INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. PARA QUE PROCEDA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DE LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO, NO BASTA LA SOLA AFIRMACIÓN DE LA AUTORIDAD EN EL SENTIDO DE QUE GIRÓ LOS OFICIOS PARA LEVANTAR AQUELLA MEDIDA, SINO QUE ES NECESARIO QUE ACREDITE QUE ÉSTA SE LLEVÓ A CABO.
AMPARO EN REVISIÓN 49/2013. 20 DE JUNIO DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: HUGO SAHUER HERNÁNDEZ. PONENTE: JUAN GARCÍA OROZCO. SECRETARIA: NORMA NAVARRO OROZCO.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Sobreseimiento que debe quedar intocado.
Cabe referir que el Juez Federal sobreseyó en el juicio de amparo respecto del acto reclamado al director general adjunto Jurídico de Procedimientos "A", en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en México, Distrito Federal, consistente en la ejecución a la orden efectuada por la Administración Local de Recaudación de Morelia del Servicio de Administración Tributaria, mediante oficios números **********, **********, ********** y **********, de treinta y uno de enero de dos mil doce.
Ello, con el argumento de que dicha autoridad negó los actos que se le atribuyeron, sin que la parte agraviada aportara pruebas para desvirtuar tal negativa; lo que motivó que el a quo sobreseyera con apoyo en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.
Mas, como contra dicha forma de razonar la hoy recurrente no estructuró algún motivo de inconformidad, legal o no, queda incólume para seguir rigiendo el sentido y decisión de la resolución reclamada.
Al respecto es aplicable la jurisprudencia que se transcribe a continuación:
"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente."(1)
Sin que obste que las consideraciones de mérito se relacionen con causas de improcedencia, pues aun cuando el análisis de ellas es oficioso, también lo es que para que en revisión proceda el reexamen de lo decidido al respecto por el a quo es necesaria la existencia de agravio específico, según criterio contenido en la jurisprudencia 3a./J. 34/91, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:
"IMPROCEDENCIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO DESESTIMÓ ALGUNA DE LAS CAUSALES, SE REQUIERE AGRAVIO EN LA REVISIÓN PARA REEXAMINARLA. Si bien el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, establece que las causales de improcedencia, en su caso, deben ser examinadas de oficio, cuando un Juez de Distrito desestima expresamente alguna de ellas, al no estar ya de por medio en esa determinación el orden público que justifica la referida oficiosidad, sino tan sólo el interés privado de la parte que resulta afectada por ella, el órgano revisor únicamente puede abordar, por regla general, el estudio de la determinación del Juez a la luz de los agravios que se hagan valer por el recurrente."(2)
SEXTO. Estudio de los agravios.
Es fundado el único agravio que esgrime la recurrente, en la parte en la que aduce que es ilegal la decisión del a quo por la cual sobreseyó en el juicio de amparo.
En efecto, el Juez de Distrito consideró la actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo pues, en su concepto, los actos reclamados consistentes en la inmovilización de las cuentas bancarias, aun cuando se decretaron en el procedimiento administrativo de ejecución y constituían actos de imposible reparación por transgredir derechos sustantivos, al no poder disponer libremente de los fondos de las cuentas bancarias, esa circunstancia no constituía una excepción al principio de definitividad, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, específicamente el juicio contencioso administrativo, porque en términos del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es factible que los efectos de imposible reparación pueden ser suspendidos.
Como arguye la recurrente, dicha forma de resolver es ilegal.
En efecto, el juicio de amparo es un mecanismo de control constitucional procedente de forma extraordinaria y, por esa razón, su tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr el restablecimiento de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre las autoridades estatales y los gobernados.
Dentro de esas reglas fundamentales de procedencia que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el denominado principio de definitividad, el cual establece que dicho juicio únicamente es procedente contra actos definitivos, es decir, respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados.
Consecuentemente, la definitividad de un acto de autoridad, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a éste se deben agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate.
En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria restringen la procedencia del amparo, precisamente porque al tratarse de un medio extraordinario, no se puede acudir a él sino hasta haber agotado los medios ordinarios de defensa.
El fundamento constitucional del principio de referencia está contenido en el texto reformado del artículo 107 de la Constitución Federal, fracciones III, incisos a) y b), IV y VII, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once,(3) por virtud del cual se colige que dicho principio constituye una regla general de procedencia del juicio de amparo, ya que previamente a su promoción, el quejoso tiene la obligación de agotar "los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados. ..."
Por su parte, la Ley de Amparo regula, en su artículo 114, fracciones II, III y V,(4) la forma en que opera el principio de definitividad, como presupuesto de procedencia del juicio constitucional, tratándose del juicio de amparo indirecto y los artículos 46,(5) 158(6) y 161 in fine,(7) cuando se trate de la vía directa, de los que se constata que, al igual que lo dispuesto en la Constitución Federal, en términos de la Ley de Amparo, el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo, pues, de no ser observado, se debe decretar su improcedencia, tal como lo establece el artículo 73 de la Ley de Amparo, en sus fracciones XIII, XIV y XV, en los términos siguientes:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños.
"Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución;
"XIV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;
"XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación."
Transcripción de la cual también se confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación prevé de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia -también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada.
En ese contexto, en términos de la fracción XIII del citado artículo 73 de la Ley de Amparo, la improcedencia del juicio de amparo radica en que contra las resoluciones judiciales o emitidas por tribunales administrativos o del trabajo, no se agoten previamente los recursos ordinarios, salvo el supuesto de terceros extraños, así como los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, lo que, en consecuencia, implica la existencia de una excepción expresa al mencionado principio de definitividad.
Por su parte, la transcrita fracción XIV establece como hipótesis de improcedencia del amparo, cuando concomitantemente se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; y,
Finalmente, la fracción XV establece como supuesto de improcedencia que el amparo se promueva contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que no sean definitivos, a excepción de aquellos regulados por leyes que exijan mayores requisitos que los previstos para conceder la suspensión definitiva o un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, o bien, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la propia Constitución.
De lo hasta aquí expuesto es jurídicamente factible concluir que las excepciones al principio de definitividad previstas tanto en la Constitución Federal como en la Ley de Amparo, son aplicables únicamente en los supuestos expresamente previstos en tales ordenamientos y para las hipótesis de procedencia correspondientes.
Esto es, tratándose de lo establecido por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, el quejoso no se encuentra relevado de agotar el medio ordinario de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, cuando éste consista en un acto de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que no sean definitivos, salvo los supuestos de excepción previamente mencionados.
Por lo que, en el caso, uno de los actos reclamados consiste en los embargos definitivos e inmovilización de las cuentas bancarias de la empresa quejosa números ********** y ********** en la institución de crédito **********; ********** de la institución de crédito **********; ********** de la institución de crédito **********; y, ********** de la institución de crédito **********, es evidente que se está en presencia de un supuesto de excepción al principio de definitividad, ya que en realidad, en este caso, el recurso de revocación administrativo o el juicio de nulidad resultan improcedentes, lo cual es suficiente para estimar desvirtuada la causal de sobreseimiento invocada por el Juez de Distrito, la cual por cierto también hizo valer la autoridad responsable en su informe justificado.
Para llegar a dicha conclusión, es menester tomar en cuenta que en términos de lo dispuesto por los artículos 117, fracción II, inciso b) y 127 del Código Fiscal de la Federación, en caso de inmovilización, en principio, es procedente el recurso de revocación, cuando la ejecución de la inmovilización sólo recaiga sobre las cuentas bancarias legalmente inembargables.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 133/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1477, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"REVOCACIÓN. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIONAL PROCEDENCIA DEL RECURSO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RELATIVA A LOS ‘ACTOS DE EJECUCIÓN SOBRE BIENES LEGALMENTE INEMBARGABLES’, DEBE MATERIALIZARSE EL EMBARGO. Conforme al citado precepto, cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, previendo dos supuestos de excepción a la regla: 1. Cuando se trate de ‘actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables’; y, 2. Cuando se esté en presencia de ‘actos de imposible reparación material’. Ahora bien, de la evolución histórica del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación y de su teleología se advierte que, para que se actualice la primera excepción, es indispensable que se haya materializado el embargo de un bien legalmente inembargable, en la medida en que el legislador estableció dicha salvedad por el evidente daño que podría ocasionarse al contribuyente cuando se afecten bienes que conforme a la ley están exceptuados de someterse a ese gravamen dirigido a cubrir créditos fiscales, por lo que la materia de estudio en el recurso se circunscribirá a dilucidar si el bien embargado efectivamente no puede ser materia de gravamen y, por tanto, el afectado puede hacer valer el medio de impugnación a partir del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo, sin que sea óbice que el propio precepto establezca que también puede presentarse el recurso a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago, pues originalmente esta disposición fue concebida cuando estaba en vigor el recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución, para los casos en que se pretendiera impugnar la notificación de un acto administrativo."
Ahora, el recurso de revocación aludido es optativo para el ********** antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos del artículo 120 del Código Fiscal de la Federación.
Sin embargo, ha quedado definido que, en tratándose de actos como los reclamados, la optatividad del recurso de revocación con el juicio contencioso administrativo correspondiente, exige agotar el segundo.
Sirve de orientación a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 95/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414, Tomo XX, julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.’, sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales."
Luego, debe concluirse que la empresa quejosa, ahora recurrente, no se encontraba obligada a agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el juicio contencioso administrativo, en términos del artículo 127, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación y la jurisprudencia 2a./J. 51/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 429, Tomo XXXI, abril de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son como sigue:
"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE EMBARGOS, SÓLO PROCEDE CUANDO EL DEUDOR ALEGUE QUE RECAYERON SOBRE BIENES INEMBARGABLES, CONFORME AL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Conforme al citado precepto, no cualquier embargo puede impugnarse en todo momento a través del recurso de revocación y, opcionalmente, del juicio contencioso administrativo, sino sólo los recaídos sobre bienes a los cuales se les ha concedido la prerrogativa de que, por ningún motivo, sean sustraídos del patrimonio del deudor, por ser indispensables para su subsistencia, derecho que podrá ser oponible, en vía de revocación, dentro de los 10 días siguientes a partir de la diligencia relativa, o bien, dentro del plazo legalmente previsto para promover el juicio contencioso administrativo, cuando el afectado opte por este medio de defensa. No es obstáculo para lo anterior, la diversa excepción que el propio artículo 127 contiene en relación con otros actos impugnables inmediatamente a través del recurso de revocación, consistentes en los ‘de imposible reparación material’, ya que si este enunciado de la norma también comprendiera a todo género de embargos, ello haría inoficiosa la acotación previamente realizada en el propio precepto en cuanto a que solamente cierto tipo de embargos son impugnables en revocación. En efecto, acorde con el principio de interpretación que postula que las disposiciones legales deben articularse de forma que no se contradigan ni incurran en redundancias contradictorias, debe estimarse que los embargos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución no configuran el diverso supuesto de excepción -fundado en la imposibilidad de reparación material- previsto en el primer párrafo del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, ya que si así fuera, no serviría que el legislador hubiera reservado para cierto tipo de embargos la procedencia de la revocación, como son los recaídos sobre bienes inembargables, toda vez que la segunda excepción permitiría impugnar todo aquel acto que despachara ejecución sobre los bienes del deudor, aun cuando no se alegara que recayó sobre cosas que legalmente son inaccesibles para el fisco, con lo cual perdería eficacia la restricción apuntada, haciendo estéril el propósito de dar celeridad al procedimiento administrativo de ejecución."
En efecto, los actos reclamados no eran impugnables en términos de lo dispuesto por los artículos 117, fracción II, inciso b) y 127 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que la ejecución de los embargos y órdenes de inmovilización reclamadas recayeron sobre las cuentas bancarias de la empresa quejosa, las cuales no son consideradas inembargables en términos del numeral 157 del Código Fiscal de la Federación -resultando fuera de toda lógica jurídica que el a quo pretendiera hacer extensiva dicha consideración a la circunstancia de que el embargo o inmovilización tenga consecuencias de difícil reparación- puesto que, si bien del escrito de demanda se advierte que la contribuyente adujo que en las cuentas o en alguna de ellas, aperturadas en las instituciones denominadas **********, **********, ********** y **********, se depositaban nóminas o sueldos, lo cierto es que dentro de las constancias que obran dentro del juicio de amparo no quedó acreditado tal extremo.
De ahí que, en el caso, la empresa solicitante del amparo no se encontrara obligada a agotar algún medio ordinario de defensa, ya que, por regla general, las violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución antes del remate son impugnables hasta que se publique la convocatoria respectiva, lo cual significa que los actos previos no son recurribles de forma autónoma a través del recurso de revocación ni del juicio contencioso administrativo correspondiente y, en ese sentido, también ha sido interpretado que, como excepción a dicha regla, no cualquier embargo es impugnable en todo momento a través de los aludidos medios ordinarios de defensa sino sólo los recaídos sobre bienes inembargables en términos del Código Fiscal de la Federación, lo cual no se actualiza en el caso, puesto que la ejecución de las órdenes de inmovilización reclamadas no se materializó sobre algún bien legalmente inembargable, ya que la parte quejosa no logró demostrar lo opuesto.
Consecuentemente, en el caso, no se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo ya que, por un lado, los actos reclamados no son impugnables en términos de los artículos 117, fracción II, inciso b) y 127 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, por otro, porque en términos de la jurisprudencia 2a./J. 133/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 104, Tomo XXXII, noviembre de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", su ejecución es de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de garantías, de modo que la quejosa no se encontraba obligada a esperar al dictado de la última resolución del procedimiento administrativo de ejecución correspondiente, ni a colocarse en la excepción al principio de definitividad expuesta por el Juez Federal en el fallo recurrido.(8)
Por tanto, resulta ilegal la decisión del a quo por la cual sobreseyó en el juicio de amparo, al no actualizarse la causal de improcedencia que invocó.
SÉPTIMO. Estudio del resto de las causales de improcedencia.
Del informe justificado rendido por el administrador local Jurídico de Morelia, se advierte que, aparte de la causal de improcedencia del juicio de amparo analizada por el a quo, invocó la contenida en el artículo 73, fracción V, en relación con el precepto 74, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que -a su parecer- los actos reclamados consistentes en las órdenes de inmovilización solicitadas a las instituciones bancarias **********, ********** y ********** y en la notificación a la contribuyente de la inmovilización de las cuentas bancarias de las que es titular, efectuadas el siete, ocho, catorce y veintitrés de febrero de dos mil doce, no afectan el interés jurídico de la quejosa, por ser consecuencia del embargo definitivo llevado a cabo el treinta de enero de dos mil doce, sobre la totalidad de los fondos depositados en las cuentas bancarias a nombre de aquélla; por lo que al ser éste el que dio origen tanto a las órdenes de inmovilización como a la notificación de las mismas, es el que causa perjuicio.
Dicha causal de improcedencia resulta infundada, debido a que se encuentra íntimamente vinculada con la cuestión de fondo planteada, en la que necesariamente deberá esclarecerse la naturaleza de la inmovilización de las cuentas bancarias, así como los supuestos en los que procede ésta y las del embargo y, por consecuencia si, previo a aquel procedimiento sumarísimo, es necesario el embargo de bienes. De tal manera que la causal de improcedencia debe desestimarse.
Sobre dicho aspecto, cobra aplicación el criterio inmerso en la jurisprudencia siguiente:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse."(9)
Habida cuenta que la solicitante del amparo, por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil doce amplió la demanda contra los embargos trabados el treinta de enero de ese año.
Por otra parte, no escapa a la atención de este Tribunal Colegiado la existencia de la resolución que culminó con el juicio de nulidad 1547/11-21-01-6ST, mediante la cual declaró la nulidad lisa y llana de la resolución **********, que dio origen a los créditos fiscales **********, **********, ********** y **********, garantizados con los actos reclamados en el juicio de amparo de antecedentes -embargos e inmovilización de cuentas bancarias-.
Tampoco que, ante la existencia de la comentada resolución, por oficio 3389, de trece de mayo de dos mil trece, suscrito por la secretaria de este Tribunal Colegiado de Circuito, se solicitó al jefe del Servicio de Administración Tributaria en Morelia, informara "si se dejaron insubsistentes las resoluciones que determinaron los créditos fiscales a la quejosa, así como la inmovilización sobre cuentas bancarias. ..."
Ni que, en obsequio a la comentada petición, el administrador local Jurídico de Morelia, hizo del conocimiento lo siguiente:
"...
"Consecuentemente, se procede a cumplimentar el requerimiento efectuado por ese órgano jurisdiccional a esta representación fiscal, para, en primer término, señalar que la Administración Local de Recaudación de Morelia, con fecha 20 de agosto de 2012, procedió a emitir los oficios números **********, 40054-00-02-01-05065, 40054-00-02-01-05066, **********, dirigidos a las instituciones bancarias denominadas **********, ********** y **********, respectivamente, solicitando la desinmovilización total ordenada por la referida unidad administrativa, mediante oficios números **********, **********, ********** y **********, todos de fecha 31 de enero de 2012, que constituyen uno de los actos reclamados dentro del juicio de amparo número I-213/2012, promovido por la moral denominada **********.
"Sin embargo, cabe hacer la precisión relativa a que los oficios de solicitud de desinmovilización emitidos por la Administración Local de Recaudación de Morelia, fueron expedidos en cumplimiento a la sentencia interlocutoria a fin (sic) de la denuncia de violación formulada por la contribuyente ********** a la suspensión definitiva de 3 de agosto de 2012, dictada por el C. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, a la par de la data en que la sentencia de nulidad dictada el día 12 de enero de 2012, por la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quedara firme ante la declaración de improcedencia de la revisión fiscal 76/2012.
"Aunado a lo anterior, se tiene que, efectivamente, derivado de la nulidad lisa y llana decretada en relación al resolución (sic) determinante de los créditos fiscales números **********, **********, ********** y **********, contenida en oficio número **********, de 10 de octubre de 2011, dejó de surtir efectos material y jurídicamente, sin mayor pronunciamiento de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Morelia y, en ese tenor, fueron cesados los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24738-1071f412/inmovilizacion-de-cuentas-bancarias-para-que-proceda-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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