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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, TANTO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN COMO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SON COMPETENTES PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO, CON BASE EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS ORIGINARIA Y DELEGADA, SIN ATENDER AL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES INTRODUCIDO EN ESA INSTANCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 361/2015. · Registro digital (IUS): 27087
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, Pág. 60.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 361/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 3 DE NOVIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES; VOTÓ EN CONTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. AUSENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al tres de noviembre de dos mil dieciséis, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Mediante la cual se dirimen los autos de la contradicción de tesis número 361/2015, suscitada entre los criterios sustentados por la Primera y la Segunda Salas, ambas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. En sesiones de treinta de septiembre y cuatro de noviembre, ambas de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió los amparos en revisión 321/2015 y 269/2015, respectivamente, en el sentido de ordenar la devolución de los expedientes, a los Tribunales Colegiados de origen de cada uno de esos recursos, al estimar que carecía de competencia para resolverlos.

2. En sesión de cinco de agosto de dos mil quince, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión número 320/2015, en el cual confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio.

3. Mediante oficio de nueve de diciembre de dos mil quince, presentado en esa fecha en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena denunció la posible contradicción de los criterios contenidos en los fallos precisados.

II. TRÁMITE

4. En auto de cinco de enero de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis, la cual se registró con el número 361/2015 y, al advertir que la materia del asunto corresponde al conocimiento del Pleno de este Tribunal, lo turnó a la ponencia del Ministro Javier Laynez Potisek, para la formulación del proyecto correspondiente.

5. En el mismo acuerdo, se requirió a las Secretarías de Acuerdos de la Primera y de la Segunda Salas de este Alto Tribunal, para que informaran si los criterios emitidos por cada una de ellas se encuentran vigentes o, en su caso, si fueron superados o abandonados, y remitieran las ejecutorias correspondientes, a fin de integrar el expediente.

6. Recibidas las copias certificadas de los asuntos materia de la contradicción de tesis, así como los informes de los presidentes tanto de la Primera como de la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los criterios denunciados continúan vigentes, en auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, el presidente de este Alto Tribunal tuvo por integrado el expediente y ordenó su remisión a la ponencia del Ministro Javier Laynez Potisek.

III. COMPETENCIA

7. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo prescrito en el artículo 226, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; así como el 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece y 7, fracción V, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la procedencia para el estudio de inconstitucionalidad de artículos de la Ley de Amparo, para cuya resolución se considera necesaria su intervención.

IV. LEGITIMACIÓN

8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue presentada por el Ministro Alfredo Ortiz Mena, presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal; por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Federal, 226, fracción I y 227, fracción I, de la Ley de Amparo.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

9. En la presente contradicción de tesis convergen dos posturas antagónicas; por una parte, la Primera Sala de este Tribunal, al conocer de amparos en revisión en los cuales se cuestionó la constitucionalidad de la Ley de Amparo, determinó su incompetencia y ordenó la devolución de los autos a los correspondientes Tribunales Colegiados de Circuito y, por otra, la Segunda Sala, al conocer de un amparo en revisión en el cual también se cuestionó la constitucionalidad de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concluyó que contaba con competencia y analizó el planteamiento de inconstitucionalidad vertido por la parte recurrente.

10. Hecha esta aproximación, procede imponerse de los criterios que contienden en este asunto.

Primera Postura

11. Al resolver en sesiones de treinta de septiembre y cuatro de noviembre de dos mil quince, los amparos en revisión 321/2015 y 269/2015, la Primera Sala determinó devolver los autos a los Tribunales Colegiados del conocimiento, al concluir que era incompetente para conocer de esos asuntos porque, mediante los recursos de revisión se planteó la inconstitucionalidad de la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo (con base en los cuales se sobreseyeron los juicios materia de las revisiones), y de conformidad con diversas normas y, particularmente, con base en la circular Plenaria 4/2012-P, los Tribunales Colegiados de Circuito tienen -se sostuvo- competencia originaria para resolver de esos asuntos, aunado a que en las sentencias recurridas se sobreseyeron los juicios, razón por la cual, el conocimiento de esos asuntos es competencia de dichos órganos jurisdiccionales.

12. Esto es, en el amparo en revisión 321/2015, se recurrió la sentencia dictada en la audiencia constitucional, en la cual se sobreseyó en el juicio, con base en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Ante ese sobreseimiento, en el recurso de revisión, la parte quejosa cuestionó la constitucionalidad de la norma, con base en la cual, se sobreseyó en el juicio y luego de admitir el recurso, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó su incompetencia para conocer del problema de constitucionalidad y remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el Ministro presidente registró el amparo en revisión y determinó que este Tribunal Constitucional asumía su competencia para conocer del recurso de revisión, a cuyo conocimiento se avocó la Primera Sala de este órgano, la cual, determinó la incompetencia de este Alto Tribunal y devolvió el asunto al Tribunal Colegiado para su resolución; esto con apoyo en la Circular Plenaria 4/2012-P y el punto cuarto, fracción I, inciso a) y punto noveno, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

13. Asimismo, en el amparo en revisión 269/2015, se recurrió la sentencia dictada en audiencia constitucional, mediante la cual, se sobreseyó en el juicio con base en lo previsto en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el recurso, la parte quejosa cuestionó la constitucionalidad, entre otros, del precepto legal conforme con el cual, se sobreseyó en el juicio. El recurso fue admitido por el Tribunal Colegiado pero, posteriormente, determinó su incompetencia, al estimar actualizada la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo cual lo remitió a este órgano.

14. La Primera Sala determinó su competencia para devolver el asunto al Tribunal Colegiado de origen, de conformidad con la Circular Plenaria 4/2012-P, al estimar que de conformidad con el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, los problemas de constitucionalidad de la Ley de Amparo son de la competencia originaria de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Segunda Postura

15. Por su parte, en el amparo en revisión 320/2015, se recurrió la sentencia dictada en la audiencia incidental del juicio, en la cual se sobreseyó al estimar actualizado lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. En el recurso de revisión, la parte quejosa cuestionó la constitucionalidad, entre otros, del referido precepto legal. El recurso de revisión fue admitido por el correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito y, posteriormente dictó resolución en la cual confirmó en una parte la sentencia (respecto de los temas de legalidad) y declaró sin materia la revisión adhesiva, pero además, ordenó la remisión de los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera sobre el planteamiento de inconstitucionalidad de la Ley de Amparo.

16. Recibidos los autos, el recurso fue radicado y la Segunda Sala de este Alto Tribunal se avocó a su conocimiento, y lo resolvió en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio, para lo cual, previamente, concluyó su competencia de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo vigente y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Existencia de la contradicción de tesis

17. La doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte, ha considerado que la contradicción de tesis se actualiza, entre otros casos, cuando los criterios adoptados son discrepantes respecto de un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.(1)

18. Para ello, es necesario que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y llegadas a conclusiones encontradas entre sí respecto de la solución de la controversia planteada.(2)

19. A partir de lo anterior, este Tribunal Pleno considera que, respecto de una hipótesis jurídica determinada, las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación llegaron a conclusiones diametralmente diferentes.

20. De la lectura a las resoluciones emitidas por las Salas de esta Suprema Corte, se obtiene que, los asuntos poseen características comunes pues en ambos casos la materia de los recursos de revisión fueron sentencias dictadas en la audiencia constitucional, en las cuales los Jueces de Distrito sobreseyeron en los juicios y, en los recursos de revisión, las partes recurrentes adujeron la inconstitucionalidad de los preceptos legales, con base en los cuales se sobreseyó en los juicios, además de que los correspondientes Tribunales Colegiados de Circuito se declararon incompetentes para conocer de los planteamientos de inconstitucionalidad y remitieron los recursos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

21. Sin embargo, en los asuntos resueltos por la Primera Sala de este Tribunal, se determinó la incompetencia de esta Corte y se ordenó la devolución de los recursos a los Tribunales Colegiados de origen con apoyo en la circular Plenaria 4/2012-P, mientras que en el asunto resuelto por la Segunda Sala, se determinó la competencia de este órgano y se resolvió lo atinente.

22. Sobre estas bases, es evidente la existencia de dos posturas discrepantes respecto de un mismo punto jurídico, el cual consiste en determinar la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los amparos en revisión, en los cuales se aduce la inconstitucionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

23. En suma, en aras de preservar la seguridad jurídica, este Tribunal Pleno estima necesario adoptar un criterio uniforme respecto del tema relativo ¿si las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son competentes para conocer y resolver los amparos en revisión en los cuales se cuestione la constitucionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo vigente?; ello, con el fin de que se tenga certeza del órgano que deberá resolver tales aspectos y a efecto de evitar el retardo en la impartición de justicia a causa de la eventual remisión de juicios entre los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Estudio

24. Previo a determinar el criterio que debe imperar, es necesario realizar algunas consideraciones respecto de la competencia, tanto de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los recursos de revisión en amparo indirecto (por corresponder al caso materia de la presente contradicción), así como en cuanto a la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad de la Ley de Amparo.

Aspectos históricos de la competencia

para conocer del amparo en revisión

25. El texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de mil novecientos diecisiete, disponía que el Poder Judicial de la Federación se conformaba por una Suprema Corte de Justicia, Tribunales de Circuito y de Juzgados de Distrito. En cuanto a las competencias entre esos órganos, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 104 de la Constitución Federal establecía que, en contra de las sentencias dictadas por los Jueces de Distrito procedía el recurso de revisión ante la Suprema Corte, mientras que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de dos de noviembre de mil novecientos catorce, establecía que los Tribunales de Circuito eran competentes para conocer apelación y denegada apelación, impedimentos, recusaciones y excusas de los Jueces de Distrito.

26. Esto es, en ese momento, los Tribunales de Circuito eran órganos de mera legalidad y, por tanto, no conocían de los recursos de revisión en amparo (materia constitucional).

27. Este sistema de competencia se conservó muy similar en el texto original de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de ese año, pero este último ordenamiento precisó que los Tribunales de Circuito conocerían de la apelación y denegada apelación, impedimentos, recusaciones y excusas de los Jueces de Distrito, salvo en los juicios de amparo (artículo 36), con lo cual se reiteró que se trataba de órganos con facultades en control de la legalidad y, por su parte, que la Suprema Corte era el único órgano facultado para conocer de recursos en materia de amparo.

28. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, se reformó el artículo 94 de la Constitución Federal. En esa reforma aparecieron los denominados "Tribunales Colegiados en materia de amparo y Tribunales Unitarios en materia de apelación".(3) En la correspondiente exposición de motivos adujo, como razón principal para la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito, la existencia de un rezago generado a causa de la distribución de competencias centralizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así, para combatir las cargas de trabajo, se estimó pertinente la creación de nuevos órganos judiciales competentes para conocer y resolver de los recursos de revisión cuyo conocimiento no correspondiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

29. Derivado de la creación de nuevos órganos con atribuciones en materia de amparo, se modificó el sistema de competencias previsto en la Ley de Amparo, para quedar de la manera siguiente:

I. La Suprema Corte de Justicia conocería de los recursos de revisión en los cuales se recurriera la sentencia dictada en la audiencia constitucional y se reclamara (artículo 84, fracción I, de la Ley de Amparo):(4)

a) La inconstitucionalidad de una ley.

b) Una ley o acto de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados.

c) Leyes o actos de autoridades estatales que invadan la esfera de la autoridad federal (amparo soberanía).

d) La autoridad responsable sea federal (en amparo administrativo).

e) La violación al artículo 22 constitucional (en amparo penal).

II. Los Tribunales Colegiados de Circuito conocerían de los recursos de revisión en los que se recurriera la sentencia dictada en la audiencia constitucional, en los demás casos, según lo previsto en el artículo 85, fracción II, de la Ley de Amparo(5) (competencia residual).

30. Luego vinieron diversas reformas tanto constitucionales como legislativas (para hacer las adecuaciones al marco constitucional), entre las cuales destacan las siguientes:

Ver reformas

31. A las referidas reformas se sumó la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, de conformidad con la cual, tratándose del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, conocería la Suprema Corte siempre que subsista el problema de constitucionalidad de normas generales, o bien, cuando se trate de los casos previstos en las fracciones II y III del artículo 103 constitucional.

32. En concordancia con esa reforma constitucional, el dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto legislativo por el cual se promulgó la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley de Amparo), cuyos artículos 83 y 84 establecen que corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los recursos de revisión en contra de las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando se reclamó la inconstitucionalidad de normas generales(9) o cuando en la sentencia de amparo se haya realizado la interpretación directa de un precepto constitucional, a condición de que en el recurso subsista el problema de constitucionalidad; por su parte, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer de los recursos de revisión en contra de las sentencias de amparo indirecto en los demás casos.

33. Además, se reiteró la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera los recursos de revisión que por sus características estimara prudente resolver, así como la posibilidad de emitir acuerdos generales para la distribución de competencias de los asuntos, tanto entre las Salas de la Suprema Corte, como entre los Tribunales Colegiados de Circuito.

Facultad para emitir acuerdos generales que distribuyan competencia

34. Como se ha indicado, esta facultad fue otorgada mediante reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete.

35. Por lo que respecta a su ejercicio, este órgano emitió los acuerdos 4/1995,(10) 7/1995,(11) 1/1997(12) y 5/2001,(13) en los cuales determinaron, en lo que interesa, los asuntos (entre ellos los amparos en revisión) que serían competencia de este órgano, así como aquellos que serían resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito.

36. Luego, con motivo de la reforma constitucional de dos mil once, así como de la expedición de la Ley de Amparo de dos mil trece, en ejercicio de la facultad en comento, el trece de mayo de dos mil trece, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo General Número 5/2013, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.

37. Respecto de los amparos en revisión, ese acuerdo establece los siguientes criterios de competencia:

I. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución, aquellos asuntos en los que:

a) Subsista la materia de constitucionalidad(14) de leyes federales o tratados internacionales, no exista precedente y, a su juicio, se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional; o bien, cuando encontrándose radicados en una Sala así lo acuerde ésta y el Pleno lo estime justificado (punto segundo, fracción III).(15)

b) En la demanda se reclame una ley local, un reglamento federal o local, o cualquier disposición de observancia general y el análisis de constitucionalidad respectivo implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, respecto del cual, no exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de este Alto Tribunal, sin perjuicio de que las Salas determinen que el conocimiento del asunto corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito.

II. Las Salas de esta Corte podrán conocer y resolver los asuntos de competencia del Pleno, a menos que su resolución esté reservada al Pleno y que el asunto no deba ser remitido a los Tribunales Colegiados de Circuito (punto tercero).(16)

III. Los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán de los amparos en revisión (punto cuarto, fracción I),(17) cuando:

a) En la demanda de amparo se reclamó una ley federal o un tratado internacional o se planteó la interpretación directa de uno de ellos pero en la sentencia:

• No se abordó el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio.

• El tema de constitucionalidad o convencionalidad se analizó pero en los agravios se aduce la improcedencia del juicio.

b) En la demanda se reclamó una ley local, un reglamento federal o local, o cualquier disposición de observancia general y respecto del planteamiento correspondiente exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de este Tribunal, o bien, no existiendo jurisprudencia, las Salas de esta Suprema Corte hayan determinado que el asunto compete a un Tribunal Colegiado de Circuito.

c) Se reclamó la inconstitucionalidad de leyes federales y respecto del planteamiento de constitucionalidad existe jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

d) Sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas; o cuando existan tres precedentes emitidos indistintamente por el Pleno o las Salas, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, y no se hubiere alcanzado votación idónea para integrar jurisprudencia.

38. Vale agregar que el sistema de competencias en materia de amparo y la potestad normativa otorgada a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme con la cual es posible emitir acuerdos generales que regulen, entre otros aspectos, lo relativo a la distribución de competencias (materiales y territoriales), obedece a una política judicial conforme con la cual, tras la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito y ante el constante incremento en los asuntos sometidos a la jurisdicción de este Alto Tribunal, se hizo necesario el distribuir el conocimiento de los asuntos entre esos órganos y esta Suprema Corte, en aras de impartir justicia en forma pronta, rápida y expedita, como lo mandata el artículo 17 constitucional; por ende, la facultad normativa se convirtió en el instrumento para la creación del sistema competencial que permitiría a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer y resolver (mediante la competencia delegada) los asuntos de los cuales originariamente conocía la esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Competencia originaria y delegada en amparo indirecto en revisión

39. Según se ha indicado, históricamente la competencia para conocer del recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, correspondía únicamente a la Suprema Corte de Justicia, pues los Tribunales de Circuito eran órganos de mero control de legalidad, al grado que no conocían de ningún tipo de asunto relacionado con juicios de amparo.

40. Sin embargo, a partir de la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito, se facultó a esos órganos para conocer de ciertos asuntos, mediante una competencia residual.

41. En efecto, conforme al sistema de competencias en amparo en revisión, tras la creación de los referidos tribunales, la Suprema Corte de Justicia tenía competencia para conocer de ciertos asuntos específicos, a lo cual se denominó competencia originaria de este Alto Tribunal.

42. Por su parte, los Tribunales Colegiados conocían de los recursos de revisión en los casos en los cuales no se actualizara la competencia de la Suprema Corte de Justicia; por ende, la facultad para conocer de esos asuntos era propia de los Tribunales Colegiados de Circuito (a menos que se ejerciera la facultad de atracción), con lo cual, se generó la denominada competencia originaria de esos órganos, la cual fue de carácter residual, pues no especificó los asuntos de su competencia, sino que ello se hizo mediante exclusión respecto de los asuntos del conocimiento de este Tribunal.

43. Posteriormente, con el otorgamiento de la facultad para emitir Acuerdos Generales para distribuir competencias a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apareció la denominada competencia delegada, conforme con la cual los Tribunales Colegiados de Circuito resuelven los recursos de revisión en contra de sentencias dictadas en amparo indirecto, en casos que ordinariamente correspondería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (conforme al texto constitucional o legal), pero cuyo conocimiento es delegado a estos tribunales, a efecto de dar celeridad en la impartición de justicia.

44. Es decir, a través de los referidos acuerdos generales, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación delegó parte de su competencia originaria a los Tribunales Colegiados de Circuito, a efecto de que éstos resuelvan los recursos que, ordinariamente (según lo previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Federal o en los artículos 83 y 84 de la Ley de Amparo) correspondería conocer y resolver a este Alto Tribunal.

45. Al caso es aplicable, en su parte conducente, el criterio siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA AUN CUANDO EL RESPECTIVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS EN ÉL, EN EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DELEGADA EN EL PUNTO TERCERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 6/1999 PUBLICADO EL 23 DE JUNIO DE 1999 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.-Si en ejercicio de la competencia delegada en la citada disposición de observancia general, el respectivo Tribunal Colegiado de Circuito aborda el estudio de los agravios planteados en el recurso de revisión y revoca la sentencia de sobreseimiento recurrida, omitiendo verificar que el referido medio de defensa cumpla con los requisitos que condicionan su procedencia, ello no impide que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer de la revisión, subsane tales omisiones y, en su caso, determine el desechamiento de ese recurso, pues si bien, en principio, constituyen cosa juzgada las consideraciones emitidas por el respectivo Tribunal Colegiado de Circuito, como consecuencia directa o indirecta de lo planteado en los agravios contenidos en el recurso de revisión relacionadas con la materia propia de su competencia delegada y, por ende, ya no pueden ser abordadas por la Suprema Corte de Justicia, tal circunstancia no acontece respecto del análisis de procedencia de esos recursos, pues al no haberse trasladado en plenitud a los Tribunales Colegiados de Circuito, en el caso del referido punto tercero, fracción I, la competencia para resolverlos, debe estimarse que la atribución para calificar la procedencia del mismo no corresponde en exclusiva al órgano que ejerce parcialmente la competencia delegada, pudiendo esta Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de su competencia originaria, que en el caso concreto no ha delegado a plenitud, revisar la procedencia de la instancia respectiva."(18)

46. Así, el sistema de competencias para conocer del recurso de revisión en contra de sentencias de amparo indirecto, se compone de los siguientes tipos de competencias:

I. Competencia originaria, la cual corresponde a lo previsto tanto en la Constitución Federal como en la Ley de Amparo y en la Ley Orgánica, y se distingue por el órgano que conoce del recurso de revisión, a saber:

A) De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien corresponde conocer de los recursos de revisión, en los cuales:

a) Subsista el tema de constitucionalidad y:

• Se haya reclamado una norma general, o bien,

• En la sentencia se haya hecho la interpretación directa de algún precepto de la Constitución.

b) Cuando se actualice lo previsto en las fracciones II y III del artículo 103 constitucional.

B) De los Tribunales Colegiados de Circuito, a quienes corresponde conocer de los recursos de revisión en contra de sentencias dictadas en amparo indirecto, en los casos en que no se actualice la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (competencia residual).(19)

II. Competencia delegada, la cual deriva de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es transferida a los Tribunales Colegiados de Circuito mediante los acuerdos generales. Actualmente los supuestos en los cuales los Tribunales Colegiados de Circuito conocen de recursos de revisión que, ordinariamente corresponden a la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación están previstos en el punto cuarto del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Tribunal, a saber:

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27087-b3bd02c7/revision-en-amparo-indirecto-cuando-se-cuestiona-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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