SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. CUANDO EL EFECTO DE ESA MEDIDA CAUTELAR SEA PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO PENAL, NO PROCEDE IMPONER LA GARANTÍA DISCRECIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 125, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 349/2016. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE MAYO DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALFONSO FRANCISCO TRENADO RÍOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados pertenecientes a diferente Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
En sustento a lo anterior, se cita el criterio emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO, CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que el Magistrado Omar Liévanos Ruiz, integrante del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, se encuentra facultado para ello.
TERCERO.-Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
• Criterio del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito.
En sesión de once de agosto de dos mil dieciséis, el órgano colegiado en cita resolvió el incidente en revisión **********, promovido por **********, en su carácter de ofendida del delito, contra la interlocutoria dictada en el juicio de amparo ********** por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en la que le concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, condicionando sus efectos al otorgamiento de una garantía por la cantidad de **********.
El juicio de amparo de que se habla, se promovió contra la sentencia dictada dentro del toca penal **********, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa, acusada, Ministerio Público y parte civil, contra la sentencia definitiva dictada a **********, por el delito de homicidio culposo en agravio de ********** (padre de la recurrente y quejosa), por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en la que decretó la nulidad de los actos procesales a partir del auto que declaró finalizado el periodo ordinario de pruebas, con excepción de aquellas diligencias que, por su naturaleza no pudieran repetirse, con la finalidad de proceder de conformidad con el numeral 478 del Código de Procedimientos Penales en el Estado y notificar a la acusada el derecho que tenía para designar defensor que tuviera título en derecho para que la asistiera y defendiera en el proceso y, en caso de no ejercer tal derecho, el juzgado le designara uno público; y, realizado lo anterior, se desahogaran diversas probanzas para continuar con las etapas procesales hasta el dictado de la sentencia respectiva.
El Juez de Distrito estimó que el acto reclamado era susceptible a la medida de suspensión solicitada de conformidad con los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en tanto que se trataba de un acto que, por su naturaleza producía consecuencias hacia el futuro, en virtud de que ordenaba la reposición del procedimiento, por lo que concluyó que la parte quejosa -ofendida- tenía un interés legítimo para obtener esa medida cautelar, la que de no otorgarse podría ocasionarle daños y perjuicios de difícil reparación.
Así, el Juez de Distrito determinó que la suspensión concedida surtía sus efectos desde luego, pero que dejaría de hacerlo si la ofendida quejosa no otorgaba la garantía pecuniaria impuesta para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada -inculpado-, en caso de que la quejosa no obtuviera sentencia favorable.
El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al resolver el incidente en revisión **********, determinó confirmar en sus términos la resolución del Juez de Distrito en la que impuso el pago de una garantía a la quejosa para que surtiera efectos la suspensión, con base en las consideraciones siguientes:
"... de oficio los integrantes de este Tribunal Colegiado, observan que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, por acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, tramitó el presente incidente conforme a la Ley de Amparo abrogada el tres de abril del dos mil trece, asimismo, la audiencia incidental la inició con la citada ley abrogada; sin embargo, al citar los preceptos en que fundó su determinación que ahora se revisa, aplicó la Ley de Amparo en vigor.
"...
"En ese orden de ideas, para el trámite y resolución de la medida cautelar, es menester la aplicación de las disposiciones conducentes de la anterior Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, cuenta habida que el artículo transitorio décimo, segundo párrafo, de la actual legislación de la materia establece que en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la abrogada Ley de Amparo.
"De ahí que si en el caso concreto, se aprecia que el acto reclamado consistente en la resolución de catorce de octubre de dos mil quince, dictada en el toca penal **********, mediante la cual revocó la sentencia definitiva de primera instancia dictada el diecisiete de julio anterior, por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, en la causa penal **********, fue pronunciado en un procedimiento iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal -que lo fue el siete de marzo de dos mil quince, en la región de Morelia- por lo que inconcuso es que debe aplicarse para la tramitación y resolución de la suspensión la legislación abrogada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 32/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO EN LOS CASOS EN DONDE NO HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DEBERÁN REGIRSE CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA.’ (transcribe texto y datos de identificación)
"...
"Ahora, no obstante que el Juez Tercero de Distrito debió aplicar la ley abrogada, citó artículos de la Ley de Amparo vigente, empero tal cita errónea de preceptos no conlleva a la revocación de la resolución que se revisa, pues las consideraciones son acordes a la legislación abrogada, máxime, que entre ambas legislaciones en los preceptos invocados por el Juez de amparo, no contienen cambios sustanciales que afecten a lo decidido por el a quo y que sean en beneficio de la quejosa o que hayan dejado sin defensa a las partes por crear confusión jurídica.
"Lo anterior es así, ya que los artículos citados por el Juez de Distrito que son los numerales 128, 129, 132, 136, 138, 139 y 144 de la vigente Ley de Amparo, tienen redacción similar a los artículos 124, 125, 130, 131, 139 y 142 de la legislación abrogada, preceptos que de su lectura se aprecia que únicamente regulan el trámite de la suspensión; cuando se está en un acto que afecta el interés público; la procedencia de la suspensión de los actos reclamados y lo relativo a la garantía y tiempo para su exhibición; de ahí que ambas legislaciones son congruentes con las consideraciones expuestas en la resolución recurrida; por ello, la cita de los numerales de la ley vigente no le irroga perjuicio alguno a la recurrente. Al respecto es aplicable por las consideraciones que la sustentan, la tesis de la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"‘CITA ERRÓNEA DE ARTÍCULOS POR EL JUEZ DE DISTRITO.’ (transcribe texto y datos de identificación)
"Precisado lo anterior, este órgano colegiado aprecia que fue correcto que el Juez de amparo concediera la suspensión definitiva a la quejosa para los efectos de que no se ejecutara la resolución reclamada que ordenó reponer el procedimiento de primera instancia, lo que es acorde a lo establecido en la jurisprudencia que citó establecida, por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro y texto siguientes:
"‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE LOS JUICIOS EN QUE SE DECRETA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.’ (transcribe texto y datos de identificación)
"Ahora bien, en relación a la garantía que fue fijada por el Juez de Distrito consistente en la cantidad de **********, para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva, son infundados los agravios que expresó la recurrente. Veamos.
"La suspensión del acto reclamado en el amparo es una providencia de carácter instrumental, que tiene por objetivo paralizar el acto emanado de alguna autoridad, con la finalidad precisamente, de conservar la materia del amparo y, en su caso, para que a la quejosa no se le cause perjuicio que sea de difícil reparación. Su contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta, positiva o negativa, de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve la controversia constitucional.
"El objeto primordial de esa providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; así, en virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso, mientras se decide si es violatorio o no de la Constitución.
"Ahora, si bien es cierto que en términos generales, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado coloca en una situación privilegiada a la quejosa, generando un desequilibrio respecto de la tercero interesada, a la que se impide ingresar en su esfera jurídica un derecho que aparentemente le corresponde.
"Ante ello, el numeral 125 de la Ley de Amparo abrogada, prevé, para los casos en que la concesión de la medida cautelar ocasione daño o perjuicio al tercero interesado, el establecimiento de una garantía con la que, en su caso, pueda repararse el daño e indemnizar los perjuicios ocasionados con tal medida.
"Tal precepto asegura al beneficiado por el acto de autoridad, cuya ejecución se suspendió, la indemnización que le corresponda por los daños y perjuicios que, en caso de negarse la protección constitucional o sobreseerse en el amparo, le haya ocasionado la imposibilidad jurídica de que se ejecutara el acto reclamado.
"Por tanto, con el otorgamiento de la garantía se podrá restaurar el equilibrio perdido ante la concesión de la suspensión, que se erige en una condición de ésta y hace factible la indemnización de los daños y perjuicios originados por la suspensión concedida respecto de un acto apegado a derecho. El ordinal 125 de la Ley de Amparo abrogada dispone:
"‘Artículo 125. En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.
"‘Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.’
"De tal manera, el primer párrafo del precepto transcrito prevé el otorgamiento de garantía por parte del quejoso, cuando con la suspensión que se le otorgue se pueda ocasionar daño o perjuicio al tercero, garantía que servirá para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que se hubieren causado con la referida medida cautelar. El segundo párrafo, establece la fijación de una garantía de manera discrecional por parte del juzgador, para los casos en que los derechos del tercero interesado se afecten con la concesión de la medida cautelar y no sean estimables en dinero.
"En esas condiciones, considerando que tratándose de actos o resoluciones intraprocesales relacionados con la reposición del procedimiento, el efecto de la suspensión consistirá en detener la ejecución de una resolución que ha invalidado un juicio concluido en todas sus etapas procesales, lo que conlleva que el Juez del conocimiento se abstenga de reponer el procedimiento en los términos indicados por la responsable y, con ello, se abstenga de dictar la sentencia definitiva hasta que se resuelva el juicio de amparo correspondiente; por ende, los daños que se pueden causar a la tercero interesada consistirán en el retardo en la emisión de la resolución del juicio natural hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo.
"En tal virtud, cuando el efecto de la suspensión consiste en la abstención del dictado de la sentencia definitiva, no es aplicable el primer párrafo del artículo 125 de la Ley de Amparo, pues el daño que se pudiera causar al tercero con dicha medida cautelar no es patrimonial, toda vez que el acto reclamado constituye una cuestión procesal; de ahí que los daños que se pueden causar a la tercero interesada consistirán en retardo en la emisión de la resolución del juicio natural hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo.
"Sin embargo, sí es aplicable el segundo párrafo de dicho precepto, toda vez que como se indicó, el retardo en el dictado de la sentencia, afecta el derecho de celeridad procesal de la tercero interesada, el cual, no es estimable en dinero.
"El artículo 17 constitucional, en su segundo párrafo, dispone: (transcribe texto)
"Del precepto reproducido, se desprende el derecho a la tutela jurisdiccional, la cual ha sido definido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.
"El criterio señalado se encuentra contenido en la siguiente jurisprudencia:
"‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’ (transcribe texto y datos de identificación)
"De lo anterior se tiene que todo gobernado goza del derecho de que los tribunales resuelvan sobre su condición jurídica de manera pronta y expedita, en los plazos y términos que fijen las leyes.
"En esas condiciones, resulta que el derecho de celeridad procesal del cual goza la tercera interesada, se ve afectado por la suspensión que se otorga contra el acto o resolución intraprocesal reclamado, pues como ya quedó apuntado, el efecto de tal medida consistirá en detener la ejecución de una resolución que ha invalidado un juicio concluido en todas sus etapas procesales y, por ende, que el Juez de la causa penal de origen se abstenga de emitir la sentencia respectiva hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo.
"Por tanto, la suspensión que se concede en contra de actos intraprocesales, cuyo efecto cause retardo en la emisión de la sentencia definitiva en el juicio natural, afecta el derecho de celeridad procesal de la tercera interesada, el cual no es estimable en dinero, por lo que la autoridad que conozca del amparo, deberá fijar de manera discrecional el importe de la garantía de conformidad con el segundo párrafo del artículo 125 de la Ley de Amparo.
"Sin que impida concluir así, que la recurrente alegue que tiene el carácter de ofendida en la causa penal de origen, pues no obstante el carácter que tiene, ello no es suficiente para que el Juez de amparo la exima de la obligación de otorgar garantía dentro del juicio de amparo, para que continúe surtiendo sus efectos la suspensión definitiva concedida, pues como quedó establecido en párrafos que preceden, con la garantía fijada se restaura el equilibrio perdido por la tercero interesada ante la concesión de la suspensión otorgada a favor de la quejosa, ahora recurrente.
"En efecto, el reconocimiento de la víctima u ofendido del delito como parte en el proceso penal, establece la posibilidad de que tenga una participación activa en éste, no sólo por su expectativa o pretensión de que se repare el daño que le fue ocasionado, sino porque conforme al nuevo marco jurídico, derivado del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede participar directamente en la causa penal, aportar pruebas, interponer recursos y exigir que se establezca una verdad legal sobre la comprobación del delito y la responsabilidad penal del inculpado, lo que hace que se encuentre en un plano de igualdad dentro del proceso.
"Asimismo, a fin de respetar ese plano de igualdad se estableció en la Ley de Amparo, la suplencia de la queja a favor de la parte ofendida o víctima del delito.
"Sin embargo, contrario a lo que pretende la recurrente, su carácter de ofendida del delito, per se, no conlleva a permitirle que se le exima de las obligaciones que la propia Ley de Amparo le impone, como lo es la garantía que le fue fijada, lo que evidentemente rompería el equilibrio procesal que debe guardarse en el juicio de amparo entre las partes.
"En efecto, no hay que olvidar que el juicio de amparo tiene sus propias reglas y el legislador ha establecido en la misma ley, los supuestos en que se exime la exhibición de garantías, como es el caso de las personas morales oficiales, de ahí que si no se estableció una eximente a favor de las víctimas de los delitos, este Tribunal Colegiado no puede hacerlo, ya que estaría actuando en sustitución del legislador secundario.
"Y si bien, la quejosa tiene derecho a la reparación del daño como lo indica en la tesis que citó en sus agravios, ello es una expectativa la cual aún no queda firme hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoriada en la causa penal de origen; derecho que de ninguna manera la exime de la obligación de exhibir la multicitada garantía que se le ha fijado por parte del Juez de amparo.
"Igualmente, cabe señalar ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la Ley General de Víctimas, ni los tratados internacionales que invoca, contemplan la posibilidad de que, por la calidad de ofendida se le exima de las obligaciones que la legislación secundaria establece para la efectividad de la medida de suspensión que le fue concedida.
"Sin que con ello se le esté revictimizando como lo indica la agraviada, ya que la revictimización implica una amenaza contra su seguridad y conlleva consecuencias negativas en su persona, como la presencia de sentimientos nocivos (miedo, autocompasión y/o culpabilidad), sensación de impotencia personal e, incluso, efectos traumáticos que le impidan lograr un sano y pleno desarrollo a lo largo de su vida; pues con la garantía fijada sólo caucionan los posibles perjuicios que pudiera sufrir la tercero interesada con la medida suspensional que le fue otorgada a la propia quejosa, sin que con ello se le esté imponiendo sanción alguna o se le obligue a pasar por algún acto traumante que conlleve a la revictimización que alega.
"Por ende, el solo hecho de que la quejosa sea parte ofendida dentro de la causa penal de origen no justifica, per se, desatender las reglas establecidas en la ley de la materia para el otorgamiento y efectividad de la suspensión del acto reclamado, como las relativas a la fijación de la garantía, toda vez que ésta y, en su caso, su monto, dependerán de las circunstancias particulares de cada asunto, y no sólo de la condición de la recurrente.
"Sin que los integrantes de este Tribunal Colegiado adviertan que la cantidad fijada por el Juez de Distrito sea desproporcionada con el acto reclamado, ya que al no contar con datos que permitan conocer la cantidad que pudiera ascender los posibles perjuicios que alcanzara la tercera interesada con la suspensión del acto reclamado, fue ajustado que actuar en uso del libre arbitrio que goza, y fijara la suma de **********, lo cual se estima acorde a la naturaleza del acto reclamado que conlleva al retardo de una sentencia definitiva." (sic)
• Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
En sesión de diez de diciembre de dos mil quince, el mencionado Tribunal Colegiado dictó resolución en el incidente en revisión **********, promovido por **********, contra la resolución que concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo **********, que promovió **********, en su carácter de ofendida del delito, reclamando la falta de emplazamiento en el procedimiento de apelación tramitado a través del toca penal **********.
La suspensión definitiva de que se habla se concedió para el efecto de que la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), sin paralizar el procedimiento, se abstuviera de dictar sentencia en el toca penal **********, formado con motivo del recurso de apelación que interpuso el inculpado **********, en contra del auto de formal prisión que lo mantenía privado de la libertad.
Al respecto, se destaca que el Juez de Distrito no fijó garantía a la ofendida quejosa para que surtiera efectos la determinación que le concedió la suspensión definitiva.
Luego, como se señaló, el inculpado **********, interpuso el incidente en revisión de que se trata, haciendo valer, entre otros agravios, que el Juez de Distrito tenía la obligación de fijar una garantía para que la suspensión definitiva concedida a la ofendida quejosa surtiera efectos, porque con esa determinación se afectaba su situación jurídica al impedir a la Sala responsable dictara resolución en el recurso de apelación, ya que esa circunstancia lo mantenía privado de su libertad personal.
Al resolver el incidente en revisión **********, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la determinación del Juez de Distrito en la que concedió la suspensión definitiva sin fijar garantía a la ofendida quejosa, para lo cual expresó las consideraciones siguientes:
"En ese orden de ideas, como se apuntó y se reitera, para el trámite y resolución de la medida cautelar, en la especie, provisional (sic) otorgada, es menester la aplicación de las disposiciones conducentes de la anterior Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, cuenta habida que el artículo transitorio décimo, segundo párrafo, de la actual legislación de la materia establece que en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la abrogada Ley de Amparo.
"En esas condiciones, a la fecha únicamente se ha incorporado al sistema de justicia penal implementado a través del decreto por el cual se declara la incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico del Distrito Federal, respecto de los delitos culposos y aquellos que se persiguen por querella o acto equivalente de parte ofendida, así como los actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de Control inherentes a estos delitos; consecuentemente, tomando en consideración que hasta este momento no se cuenta con mayores datos que los narrados en la demanda y en el informe previo, se estima de manera provisional que el acto reclamado fue dictado en el periodo de la vacatio legis del decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 201 (sic), 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XXIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial el 18 de junio de 2008, por lo que este Tribunal Colegiado considera que el trámite y la decisión de la suspensión definitiva en el amparo que se analiza, se rige conforme lo establece la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal abrogada.
"Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 32/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 673, Libro 20, Tomo I, julio de 2015, materia común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico: 2009594, de rubro y texto siguientes:
"‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO EN LOS CASOS EN DONDE NO HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DEBERÁN REGIRSE CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA.’ (transcribe texto)
"...
"El agravio referente a que el a quo incorrectamente omitió aplicar a contrario sensu los arábigos 124 Bis y 125 de la abrogada Ley de Amparo, en virtud que el recurrente al tener la calidad de tercero interesado se le ocasionan daños y perjuicios con motivo de que la suspensión vincula a la responsable a abstenerse de dictar sentencia en el toca penal **********, por lo que el Juez de Distrito debió imponer a la quejosa garantía para cubrir el daño e indemnización, en virtud que en los términos que se dictó la medida cautelar definitiva no podrá conocer cuál es la decisión de la Sala sobre el recurso de apelación que se interpuso a su favor. Al caso, menciona el criterio con rubro: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO).’ (transcribe texto)
"Es infundado, pues, por lo que respecta a la garantía a que alude el normativo 124 Bis de la ley de la materia, ella es para el caso de que el demandante del amparo sea el imputado y, por ende, deba garantizarse un monto para asegurar que no se sustraiga de la acción de la justicia, aspecto, que no acontece en el caso, pues como se ha visto el acto sobre el que se concedió la suspensión se refiere a la omisión de emplazar a la víctima -ahora quejosa- al procedimiento de apelación sobre el auto de término constitucional dictado en contra del tercero interesado.
"Por otro lado, respecto de lo previsto en el numeral 125, como se ha venido diciendo, la suspensión del acto reclamado en el amparo es una providencia de carácter instrumental, que tiene por objetivo paralizar el acto emanado de alguna autoridad, con la finalidad precisamente de conservar la materia del amparo y, en su caso, para que a la quejosa no se le cause perjuicio que sea de difícil reparación. Su contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta, positiva o negativa, de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve la controversia constitucional.
"En otras palabras, el objeto primordial de esa providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; así, en virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso, mientras se decide si es violatorio de la Constitución.
"Ahora, es cierto que en términos generales, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado coloca en una situación privilegiada a la quejosa, generando un desequilibrio respecto del tercero interesado, al que se impide ingresar en su esfera jurídica un derecho que aparentemente le corresponde.
"Ante ello, el numeral 125 de la Ley de Amparo prevé para los casos en que la concesión de la medida cautelar ocasione daño o perjuicio al tercero interesado el establecimiento de una garantía con la que, en su caso, pueda repararse el daño e indemnizar los perjuicios ocasionados co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27335-7c028027/suspension-en-el-juicio-de-amparo-promovido-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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