ley de Amparo no se haya actualizado acorde a la reforma constitucional mencionada, no significa que la legitimación activa del ofendido para interponer juicio de garantías deba constreñirse a los casos establecidos expresamente en este numeral, sino que aquélla se amplía a todos aquellos supuestos en que sufra un agravio personal y directo en alguna de las garantías contenidas en el citado precepto constitucional. Lo anterior es así, toda vez que atendiendo al principio de supremacía constitucional, dicho numeral debe interpretarse a la luz de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, de los cuales se desprende que el juicio de amparo tiene como propósito la protección de las garantías individuales cuando éstas son violadas por alguna ley o acto de autoridad y causan perjuicio al gobernado; así como que quien sufra un agravio personal y directo en ellas está legitimado para solicitar el amparo. En ese tenor, se concluye que si la víctima u ofendido del delito es titular de las garantías establecidas en el apartado B del artículo 20 constitucional, está legitimado para acudir al juicio de amparo cuando se actualice una violación a cualquiera de ellas, causándole un agravio personal y directo. Ello, con independencia de que el juicio pueda resultar improcedente al actualizarse algún supuesto normativo que así lo establezca.’
"De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 21/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
"‘VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE ABSUELVE AL ACUSADO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que constitucionalmente se han reconocido derechos a la víctima u ofendido del delito -entre ellos la legitimación procesal activa a fin de acreditar su derecho a la reparación del daño-, al grado de equipararlo prácticamente a una parte procesal, y que una resolución puede, de facto, afectar su derecho fundamental a la reparación del daño proveniente de la comisión de un delito, cuando no ocurra por afectarse la pretensión reparatoria. De ahí que si el juicio de amparo directo es el medio procesal idóneo para reclamar la constitucionalidad de una sentencia definitiva o las resoluciones que ponen fin al juicio, es evidente que el ofendido o víctima legalmente reconocidos en el proceso natural están legitimados para promoverlo contra la sentencia definitiva que absuelve al acusado, ya que ésta afecta el nacimiento de su derecho fundamental previsto en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con lo anterior se hace efectivo el derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional, al permitir que la víctima u ofendido reclame la constitucionalidad de la resolución de la cual depende el nacimiento del derecho fundamental a la reparación del daño, favoreciendo sus derechos al permitírsele reclamar la correcta aplicación de la ley a través del juicio de amparo.’
"Sin embargo, aun cuando el quejoso se encuentra legitimado para acudir al juicio uniinstancial, ya que es parte agraviada en la causa penal de donde deriva el acto reclamado, los argumentos que hace valer resultan inoperantes, toda vez que, si bien en la sentencia impugnada existe condena al pago de la reparación del daño, del contexto de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se duele únicamente de la sanción corporal atribuida al sentenciado y no de alguna violación cometida con motivo de la condena a la reparación del daño.
"No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que la demanda de amparo debe ser considerada como un todo, de ahí que la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aun cuando no sea en el capítulo destacado correspondiente; empero, el análisis detallado de la totalidad de la demanda de garantías nos lleva a concluir que, en el caso, el quejoso no formuló concepto de violación porque el acto reclamado conculcara sus garantías individuales en la parte que se refiere a la reparación del daño, y sólo manifiesta inconformidad con respecto a la sanción corporal que fue impuesta al sentenciado por la perpetración del ilícito de lesiones imprudenciales agravadas; por tanto, debe concluirse que al no controvertir las consideraciones sustentadas en la condena a la reparación del daño, es evidente que sus argumentos resultan inoperantes.
"Máxime que en el caso, por ser la parte agraviada la promovente del juicio de amparo, no opera la suplencia de la queja prevista en la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, pues dicha prerrogativa sólo se surte respecto del reo.
"Es aplicable la tesis 1a./J. 26/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
"‘OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO A FAVOR DE AQUÉL CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. El supuesto establecido en la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, no se actualiza a favor del ofendido o de la víctima del delito cuando comparezca con el carácter de quejoso dentro del juicio de garantías en materia penal, toda vez que la exposición de motivos de la reforma que dio origen a esa fracción, evidencia claramente que la suplencia de la queja en la materia mencionada, opera sólo cuando los conceptos de violación o agravios deficientes sean expresados en el juicio de amparo por el reo en el proceso penal, con el objeto de otorgarle la seguridad de que la resolución que en éste se emita es legal, ya sea que le resulte adversa o favorable. Además, no resulta acertado equiparar al ofendido con el reo en el proceso penal, ya que no se ubican en la misma hipótesis legal, pues aquél, al ser quien resiente los efectos del hecho delictivo, representa la figura antagónica de la persona a que se refiere la citada fracción, esto es, del sujeto a quien se le imputa la comisión del delito. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que por la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2000, se haya adicionado un apartado B a su artículo 20, para reconocer los derechos de la víctima u ofendido en el proceso penal como garantías individuales, ya que no se instituyó a favor de aquéllos dicha suplencia en el juicio de amparo, que se rige por una ley distinta de la que regula el proceso penal, como lo es la Ley de Amparo, la cual no ha sido modificada en la fracción II del referido artículo 76 bis, con posterioridad a la indicada reforma constitucional.’
"Al resultar inoperantes los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal.
"Cabe acotar que lo aquí resuelto se contrapone con el criterio plasmado en la tesis aislada XIX.2o.P.T.23 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito de rubro y texto siguientes:
"‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 10 DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO IMPUGNA ÚNICAMENTE LA SANCIÓN CORPORAL IMPUESTA AL SENTENCIADO Y NO ALGUNA VIOLACIÓN RELATIVA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 10 de la Ley de Amparo, cuando quien promueve el juicio de garantías es el ofendido o víctima del delito en el procedimiento penal, no obstante que en la sentencia reclamada exista condena a la reparación del daño si del contexto de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ostentándose con aquel carácter, impugna únicamente la sanción corporal impuesta al sentenciado y no alguna violación cometida con motivo de la condena a la reparación del daño.’
"Ello es así, pues en el caso se estima que el juicio promovido contra el acto reclamado de que se trata, no es dable decretarlo improcedente, sino declarar inoperantes los conceptos de violación por la falta de impugnación respecto a la condena de la reparación del daño. En tal virtud, con apoyo en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, hágase la denuncia de la contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que decida cuál tesis debe prevalecer. ..."
18. Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 294/2008, analizó un asunto con las siguientes características:
19. El acusado **********, fue condenado por su responsabilidad penal en la comisión del delito de lesiones cometido en contra de **********. Inconforme con la sentencia definitiva, la víctima ********** promovió juicio de amparo directo, el cual se sobreseyó por considerarse improcedente.
20. La resolución del citado Tribunal Colegiado -en la parte que interesa- se fundó en las siguientes consideraciones:
"QUINTO. Resulta innecesario examinar las consideraciones fundamento de la sentencia reclamada, así como el concepto de violación esgrimido en su contra, virtud a que se actualiza la causa de improcedencia regulada por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 10, ambos de la Ley de Amparo, cuyo análisis resulta preferente y oficioso.
"Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 201, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a la letra dice:
"‘IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías.’
"Cierto, conforme al diseño legal y constitucional vigente, el gobernado que cuenta con la calidad de parte ofendida en un proceso penal se encuentra legitimado para promover amparo en los supuestos previstos por el artículo 10 de la Ley de Amparo, que dice:
"‘Artículo 10. La víctima y el ofendido, titulares del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, podrán promover amparo:
"‘I. Contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil;
"‘II. Contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal y relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil; y,
"‘III. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 Constitucional.’
"Aunado a esas hipótesis, también cuenta con tal posibilidad para impugnar en esa vía la infracción a los derechos elevados a rango de garantías individuales, por el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como así lo sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia consultable en la página 394, Tomo XXIII, de enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente:
"‘LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. NO SE LIMITA A LOS CASOS ESTABLECIDOS EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LA MATERIA, SINO QUE SE AMPLÍA A LOS SUPUESTOS EN QUE SE IMPUGNE VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -en vigor a partir del 21 de marzo de 2001- adicionó un apartado B en el cual se establecen derechos con rango de garantías individuales a favor del ofendido o víctima del delito. Ahora bien, el hecho de que el texto del artículo 10 de la Ley de Amparo no se haya actualizado acorde a la reforma constitucional mencionada, no significa que la legitimación activa del ofendido para interponer juicio de garantías deba constreñirse a los casos establecidos expresamente en este numeral, sino que aquélla se amplía a todos aquellos supuestos en que sufra un agravio personal y directo en alguna de las garantías contenidas en el citado precepto constitucional. Lo anterior es así, toda vez que atendiendo al principio de supremacía constitucional, dicho numeral debe interpretarse a la luz de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, de los cuales se desprende que el juicio de amparo tiene como propósito la protección de las garantías individuales cuando éstas son violadas por alguna ley o acto de autoridad y causan perjuicio al gobernado; así como que quien sufra un agravio personal y directo en ellas está legitimado para solicitar el amparo. En ese tenor, se concluye que si la víctima u ofendido del delito es titular de las garantías establecidas en el apartado B del artículo 20 constitucional, está legitimado para acudir al juicio de amparo cuando se actualice una violación a cualquiera de ellas, causándole un agravio personal y directo. Ello, con independencia de que el juicio pueda resultar improcedente al actualizarse algún supuesto normativo que así lo establezca.’
"Sin embargo, aun cuando en la sentencia reclamada existe condena al pago de la reparación del daño, del contexto de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se duele de la sanción corporal atribuida al sentenciado y no de alguna violación cometida con motivo de la condena a la reparación del daño.
"Con base en lo expuesto, se concluye que no está legitimado para acudir al juicio de amparo quien se ostentó parte ofendida o víctima del delito en el procedimiento penal, fuente del toca de apelación de donde emana el acto reclamado, respecto de la parte de la sentencia que estableció la pena por infracción al ordenamiento penal.
"Sobre el tema, por las razones que la informan y compartirse el criterio en ella sustentada, es aplicable la tesis XXI.4o.9 P, del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1679, Tomo XX, agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:
"‘SENTENCIA PENAL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO POR EL OFENDIDO O LA VÍCTIMA DEL DELITO CONTRA AQUELLA QUE DECRETA LA ABSOLUTA LIBERTAD DEL REO, POR NO ACREDITARSE UN REQUISITO PROCESAL EN LA QUERELLA, AL NO SURTIRSE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE AMPARO. La demanda de garantías debe ser desechada con apoyo en el artículo 177 de la Ley de Amparo, cuando se promueve por el ofendido o la víctima contra la sentencia definitiva absolutoria dictada en favor del inculpado por no acreditarse un requisito procesal en la querella, pues no se surte alguna de las hipótesis de procedencia establecidas en el numeral 10 de la citada ley, ya que si bien el ofendido o la víctima del delito tienen a su alcance todos los recursos que legalmente procedan así como el juicio de amparo, lo cierto es que esa legitimación para promover éste se encuentra circunscrita única y exclusivamente a resoluciones que afecten su derecho a obtener la reparación del daño y siempre que contra ellas no proceda medio ordinario de defensa; por tanto, resulta improcedente el amparo promovido por aquellos en contra de la sentencia que decreta la absoluta libertad del reo por no acreditarse un requisito procesal en la querella, pues esta causa no se encuentra contemplada en alguna de las hipótesis que establece el mencionado numeral 10 de la ley de la materia.’
"Por idénticas razones, también se invoca el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 51, Segunda Parte, Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, del rubro y tenor literal siguientes:
"‘OFENDIDO, AMPARO PEDIDO POR EL. En los términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, el ofendido únicamente puede interponer el juicio de amparo contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil, o contra actos surgidos dentro del procedimiento penal relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil. Ahora bien, si se trata de una ejecutoria que confirma la sentencia absolutoria del inferior, no encuadra el caso dentro de lo previsto por el precepto legal antes mencionado, no quedando, en consecuencia, afectados los intereses jurídicos del quejoso, porque la reparación del daño tiene el carácter de pena pública, en los términos del artículo 29 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, y es por lo mismo, la consecuencia del fincamiento de la responsabilidad del acusado, quien cuando es absuelto del delito, no puede ser condenado a la reparación del daño.’
"Sin que este Tribunal Colegiado pase por alto, que la demanda de amparo debe ser considerada como un todo, de ahí que la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aun cuando no sea en el capítulo destacado correspondiente; sin embargo, el análisis detallado de la totalidad de la demanda de garantías, nos lleva a concluir que en el caso, ********** no formuló concepto de violación, porque el acto reclamado conculcara sus garantías individuales en la parte que se refiere a la reparación del daño, y sólo manifiesta inconformidad con respecto a la sanción corporal que fue impuesta al sentenciado por la perpetración del ilícito de lesiones, debe entonces concluirse que no tiene legitimación para acudir al amparo directo.
"Bajo esa óptica, este Tribunal Colegiado estima actualizada la causa de improcedencia enunciada al inicio de este considerando, por consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del juicio, en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.
"En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado también corresponde a los actos imputados al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, porque no se reclaman por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo derivar de los pronunciados por la autoridad ordenadora. ..."
21. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un punto de toque respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver. Los siguientes datos corroboran esta información:
22. Para solventar el problema referido, cada uno de los Tribunales Colegiados realizó un ejercicio interpretativo, en el cual los Tribunales Colegiados resolvieron casos en los que se vieron obligados a establecer, por una parte, que es procedente el juicio de amparo directo, pero inoperantes los conceptos de violación planteados por la víctima u ofendido del delito en los que solamente se duele del aspecto relativo a la sanción corporal impuesta al sentenciado y se abstiene de expresar argumento alguno en torno a la condena de reparación del daño; por otro lado, que el juicio de amparo es improcedente cuando es promovido por la víctima u ofendido del delito y sólo combate la sanción corporal impuesta al inculpado, no así de alguna violación cometida con motivo de la condena a la reparación del daño.
23. En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, precisó que es procedente el juicio de amparo directo promovido por la víctima u ofendido del delito contra la sentencia definitiva de carácter condenatoria, pero inoperantes los conceptos de violación, porque solamente se duele del aspecto relativo a la sanción corporal impuesta al sentenciado y no expresan argumento alguno en torno a esa reparación del daño.
24. En sentido opuesto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, en el juicio de amparo directo 294/2008, consideró que el juicio de amparo es improcedente cuando es promovido por la víctima u ofendido del delito, y sólo combate la sanción corporal impuesta al inculpado, no así de alguna violación relacionada directamente con la condena a la reparación del daño, criterio que culminó con la tesis aislada XIX.2o.P.T.23 P, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 10 DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO IMPUGNA ÚNICAMENTE LA SANCIÓN CORPORAL IMPUESTA AL SENTENCIADO Y NO ALGUNA VIOLACIÓN RELATIVA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO."(6)
25. Como puede observarse, ante un mismo problema jurídico sometido a su jurisdicción, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, arribaron a una conclusión diferente. Esto revela, que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí se encuentra frente a la existencia de una contradicción de criterios, en virtud de que han expresado una posición contrastante en torno a un tema determinado, en el que se controvierte el mismo planteamiento jurídico.
26. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Finalmente, de las constancias de autos se advierte que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, pueden dar lugar a la formulación de una pregunta genuina.
27. Concretamente, se a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24474-4daf6d09/amparo-directo-en-materia-penal-la-victima-u · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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