LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL ESTATAL O DEL SECRETARIO DE ACUERDOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN FORMAL AL PROCEDIMIENTO LABORAL QUE AMERITA CONCEDER EL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL QUEJOSO SEA EL PATRÓN O EL TRABAJADOR, Y QUE DICHA CIRCUNSTANCIA HAYA SIDO O NO ALEGADA POR ELLOS (LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS).

Aun cuando en la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas no existe precepto alguno que señale que las resoluciones emitidas por el Tribunal del Servicio Civil estatal deban estar firmadas por los Magistrados que lo integran y el secretario que autoriza y da fe; ni en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo noveno transitorio de la primera legislación citada, se regula tal circunstancia; sin embargo, acorde con el numeral 11 del último ordenamiento mencionado, que establece que en lo no regulado por ese cuerpo legal o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, resulta necesario acudir a tal supletoriedad, tanto para cumplir con la garantía de seguridad jurídica como para efectos de la validez de las sentencias, esto es, para dar certeza a los gobernados de que el laudo se pronuncie por los funcionarios facultados para ello; en consecuencia, acorde con los artículos 837, fracción II y 839 de la Ley Federal del Trabajo, los laudos pronunciados por el referido tribunal local deben estar firmados por todos sus integrantes y por el secretario de Acuerdos, habida cuenta que la firma que estampan estos funcionarios en la resolución, es el signo gráfico mediante el cual los primeros expresan su voluntad, y el segundo autoriza y da fe de dicha actuación, y se responsabiliza de ella; por ende, si el laudo impugnado carece de firma de alguna de las personas señaladas, y no se asienta la causa de tal omisión, no se satisfacen los requisitos legales para su existencia y validez; y, en tal virtud, es imposible el análisis de su legalidad o ilegalidad, porque al no reunir tal exigencia, no puede producir efectos jurídicos, lo cual constituye una violación formal al procedimiento laboral que amerita otorgar la protección federal solicitada, con independencia de que el peticionario de amparo sea el patrón o el trabajador, y de que dicha circunstancia haya sido o no alegada por ellos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.