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Modo: Corpus Pro

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. SE VIOLA EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE DESAHOGA CON POSTERIORIDAD A LA ETAPA DE ARBITRAJE Y POR FUNCIONARIO DISTINTO AL SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 408/2012. · Registro digital (IUS): 24521
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Pág. 1355.

AMPARO DIRECTO 408/2012. 22 DE FEBRERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: PABLO QUIÑONES RODRÍGUEZ. SECRETARIA: ANGÉLICA ALEJANDRA ROBLES GARCÍA.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Estudio. En suplencia de la queja deficiente, de conformidad con la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado estima que existe una violación a las normas esenciales del procedimiento que trascendió al resultado del fallo y, por tanto, amerita su reposición.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 610 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 496, cuyo epígrafe y texto rezan:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA.’, establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones."

Es pertinente puntualizar que todo proceso -incluido el laboral- es de interés público o general, porque su finalidad consiste en lograr la paz social mediante la composición justa de los litigios; por ende, el juzgador está obligado, a través del proceso, a aplicar las normas jurídicas relativas a la cuestión que se le presenta, porque ése es el interés general perseguido: obtener dicha aplicación en los casos concretos.

A su vez, conforme al principio de obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley, el legislador instituye diferentes procesos para cada clase de juicio o para obtener determinadas declaraciones judiciales, sin que les sea permitido a los particulares ni a los Jueces modificar sus trámites, salvo cuando la misma legislación expresamente autoriza a hacerlo, lo cual crea certeza de que la situación jurídica de los particulares solamente será modificada a través de los procedimientos previstos por el legislador y que es acorde con la acción intentada.

En relación con tales postulados, la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las tesis aisladas, consultables en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomos LXXI y LXXIV, páginas 3407 y 1193, respectivamente, con los rubros y textos siguientes:

"PROCEDIMIENTO, LEYES DE. Las leyes procesales son de orden público y por esta razón, no pueden ni deben ser violadas y menos por los encargados de aplicarlas, porque la omisión de alguna o algunas formalidades de procedimiento, además de implicar nulidad, constituye una violación de derecho en perjuicio de alguna de las partes contendientes, y por ende, de los artículos 14 y 16 constitucionales."

"PROCEDIMIENTOS, LEYES DE. La Suprema Corte, en jurisprudencia uniforme, ha sostenido que las leyes procesales son de orden público y que no es permitido eludir su observancia, ni por voluntad de los interesados se puede dejar de cumplir, salvo en los casos expresamente señalados por la ley, al hablar del procedimiento convencional."

En segundo lugar, cabe destacar lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 14 de la Constitución Federal, que reza:

"Artículo 14. ...

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

Conforme a este precepto, para que la autoridad con función jurisdiccional pueda extraerle al gobernado alguno de los derechos previstos como bienes jurídicos, que son materia de tutela en el mismo, es preciso que siga un juicio ante los tribunales previamente establecidos, donde se cumplan cabalmente las formalidades esenciales del procedimiento.

Con base en lo anterior, el juzgador deberá cuidar que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, antes de llegar al acto privativo, lo que incluye no solamente a las establecidas constitucionalmente, sino también las que contemple la legislación aplicable al caso particular.

Por su parte, el segundo párrafo del numeral 17 de la Carta Magna determina:

"Artículo 17. ...

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

En ese precepto constitucional, en lo que es motivo de interés para este asunto, se contiene la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional para los gobernados, la cual consiste en el derecho que éstos tienen para solicitar a determinados órganos legalmente competentes que ejerzan la función jurisdiccional.

Asimismo, debe resaltarse que cuando en ese precepto el Constituyente utiliza la frase "en los plazos y términos que fijen las leyes", otorgó a los órganos legislativos secundarios el poder de establecer los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar, de manera que no solamente implica las temporalidades en que se debe hacer la solicitud de jurisdicción, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de procedimiento.

Es ilustrativa, al respecto, la jurisprudencia P./J. 113/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que establece:

"JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da."

Establecido lo anterior, procede ahora considerar lo dispuesto en los artículos 83 a 102 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el uno de mayo de mil novecientos noventa y dos, en vigor a partir del dos del mes y anualidad referidos, en relación con el desenvolvimiento del procedimiento ordinario ante el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, que para pronta referencia a continuación se reproducen:

"Artículo 83. En el procedimiento ante el Tribunal del Servicio Civil del Poder Judicial del Estado, no se requiere forma o solemnidad especial en la promoción o intervención de las partes."

"Artículo 84. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al tribunal consistirá en: la presentación de la demanda que deberá hacerse por escrito; acuerdo de admisión o aclaración en su caso y orden de traslado a la parte demandada, la contestación se dará en igual forma; dentro del término de quince días, se celebrará una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará la resolución, salvo cuando a juicio del tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo.

"Tan pronto se reciba la primera promoción de un conflicto individual, colectivo o sindical el presidente del tribunal turnará el asunto al secretario conciliador; quien a su vez dentro del término de veinticuatro horas siguientes citará a las partes a una audiencia de conciliación que deberá celebrarse dentro del término de diez días siguientes a la citación; en la cual tratará de avenir a las partes, promoviendo la celebración del respectivo convenio, el cual obligará a las partes como si se tratara de sentencia ejecutoriada. En caso de no llegar a la avenencia correspondiente, remitirá el expediente a la Secretaría General de Acuerdos del tribunal para que éste proceda con el arbitraje correspondiente."

"Artículo 85. La demanda deberá contener:

"I. El nombre y domicilio del actor;

"II. El nombre y domicilio del demandado;

"III. El objeto de la demanda;

"IV. Una relación de los hechos; y

"V. La indicación del lugar en que puedan obtenerse las pruebas que el actor no pudiere aportar directamente y que tenga por objeto la verificación de los hechos en que funde su demanda, y la práctica de las diligencias que solicite con el mismo fin.

"A la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga y los documentos que acrediten la personalidad de su representante, si no concurre personalmente el actor."

"Artículo 86. La contestación de la demanda se presentará en un término que no exceda de nueve días contados a partir del siguiente a la fecha de su notificación, deberá referirse a todos y cada uno de los hechos que comprenda la demanda y ofrecer pruebas en los términos de la fracción V del artículo anterior."

"Artículo 87. El tribunal, tan pronto como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, señalará fecha y hora para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución."

"Artículo 88. Las audiencias estarán a cargo del secretario de acuerdos del Tribunal en Pleno o del de la Sala correspondiente, quien someterá a conocimiento del tribunal o de la Sala todas las cuestiones que en ella se susciten."

"Artículo 89. El día y hora de la audiencia se recibirán las pruebas; el tribunal calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que resulten notoriamente inconducentes o contrarias a la moral o al derecho o que no tengan relación con la litis. Acto continuo se señalará el orden de su desahogo, primero las del actor y después las del demandado, en la forma y términos que el tribunal estime oportuno, tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento."

"Artículo 90. En la audiencia sólo se aceptarán las pruebas ofrecidas previamente, a no ser que se refieran a hechos supervinientes en cuyo caso se dará vista a la contraria, o que tengan por objeto probar las tachas contra testigo, o se trate de la confesional, siempre y cuando se ofrezcan antes de cerrarse la audiencia.

"La confesional a cargo de los titulares se desahogará por oficio."

"Artículo 91. Los trabajadores podrán comparecer por sí o por representantes acreditados mediante simple carta poder en cuyo caso podrán ser citados a juicio del tribunal para que la ratifiquen.

"Los titulares podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante simple oficio."

"Artículo 92. Las partes podrán comparecer acompañadas de los asesores que a su interés convenga."

"Artículo 93. Cuando el demandado no conteste la demanda dentro del término concedido o si resulta mal presentada, se tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario."

"Artículo 94. El tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presenten sin sujetarse a reglas fijas para su estimación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada debiendo expresar en su laudo las consideraciones en que funde su decisión."

"Artículo 95. Antes de pronunciarse el laudo, los Magistrados representantes podrán solicitar mayor información para mejor proveer, en cuyo caso el tribunal acordará la práctica de las diligencias necesarias.

"El tribunal deberá emitir el laudo o resolución en un plazo que no podrá exceder de 180 días contados a partir del momento en que se celebre la audiencia de pruebas, alegatos y resolución prevista en el artículo 84 de esta ley."

"Artículo 96. Si de la demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del tribunal su incompetencia, lo declarará de oficio."

"Artículo 97. Se tendrá por desistida de la acción y de la demanda intentada, a toda persona que no haga promoción alguna, en el término de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. El tribunal, de oficio o a petición de parte, una vez transcurrido ese término, declarará la caducidad.

"No opera la caducidad, aun cuando el término transcurra, por el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal, o por estar pendientes de recibirse informes, o copias certificadas que hayan sido solicitadas."

"Artículo 98. Los incidentes que se susciten con motivo de la personalidad de las partes o de su representante, de la competencia del Tribunal del Servicio Civil, del interés del tercero, de la nulidad de actuaciones u otros motivos, serán resueltos de plano."

"Artículo 99. La demanda, la citación para absolver posiciones, la declaratoria de caducidad, el laudo y los acuerdos con apercibimiento, se notificarán personalmente a las partes. Las demás notificaciones se harán por estrados.

"Todos los términos correrán a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haga el emplazamiento, citación o notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento."

"Artículo 100. El Tribunal del Servicio Civil del Estado de Chiapas no podrá condenar al pago de costas."

"Artículo 101. Los Magistrados del Tribunal del Servicio Civil del Estado de Chiapas no podrán ser recusados, pero deberán excusarse en los siguientes casos:

"I. En negocio que tenga interés directo o indirecto;

"II. En los negocios que interesen de la misma manera a su cónyuge o parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados;

"III. Siempre, que entre el funcionario de que se trate, su cónyuge o sus hijos y alguno de los interesados haya relación de intimidad nacida de algún acto civil;

"IV. Si fuere pariente por consanguinidad o afinidad del abogado de alguna de las partes;

"V. Cuando su cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grados de los colaterales dentro del cuarto o de los afines dentro del segundo, siga contra alguna de las partes, o no haya pasado un año de haber seguido un juicio civil o una causa criminal, como acusador, querellante o denunciante, o que se haya constituido parte civil en causa criminal seguida contra cualquiera de ellas; y

"VI. Cuando el Magistrado de que se trate, su cónyuge o alguno de los expresados parientes, sea contrario a cualquiera de las partes en negocio administrativo que afecte sus intereses."

"Artículo 102. Las resoluciones dictadas por el tribunal serán inapelables y deberán ser cumplidas, desde luego por las autoridades correspondientes.

"Pronunciado el laudo el tribunal lo notificará a las partes."

(Lo subrayado fue puesto por este órgano colegiado).

De los normativos preinsertos se colige que en los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que sean del conocimiento del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, se contemplan, básicamente, las siguientes etapas o fases:

1) La de demanda, que se integra con la presentación por escrito de la demanda respectiva, seguida de la emisión del acuerdo de admisión o aclaración que en su caso proceda, la orden de traslado a la parte demandada y la remisión del expediente al conciliador que corresponda.

2) La de conciliación, que consistirá en una audiencia preliminar que desahogará el secretario conciliador con el actor y el demandado, con la finalidad de exhortarlos a que mediante un arreglo resuelvan sus diferencias y eviten el juicio, misma que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la citación; si las partes llegan a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto mediante el convenio respectivo, el cual producirá los efectos jurídicos inherentes a un laudo, pero en caso de no lograrlo, continuará el procedimiento en sus demás fases, para lo cual el conciliador remitirá el expediente a la Secretaría General de Acuerdos del tribunal o la Sala correspondiente, a fin de que proceda con el arbitraje.

3) La de arbitraje, a cargo del secretario general de Acuerdos del tribunal o de la Sala correspondiente, la cual comenzará tan pronto se reciba la contestación de demanda o una vez vencido el plazo para contestarla; la audiencia deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a la citación, donde se recibirán las pruebas ofrecidas previamente, salvo que se trate de supervenientes, y los alegatos que formulen las partes.

4) La de resolución o laudo, que deberá dictarse en un plazo que no exceda de ciento ochenta días contados a partir de que se celebre la audiencia de pruebas, alegatos y resolución (fase de arbitraje), siempre que los Magistrados del tribunal no consideren pertinente ordenar el desahogo de pruebas para mejor proveer.

Ahora, de la propia redacción del artículo 84 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas se desprende que la denominada "audiencia de conciliación" fue creada para favorecer la justicia pronta y expedita, pues la finalidad de esta diligencia es que el Tribunal del Trabajo Burocrático, por conducto de un funcionario denominado "secretario conciliador", exhorte a las partes para que allanen sus diferencias y sea posible arribar a una solución de común acuerdo, mediante un mecanismo alternativo que dé por concluida esa contienda, desde esa audiencia preliminar, previo a que el secretario de Acuerdos proceda con el arbitraje.

Por tanto, es indudable que el periodo de conciliación, en materia laboral, constituye una de las etapas esenciales del procedimiento seguido ante las Salas del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas y, en esa virtud, al ser una etapa procesal de orden público y de imperativo cumplimiento, las partes en conflicto ni los Magistrados que integran dichas Salas están facultados para omitirla o desahogarla durante el arbitraje, porque ese procedimiento debe desarrollarse acorde a los lineamientos establecidos en la ley, en acatamiento a los principios de interés público y de obligatoriedad que lo rigen.

En ese contexto, si en el caso particular, los Magistrados de la Segunda Sala del tribunal responsable llevaron a cabo la audiencia de conciliación junto con la diversa de pruebas, alegatos y resolución, sin que se realizara previamente la primera y por conducto del secretario conciliador, es evidente que incurrieron en la violación al procedimiento prevista en la fracción VI del numeral 159 de la Ley de Amparo que, para pronta referencia, a continuación se reproduce:

"Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso:

"...

"VI. Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley; ..."

Ello es así, pues tramitaron ese procedimiento sin ceñirse a las formalidades esenciales que estatuye el numeral 84 de la legislación burocrática local, esto es, que la etapa de conciliación se verifique antes del arbitraje y por conducto del secretario conciliador, lo cual, como se expuso en párrafos precedentes, no es optativo para las Salas del tribunal responsable; de ahí que, su ilegal realización constituye una violación manifiesta a la garantía de debido proceso legal, virtud a que no se está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en la ley.

Lo anterior es así, porque el derecho a la posibilidad de conciliación previa al arbitraje, constituye un elemento básico del procedimiento ordinario seguido ante el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en términos de los artículos 14 y 17 constitucionales, de manera que contribuye a configurar la garantía de que los particulares cuenten con la seguridad de que en cada procedimiento se cumplan las formalidades esenciales que le son propias; sin que sea óbice que el actor estuviera en posibilidad de conciliarse en cualquier etapa del mismo pues, como se estableció en párrafos anteriores, resulta obligatorio que la "audiencia de conciliación" se verifique previamente a que el secretario de Acuerdos proceda con el arbitraje correspondiente, toda vez que solamente de esa manera se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento laboral.

Es ilustrativa al respecto, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 209/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 302, del tenor siguiente:

"ETAPA DE CONCILIACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA OMISIÓN DE DESAHOGARLA DENTRO DE LA AUDIENCIA TRIFÁSICA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO.-Uno de los principios básicos del derecho del trabajo es la conciliación, por lo que las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben procurar enfatizar y fortalecer los procedimientos conciliatorios en los juicios laborales; de ahí que la omisión de desahogar la etapa de conciliación, previamente a la de demanda y excepciones, dentro de la audiencia trifásica en el procedimiento ordinario seguido ante las referidas Juntas, constituye una violación a los derechos de las partes, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la garantía de que los particulares cuenten con la seguridad de que en cada procedimiento se cumplan las formalidades esenciales que le son propias, ya que no se estaría administrando justicia en los plazos y términos establecidos en la ley, lo que afecta a todo el procedimiento y, evidentemente, trasciende al laudo en él dictado, actualizando la violación procesal prevista en la fracción VI del artículo 159, en relación con el 158, ambos de la Ley de Amparo, no obstante que a una persona se le cite legalmente al procedimiento laboral o que pueda conciliarse en cualquier etapa del mismo."

Similar criterio sostuvo este tribunal al fallar el juicio de amparo directo **********, en sesión de veintidós de febrero de dos mil trece.

En las relatadas condiciones, lo que procede es conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene la reposición del procedimiento a partir de la diligencia en que se llevó a cabo la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución (fojas 107-113 del expediente laboral), a fin de que:

1) Turne el asunto al secretario conciliador para que éste lleve a cabo la audiencia preliminar de conciliación, vigilando que se satisfagan los requisitos exigidos por el numeral 84 de la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas (que a las veinticuatro horas siguientes de que haya recibido los autos el secretario conciliador mande citar las partes y desahogue la aludida audiencia dentro del término de diez días subsecuentes a dicha citación, así como que las exhortará para que de común acuerdo resuelvan sus diferencias);

2) En caso de no lograr el arreglo correspondiente, el secretario conciliador deberá remitir el expediente a la Secretaría General de Acuerdos del tribunal, para la continuación del procedimiento de arbitraje correspondiente; y,

3) En su oportunidad, con plenitud de jurisdicción, dicte la resolución que conforme a derecho proceda.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76, 76 Bis, fracción IV, 77, 78, 79, 158 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Para el efecto precisado en el considerando que antecede, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto y por la autoridad que precisados quedaron en el resultando primero de esta sentencia.

Notifíquese; con testimonio autorizado de esta ejecutoria, vuelvan los autos a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados, presidente Pablo Quiñones Rodríguez, Jorge Mason Cal y Mayor y Héctor Martín Ruiz Palma; siendo ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24521-4f1c2b75/audiencia-de-conciliacion-se-viola-el-procedimiento-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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