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Modo: Corpus Pro

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 425/2013. · Registro digital (IUS): 24751
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-01-10
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Pág. 2645.

AMPARO DIRECTO 425/2013. 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ GONZÁLEZ. SECRETARIO: ALFREDO GONZÁLEZ GUERRERO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Resulta innecesaria la transcripción de las consideraciones en que se sustentó el acto reclamado, así como de los conceptos de violación, toda vez que se advierte una causa de improcedencia, la cual debe ser examinada oficiosamente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo.

En efecto, se surte la hipótesis prevista en el numeral 61, fracción XXII, del citado ordenamiento legal invocado que establece:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ..."

En relación con esta causa de improcedencia, se ha establecido en diversos criterios, que su alcance consiste en que al ser el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido transgredidas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal del País ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional.

En la causa de improcedencia en comento, el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime conculcada o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque el derecho fundamental que se vio afectado se encontraba incorporado temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba el referido derecho, se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo.

En apoyo de lo anterior, por analogía, se cita la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento ochenta y nueve del Tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:

"ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad."

Ahora bien, tomando en consideración que por sentencia definitiva dictada dentro de los autos del juicio natural, se determinó:

*Dar por rescindido el contrato de arrendamiento, de dos de enero de dos mil seis, así como el addendum del día dieciséis del mismo mes y año, celebrados entre **********, en su calidad de arrendador **********, en su carácter de arrendatario y ********** como fiador, respecto del local "A" de la planta baja, ubicado en el **********, en esta ciudad.

*Se condenó tanto al inquilino, como a su **********, y **********, a la desocupación y entrega del inmueble controvertido, en el plazo de cinco días.

*Se condenó tanto a la ocupante como a su fiador, al pago de las mensualidades rentísticas a partir del mes de enero de dos mil once, más las que se siguieran generando hasta la entrega de la localidad arrendada, a razón de ochenta y seis mil ciento sesenta y tres pesos, junto con los incrementos pactados, así como el dos punto cinco por ciento, sobre el importe de cada renta adeudada, por concepto de intereses moratorios, debiéndose tomar en cuenta las cantidades amparadas, facturas, pólizas de cheque y transferencias bancarias, exhibidas durante la secuela procesal, cuyo monto sería cuantificado en ejecución de sentencia, por tratarse de operaciones aritméticas que requieren conocimientos específicos.

*Se condenó a la locataria y a su fiador, al pago de los adeudos por concepto de suministro de agua, por todo el tiempo que duro el arrendamiento, previa comprobación, cuantificación y liquidación en ejecución de sentencia.

Asimismo, de las constancias que obran en el sumario, que tienen valor probatorio en términos de los numerales 102 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte la existencia del oficio 1464, de cinco de agosto último, suscrito por la Juez Septuagésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, mediante el cual remitió copia certificada de los convenios celebrados entre las partes en el juicio de origen, el tres y ocho de julio del año en curso, los cuales se transcriben en su parte conducente:

Del convenio judicial de desocupación y entrega, celebrado por *********** y ***********:

"Primera. El arrendador y el subarrendatario, convienen en dar por terminada definitivamente y por lo que a ellos corresponde la controversia en materia de arrendamiento seguida ante el Juzgado Septuagésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, con número de expediente 1109/2011, por medio del presente convenio. Segunda. El subarrendatario, en este acto desiste de los recursos ordinarios que hayan promovido y que se encuentren vigentes, así como del juicio de amparo directo interpuesto en contra de los actos Cuarta Sala Civil y del Juez Septuagésimo Cuarto de lo Civil, ambos del Distrito Federal, identificados como la resolución de fecha 16 de mayo de 2013, y su ejecución. Por lo que se obligan a enterar a la autoridad federal del conocimiento, sobre el desistimiento que se verifica en este acto ante la presencia judicial, sin perjuicio de que la actora en el juicio de origen informe lo convenido en el presente instrumento a la Cuarta Sala Civil. Tercera. Las partes convienen y el subarrendatario, se obliga a desocupar y entregar al arrendador, la parte del espacio o área que ocupa de la planta baja del **********, identificado como: La planta baja del **********, en esta ciudad de **********, dentro de las cuatro semanas posteriores a la firma del presente contrato, siendo la fecha límite de entrega, el día 30 de julio de 2013, en buen estado de conservación, totalmente vacío y desocupado. Cuarta. Para el caso de que el subarrendatario no desocupe y entregue la parte del espacio o área que ocupa y del cual detenta la posesión, de la planta baja del **********, a más tardar el 30 de julio de 2013, se procederá a su lanzamiento inmediato a su costa, concediéndose en este acto la facultad al juzgador, para habilitar días y horas inhábiles, romper cerraduras y solicitar el apoyo de la fuerza pública. Quinta. El arrendador, libera de cualquier responsabilidad al subarrendatario, por concepto de daños, rentas o cualquier otra responsabilidad que se pudiera derivar del contrato de arrendamiento o del contrato del subarrendamiento, que al efecto hubiera firmado, para los efectos legales conducentes. Sexta. El subarrendatario, se compromete a cubrir los pagos correspondientes a los servicios consumidos tales como luz y teléfono, que en su caso procedan, toda vez que a esta fecha se encuentra una queja presentada ante la Procuraduría Federal del Consumidor en contra de Comisión Federal de Electricidad, debiendo de cubrir dichos servicios hasta el día de la desocupación del inmueble objeto del litigio, es decir, el área de 70 m2. correspondiente de la planta baja del edificio ubicado en la ***********. Séptima. El arrendador, y el subarrendatario, convienen en no reservarse acción ni derecho alguno, respecto del contrato de arrendamiento de fecha 2 de enero de 2006, ni de los contratos de subarrendamiento que se derivan de éste, dando por terminada su relación contractual por medio del presente convenio y, a su vez, dando igualmente por terminada la a controversia de arrendamiento, otorgándose mutuamente el finiquito más amplio que en derecho proceda. Renunciando el arrendador, a pretender el cobro de gasto y costas con motivo del juicio de controversia de arrendamiento, que originó el presente convenio, elevándose el propio convenio a la categoría de cosa juzgada. Octava. Al no contener cláusula contraria a la mora o al derecho, solicitamos que previa su ratificación ante la presencia judicial, se apruebe el mismo, elevándolo a la categoría de sentencia ejecutoriada. Por último, las partes firman de conformidad el presente convenio judicial, en la ciudad de México, Distrito Federal a los 03 días del mes de julio de dos mil trece."

En relación con el pacto de voluntades de reconocimiento de adeudo, pago finiquito, desocupación y entrega, así como el pago por indemnización celebrado entre ************ y **********, todas *********** y **********:

"Primera. El arrendador, el fiador, la arrendataria y los subarrendatarios llamados a juicio, convienen en dar por terminada definitivamente la controversia en materia de arrendamiento seguida ante el Juzgado Septuagésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, con número de expediente 1109/2011, por medio del presente convenio. Segunda. El arrendatario, el fiador, y los subarrendatarios, en este acto desisten de los recurso ordinarios que hayan promovido y que se encuentren vigentes, así como del juicio de amparo directo interpuesto en contra de los actos de la Cuarta Sala Civil y del Juez Septuagésimo Cuarto de lo Civil, ambos del Distrito Federal, identificados como la resolución de fecha 16 de mayo de 2013, y su ejecución. Por lo que se obligan a enterar a la autoridad federal del conocimiento, sobre el desistimiento que se verifica en este acto ante la presencia judicial, sin perjuicio de que la actora en el juicio de origen informe lo convenido en el presente instrumento a la Cuarta Sala Civil. Tercera. La arrendataria, el fiador, y los subarrendatarios, de manera conjunta reconocen adeudar a la sociedad denominada **********, en su carácter de arrendador, la cantidad de $1'235,587.30 pesos (un millón doscientos treinta y cinco mil quinientos ochenta y siete pesos 30/100 M.N.), por concepto de rentas insolutas a razón de $123,558.73 pesos (ciento veintitrés mil quinientos cincuenta y ocho pesos 73/100 M.N.) correspondientes a las mensualidades que corren de octubre de 2012 a julio de 2013. Cuarta. La arrendataria, el fiador, y los subarrendatarios, de manera conjunta se obligan a cubrir el monto adeudado correspondiente a las mensualidades insolutas, que corren de octubre de 2012 a junio de 2013, mediante los billetes de depósito que obran en autos, y que se identifican con los números ***********; **********, **********, **********, **********, **********, **********, *********** y **********; y el saldo de $123,558.73 pesos (ciento veintitrés mil quinientos cincuenta y ocho pesos 73/100 M.N.), correspondiente al mes de julio de 2013, mediante billete de depósito que se obligan a depositar en un término de 10 días hábiles, contados a partir de la celebración del presente convenio, ante el juzgado del conocimiento, y dentro del juicio en que se actúa. En virtud de lo anterior en este acto **********, acepta el pago efectuado por el subarrendatario, **********, conforme a los billetes de depósito efectuados identificados en el párrafo anterior, así como el depósito por la renta correspondiente al mes de julio del 2013. El arrendador, se obliga a entregar en el plazo improrrogable de diez días hábiles, a partir de la consignación del billete de depósito a que se refiere el párrafo inmediato anterior, los recibos correspondientes a los meses que corren de octubre de 2012 a julio de 2013, mismos que cubrirán los requisitos fiscales que dispone la ley para su tipo. Quinta. La arrendataria, el fiador y los subarrendatarios, se comprometen a desocupar y entregar al arrendador, la planta baja del edificio ubicado en la ***********, dentro de las cuatro semanas posteriores a la firma del presente contrato, siendo la fecha límite de entrega, el día 30 de julio de 2013, en buen estado de conservación, totalmente vacío y desocupado. Sexta. Para el caso de que la arrendataria, el fiador y los subarrendatarios no desocupen y entreguen la planta baja del edificio ubicado en la **********, a más tardar el 30 de julio de 2013, se procederá a su lanzamiento inmediato a su costa, concediéndose en este acto la facultad al juzgador, para habilitar días y horas inhábiles, romper cerraduras y solicitar el apoyo de la fuerza pública. Séptima. El arrendador acepta indemnizar a la sociedad denominada **********, en su carácter de subarrendador por los perjuicios ocasionados con motivo de la desocupación y entrega de la localidad arrendada. Con base en lo anterior, el arrendador se obliga a pagar a la sociedad denominada **********, en su carácter de subarrendador, la cantidad de $1'740,000.00 (un millón setecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago por los perjuicios ocasionados, y en su cumplimiento, entrega al momento de la firma del presente convenio, el cheque certificado número 0004470, a cargo de la institución **********, sirviendo el presente convenio como el recibo más amplio que en derecho procede. Octava. La arrendataria, el fiador y los subarrendatarios, se comprometen a cubrir los pagos correspondientes a los servicios consumidos tales como luz y teléfono, debiendo de cubrir dichos servicios hasta el día de la desocupación del inmueble objeto del litigio, es decir, la plantas baja del edificio ubicado en la de **********. Y en la fecha de firma del presente convenio el arrendador, realiza la devolución del depósito recibido al momento de celebrarse el contrato de arrendamiento, mismo que importa la cantidad de $86,163.60 pesos (ochenta y seis mil ciento sesenta y tres pesos 60/100 M.N.), mediante cheque certificado número 0004470, a cargo de la **********, sirviendo el presente convenio como el recibo más amplio que en derecho proceda. Novena. El arrendador, la arrendataria, el fiador y los subarrendatarios, convienen en no reservarse acción ni derecho alguno, respecto del contrato de arrendamiento de 2 de enero de 2006, ni los contratos de subarrendamiento que se derivan de éste, o de la sentencia dictada en el presente juicio, dando por terminada su relación contractual por medio del presente convenio, y a su vez dando igualmente por terminada la controversia de arrendamiento, otorgándose mutuamente el finiquito más amplio que en derecho proceda. Renunciando el arrendador, a pretender el cobro de gastos y costas con motivo del juicio de controversia de arrendamiento, que originó el presente convenio, elevándose el propio convenio a la categoría de cosa juzgada. Décima. Al no contener cláusula contraria a la moral o al derecho, solicitamos que previa su ratificación ante la presencia judicial, se apruebe el mismo, elevándolo a la categoría de sentencia ejecutoriada. Por último, las partes firma de conformidad el presente convenio judicial, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 08 días del mes de julio de dos mil trece."

La comparecencia levantada ante la citada autoridad jurisdiccional, respecto de la cual se asentó:

"El C. Juez acuerda. Se tiene por hechas las manifestaciones de los comparecientes, y por exhibido el convenio celebrado por los mismos en esta misma fecha, mismo que han ratificado los comparecientes en todas y cada una de sus partes así como las firmas que lo calzan por haber sido puestas de sus propios puños y letras, y toda vez que el convenio judicial de desocupación y entrega celebrado por la parte actora y codemandado **********, celebrado en fecha tres de julio del año en curso, debidamente notificado ante la presencia judicial y el convenio de judicial de reconocimiento de adeudo, pago finiquito, desocupación y entrega, así como el pago por indemnización, celebrado en fecha ocho de julio del año en curso, no contienen cláusulas contrarias a la moral, a derecho ni a las buenas costumbres, se comprueban en sus términos, como si se tratara de sentencia ejecutoriada elevándose a categoría de cosa juzgada, condenándose a sus signatarios a estar y pasar por ellos en todo tiempo y lugar, con apoyo en los artículos 2944, 2945, 2953, 2962 del Código Civil vigente y 500, 501 y 505 de la ley adjetiva civil. Así mismo en este acto la parte actora hace entrega al C. **********, apoderado del codemandado ********** y del tercero llamado a juicio **********, de los cheques certificados por las cantidades de un millón setecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N. y, ochenta y seis mil ciento sesenta y tres pesos 60/100 M.N., respectivamente, a favor de **********, expedidos por **********, en cumplimiento a lo convenido en las cláusulas séptima y octava del convenio celebrado en esta misma fecha, recibiéndolos a su entera satisfacción; salvo buen cobro, el C. **********, apoderado del codemandado **********, y del tercero llamado a juicio **********. Así también se tiene a los comparecientes desistiéndose a su entero perjuicio de los recursos de apelación interpuestos en el presente juicio, para los efectos legales a que haya lugar. Así mismo gírense atentos oficios a la Cuarta Sala Civil de este H. Tribunal y al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que conoce de los juicios de garantías promovidos **********, el tercero llamado a juicio ********** y codemandado **********, para hacer de su conocimiento los convenios a que han llegado las partes y tercero llamado a juicio para el efecto de dar por terminada la controversia que los une, debiéndose acompañar al mismo copia certificada de los convenios señalados en líneas anteriores así como de la presente comparecencia. Así mismo en cumplimiento a la cláusula cuarta del convenio celebrado en fecha ocho de julio del presente año, debidamente endosados a nombre de la parte actora entréguense los billetes de depósito mencionados en dicha cláusula, por conducto de persona autorizada para tal efecto, previa toma de razón y recibo correspondiente que se deje en autos para constancia, así mismo deberá endosarse a nombre de la parte actora el billete de depósito correspondiente a la renta del mes de julio del año en curso, y entregarse por conducto de persona autorizada para tal efecto previa toma de razón y recibo correspondiente de renta, que se deje en autos para constancia una vez que sea exhibido ante este juzgado. Así mismo expídanse a costa de las partes y tercero llamado a juicio, copia certificada de las constancias que indican, y entréguense por conducto de persona autorizada quedando razón por su recibo en autos para constancia."

Del contenido de esas actuaciones se aprecia, que el actor **********, así como los demandados y terceros llamados a juicio, celebraron dos convenios, el primero de desocupación y entrega de la localidad arrendada, el segundo, de reconocimiento de adeudo, pago finiquito, desocupación y entrega y pago por indemnización, que fueron aprobados en sus términos, como si se tratara de sentencia ejecutoriada, elevándose a la categoría de cosa juzgada, debido a que no contenían cláusulas contrarias a la moral, al derecho ni a las buenas costumbres.

Asimismo, se ordenó hacer del conocimiento de la autoridad de segunda instancia, así como a este Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que conoce del presente juicio de amparo directo, interpuesto por *********** y **********, ambas, **********, para hacer de su conocimiento el acuerdo de voluntades a que habían llegado las partes, y dar por terminada la controversia que los unía.

Con lo anterior, quedó demostrado que, con base en lo convenido, se dio cumplimiento a la condena establecida en la sentencia controvertida; por lo que es evidente que aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto materia del mismo.

Toda vez que si a virtud de estos acuerdos de voluntades las partes contendientes, entre ellos, los aquí quejosos, motu proprio, convencionalmente modificaron el entorno en el que el fallo definitivo se emitió, es claro que aun subsistiendo dicho acto, éste no podrá producir sus efectos en la situación jurídica del impetrante de garantías, habida cuenta que, en todo caso, dicha situación se sometió a la eficacia de los convenios a que se hizo mención.

De ahí que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, lo cual, conlleva a sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la citada ley.

No pasa inadvertido lo dispuesto por el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone:

"Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga."

Tal precepto legal, como se verá, es inaplicable al caso.

En efecto, de acuerdo con su interpretación literal, la norma en cuestión se refiere al caso en que las partes "no aleguen alguna causal de improcedencia ni haya sido analizada por un órgano jurisdiccional inferior"; entre estos dos enunciados se encuentra la palabra "ni".

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye o significa una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; por tanto, ambas oraciones deben analizarse de forma conjunta y no en forma disyuntiva.

Entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes:

a) Exista un Juez inferior, quien al resolver el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia respectiva; y,

b) Que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes.

Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes, y no sólo uno de ellos.

Ahora bien, es preciso determinar a qué tipo de órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber:

1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia, tramitado ante los Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito.

2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión, tramitado ante los Tribunales Colegiados de Circuito, o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3. Juicio de amparo directo uniinstancial, tramitado ante los Tribunales Colegiados de Circuito.

4. Juicio de amparo directo en revisión, tramitado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se impugnen sentencias de amparo, cuando se trate de amparo contra leyes, interpretación directa de una disposición constitucional o de los derechos humanos establecidos en algún tratado celebrado por el Estado Mexicano.

En relación al juicio de amparo indirecto en primera instancia a que se refiere el punto uno anterior, no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues de acuerdo con los numerales 35 y 36 de la Ley de Amparo; y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aquéllos son los competentes para resolver en primera instancia; máxime, que no están facultados para conocer del recurso de revisión que se interponga en contra de resoluciones que se dicten en ese tipo de juicios.

Es decir, los Jueces de Distrito y los Magistrados Unitarios de Circuito, al advertir de oficio alguna causal de improcedencia, la aleguen o no las partes, están facultados para resolver en consecuencia, habida cuenta que lo están para desechar de plano la demanda de amparo, cuando adviertan alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo.

Por lo que toca a los juicios de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión, sí existen órganos inferiores, en este caso, los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuito, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, y los Tribunales Colegiados de Circuito; lo anterior, ya que éstos órganos terminales son jerárquicamente superiores de aquéllos, en razón de las facultades de revisión y de última instancia de que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese orden, cabe interpretar de forma sistemática lo dispuesto en el numeral 64, segundo párrafo, con el arábigo 93, fracciones I, II y III, ambos de la Ley de Amparo; éste último que prevé:

"Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida. Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada; II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; si son fundados se revocará la resolución recurrida; III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia; ..." (Énfasis añadido).

Como se advierte, el artículo 93, fracciones I, II y III, de Ley de Amparo, se refiere a los supuestos del numeral 64, segundo párrafo, esto es, a que alguna causal de improcedencia haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito.

Por tanto, si un Juzgado de Distrito o un Tribunal Unitario de Circuito, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogió o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyó o no en el juicio de amparo o desechó la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una causal de improcedencia no alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga.

Es importante destacar, que la facultad originaria que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre cuestiones de improcedencia, fue delegada a los Tribunales Colegiados de Circuito, acorde con la tesis de jurisprudencia por reiteración número 1a./J. 85/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, Materia Común, página doscientos siete,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24751-e60e0520/causales-de-improcedencia-cuando-se-adviertan-de-oficio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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