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Modo: Corpus Pro

REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 139/2018. · Registro digital (IUS): 28173
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-11-09
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Pág. 2413.

AMPARO DIRECTO 139/2018. 23 DE AGOSTO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, que por cuestión de técnica se sintetizan en orden distinto al expuesto en la demanda, son los siguientes:

1. El tribunal de alzada violó en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 1o. constitucional, ya que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo momento la protección más amplia, y las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

2. La autoridad responsable transgredió el contenido del artículo 17 constitucional, que precisa una administración de justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, cuya resolución debe ser de manera pronta, completa e imparcial.

3. El ad quem violó en su perjuicio el contenido de las fracciones V, VII, VIII, IX y X del apartado A del precepto 20 constitucional (proceso penal acusatorio).

4. La Sala de apelación no aplicó correctamente el contenido de los artículos 70, 71 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, ya que indebidamente le estimó a ********** un grado de culpabilidad mínimo y, con ello, una pena de cinco años de prisión y quinientos días multa, pues debió considerar todos los elementos de prueba, de donde se advierte que al no tener un domicilio donde pueda ser localizado, durante doce años no se ha ejecutado la sentencia mercantil en su contra; la magnitud del daño causado al bien jurídico tutelado es de "mediana entidad", ya que el dinero se le entregó a través de su hijo, quien adujo que el sentenciado era el encargado de conseguir las inversiones; son inverosímiles las circunstancias personales y especiales del agente, ya que al tratarse de una persona que mantiene una empresa que maneja cuantías sobresalientes, sus ingresos están por encima de los quince mil pesos que dijo percibir; en relación con las circunstancias del agente y la víctima, antes y durante la comisión del ilícito se inobservó que sí corrió riesgo, debido al menoscabo irreversible en su patrimonio, por lo que el grado de culpabilidad que le corresponde es "entre el medio y el máximo"; por tanto, conforme a la naturaleza de la acción dolosa del delito y los medios empleados al firmar seis pagarés por siete millones ochocientos cuarenta mil pesos, conforme al artículo 231, en relación con el diverso 230, fracción V, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, se advierte que, al multiplicar las unidades de cuenta ($75.95), da un total de setecientos cincuenta mil pesos, cantidad que es rebasada, excesivamente, por el dinero prestado, por lo que su penalidad debió estimarse entre seis a once años de prisión y de ochocientos a mil doscientos días multa.

5. La Sala responsable no aplicó correctamente el contenido de los artículos 33, 42 a 46 y 247 del Código Penal para el Distrito Federal, pues la condena a la reparación del daño a **********, por once millones ochocientos setenta y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos con cuarenta y cuatro centavos, le causa perjuicio, pues aun cuando se ponderaron argumentos lógico-jurídicos del juicio ejecutivo mercantil, no se tomaron en cuenta las documentales, consistentes en las sentencias interlocutorias de veintiséis de marzo de dos mil trece, por dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil novecientos pesos, y catorce de junio de dos mil diecisiete, por dos millones doscientos treinta mil doscientos noventa y seis pesos con veinticinco centavos, ambas de liquidación de intereses moratorios al seis por ciento anual, lo que trastocó sus derechos como víctima del delito, previstos en las fracciones I a VII del apartado C del precepto 20 constitucional –proceso penal acusatorio–, ya que de los intereses anuales decretados por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, en el expediente **********, se advierte la penalidad de un pago hasta el catorce de junio de dos mil diecisiete, por lo que se debió condenar por el total de las incidencias señaladas por cuatro millones setecientos seis mil ciento noventa y seis pesos con veinticinco centavos, que sumados a la suerte principal (siete millones ochocientos cuarenta mil pesos), resultan doce millones quinientos cuarenta y seis mil ciento noventa y seis mil pesos con veinticinco centavos; lo anterior, aun cuando no fue señalado por el Ministerio Público, pero sí fueron ofrecidas (sic) por ella.

6. La absolución del pago por reparación del daño moral y posibles perjuicios, bajo el argumento de que el Ministerio Público no aportó pruebas para establecer su existencia y cuantificación, viola sus derechos humanos, ya que no se aplicó el contenido de los artículos 1 a 27, 61, fracción VIII, 63, 64, fracciones I, II, III y VI, 65, inciso a), 66, 67, 68, 114, 123, 124, 128 y 151 de la Ley General de Víctimas, ya que conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición, se generaría una "reparación integral del daño", por lo que debe ordenarse la restitución de los valores, es decir, la reparación del daño, más la compensación de los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente valuables, que son consecuencia inmediata del delito; por tanto, deben actualizarse los siete millones ochocientos cuarenta mil pesos, de dos mil seis y dos mil siete a la fecha en que se propone el juicio de amparo; ello, tomando en cuenta que los títulos de crédito tenían una fecha de vencimiento, casi doce años desde entonces, por lo que la actualización es un perjuicio que no le fue otorgado.

En apoyo a lo anterior, citó las tesis de títulos y subtítulos: "COMPENSACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. AUTORIDAD COMPETENTE PARA DETERMINAR SU MONTO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO.", "COMPENSACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS. LA COMPENSACIÓN Y LA FUNCIÓN INDEMNIZATORIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, DEBE ENTENDERSE EN TÉRMINOS DE COMPLEMENTARIEDAD.", "COMPENSACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS. LA MANIFESTACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA VÍCTIMA AL OBTENER EL MONTO DE UNA REPARACIÓN A TRAVÉS DE OTROS MECANISMOS, NO IMPIDE EL ACCESO AL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS." y "REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. COMPRENDE TANTO LOS DAÑOS PATRIMONIALES COMO LOS EXTRAPATRIMONIALES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."

7. Le causa perjuicio que la autoridad responsable le haya concedido al sentenciado ********** los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en los términos del considerando XI de la sentencia reclamada.

Es conveniente precisar que este juicio de amparo lo promovió **********, ofendida o "víctima directa" del delito en los autos del proceso penal del que deriva el acto reclamado, y le fue reconocida su calidad de coadyuvante con la Representación Social.1

En esa tesitura, en términos del inciso b) de la fracción III del artículo 79, a la quejosa le asiste la suplencia de la deficiencia de la queja; figura respecto de la que este Tribunal Colegiado estima necesario hacer la siguiente reseña:

En la ejecutoria emitida en la contradicción de tesis 229/2011,2 donde se citó la exposición de motivos que dio origen a la reforma del artículo 20 constitucional, de veintiuno de septiembre del año dos mil, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que constitucionalmente se reconoció la legitimación procesal activa de la víctima u ofendido de una infracción penal, al grado de equipararlos, prácticamente, a una parte procesal, cuando una resolución pudiera afectar sus derechos fundamentales –en ese caso, a la reparación del daño–; de ahí que el juicio de amparo directo es el medio procesal idóneo para reclamar la afectación, por lo que es evidente que la parte ofendida reconocida en el proceso natural, está legitimada para promoverlo cuando se absuelve al acusado, en tanto que esto afecta el nacimiento de ese derecho fundamental.

La jurisprudencia 1a./J. 21/2012 (10a.), que derivó de la contradicción de tesis señalada, lleva por título y subtítulo: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE ABSUELVE AL ACUSADO."(3)

También conviene traer a colación que la Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 152/2005-PS, llegó al convencimiento de que en atención al principio de supremacía constitucional, la legitimación del ofendido o víctima del delito para promover el juicio de amparo, debe regirse por el Texto Constitucional y por los principios que contiene respecto de los supuestos en que sufra un agravio personal y directo de alguna garantía individual –antes así llamadas– prevista a su favor, lo que excluyó la aplicación restringida de los supuestos establecidos expresamente en el artículo 10 de la Ley de Amparo abrogada, en cuanto a las hipótesis que deben actualizarse para que la víctima u ofendido pueda promover el juicio de amparo.(4)

Al resolver tales asuntos, la Primera Sala también determinó que ante la vigencia de una disposición constitucional, la protección del derecho garantizado en ella debe ser inmediato, y que la ausencia de regulación expresa en las legislaciones secundarias no puede impedir que las determinaciones que se consideren violatorias de la citada garantía, puedan ser reclamadas a través del juicio de amparo.(5)

De manera análoga se había pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, por unanimidad de votos, el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y siete, los amparos en revisión 32/97 y 961/97, donde sostuvo que, al incorporarse al Texto Constitucional una nueva garantía individual a favor de los gobernados, su respeto no puede considerarse postergado o sujeto a la condición suspensiva de que el legislador ordinario emita las disposiciones legales que reglamenten el instrumento para impugnar las determinaciones que la violen.

Por ello, es criterio del Alto Tribunal que la víctima u ofendido de un delito se encuentra legitimado para acudir al juicio de amparo en todos aquellos supuestos en que se le cause un agravio por la infracción a sus derechos fundamentales, elevándolos a rango constitucional para su mejor protección, y sería absurdo negarle el acceso al juicio de amparo, cuando considere violados algunos de esos derechos, pues ello contravendría el Texto Fundamental.

Además, tal postura es compatible con la finalidad de hacer efectivo el objetivo esencial de dicho medio de control constitucional, como medio de protección de los derechos humanos del gobernado, que se ubica en ese supuesto de ser ofendido de un delito.

Igual criterio sostuvo la Primera Sala, al resolver el amparo directo en revisión 125/2012,(6) aprobado por mayoría de tres votos, en el que, medularmente, se señaló que si el ofendido por la comisión de un delito tiene derecho de exigir judicialmente que se le aplique la sanción correspondiente a la conducta realizada por el sujeto activo, lo que implica reconocérsele legitimación para intervenir en el proceso, independientemente de su derecho a la reparación del daño, pues la víctima de un delito se encuentra legitimada para acudir al juicio de garantías, en todos aquellos supuestos en que se le cause un agravio personal y directo por la infracción a los derechos consagrados en la Constitución Federal, entre los que se encuentran, el de intervenir en el juicio e interponer los recursos que procedan, en términos de ley, aun ante la omisión de la norma secundaria por el hecho de no haber sido actualizada respecto de una situación concreta regulada en la Carta Magna, pues si se busca proteger y garantizar, de manera puntual, ciertos derechos de las víctimas, elevándolos a rango de garantías individuales para su mejor protección, sería absurdo negarle el acceso al juicio de amparo, cuando considere violadas algunas de esas garantías, pues ello contravendría el propio Texto Constitucional y las razones que tuvo el Constituyente para reformarlo, haciendo nugatorio el ejercicio de esos derechos.

En ese orden de ideas, se precisó que el hecho de que la víctima u ofendido no interpusiera el recurso de apelación, dada la redacción restrictiva de la legislación procesal, ello no afectaba su legitimación para acudir al juicio de amparo directo, al cual tiene pleno acceso, en términos de los precedentes que ha sostenido sobre el tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte, si la víctima u ofendido, al tenor de la interpretación extensiva de la normatividad procesal, promueve el recurso de apelación, es obligatorio que el tribunal de alzada lo admita e instruya, de modo que su decisión constituya el acto reclamado en el juicio de amparo directo.

Así, se formularon los siguientes pronunciamientos:

a. El derecho que asiste a las víctimas u ofendidos, como parte en el proceso, a recurrir en apelación la sentencia definitiva de primera instancia, aun cuando las normas procesales no lo permitan, no debe interpretarse en el sentido de que por esa razón, están obligados a agotar el recurso de apelación, previo a acudir al juicio de amparo directo, pues ello llevaría a sobreseer en el juicio constitucional, lo que implicaría una óptica antagónica a los derechos fundamentales reconocidos nacional e internacionalmente a los sujetos pasivos del delito, en cuanto al sistema de impugnación previsto en las normas procesales, como el de acceso a la justicia (sic).

b. De esta forma, al no legitimar la ley adjetiva a la víctima u ofendido del delito para interponer el recurso de apelación, no le es exigible agotarlo antes de promover el juicio de amparo directo, ya que tal condición representaría la imposición de una exigencia excesiva y carente de razonabilidad, al no estar legitimado para interponer el recurso, aunado a que le generaría cargas adicionales, como la de interponer otros recursos contra la eventual negativa a admitir ese medio de impugnación en la vía ordinaria, lo que, además, pugnaría con el derecho fundamental de acceso a la justicia, que implica el promover un recurso efectivo, sencillo y de fácil acceso.

Lo anterior, en consonancia con lo sustentado por el Pleno del Alto Tribunal, al resolver la sustitución de modificación de jurisprudencia 11/2013,(7) en la que determinó que el derecho fundamental de acceso a la justicia conlleva a los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos o medios de defensa previstos en la Constitución y en la ley, por lo que no basta que los medios de impugnación –como en el caso del juicio de amparo– estén previstos legalmente, sino que se requiere que se elimine, para su admisión y tramitación, cualquier cúmulo de requisitos o formalismos técnicos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad, respecto del fin legítimo que persiguen.

c. Si la víctima u ofendido, al tenor de la interpretación extensiva de la normatividad procesal, promueve el recurso de apelación, es obligatorio que el tribunal de alzada lo admita e instruya, de modo que su decisión constituya el acto reclamado en el juicio de amparo directo que, en su caso, promueva la víctima u ofendido.

Consecuentemente, la Primera Sala determinó que cuando las normas procesales no legitimen a la víctima u ofendido para interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, éste, en su calidad de parte en el proceso penal:

(i) Podrá interponer el recurso de apelación contra esa sentencia, el que será procedente a través de una interpretación conforme de sus derechos constitucionales; y,

(ii) Podrá promover el amparo directo contra la resolución de segunda instancia, en caso de que las partes expresamente legitimadas hubieren interpuesto el recurso de apelación que confirme, modifique o revoque en el fondo la resolución de primera instancia y la víctima u ofendido no hubiere agotado ese medio de defensa, dada la redacción restrictiva de la norma procesal que no le reconoce legitimación para promoverlo.

Lo anterior, en consonancia con los derechos fundamentales de acceso a la justicia y equidad, perseguidos por el legislador federal, acorde con la interpretación conforme efectuada por el Alto Tribunal, con lo que se brinda seguridad jurídica a las partes en el proceso penal, ya que el análisis del juicio de amparo directo promovido por la víctima u ofendido, garantizará que las sentencias definitivas, en el orden penal, se emitan en un plano de equidad en torno a los derechos que involucran a los sujetos activos y pasivos en el proceso, debido a las consecuencias legales producidas por la comisión de los delitos.

Dicho en otras palabras, se concluyó que no afecta la legitimación de las víctimas u ofendidos para acudir al juicio de amparo directo, el que las normas adjetivas les veden el derecho a apelar una sentencia definitiva, aun cuando pueden interponer ese recurso, a partir de una interpretación conforme.

Ahora bien, respecto al alcance de la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la víctima u ofendido del delito, al promover el juicio de amparo directo, se precisó que constituye un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos fundamentales, pues se erige como el medio de impugnación más amplio y eficaz posible contra toda sentencia, porque dadas las reglas que lo rigen, siempre está disponible para impugnar y exigir la revisión de toda resolución jurisdiccional de carácter definitivo, y cumple con los fines trascendentales que se persiguen por los tratados internacionales, cuando en éstos se establece como derecho la revisabilidad de las sentencias penales, siempre que sea la que puso fin al juicio.(8)

Por ello, si el proceso penal tiene fin en una o dos instancias ordinarias, sea cual sea la final, la sentencia que se dicte siempre será impugnable en amparo, con más amplia oportunidad para su impugnación que los recursos ordinarios, pues conforme al artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a),(9) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los preceptos 158(10) y 160(11) de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, serán factores de análisis del juicio de amparo directo, específicamente en materia penal y desde un ámbito de legalidad como de regularidad constitucional, las violaciones ocurridas en la sentencia definitiva impugnada y las generadas dentro del procedimiento que le dieron origen, siempre que dejen sin defensa al quejoso.

Respecto de la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, como institución del juicio de amparo en general, la Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 91/2012,(12) abordó el proceso legislativo que adicionó el artículo 76 Bis a la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, y que explica las razones por las cuales el legislador determinó que el juzgador está obligado a suplir la queja deficiente en diversos supuestos, tanto en la demanda de amparo, como en los recursos que la ley prevé.

Así, en dicho precedente se analizaron las distintas reformas al artículo 107, fracción II, quinto párrafo, de la Constitución Federal,(13) en que se consolidó esa figura jurídica, con el propósito de que se liberara de la obligación de ser expertos en tecnicismos jurídicos a quienes en calidad de quejosos, estuvieran expuestos a perder la libertad o sus derechos patrimoniales, por desconocimiento de los rigorismos de la técnica del derecho, o no dispusieran de los medios económicos suficientes para un eficiente asesoramiento profesional.

Se consideró que en ambos casos, era tanto el interés individual, como el general, el que estaba de por medio en el litigio, por lo que la suplencia de la queja deficiente es un principio elemental de justicia, que obliga al Estado a acudir al auxilio de quienes carecen de los elementos económicos para lograr que su defensa legal se ajustara a las exigencias de la técnica jurídica requerida, para proceder al análisis constitucional de los actos que produjeran una afectación a los derechos fundamentales de los solicitantes de la protección constitucional que se ubiquen en los supuestos en que deba aplicarse esa figura jurídica.

Desde el ámbito de las víctimas u ofendidos del delito, que son parte en el proceso penal y, por tanto, sujetos legitimados para promover el juicio de amparo directo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 163/2012, determinó que el estudio del juicio uniinstancial debe realizarse bajo la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, en virtud del nuevo enfoque constitucional que ha brindado equilibrio entre sus derechos fundamentales y los de los acusados, por lo que dotó de contenido al artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, y extender (sic) esa figura a los afectados del delito, construyendo así un paso más hacia la búsqueda de la justicia, como fin primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional.

De dicha ejecutoria, derivó la jurisprudencia 1a./J. 29/2013 (10a.), de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO."(14)

Asimismo, al resolver la mencionada contradicción de tesis 229/2011, la Primera Sala estableció que los derechos fundamentales de la víctima u ofendido del delito y los acusados no son opuestos entre sí, por el contrario, el respeto a las prerrogativas de ambos constituye la vigencia del orden constitucional, de modo que no rompe con el equilibrio procesal de esos intereses el que se analice en sede constitucional el acto que hace nugatorio el derecho a la reparación del daño, aun cuando potencialmente el inculpado y su defensa hubieren superado, conforme a las reglas del debido proceso, la acción penal –y, posteriormente, la acusación– intentada por el Ministerio Público, pues la impugnación que en amparo directo haga la víctima u ofendido, no genera un nuevo frente de imputación penal distinta a la pretensión punitiva estatal, por el contrario, al haber sido desvinculado el inculpado bajo la responsabilidad judicial de la acción penal, que sigue siendo la condicionante o presupuesto lógico de cualquier tipo de reclamo sobre la reparación, es que se justifica que los pasivos del delito tengan esa facultad, ante la imposibilidad jurídica que existe para el fiscal.(15)

En efecto, se mantiene firme el papel del Estado como monopolizador del ejercicio de la acción penal, relativo a la carga de la prueba en materia penal y el expresar en proposiciones concretas la pretensión punitiva, es por ello que los derechos adquiridos constitucionalmente por las víctimas u ofendidos, encaminados a la demostración del delito y la responsabilidad penal, como elementos indispensables para obtener, en su caso, la reparación del daño, que constituye uno de los derechos fundamentales que pueden ejercer, no inciden y, mucho menos, riñen con las funciones que competen exclusivamente a la institución del Ministerio Público.

Sentado lo anterior, para dilucidar el alcance y la materia de estudio de esta instancia constitucional, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 12/2014, en sesión de 11 de marzo de 2015, estableció varias directrices que deben normar el estudio del juicio de amparo directo, bajo la óptica de la suplencia de la deficiencia de la queja en favor de la víctima u ofendido, cuando el acto reclamado constituye la sentencia de segunda instancia, a saber:

i) El juicio de amparo promovido por la víctima u ofendido del delito se limita al análisis de las violaciones a derechos fundamentales cometidas en perjuicio de éste, con la finalidad de que sean reparadas.

Tal consideración, entendida a contrario sensu, permite afirmar que las violaciones cometidas contra quienes tuvieron el carácter de encausados, están excluidas de análisis. Esto, además, es consistente con los principios de instancia de parte agraviada y agravio personal y directo, previstos en el artículo 6o. de la Ley de Amparo.

ii) El análisis del acto reclamado supone un examen constitucional amplio que verifique si existió o no afectación a los derechos fundamentales que les asisten como parte en el proceso penal, y que los hayan colocado en un estado de indefensión.

iii) Los órganos constitucionales tienen el deber de analizar los conceptos de violación y, de estimarlo procedente, suplir la deficiencia de su queja, atendiendo al contenido del acto reclamado, así como a la totalidad de las constancias de autos, con el propósito de verificar si se transgredió derecho fundamental alguno en su perjuicio, ya sea que exista violación a las reglas del procedimiento que los haya dejado sin defensa, como alguna de carácter formal o de fondo, que amerite la concesión de la protección constitucional solicitada.

En suma, el proceder de este tribunal debe comprender: a) un examen amplio del acto reclamado, que atienda al contenido integral de la sentencia reclamada y la totalidad de las constancias de autos; b) el análisis de las violaciones al procedimiento que advierta, cuya trascendencia dependerá de que se hubiere afectado la defensa de la promovente del juicio constitucional, a grado tal que se trascienda al resultado del fallo, en virtud de que la pasivo del delito no se encuentra en aptitud de impugnarlas durante el procedimiento; y, c) el estudio de los medios de prueba existentes en autos y, de advertir algún vicio formal o de fondo, el pronunciamiento correspondiente.

Ahora bien, los motivos de disenso planteados por la quejosa resultan infundados en una parte y fundados en otra.

Previamente, a pesar de que la titular de la acción constitucional no se duele de alguna violación procesal, del análisis de las constancias que integran la causa penal, no se advierte que se hayan inobservado en perjuicio de la quejosa, en el carácter de víctima, las formalidades esenciales del procedimiento, a que se refiere el párrafo segundo del precepto 14 constitucional; por ende, el acto reclamado no transgrede su contenido.

En efecto, de autos se advierte que a la quejosa, en declaración ministerial de veintinueve de octubre de dos mil doce, se le hizo del conocimiento la carta de derechos de los denunciantes, víctimas u ofendidos del delito,(16) entre los que destacan que se le reciba su denuncia o querella y ratificación, se mantengan en reserva sus datos personales, a colaborar en la integración de la averiguación previa, recibir atención médica y psicológica, se le reciban los medios de prueba para acreditar el daño sufrido, y a que se solicite al Juez su reparación en la sentencia, así como impugnar las determinaciones de no ejercicio de la acción penal; prerrogativas que fueron decretadas en su favor en esa etapa.

Mediante escrito presentado ante el Juez del conocimiento el tres de febrero de dos mil diecisiete, solicitó la coadyuvancia con el Ministerio Público, y nombró representante para dicho efecto (quien aceptó y protestó el cargo), libelo que le fue acordado favorablemente en esa fecha.

A través de cédula de notificación del auto de formal prisión decretado a **********, se le hicieron saber los derechos que, como víctima u ofendido del delito, le asisten, conforme al artículo 20 constitucional.(17)

Se le dio oportunidad de exhibir pruebas, mismas que se acordaron favorablemente (las que fueron ofrecidas en tiempo y forma) en acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete.(18)

La autoridad ministerial solicitó el pago de la reparación del daño en sus conclusiones acusatorias.(19)

Al dictarse la sentencia de primera instancia, el Ministerio Público, la ofendida, y el representante de la coadyuvancia, tuvieron la oportunidad de interponer el recurso de apelación, y que se hicieron valer en tiempo,(20) (sic) y la autoridad revisora dictó la sentencia que se reclama en el presente juicio de garantías.(21)

Por lo anterior, se estima que las formalidades esenciales del procedimiento en favor de la víctima, quedaron debidamente cumplidas.

En relación con lo alegado por la quejosa en el primer motivo de inconformidad, debe decirse que, acorde con lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.),(22) las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se relacionan entre sí, en términos jerárquicos, ya que se integran al catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional.

De ahí que cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución Federal, como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Por tanto, cuando exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, se deberá estar a lo que indica la Norma Constitucional.

Lo anterior, tal como la Primera Sala de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28173-43ddc541/reparacion-integral-del-dano-material-a-la-victima · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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