AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN EL JUICIO BUROCRÁTICO LABORAL. SU OMISIÓN O DESAHOGO EN LA DIVERSA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN, POR UN FUNCIONARIO NO FACULTADO POR LA LEY, ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 25 DE FEBRERO DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS ARTURO PALACIO ZURITA, MIGUEL MORENO CAMACHO, J. MARTÍN RANGEL CERVANTES Y HÉCTOR MARTÍN RUIZ PALMA. PONENTE: HÉCTOR MARTÍN RUIZ PALMA. SECRETARIO: JORGE ALBERTO CAMACHO PÉREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. El Pleno del Vigésimo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor el tres siguiente, y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece, porque la posible contradicción de criterios es entre dos Tribunales Colegiados de este circuito.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo establecido en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios denunciados como divergentes.
TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se considera conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se sustentaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes.
1. El Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito resolvió el juicio de amparo directo 424/2012, el cual tiene los siguientes antecedentes:
El diecinueve de junio de dos mil ocho, una trabajadora promovió juicio laboral en contra de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas, de la cual reclamó: (i) el reconocimiento de la calidad de trabajadora de base de dicha dependencia, (ii) las prestaciones a que este tipo de trabajadores tienen derecho; y, (iii) la inscripción retroactiva en el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas, entre otras prestaciones.
Por laudo de veintinueve de junio de dos mil doce, la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas absolvió al patrón por considerar que la demandante era trabajadora de confianza, sin que tuviera derecho a las prestaciones reclamadas.
En contra de dicho fallo, la trabajadora promovió juicio de amparo directo, en cuya sentencia de veintidós de febrero de dos mil trece, se determinó conceder la protección de la justicia federal, con base en las siguientes consideraciones:
"OCTAVO. Estudio. ...
"Por otro lado, la disconforme manifiesta que el tribunal responsable quebrantó la garantía contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la Carta Magna, toda vez que desahogó la etapa de conciliación conjuntamente con la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, en contravención al procedimiento estipulado en el numeral 84 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, el cual señala que aquélla debe realizarse por un secretario conciliador previamente a que la Secretaría General de Acuerdos proceda con el arbitraje correspondiente.
"La impetrante añade que tal actuación se desahogó por el secretario general de Acuerdos, que es un funcionario distinto al señalado por el ordinal 84 de la legislación en cita (secretario conciliador).
"Adiciona que el procedimiento realizado por la autoridad responsable (desahogar la etapa de conciliación conjuntamente con la audiencia de pruebas, alegatos y resolución) no se encuentra contemplado en la redacción de la legislación burocrática local, por el contrario, establece que es obligación del presidente del tribunal turnar el expediente o asunto al secretario conciliador dentro del término de veinticuatro horas siguientes, y que este último citará a las partes a una audiencia de conciliación, la cual tendrá que celebrarse dentro de los diez días siguientes al de la citación; por tanto, dicha etapa se caracteriza por ser obligatoria y previa a la audiencia de pruebas, alegatos y resolución.
"Que dicha obligatoriedad deviene de lo dispuesto por el párrafo segundo del numeral 84 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, sin que pueda considerarse que lo anterior represente un orden caprichoso, pues el propósito de la fase de conciliación es evitar conflictos laborales, lo que hace posible que se verifique, incluso, sin haberse planteado la litis.
"De suerte que si, por cualquier circunstancia, se omite el desahogo de la etapa de conciliación, o bien, se desahoga conjuntamente con la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, por persona distinta a la facultada para ello en la ley, se actualizará el supuesto que contempla la fracción VI del artículo 159 de la Ley de Amparo, pues se estaría tramitando ese procedimiento sin ceñirse a las reglas del proceso; estimar lo contrario, implicaría favorecer a que el Tribunal del Trabajo Burocrático quebrante las reglas del procedimiento, en contravención con las garantías tuteladas por los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, so pretexto de que la conciliación puede lograrse en cualquier momento del procedimiento.
"Los conceptos de violación que anteceden son fundados, en mérito de los razonamientos siguientes:
"En primer lugar, es pertinente puntualizar que todo proceso -incluido el laboral- es de interés público o general, porque su finalidad consiste en lograr la paz social mediante la composición justa de los litigios, por ende, el juzgador está obligado, a través del proceso, a aplicar las normas jurídicas relativas a la cuestión que se le presenta, porque ése es el interés general perseguido: obtener dicha aplicación en los casos concretos.
"A su vez, conforme al principio de obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley, el legislador instituye diferentes procesos para cada clase de juicio o para obtener determinadas declaraciones judiciales, sin que les sea permitido a los particulares ni a los Jueces modificar sus trámites, salvo cuando la misma legislación expresamente autoriza a hacerlo, lo cual crea certeza de que la situación jurídica de los particulares solamente será modificada a través de los procedimientos previstos por el legislador y que es acorde con la acción intentada.
"En relación con tales postulados, la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las tesis aisladas consultables en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomos LXXI y LXXIV, páginas 3407 y 1193, respectivamente, con los rubros y textos siguientes:
"‘PROCEDIMIENTO, LEYES DE. Las leyes procesales son de orden público y por esta razón, no pueden ni deben ser violadas y menos por los encargados de aplicarlas, porque la omisión de alguna o algunas formalidades de procedimiento, además de implicar nulidad, constituye una violación de derecho en perjuicio de alguna de las partes contendientes, y por ende, de los artículos 14 y 16 constitucionales.’
"‘PROCEDIMIENTOS, LEYES DE. La Suprema Corte, en jurisprudencia uniforme, ha sostenido que las leyes procesales son de orden público y que no es permitido eludir su observancia, ni por voluntad de los interesados se puede dejar de cumplir, salvo en los casos expresamente señalados por la ley, al hablar del procedimiento convencional.’
"En segundo lugar, cabe destacar lo dispuesto en el segundo párrafo del ordinal 14 de la Constitución Federal, que reza:
"‘Artículo 14. ...
"‘Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’
"Conforme a este precepto, para que la autoridad con función jurisdiccional pueda extraerle al gobernado alguno de los derechos previstos como bienes jurídicos que son materia de tutela en el mismo, es preciso que siga un juicio, ante los tribunales previamente establecidos, donde se cumplan cabalmente las formalidades esenciales del procedimiento.
"Con base en lo anterior, el juzgador deberá cuidar que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, antes de llegar al acto privativo, lo que incluye no solamente a las establecidas constitucionalmente, sino también las que contemple la legislación aplicable al caso particular.
"Por su parte, el segundo párrafo del numeral 17 de la Carta Magna determina:
"‘Artículo 17. ...
"‘Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.’
"En ese precepto constitucional, en lo que es motivo de interés para este asunto, se contiene la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional para los gobernados, la cual consiste en el derecho que éstos tienen para solicitar a determinados órganos legalmente competentes que ejerzan la función jurisdiccional.
"Asimismo, debe resaltarse que cuando en ese precepto el Constituyente utiliza la frase ‘en los plazos y términos que fijen las leyes’, otorgó a los órganos legislativos secundarios el poder de establecer los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar; de manera que no solamente implica las temporalidades en que se debe hacer la solicitud de jurisdicción, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de procedimiento.
"Es ilustrativa, al respecto, la jurisprudencia P./J. 113/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que establece:
"‘JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.’
"Establecido lo anterior, procede ahora considerar lo dispuesto en los ordinales 83 a 102 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el uno de mayo de mil novecientos noventa y dos, en vigor a partir del dos del mes y anualidad referidos, en relación con el desenvolvimiento del procedimiento ordinario ante el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado que, para pronta referencia, a continuación se reproducen:
"‘Artículo 83.’
"‘Artículo 84.’
"‘Artículo 85.’
"‘Artículo 86.’
"‘Artículo 87.’
"‘Artículo 88.’
"‘Artículo 89.’
"‘Artículo 90.’
"‘Artículo 91.’
"‘Artículo 92.’
"‘Artículo 93.’
"‘Artículo 94.’
"‘Artículo 95.’
"‘Artículo 96.’
"‘Artículo 97.’
"‘Artículo 98.’
"‘Artículo 99.’
"‘Artículo 100.’
"‘Artículo 101.’
"‘Artículo 102.’
"De los normativos preinsertos se colige que en los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que sean del conocimiento del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, se contemplan, básicamente, las siguientes etapas o fases:
"1) La de demanda, que se integra con la presentación por escrito de la demanda respectiva, seguida de la emisión del acuerdo de admisión o aclaración que, en su caso, proceda, la orden de traslado a la parte demandada y la remisión del expediente al conciliador que corresponda.
"2) La de conciliación, que consistirá en una audiencia preliminar que desahogará el secretario conciliador con el actor y el demandado, con la finalidad de exhortarlos a que mediante un arreglo resuelvan sus diferencias y eviten el juicio, misma que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la citación; si las partes llegan a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto mediante el convenio respectivo, el cual producirá los efectos jurídicos inherentes a un laudo, pero en caso de no lograrlo, continuará el procedimiento en sus demás fases, para lo cual el conciliador remitirá el expediente a la Secretaría General de Acuerdos del tribunal o a la Sala correspondiente, a fin de que proceda con el arbitraje.
"3) La de arbitraje, a cargo del secretario general de Acuerdos del tribunal o de la Sala correspondiente, la cual comenzará tan pronto se reciba la contestación de demanda o una vez vencido el plazo para contestarla; la audiencia deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes a la citación, donde se recibirán las pruebas ofrecidas previamente, salvo que se trate de supervenientes, y los alegatos que formulen las partes.
"4) La de resolución o laudo, que deberá dictarse en un plazo que no exceda de ciento ochenta días contados a partir de que se celebre la audiencia de pruebas, alegatos y resolución (fase de arbitraje), siempre que los Magistrados del tribunal no consideren pertinente ordenar el desahogo de pruebas para mejor proveer.
"Ahora, de la propia redacción del artículo 84 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas se desprende que la denominada ‘audiencia de conciliación’ fue creada para favorecer la justicia pronta y expedita, pues la finalidad de esta diligencia es que el Tribunal del Trabajo Burocrático, por conducto de un funcionario denominado ‘secretario conciliador’, exhorte a las partes para que allanen sus diferencias y sea posible arribar a una solución de común acuerdo, mediante un mecanismo alternativo que dé por concluida esa contienda, desde esa audiencia preliminar, previo a que el secretario de Acuerdos proceda con el arbitraje.
"Por tanto, es indudable que el periodo de conciliación en materia laboral, constituye una de las etapas esenciales del procedimiento seguido ante las Salas del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas y, en esa virtud, al ser una etapa procesal de orden público y de imperativo cumplimiento, ni las partes en conflicto ni los Magistrados que integran dichas Salas están facultados para omitirla o desahogarla durante el arbitraje, porque ese procedimiento debe desarrollarse acorde a los lineamientos establecidos en la ley, en acatamiento a los principios de interés público y de obligatoriedad que lo rigen.
"En ese contexto, si en el caso particular, los Magistrados de la Primera Sala del tribunal responsable llevaron a cabo la audiencia de conciliación junto con la diversa de pruebas, alegatos y resolución, sin que se realizara previamente la primera y por conducto del secretario conciliador (foja 410), es evidente que incurrieron en la violación al procedimiento prevista en la fracción VI del numeral 159 de la Ley de Amparo, que para pronta referencia a continuación se reproduce:
"‘Artículo 159.’
"Ello es así, pues tramitaron ese procedimiento sin ceñirse a las formalidades esenciales que estatuye el ordinal 84 de la legislación burocrática local, esto es, que la etapa de conciliación se verifique antes del arbitraje y por conducto del secretario conciliador, lo cual, como se expuso en párrafos precedentes, no es optativo para las Salas del tribunal responsable; de ahí que su ilegal realización constituye una violación manifiesta a la garantía de debido proceso legal, virtud a que no se está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en la ley.
"Lo anterior es así, porque el derecho a la posibilidad de conciliación previa al arbitraje, constituye un elemento básico del procedimiento ordinario seguido ante el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en términos de los artículos 14 y 17 constitucionales; de manera que contribuye a configurar la garantía de que los particulares cuenten con la seguridad de que en cada procedimiento se cumplan las formalidades esenciales que le son propias; sin que sea óbice que la actora estuviera en posibilidad de conciliarse en cualquier etapa del mismo, pues, como se estableció en párrafos anteriores, resulta obligatorio que la ‘audiencia de conciliación’ se verifique previamente a que el secretario de Acuerdos proceda con el arbitraje correspondiente, toda vez que solamente de esa manera se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento laboral.
"Es ilustrativa, al respecto, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 209/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 302, que invocó la quejosa en sus conceptos de violación y es del tenor siguiente:
"‘ETAPA DE CONCILIACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA OMISIÓN DE DESAHOGARLA DENTRO DE LA AUDIENCIA TRIFÁSICA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. Uno de los principios básicos del derecho del trabajo es la conciliación, por lo que las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben procurar enfatizar y fortalecer los procedimientos conciliatorios en los juicios laborales; de ahí que la omisión de desahogar la etapa de conciliación, previamente a la de demanda y excepciones, dentro de la audiencia trifásica en el procedimiento ordinario seguido ante las referidas Juntas, constituye una violación a los derechos de las partes, garantizados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la garantía de que los particulares cuenten con la seguridad de que en cada procedimiento se cumplan las formalidades esenciales que le son propias, ya que no se estaría administrando justicia en los plazos y términos establecidos en la ley, lo que afecta a todo el procedimiento y, evidentemente, trasciende al laudo en él dictado, actualizando la violación procesal prevista en la fracción VI del artículo 159, en relación con el 158, ambos de la Ley de Amparo, no obstante que a una persona se le cite legalmente al procedimiento laboral o que pueda conciliarse en cualquier etapa del mismo.’
"Cabe destacar que no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional el criterio que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado de este circuito, en el juicio de amparo directo 718/2012, promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, resuelto en sesión de veinte de diciembre de dos mil doce, el cual, en la parte considerativa que interesa, determinó que no se vulneraron las formalidades esenciales del procedimiento laboral, porque en autos constaba que el tribunal responsable desahogó la etapa de conciliación en la audiencia trifásica.
"Sin embargo, el referido criterio no se comparte, pues como se estableció en párrafos anteriores, de la propia redacción del artículo 84 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas se desprende que la etapa de conciliación debe realizarse antes del arbitraje y por conducto del secretario conciliador, lo cual no es una disposición potestativa para las Salas del tribunal responsable, sino que deben desahogarla acorde con los lineamientos establecidos en la ley, en acatamiento a los principios de interés público y de obligatoriedad que lo rigen.
"Por consiguiente, con fundamento el (sic) artículo 197-A de la Ley de Amparo, por conducto del presidente de este tribunal, procede denunciar la posible contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"En las relatadas condiciones, lo que procede es conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene la reposición del procedimiento a partir de la diligencia de veintitrés de marzo de dos mil nueve (fojas 410 a 418), a fin de que:
"1) Turne el asunto al secretario conciliador, para que éste lleve a cabo la audiencia preliminar de conciliación, vigilando que se satisfagan los requisitos exigidos por el numeral 84 de la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas (que a las veinticuatro horas siguientes de que haya recibido los autos, el secretario conciliador mande citar a las partes y desahogue la aludida audiencia dentro del término de diez días subsecuentes a dicha citación, así como que las exhortará para que de común acuerdo resuelvan sus diferencias);
"2) En caso de no lograr el arreglo correspondiente, el secretario conciliador deberá remitir el expediente a la Secretaría General de Acuerdos del tribunal para la continuación del procedimiento de arbitraje correspondiente; y,
"3) En su oportunidad, con plenitud de jurisdicción, dicte la resolución que conforme a derecho proceda."
Tal ejecutoria constituye el primer precedente de la jurisprudencia XX.4o. J/1 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, página 1367, cuyos rubro y texto son:
"AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. SE VIOLA EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE DESAHOGA CON POSTERIORIDAD A LA ETAPA DE ARBITRAJE Y POR FUNCIONARIO DISTINTO AL SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS. La audiencia previa y de conciliación prevista en el numeral 84 de la legislación burocrática de esta entidad federativa, fue creada para favorecer la justicia pronta y expedita, pues su finalidad es que el Tribunal del Trabajo Burocrático, por conducto de un funcionario denominado ‘secretario conciliador’, exhorte a las partes para que allanen sus diferencias y sea posible arribar a una solución de común acuerdo, mediante un mecanismo alternativo que dé por concluida la contienda, desde esa audiencia preliminar, previo a que el secretario de Acuerdos proceda con el arbitraje; por tanto, es indudable que aquélla constituye una de las etapas esenciales del procedimiento seguido ante las Salas del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas y, en esa virtud, ni las partes en conflicto ni los Magistrados que integran dichas Salas están facultados para omitirla o desahogarla durante el arbitraje, porque ese procedimiento debe desarrollarse acorde a los lineamientos establecidos en la ley, en acatamiento a los principios de interés público y de obligatoriedad que lo rigen. Por consiguiente, cuando en única diligencia se desahogan las etapas de conciliación, pruebas, alegatos y resolución, tal circunstancia se traduce en una violación manifiesta a la garantía de debido proceso, al contravenir lo dispuesto por los normativos 84 y 87 de la invocada ley, por lo que debe concederse la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y proceda a reponer el procedimiento, a partir de la diligencia en que tuvieron verificativo las referidas audiencias, por lo que en reparación de la violación procesal apuntada, debe constreñirse a la autoridad responsable a que: 1) Turne el asunto al secretario conciliador, para que éste lleve a cabo la audiencia preliminar de conciliación, vigilando que se satisfagan los requisitos exigidos por el numeral 84 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, (que a las veinticuatro horas siguientes de que haya recibido los autos, el secretario conciliador mande citar a las partes y desahogue la aludida audiencia dentro del término de diez días subsecuentes a dicha citación, así como que las exhortará para que de común acuerdo resuelvan sus diferencias); 2) En caso de no lograr el arreglo correspondiente, el secretario conciliador deberá remitir el expediente a la Secretaría General de Acuerdos del tribunal, para la continuación del procedimiento de arbitraje correspondiente; y, 3) En su oportunidad, con plenitud de jurisdicción, dicte la resolución que conforme a derecho proceda."
2. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, resolvió el juicio de amparo directo 718/2012, cuyos antecedentes relevantes son los que a continuación se reseñan:
Un trabajador demandó de la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: (i) la reinstalación en el puesto que desempeñaba; y, (ii) el pago de los salarios caídos, entre otras prestaciones.
Por laudo de treinta y uno de mayo de dos mil doce, la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado condenó al patrón a las prestaciones reclamadas por el trabajador.
Contra dicho fallo, el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en su carácter de patrón, promovió juicio de amparo directo. En el primer concepto de violación, planteó una violación procesal, consistente en que el tribunal responsable no respetó la fase de conciliación prevista en la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas. Aunque citó incorrectamente el artículo aplicable (porque refirió al numeral 94, cuando el precepto que prevé la conciliación es el 84), manifestó que se violó su contenido, porque el procedimiento previsto consiste en que, una vez recibida la primera promoción de un conflicto, el presidente del tribunal turnará el asunto al secretario conciliador, quien durante las veinticuatro horas siguientes deberá citar a las partes a una audiencia de conciliación, que debe celebrarse dentro de los diez días siguientes a la citación. Ésta tiene la finalidad de avenir a las partes, promoviendo la celebración de un convenio. No obstante, se alega que el tribunal fue omiso en turnar las actuaciones del juicio al secretario conciliador, por lo que no se siguió el procedimiento de conciliación establecido en la ley, pues no se trató de avenir a las partes; por el contrario, se pretendió dirimir una supuesta conciliación dentro de la etapa de arbitraje. Al no existir una conciliación, se causó perjuicio al Ayuntamiento quejoso, porque el tribunal responsable no cumplió con una formalidad esencial del procedimiento.
Correspondió al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito conocer de dicho juicio de amparo directo. Aunque eventualmente dictó sentencia el veinte de diciembre de dos mil doce, donde concedió la protección de la Justicia Federal, lo cierto es que declaró infundado el concepto de violación reseñado anteriormente, por las siguientes consideraciones:
"SEXTO. ...
"En principio, el apoderado legal del impetrante aduce que el tribunal responsable omitió avenir a las parte dentro del proceso laboral, acorde a lo establecido en el artículo 94, segundo párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, el cual dispone que, una vez recibida la primer promoción de un conflicto, el presidente del tribunal turnará el asunto al secretario conciliador, quien dentro del término de veinticuatro horas siguientes citará a las partes a una audiencia de conciliación que deberá celebrarse dentro del término de diez días siguientes a la citación, en la cual tratará de avenir a las partes promoviendo la celebración del respectivo convenio, ya que de manera deficiente pretendió dirimir una posible conciliación dentro del arbitraje correspondiente, sin apegarse a lo establecido por su propio cuerpo de leyes; por lo que, dice que, al no existir conciliación entre las partes, se causa perjuicio, dado que no se cumplió con la formalidad esencial del procedimiento.
"Esos argumentos son infundados.
"Así es, en primer orden, porque el artículo 94 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas no tiene un segundo párrafo que estatuya lo relacionado con la audiencia de conciliación de las partes en conflicto, sino que únicamente hace referencia a la apreciación de los medios de convicción, pues su contenido íntegro y literal establece lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25029-19fc1e7c/audiencia-de-conciliacion-en-el-juicio-burocratico-laboral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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