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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL EL POSIBLE SURGIMIENTO DE ALGUNA CAUSAL, NO SE ACTUALIZA LA OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO, CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1292/2013 (CUADERNO AUXILIAR 57/2014) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIR · Registro digital (IUS): 24961
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-04-04
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Pág. 1317.

AMPARO DIRECTO 1292/2013 (CUADERNO AUXILIAR 57/2014) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ. 13 DE FEBRERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE ALONSO CAMPOS SAITO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIA: SILOY JAZBETH ALMANZA HERRERA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Este tribunal no transcribirá en su integridad el acto reclamado, ni los conceptos de violación planteados pues, por una parte, no existe disposición legal que obligue a ello y, por otra, acorde con el artículo 74 de la Ley de Amparo basta con resolver las cuestiones efectivamente planteadas, lo cual se cumplió previa entrega a los Magistrados integrantes de este cuerpo colegiado y secretario en funciones de Magistrado de copias certificadas de aquellos apartados, adjuntas al proyecto de sentencia, tal y como lo determinó este Pleno en sesión de diecinueve de marzo de dos mil diez y se reiteró en sesión extraordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil trece, al haber cambiado la integración de este tribunal.

Cobra aplicación al caso, la tesis aislada que se comparte, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 406, Tomo IX, abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

"ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías."

Así como la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."

SEXTO. Es innecesario examinar tanto las consideraciones que sustentan el laudo reclamado, como los conceptos de violación que en su contra se exponen, ya que este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; de modo que, por tratarse de una cuestión de orden público se estudia de oficio y en forma preferente. Además, porque la improcedencia impide el estudio de tema alguno que se relacione con el fondo de la litis constitucional.

En efecto, este Tribunal Colegiado Auxiliar advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...

"XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; ..."

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de los derechos fundamentales que le hayan sido violados; por tanto, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo que la condicionan a la circunstancia de que la sentencia protectora que, en su caso, llegue a dictarse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional.

Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo se encuentra la prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la cual el legislador estableció al considerar que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad que se determine inconstitucional; sin embargo, por alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, jurídicamente es imposible restituir al quejoso en el goce pleno del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que, jurídicamente, impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías.

De ahí que, si durante la sustanciación del juicio de amparo directo promovido por la parte actora en el juicio laboral de origen, la Junta responsable informa al Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento que tuvo a la demandada dando cumplimiento al laudo impugnado y a la actora conforme con él y remite las constancias que así lo acreditan; entonces, la materia del referido laudo deja de existir y lo que procede es decretar el sobreseimiento del juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo.

Lo anterior, pues si la materia del laudo reclamado se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del actor de las prerrogativas que reclamó mediante el respectivo procedimiento de ejecución, y éste declara ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el demandado al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta indudable que el objeto o materia del laudo reclamado ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista dicho laudo. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico del laudo impugnado sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado esas partes, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse.

Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 19/2004 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 318, Tomo XIX, marzo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"AMPARO DIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO LA JUNTA RESPONSABLE INFORMA QUE TUVO POR CUMPLIDO EL LAUDO IMPUGNADO, AUN CUANDO QUIEN SE HAYA OSTENTADO COMO REPRESENTANTE DE LA PARTE DEMANDADA EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN PARA CUMPLIR TAL RESOLUCIÓN NO HAYA ACREDITADO SU PERSONALIDAD. Cuando durante la sustanciación del juicio de amparo directo promovido por la parte demandada en el juicio laboral de origen, la Junta responsable informa al Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento que tuvo a la demandada dando cumplimiento al laudo impugnado y a la actora conforme con él, y remite las constancias que así lo acreditan, la materia del referido laudo deja de existir y, en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo para lo anterior que la persona que se ostentó como representante de la parte demandada para cumplir con el referido laudo no haya acreditado su personalidad ante la Junta responsable, pues el tribunal de amparo no puede pronunciarse sobre la legalidad de actos que no fueron materia de impugnación a través del juicio de garantías y, por ende, las decisiones emitidas por la Junta responsable en ejecución del laudo reclamado deben estimarse válidas para los efectos legales conducentes, en tanto no exista resolución emitida por autoridad competente que decida lo contrario, máxime que el quejoso no queda en estado de indefensión ante el evento de que el tercero perjudicado pretendiera la ejecución de dicho laudo y se abriera a trámite el procedimiento respectivo, ya que los actos emitidos durante él son impugnables a través del recurso de revisión establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo."

Asimismo, en la tesis aislada 2a. XCVIII/2000 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 358, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:

"ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, si estando pendiente de resolver un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia judicial, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero perjudicado acude ante el Juez que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, ya que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero perjudicado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse."

Ahora bien, en el caso, por oficio ********** de seis de enero de dos mil catorce, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Tamaulipas remitió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, copia certificada del convenio celebrado el ********** el expediente laboral **********, en el que compareció personalmente el actor ********** y ********** en su carácter de primer síndico del demandado ********** con el fin de dar por terminado el juicio laboral y en el que, además, ambas partes se reconocieron la personalidad jurídica; señalaron que el objeto del convenio era dar cumplimiento al laudo de veintiuno de agosto de dos mil trece; el demandado exhibió el cheque ********** de diecisiete de diciembre de dos mil trece a nombre de ********** por $********** (**********), el cual según manifestó el demandado, correspondía al pago de la condena decretada en el citado laudo y, por ende, también desistió del presente juicio de amparo directo que promovió contra el citado laudo; por su parte, el actor aceptó dicha cantidad de dinero como pago de la condena que se decretó en el laudo de veintiuno de agosto de dos mil trece y manifestó que no se reservaba acción ni derecho alguno en contra del demandado.

Asimismo, ambas partes solicitaron que se acordara el convenio elevándolo a la categoría de laudo, por lo que el presidente del tribunal responsable, el representante de los Ayuntamientos y el representante de los Trabajadores al Servicio de los Municipios aprobaron el convenio por no contener renuncia de derechos, ni atentar contra la moral y las buenas costumbres; asimismo, se hizo constar que el actor recibió el cheque que exhibió la parte demandada como pago de la condena decretada en el laudo de veintiuno de agosto de dos mil trece y, se ordenó el archivo del juicio laboral como totalmente concluido, como se advierte de la siguiente transcripción:

"... Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las ********** horas con minutos (sic) del día **********, comparecen en forma personal ante el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, por una parte el C. **********, quien se identifica con credencial de elector con número de folio ********** expedida por **********, en la cual aparece su nombre y fotografía, y por la otra parte comparece el C. ********** en su carácter de **********, quien acredita su personalidad dentro de los autos del expediente laboral **********, con constancia de mayoría expedida por el Instituto Electoral de Tamaulipas (**********), dando fe la secretaria general. Manifiesta el compareciente que el motivo de su presencia, es con la finalidad de celebrar un convenio, mismo que se sujeta al tenor de las siguientes:

"Cláusulas

"Primera. Ambas partes se reconocen la personalidad jurídica con la que comparecen a la concertación del presente convenio.

"Segunda. Manifiesta el compareciente que el objeto del presente convenio lo es el cumplimiento de laudo de 21 de agosto del 2013, la representación del **********, exhibe el documento denominado ‘cheque’, que ampara la cantidad de $********** (**********) que corresponden al pago de la condena decretada en el laudo mencionado con número de cheque ********** de fecha **********, con cargo al Banco ********** y pagadero a nombre del C. **********, manifestando el representante legítimo del **********: que es mi deseo desistirme del amparo directo en contra del laudo de fecha 21 de agosto del 2013, en virtud que la presente controversia ha quedado sin materia.

"Cuarta (sic). En uso de la palabra la representante legítima, en este acto de entera conformidad, ratificando desde luego su conformidad con el pago respectivo de la condena decretada en el laudo de fecha 21 de agosto del 2013, agregando que no se reserva acción ni derecho alguno a ejercer en contra del Municipio de **********, dándose por finiquitado el pago del presente concepto, así como la terminación del expediente laboral **********, por así convenir a mis intereses.

"Quinta (sic). Solicitan ambos comparecientes de esta autoridad laboral que apruebe, el presente acuerdo de voluntades elevándolo a la categoría del laudo, ratificando el convenio que antecede para todos los efectos legales correspondientes.

"A continuación y con vista de lo anterior este tribunal dicta el siguiente.

"Acuerdo: Ténganse por comparecidos al C. **********, quien se identifica con credencial de elector con número de folio ********** expedida por el IFE, en la cual aparece su nombre y fotografía, y por la otra parte comparece el C. **********, en su carácter de ********** del ********** quien acredita su personalidad dentro de los autos del expediente laboral **********, con constancia de mayoría expedida por el Instituto Electoral de Tamaulipas (**********), dando fe la secretaria general. Se tiene al representante legítimo, recibiendo de entera conformidad ante la fe de la secretaria general, el documento de pago descrito en la cláusula tercera del presente instrumento, y toda vez que lo anterior no es contrario a la moral, al derecho y a las buenas costumbres, con fundamento en los artículos 6 y 37 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, así como el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo se aprueba, sanciona y eleva el presente convenio a la categoría del laudo, teniéndose por cubierta el pago de la condena decretada en el laudo de fecha 21 de agosto del 2013, haciéndose constar en este acto que el C. **********, recibe el cheque por la cantidad de $********** (**********) que corresponden al pago de la condena decretada en el laudo mencionado con número de cheque ********** de fecha **********, con cargo al ********** y pagadero a nombre del C. **********, exhibiendo con esta actuación el recibo correspondiente, teniendo este tribunal como asunto totalmente concluido el expediente laboral ********** por convenio y se procede al archivo de este expediente, no reservándose la parte actora acción legal alguna que ejercer en contra del **********. En relación a lo solicitado por el representante legítimo del **********, remítase copia certificada al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en el Estado para que surta el efecto legal a que haya lugar. Del anterior acuerdo quedan notificados los comparecientes entregándoseles copia y firman al margen para constancia legal. Doy fe.

"Así lo acordaron y firmaron el presidente por ministerio de ley, así como los representantes de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. Actuando con la secretaria general. Doy fe."

De lo anterior se colige que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que durante la sustanciación del presente juicio de amparo directo promovido por el actor en el juicio laboral de origen, el presidente del tribunal responsable informó al órgano de control constitucional auxiliado que aquél y el demandado celebraron un convenio para dar por concluido el juicio laboral, el cual fue aprobado por no contener renuncia de derechos, ni atentar contra la moral ni las buenas costumbres, por lo que, inclusive, tuvo como asunto totalmente concluido el juicio de origen y ordenó el archivo del expediente; para tal efecto, remitió las constancias que así lo acreditan; por tanto, es evidente que la materia del referido laudo dejó de existir aun cuando subsista el laudo aquí combatido.

En efecto, el laudo reclamado de veintiuno de agosto de dos mil trece emitido por el tribunal responsable en el expediente laboral **********, carece de materia porque ante el pago pactado de la cantidad de $********** (**********), la autoridad responsable aprobó el convenio de que se trata; a su vez el quejoso manifestó que estaba conforme con el pago respectivo que cubría la condena decretada en el laudo reclamado y solicitó la terminación del juicio laboral.

Apoya la anterior determinación, la tesis aislada I.6o.T.393 L, que comparte este órgano jurisdiccional emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 2311, Tomo XXVIII, octubre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice:

"AMPARO DIRECTO. SI LA JUNTA REMITE CONSTANCIAS DE LAS QUE SE ADVIERTE QUE TUVO AL PROMOVENTE DE AQUÉL DANDO CUMPLIMIENTO AL LAUDO IMPUGNADO, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO.-Si durante la sustanciación del amparo directo promovido por la demandada en el juicio laboral, la Junta remite al Tribunal Colegiado de Circuito constancias de las que se advierte que tuvo a aquélla dando cumplimiento al laudo impugnado, la materia de éste deja de existir y, por tanto, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 del citado ordenamiento legal."

En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con fundamento en la diversa fracción V del precepto 63 del referido ordenamiento legal.

Se invoca al caso la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE, EN SU CASO, SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS.-En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. "

Así como la tesis aislada 2a. XLVIII/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente:

"CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD.-Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad."

No es obstáculo a la anterior determinación el hecho de que el artículo 64 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, establezca el imperativo para los órganos jurisdiccionales de amparo de dar vista a los quejosos cuando, de oficio, adviertan la actualización de alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 del ordenamiento legal en comento para que, en un plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga.

Lo anterior, toda vez que de la interpretación en sentido contrario del precepto jurídico en cita se advierte que cuando es alguna de las partes quien propone la actualización de la causal de improcedencia o, en su caso, ya fue analizada por un órgano jurisdiccional inferior, no surge la obligación para los órganos jurisdiccionales de amparo de ordenar la referida vista.

En ese orden de ideas, si del análisis de las constancias que conforman el presente juicio de amparo directo se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Tamaulipas, por conducto de su presidente (autoridad responsable conforme a lo previsto por el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo) fue quien a través del comunicado de seis de enero de dos mil catorce hizo del conocimiento del tribunal auxiliado que las partes realizaron convenio para dar por concluido el juicio laboral y adjuntaron las copias certificadas de la diligencia realizada el ********** en el juicio laboral ********** y, por ello, la propia autoridad responsable solicitó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; además, ese comunicado se acordó en proveído de veintidós de enero de dos mil catorce por el tribunal auxiliado y se notificó a las partes por lista de estrados el siguiente veintitrés de enero como se advierte de la página de internet http://proddsibd/uep-j/acuerdos/default.asp; entonces, resulta incuestionable que no se actualiza la hipótesis que contempla el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado Auxiliar en la tesis TC(IV)1.10LA.013.5, pendiente de publicarse, que dice:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS EN LA QUE NO SE ACTUALIZA LA OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON SU POSIBLE SURGIMIENTO, INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY NUEVA DE AMPARO (EN VIGOR EL 3 DE ABRIL DE 2013).-El precepto legal aludido establece que, cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior deberá dar vista al quejoso para que, en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; sin embargo, ese supuesto no se actualiza si es la autoridad responsable quien hace del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo su posible surgimiento puesto que, en esa hipótesis, no se sat

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24961-64955815/improcedencia-en-el-amparo-si-la-autoridad-responsable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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