CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LOS JUECES DE AMPARO NO ESTÁN FACULTADOS PARA REALIZARLO A LOS ARTÍCULOS 163 Y 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, E INAPLICAR LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN QUE REGULAN, CON MOTIVO DE QUE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DECLARÓ INCONVENCIONAL LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, AL ESTAR VIGENTE LA JURISPRUDENCIA P./J. 20/2014 (10a.) DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE PROHÍBE ANALIZAR RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES.
QUEJA 237/2023. 23 DE NOVIEMBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LÁZARO FRANCO ROBLES ESPINOZA. SECRETARIA: SILVIA GÓMEZ GUERRERO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Son por una parte inoperantes y, por otra, infundados los agravios expuestos por el recurrente, sin que se advierta motivo para suplirlos en su deficiencia de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
Previo a exponer las consideraciones que sustentan esta determinación, a efecto de proporcionar mayor información del asunto, se relata lo siguiente:
I. Por escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veintitrés ********** y **********, por conducto de quien se ostentó como su abogado particular **********, promovieron demanda de amparo indirecto en la que reclamaron del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, los siguientes actos:
"a) La resolución en que decreta de legal la detención y retención de mis defendidos ********** y ********** dentro de la causa penal **********. Siendo ésta el acto reclamado materializado dentro de la resolución dictada en audiencia pública de fecha 22 de octubre de 2023 y que obra en los autos de la causa penal ********** del Centro de Justicia Penal Federal Puebla.
"b) La resolución en que impone la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a mis defendidos ********** y ********** dentro de la causa penal **********. Siendo ésta el acto reclamado materializado dentro de la resolución dictada en audiencia pública de fecha 22 de octubre de 2023 y que obra en los autos de la causa penal ********** del Centro de Justicia Penal Federal Puebla.
"c) La resolución por la que desecha el incidente de nulidad promovido por la defensa de los quejosos dentro de la causa penal **********. Siendo ésta el acto reclamado materializado dentro de la resolución dictada en audiencia pública de fecha 26 de octubre de 2023 y que obra en los autos de la causa penal ********** del Centro de Justicia Penal Federal Puebla.
"d) La resolución por la que vincula a proceso a mis defendidos ********** y ********** dentro de la causa penal ********** del Centro de Justicia Penal Federal Puebla. Siendo ésta el acto reclamado materializado dentro de la resolución dictada en audiencia pública de fecha 26 de octubre de 2023 y que obra en los autos de la causa penal ********** del Centro de Justicia Penal Federal Puebla."
• Como antecedentes de los actos reclamados se precisaron los siguientes:
"1. Que mis defendidos fueron detenidos el día 19 de octubre de 2023, siendo aproximadamente las 19 horas con 25 minutos, en el Municipio de San José Chiapa, Puebla, por parte de agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, adscritos en San José Chiapa, Puebla y que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, aproximadamente, a las cinco horas con dieciocho minutos del día 20 de octubre de 2023.
"2. Que en audiencia de fecha 22 de octubre de 2023, el Juez de Control decretó de legal su detención y retención.
"3. Que en esa misma fecha 22 de junio de 2023, tras la formulación de imputación y solicitud de vinculación, mis defendidos solicitaron la duplicidad del término constitucional a efecto de que su situación se resolviese dentro del término de 144 horas, para lo cual la Juez de Control fijó que la audiencia continuara el día 26 de octubre de 2023.
"4. Que en esa misma fecha, sin mediar debate de las partes tras la solicitud de vinculación, el Juez de Control fijó la medida cautelar de prisión preventiva a proceso por el tiempo de la duplicidad del término constitucional, misma que sería confirmada en la audiencia de fecha 26 de octubre de 2023.
"5. Que mis defendidos fueron vinculados a proceso por los delitos de robo de vehículo automotor de servicio de transporte federal de carga, en agravio de las personas morales ********** y **********; privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro express, en agravio de la víctima de iniciales ********** y portación de equipo que bloquea, cancele o anule las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, transmisión de datos e imagen, mediante auto dictado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Puebla, sin tomar en consideración los argumentos vertidos por la defensa en audiencia pública."
• En el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado expusieron lo siguiente:
"Procede y se solicita la suspensión provisional y definitiva del segundo de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 127, 128 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, respecto a la resolución que impone a mis defendidos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, con efectos restitutorios inmediatos, en atención al contenido de la tesis I.1o.P.25 P (11a.), con número de registro digital: 2026310, de los Tribunales Colegiados de Circuito, que tiene por rubro: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES POSIBLE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES (TUTELA ANTICIPADA), CONTRA LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA.’
"El citado criterio refiere que es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios provisionales de tutela anticipada, porque de conformidad con el artículo 163 y la fracción I y parte final del segundo párrafo del diverso artículo 166 de la Ley de Amparo, la libertad de mis defendidos quedaría a disposición de este órgano jurisdiccional, lo que significa que esta autoridad tiene la facultad de realizar un juicio preliminar respecto del contenido de mis conceptos de violación y la afectación de los derechos fundamentales de mis defendidos en el que, a través de la ponderación de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, aprecie si hay o no elementos que puedan prever el dictado de una sentencia de amparo favorable a mis intereses y, en ese supuesto, puede determinar en qué condiciones, circunstancias o modalidades mi libertad quedará afectada, pudiendo ordenar que quede en libertad con las medidas de aseguramiento que determine este órgano de amparo o, en el caso aplicable, se ordene al Juez de Control realizar un control de convencionalidad ex officio y abrir debate sobre la imposición de medida cautelar diversa."
II. Por auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés y con motivo de lo ordenado en el acuerdo de admisión de la demanda promovida por ********** y **********, por conducto de quien se ostentó como su abogado particular **********, radicada como amparo indirecto **********, el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla determinó abrir el incidente de suspensión, origen de este recurso, en el que precisó lo siguiente:
a) En principio, es de puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128, 129 y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo –que transcribió–(2), de cuyo contenido se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social y, además, debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
b) Del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión respecto del acto siguiente: "La resolución del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Puebla, en la cual impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a ********** y **********, en la causa penal **********".
c) Toda vez que de la demanda se advierte que los quejosos están internos en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla, con fundamento en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión definitiva para el efecto de que queden a disposición de "este órgano jurisdiccional de amparo" en el lugar en el que están recluidos, únicamente por lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que conoce el procedimiento penal que se les instruye para los efectos de su continuación, hasta que se resuelva si se debe conceder o no la suspensión definitiva.
d) Respecto a la solicitud de concesión de la suspensión con efectos restitutorios, argumentó el Juez Federal, debe decirse a la parte quejosa que si bien es procedente que solicite la revisión de las medidas cautelares referentes a las órdenes privativas de libertad personal o de prisión preventiva, lo cierto es que éstas deben ser decretadas por la autoridad judicial competente, dado que la facultad de modificación recae en el Juez natural, tal como lo indica el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En apoyo de sus consideraciones, invocó la jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10a.), de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016."
e) Enseguida, el Juez Federal transcribió el contenido del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(3) de cuya descripción, acotó, se desprende que el Juez competente deberá dar vista a las partes con la solicitud de la modificación para que el agente del Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y se esté en posibilidad –en audiencia– de resolver sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de la prisión preventiva.
f) Es por ello que, destacó la autoridad de amparo, el Juez natural es el único facultado originariamente para proceder en la forma antes indicada; máxime que en la Ley de Amparo no se encuentra disposición similar al artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada, que contemplaba el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución ante Juez Federal, por lo que este juzgador está impedido para desahogar una audiencia de medidas cautelares, porque el pronunciamiento respectivo ya no se sustenta en la simple verificación de requisitos preestablecidos, sino en escuchar a las partes en un contradictorio (audiencia) y determinar qué medida cautelar es la idónea para el caso concreto; de ahí que esa revisión debe solicitarse ente el órgano jurisdiccional que tramita el proceso y no ante el Juez de amparo en el incidente de suspensión.
En ilustración de su argumento, invocó el criterio I.3o.P.55 P (10a.), que dice: "MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD PERSONAL O DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADAS POR AUTORIDAD JUDICIAL EN PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. SI EL INCULPADO SE ENCUENTRA DETENIDO SUJETO A PRISIÓN PREVENTIVA, LA REVISIÓN DE AQUÉLLAS DEBE SOLICITARSE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE TRAMITA EL PROCESO Y NO ANTE EL JUEZ DE AMPARO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN."
Una vez proveído lo anterior, el Juez Federal solicitó el informe previo a la autoridad responsable, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental y ordenó la notificación del acuerdo recurrido.
Ésta es la determinación que la parte quejosa impugna mediante el recurso de queja que aquí se resuelve:
Ahora bien, en sus agravios los recurrentes aducen que el auto impugnado vulnera en su perjuicio el artículo 1o. constitucional, así como los diversos 2, 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El indicado motivo de agravio es inoperante.
Es así, en virtud de que los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, ejercen una función de control constitucional; por tanto, aun cuando en contra de sus decisiones se prevé la procedencia de recursos como el de revisión, o bien, el de queja, como en la especie, éstos no son medios de control constitucional autónomos, a través de los cuales pueda analizarse la violación a derechos fundamentales, pues son procedimientos de segunda instancia que tienden a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través de los cuales el Tribunal Colegiado vuelve a analizar con amplias facultades, incluso de sustitución, los motivos y fundamentos que la autoridad federal tomó en cuenta para emitir su resolución; luego, dada la naturaleza de dichos medios de impugnación y por la función de control constitucional a que se alude, técnicamente no deben analizarse los agravios consistentes en que la autoridad que conoció del juicio de amparo violó derechos fundamentales, ya que de hacerlo así, se le trataría extralógicamente como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo, es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia siguiente:
"Registro digital: 199492
"Instancia: Pleno
"Novena Época
"Materias: Común
"Tesis: P./J. 2/97
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo V, enero de 1997
"Página: 5
"Tipo: Jurisprudencia
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.
"Contradicción de tesis 14/94. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, entre otros. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios, en su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Manuel Rojas Fonseca.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de enero en curso, aprobó, con el número 2/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos noventa y siete.
"Nota: Por resolución del doce de noviembre de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundada la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2012 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, toda vez que estimó innecesario modificar la presente tesis jurisprudencial al tenor de las razones expuestas en la solicitud respectiva."
En otro contexto, los recurrentes exponen lo siguiente:
a) Que les causa perjuicio el acto que impugnan, al considerar que era improcedente conceder la suspensión en los términos que solicitaron, determinando concederla para el efecto de que los quejosos queden a disposición del Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar en donde se encuentran recluidos y a disposición de la autoridad responsable para la continuación del proceso, en atención a que no valoró debidamente los argumentos y fundamentos expuestos en la demanda de amparo.
b) Es incorrecto que el Juez Federal no concediera la suspensión como lo solicitaron y, en ese sentido, precisara que la solicitud de los quejosos debieron hacerla ante el Juez de Control, siendo que en el caso los quejosos expusieron en el capítulo de suspensión que al realizar un juicio preliminar, el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sin abrir ningún tipo de debate entre las partes.
Luego, exponen, nunca solicitaron al Juez Federal que realizara una revisión de la medida cautelar, sino que se le pidió que hiciera cumplir al juzgado de control con la normatividad internacional ante la apariencia del buen derecho, consistente en la inconvencionalidad de la prisión preventiva de carácter oficiosa, ordenándole abrir debate para que las partes procesales puedan discutir sobre una medida que sea proporcional e idónea, pensada en salvaguardar los principios de mínima intervención y presunción de inocencia, lo cual en ningún momento pretende invadir la competencia del Juez de Control, sino sólo la simple tutela efectiva de la superioridad al órgano jurisdiccional de origen.
En ese sentido, precisan, el Juez Federal no valoró el contenido de los criterios I.1o.P.25 P (11a.) y PR.P.CN. J/13 P (11a.), de rubros: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES POSIBLE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES (TUTELA ANTICIPADA), CONTRA LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA." y "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO."
Son infundados los argumentos que expone la parte recurrente.
En efecto, de los antecedentes relatados, con sustento en las constancias del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto **********, se advierte que los quejosos solicitaron la suspensión del acto reclamado al Juez de Control, consistente en la resolución dictada en audiencia de veintidós de octubre de dos mil veintitrés, en la cual impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en la causa penal **********, que se les sigue por los hechos considerados como delitos de robo de vehículo automotor de servicio de transporte federal de carga, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés y portación de equipo que bloquee, cancele o anule las señales de telefonía celular de radiocomunicación, transmisión de datos e imagen. Ahora bien, en atención a lo manifestado por los recurrentes,(4) el Juez Federal determinó conceder la suspensión provisional en términos de lo dispuesto por los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo.
Dichos numerales disponen lo siguiente:
"Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de esta ley, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento."
"Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente:
"I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación."
Con base en lo anterior, es dable afirmar, contrario a lo expuesto por los recurrentes, que son correctos los efectos para los cuales se concedió la suspensión solicitada, precisados en el auto combatido, pues los quejosos señalaron que se les decretó la medida de prisión preventiva oficiosa en la causa penal de origen y, en ese tenor, existe disposición expresa en la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando se trate de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación.
Se invoca, en orientación de lo considerado, por lo que informa, la siguiente tesis aislada emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que se comparte y a continuación se transcribe:
"Registro digital: 2022812
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Décima Época
"Materias: Común, Penal
"Tesis: I.9o.P.298 P (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 84, Tomo IV, marzo de 2021, página 3068
"Tipo: Aislada
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 163 Y 166 DE LA LEY DE LA MATERIA SI EL ACTO RECLAMADO ES LA RATIFICACIÓN Y/O NO MODIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, Y NO NEGARLA CON FUNDAMENTO EN EL DIVERSO 128, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA PROPIA LEY, AL SER INAPLICABLE.
"Hechos: El quejoso interpuso amparo contra la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva en la que se encontraba, acto contra el cual el Juez de Distrito negó la suspensión provisional, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual, en su fracción II, párrafo tercero, establece que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional, para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial; de ahí que no procede concederla tomando en cuenta que dicho numeral establece categóricamente que no será objeto de suspensión alguna medida cautelar concedida por autoridad judicial. Inconforme con la decisión, el quejoso interpuso el recurso de queja.
"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede conceder la suspensión provisional, en términos de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado consiste en la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, al tratarse de un acto privativo de la libertad y no negarla con fundamento en el diverso 128, fracción II, párrafo tercero, de la propia ley, al ser inaplicable.
"Justificación: Lo anterior es así, pues la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, al ser un acto relativo a una medida cautelar, implica la privación de la libertad, y la circunstancia de que sea ratificada y/o no modificada esa medida, trae como consecuencia que el quejoso siga privado de su libertad en el centro de reclusión en el que se encuentra, es decir, que continúe su proceso penal en reclusión y no en libertad. Por lo que para realizar el pronunciamiento de suspensión correspondiente, no debe atenderse al artículo 128, fracción II, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, pues dicho numeral no es el aplicable, ya que al tratarse de un acto privativo de la libertad, los aplicables son el 163 y el 166 del propio ordenamiento legal, que contienen disposición expresa para pronunciarse en relación con la suspensión, cuando el acto reclamado sea la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, mismos que establecen que en su contra sí procede la suspensión provisional para el efecto de que el quejoso quede a disposición del a quo por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde actualmente se encuentre recluido y a disposición del Juez responsable, respecto a la continuación del procedimiento penal.
"NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
"Queja 114/2020. 4 de noviembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz.
"Esta tesis se publicó el viernes 5 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la Federación."
En ese contexto, debe decirse a la parte recurrente que no es acertado lo que señala en el sentido de que al conceder la suspensión solicitada en los términos precisados en el acto recurrido, el Juez Federal tomó en consideración los argumentos que hicieron valer al pedir la medida, pues dada la naturaleza del acto reclamado, consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, no se estaba en el supuesto de proceder en los términos que solicitaron, esto es, realizar el ejercicio consistente en analizar la apariencia del buen derecho, las posibles afectaciones al interés social y el orden público, y la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida con efectos restitutorios.
Ciertamente, de conformidad con los artículos 128, 138 y 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo,(5) la suspensión del acto reclamado se decretará siempre que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, para lo cual el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público y, de ser jurídica y materialmente posible, se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
Sin embargo, contrariamente a lo considerado por la parte recurrente, se estima que en el caso concreto no es factible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, aun cuando se realizara un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, incluso, con base en las recientes sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México y García Rodríguez y otro Vs. México, a las que alude la parte recurrente al invocar los criterios I.1o.P.25 P (11a.) y PR.P.CN. J/13 P (11a.), que afirma, no fueron considerados por el Juez de amparo, de rubros: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES POSIBLE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES (TUTELA ANTICIPADA), CONTRA LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA." y "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO."
Lo anterior, porque como se indicó con anterioridad, la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados consistentes en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en audiencia inicial de veintidós de octubre de dos mil veintitrés, toda vez que se le sigue un proceso penal por su probable res
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32027-ff66748f/control-de-convencionalidad-ex-officio-los-jueces-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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