COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL PUNTO CUARTO, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2013, QUE RESERVA COMPETENCIA AL ALTO TRIBUNAL PARA CONOCER DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY LOCAL, UN REGLAMENTO FEDERAL O LOCAL O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 8/2022. 8 DE JUNIO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIAS: LAURA PATRICIA ROMÁN SILVA Y EDEMNA DANIELA OSORIO PACHECO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: En un juicio sucesorio se adjudicó un bien inmueble en favor de dos herederos. Éstos solicitaron al Juez Civil que analizara la constitucionalidad y convencionalidad de la exigencia de protocolizar ante notario público la resolución que ordena la adjudicación del inmueble, establecida en los artículos 1669, 1671, 2187 y 2190 del Código Civil, así como en los artículos 481, 482 y 491 del Código de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua. El Juez determinó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado. Los coherederos interpusieron recurso de revocación contra dicho auto, mismo que fue resuelto confirmando el proveído recurrido. Contra esta última determinación, los coherederos promovieron juicio de amparo indirecto impugnando la inconstitucionalidad de los artículos referidos por considerarlos violatorios del derecho de igualdad, seguridad jurídica, propiedad, entre otros. El Juez de Distrito resolvió que tales disposiciones no eran inconstitucionales. Contra esta última determinación se interpuso el recurso de revisión.
Ver índice temático
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día ocho de junio de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 8/2022, interpuesto por ********** y **********, de apellidos **********, en contra de la resolución que dictó el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en el expediente juicio de amparo indirecto **********.
El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si se actualiza la competencia originaria de este Alto Tribunal para resolver el recurso de revisión presentado por los referidos recurrentes, en el que hacen valer agravios sobre la inconstitucionalidad del sistema normativo que estiman conformado por los artículos 1669, 1671, 2187 y 2190 del Código Civil, así como los artículos 481, 482 y 491 del Código de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua, en los que se establece la exigencia de protocolizar ante notario público la resolución judicial en la que se adjudiquen bienes inmuebles en los juicios sucesorios, por considerarlos violatorios del derecho de igualdad y no discriminación.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1.Juicio sucesorio especial intestamentario. ********** y **********, de apellidos **********, promovieron juicio sucesorio especial intestamentario a bienes de sus progenitores ********** y **********, mismo que por cuestión de turno correspondió al conocimiento del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en la ciudad de Chihuahua, y fue radicado bajo el número de expediente **********.
2. Por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veinte, el mandatario judicial de los accionantes, solicitó al Juez de origen que analizara la convencionalidad y constitucionalidad de la norma general que ordena la protocolización ante notario público, de la resolución de adjudicación sobre el bien inmueble objeto del juicio sucesorio.
3. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, fecha en que se celebró la audiencia del procedimiento sucesorio especial,(1) ********** y **********, de apellidos **********, se adhirieron al escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veinte por su abogado; sin embargo, sin dar respuesta a dicha petición, el Juez, luego de hacer la adjudicación, determinó: "En virtud de lo anterior se dejan a salvo los derechos de los herederos, a fin de que designen la Notaría Pública a la que habrán de remitirse en su momento las constancias para la protocolización correspondiente".
4. Contra dicha determinación (la audiencia), los interesados interpusieron recurso de revisión, del cual correspondió conocer a la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, asignándole el número de expediente **********, que fue resuelto por resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, declarando inoperantes los agravios y confirmando la actuación recurrida.
5. Por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el Juez del conocimiento se pronunció sobre el escrito presentado el quince de diciembre del dos mil veinte, y determinó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado (la petición de hacer control de constitucionalidad y convencionalidad sobre la norma que ordena protocolizar la resolución judicial de adjudicación). Contra dicho auto los herederos interpusieron recurso de revocación, que fue resuelto el veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, confirmando el auto recurrido.
6. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, ********** y ********** promovieron juicio de amparo indirecto, señalando como autoridad responsable y actos reclamados, los siguientes:
• Autoridad responsable: Magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, Chihuahua.
• Acto reclamado: La sentencia dictada el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro del toca **********, la cual se publicó en las listas de estrados el diecinueve de febrero del mismo año.
7. Por escrito de seis de abril de dos mil veintiuno, los quejosos presentaron ampliación de su demanda de amparo, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados, siguientes:
"AUTORIDADES RESPONSABLES:
"H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
"C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
"C. JUEZ SEPTIMO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS, ESTADO DE CHIHUAHUA.
"ACTOS QUE SE RECLAMAN:
"1. Del Congreso del Estado: La discusión, aprobación y expedición del Decreto No. 402/73, publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 24, del 23 de marzo de 1974, por el que se decreta el Código Civil del Estado de Chihuahua, en cuanto a sus artículos 1669, 1671, 2081 y 2190 en la parte normativa en que exigen protocolizar ante notario las adjudicaciones de inmuebles.
"La discusión, aprobación y expedición del Decreto Número 493/2014 II P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 59 del 23 de julio del 2014, en el que se da a conocer el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, por lo que respecta a sus artículos 481, 482 y 491 en la parte normativa que exigen protocolizar ante notario las adjudicaciones de inmuebles.
"2. Del C. gobernador, reclamo la promulgación de los decretos mencionado en el punto anterior, en las partes ahí señaladas.
"3. Del C. Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias, el acto de aplicación de dichos numerales, en el proveído de fecha 26 de marzo del 2021, en el expediente 249/20 expediente que emana del toca 27/21 de la Sexta Sala Civil."
8. La demanda de amparo y su ampliación, quedó registrada bajo el expediente juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua.
9. Conceptos de violación: En la demanda de amparo y su ampliación, los quejosos hicieron valer los siguientes conceptos de violación:
A. En el único concepto de violación del escrito inicial, los quejosos señalaron que la resolución dictada el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno en el toca **********, vulnera los derechos tutelados por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, así como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser contraria a los principios de seguridad jurídica y justicia completa, además que la autoridad responsable no cumplió con el principio de congruencia, inmerso en el de justicia completa, mismo que se encuentra tutelado en el artículo 17 constitucional.
B. Lo anterior, porque la Sala de apelación, en forma incongruente, por una parte, aseguró que el precepto respecto del cual solicitaron el control de convencionalidad y constitucionalidad no les fue aplicado y que el Juez no había dado contestación a su petición; y al mismo tiempo concluyó que su solicitud sí fue respondida por el juzgador en un auto posterior, respecto del cual adujo preclusión porque no se inconformaron con dicho proveído. Lo anterior es incorrecto, pues por una parte, la autoridad de alzada incurrió en el vicio extra petitia porque no atendió a la omisión impugnada conforme a la determinación recurrida que fue el acta de la audiencia, además que ellos sí interpusieron recurso de revocación contra el posterior proveído a que se refirió la responsable, de cuya tramitación no fue informada por el Juez natural.
C. En el escrito de ampliación de demanda los quejosos señalaron que los preceptos impugnados como sistema normativo (artículos 1669, 1671, 2187 y 2190 del Código Civil, así como los artículos 481, 482 y 491 del Código de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua) conforme a los cuales se exige la protocolización ante notario público de la resolución de partición y adjudicación de inmuebles en juicios sucesorios, vulneran los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales, porque resultan contrarios a los derechos de seguridad jurídica, de propiedad, de igualdad y no discriminación, y al principio de división de poderes, ni superan un test de proporcionalidad.
D. Sostuvieron que si bien las normas pueden tener un fin constitucional válido en tanto pretenden maximizar la seguridad jurídica del derecho de propiedad en relación con las transmisiones de dominio derivadas de adjudicaciones en juicios sucesorios; sin embargo, no superan la grada de idoneidad, porque la protocolización notarial no añade certeza jurídica a una resolución judicial de partición y adjudicación de un bien hereditario, toda vez que la seguridad jurídica que ya reviste la sentencia judicial incluso es mayor que la de una escritura pública, ya que aunque ambas comparten algunos atributos (dice, las emite una autoridad o sujeto legitimado por el Estado para ello, cuentan con un archivo y registro del acto y documento, cuentan con fe pública, hacen prueba plena en juicio y traen aparejada ejecución), la sentencia además puede ser cumplida por el poder coactivo del Estado en forma inmediata y es oponible a terceros sin ulterior formalismo, a diferencia de una escritura pública; de ahí que esta última no mejora la calidad de la primera; inclusive, adujeron, se desatiende el carácter de cosa juzgada que reviste a dicha sentencia, y la función notarial por sus características, reiteran, no incrementa la seguridad jurídica de un fallo judicial.
E. Argumentaron que tampoco se supera la etapa del test de proporcionalidad relativa a la necesidad, porque no existan medidas alternativas igualmente eficaces para alcanzar el fin constitucional válido; en torno a ello, precisaron, por ejemplo, el propio Código Civil del Estado de Chihuahua en su artículo 1159, dispone que la sentencia judicial que declara la prescripción adquisitiva se inscribirá directamente en el Registro Público de la Propiedad y servirá como título de propiedad; de manera que la propia legislación en un caso análogo da un trato más sencillo y menos gravoso para el gobernado al no exigir protocolización respecto de transmisiones de propiedad contenidas en una resolución judicial; lo cual demuestra que no se supera la necesidad.
F. Sumado a ello, argumentaron que lo anterior actualiza una violación directa al derecho de igualdad jurídica, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DISCRIMINACIÓN NORMATIVA. EL LEGISLADOR PUEDE VULNERAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY POR EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN EXPRESA.", y atendiendo además a la tesis aislada de dicha Sala, de título: "USUCAPIÓN. EL ARTÍCULO 5.141 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE EXIGE PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO LA SENTENCIA QUE LA DECLARA, VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD."; esto, porque más allá de que la sentencia de prescripción adquisitiva sea declarativa del derecho de propiedad generado por la posesión y la sentencia de partición y adjudicación en el juicio sucesorio sea constitutiva de dicho derecho de propiedad, lo relevante es que ambas resoluciones judiciales se constituyen como el título de propiedad, escrito y fidedigno del momento en que la autoridad judicial reconoce o confiere el derecho al adquirente.
G. Señalaron que también en el ámbito del derecho agrario es innecesario llevar a cabo cualquier protocolización para transmitir derechos en relación con sucesiones, y que la ley reconoce fuerza suficiente a la resolución jurisdiccional o administrativa, para que sea inscrita en el Registro Agrario Nacional (dan algunos ejemplos).
H. Continuando con el test referido sostuvieron que tampoco se satisface la proporcionalidad en sentido estricto, relativa a que el grado de realización del fin perseguido sea mayor a la afectación del derecho fundamental; pues en el caso, dado que la protocolización no añade seguridad jurídica o algún otro valor a la sentencia judicial como título de propiedad, el grado de realización de la finalidad es nulo; por ende, cualquier injerencia en la esfera jurídica de la persona es injustificada y violatoria de sus derechos, pues la actuación notarial es un servicio costoso que incide en su economía, y mientras no se haga afecta el disfrute del derecho de propiedad, desincentiva la formalidad, y se genera desventaja en el uso y goce del derecho e inhibe el poder enajenar a terceros o gravar la propiedad.
I. Por otra parte, argumentaron que se vulnera el principio de división de poderes establecido en el artículo 49 constitucional, porque se somete y subordina un acto judicial (la sentencia), al perfeccionamiento que brinde la actuación de un notario público, entendiendo que dicha función notarial dimana del Poder Ejecutivo, con lo que en forma inconstitucional se suspenden los efectos de una resolución judicial firme. Se pone en segunda jerarquía la seguridad jurídica de la institución de la cosa juzgada contenida en una resolución judicial firme, para exigir un perfeccionamiento por parte de un acto que deriva del Poder Ejecutivo.
J. Por último, señalaron los quejosos que dichos preceptos legales, al establecer que en los juicios sucesorios las adjudicaciones de inmuebles deben de protocolizarse ante notario, carecen de razonabilidad, ya que resulta ociosa la doble formalización, puesto que la sentencia cuenta con la fe pública del secretario, por lo que se vulnera el derecho de propiedad y no discriminación, generando una sobre formalización y cobro innecesario. Incluso, dicen, la finalidad de la norma no puede ser la retención de impuestos, porque respecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la transmisión hereditaria no lo genera; y en relación con el impuesto por la traslación de dominio de inmuebles que prevé la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua para el año 2020 (referido al caso de la prescripción adquisitiva), de estimarse aplicable, no tiene que ser retenido necesariamente por un notario público, pues la norma brinda la opción de que se cubra por el interesado directamente ante la autoridad correspondiente.
10. Sentencia de amparo. En sesión de dos de junio de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito dictó sentencia en la cual resolvió sobreseer en el juicio de amparo respecto de uno de los actos jurisdiccionales reclamados y, en lo que interesa, determinó negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a los quejosos respecto de la impugnación de las normas generales; ello, basándose en las siguientes consideraciones:
A. El Juez de Distrito, al analizar las causas de improcedencia, determinó la actualización de la prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al acto reclamado consistente en la resolución dictada el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, en el toca de revisión ********** (cuya materia fue la audiencia); al respecto, consideró que ya habían cesado los efectos de ese acto reclamado, en tanto quedó sustituido procesalmente por el diverso, también impugnado, consistente en la resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno que resolvió el recurso de revocación que confirmó el auto posterior a la audiencia, en que el Juez expresamente determinó no ejercer control de constitucionalidad o convencionalidad ex officio respecto de las normas que ordenan protocolizar la resolución de adjudicación; por lo que determinó el sobreseimiento del juicio de amparo respecto de la aludida resolución de alzada.
B. Sobre la diversa causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, consistente en que el solicitante del amparo omitió combatir la promulgación de la ley reclamada por vicios propios conforme al numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, el Juez Federal determinó que no se actualizaba, ya que dicha excepción no se prevé tratándose de la autoridad que promulgó la ley.
C. En relación con los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en los cuales impugnó los artículos 1669, 1671, 2187 y 2190 del Código Civil del Estado de Chihuahua y los artículos 481, 482 y 491 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, preceptos que en consideración de los solicitantes establecen el sistema normativo consistente en que en los juicios sucesorios las adjudicaciones de inmuebles se deben de protocolizar ante notario público, el Juez de Distrito determinó que los mismos resultaban infundados ya que:
i. Los preceptos cumplen con el principio de razonabilidad e igualdad establecido constitucionalmente al existir causa fundada para otorgar un trato diferente a las sentencias dictadas en juicios de usucapión y las emitidas en materia agraria, en relación con las adjudicaciones realizadas en los juicios sucesorios como el de origen.
ii. Luego de reseñar diversas consideraciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en su doctrina sobre el derecho de igualdad y no discriminación, el Juez sostuvo que el supuesto normativo impugnado en el caso, mismo que exige la protocolización de las adjudicaciones de inmuebles decretadas con juicios sucesorios, no es comparable con el previsto en el numeral 1159 del mismo ordenamiento jurídico, que establece que la sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de prescripción adquisitiva se inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad, pues no se trata de dos supuestos similares en los que se estime que pudiera haber un criterio diferenciador injustificado, ya que se trata de dos hipótesis diferentes.
iii. Sostuvo que lo anterior era así, porque la acción de prescripción adquisitiva es declarativa, por lo que es necesario que la prescripción esté consumada al tiempo de ejercerse la acción, ya que quien la deduce está afirmando que se ha convertido en propietario del bien por haberlo poseído por cierto tiempo que marca la ley y con todos los requisitos exigidos para usucapir, por lo que tal dominio es en lo que estriba la causa de pedir en esta clase de juicios, y la sentencia ya registrada constituye prueba histórica de la propiedad, por lo que se trata de supuestos distintos, siendo constitucionalmente válido que la regulación también sea distinta. iv. En relación con la comparación entre el sistema normativo reclamado y el derecho agrario, el Juez de Distrito refirió que tampoco se trata de un supuesto que amerite un mismo trato jurídico, pues este último se rige por normas constitucionales y legales que conforman el derecho social agrario y no por normas de derecho privado o civil.
v. Señaló que el sistema normativo combatido persigue una finalidad que se justifica por el hecho de que con motivo de la protocolización se dotará de seguridad al acto jurídico y se vela por el derecho de propiedad al autentificar y dar forma a la actuación judicial.
vi. Que si bien dicho trámite requiere la inversión de tiempo y dinero, constituye un mayor beneficio para los quejosos, ya que se formaliza mediante la escrituración como parte conclusiva del procedimiento.
vii. Estimó que no era aplicable la tesis citada por la parte quejosa, de rubro: "USUCAPIÓN. EL ARTÍCULO 5.141 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE EXIGE PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO LA SENTENCIA QUE LA DECLARA, VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.", ya que la ejecutoria de la cual derivó, analizó el artículo 5.141 del Código Civil del Estado de México que regula la protocolización ante notario de resoluciones judiciales que declaran la prescripción adquisitiva, y prevé dos regímenes diferentes, sin que dichos supuestos se actualicen en el asunto.
viii. Asimismo, refirió que no se vulnera el derecho de propiedad con el requisito de protocolización ya que ese derecho se estableció en la adjudicación decretada por el Juez responsable, al reconocérseles como adjudicatarios; ni se vulnera el principio de cosa juzgada, ya que la exigibilidad de la protocolización no conlleva una afectación a la determinación dictada por la autoridad judicial, pues el derecho de propiedad nace con la adjudicación, con independencia de la protocolización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
ix. En consecuencia, el Juez de Distrito determinó que resultaba infundado el argumento en el que las quejosas adujeron una afectación al principio de división de poderes, ya que la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional en realidad no se encuentra supeditada a la protocolización de la adjudicación, si no que sólo constituye su formalización mediante escrituración como parte conclusiva del procedimiento que se ejerce y en la que el Juez hace efectiva su resolución soberana.
x. Finalmente, concluyó que al no resultar violatorios de derechos fundamentales los actos reclamados, lo procedente era negar el amparo y la protección de la Justicia Federal.
11. Recurso de revisión. Por escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, los quejosos, por conducto de su apoderado legal, interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo e hicieron valer los siguientes agravios:
A. Primero. Los recurrentes se duelen de la vulneración al principio de congruencia y exhaustividad, porque el Juez Federal interpretó de manera inadecuada la tesis de esta Primera Sala, de rubro: "DISCRIMINACIÓN NORMATIVA. EL LEGISLADOR PUEDE VULNERAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY POR EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN EXPRESA.", ya que:
i. De dicha tesis se desprende que existe un mandato constitucional dirigido al legislador en el que se ordena dar tratamiento igual a todas las personas en sus derechos y obligaciones.
ii. Aducen que al existir dos regímenes jurídicos que regulan situaciones similares, la distinción entre ambos debe de ser razonable para que pueda ser constitucional.
iii. Sostiene que para mostrar que una distinción legal no es razonable debe de señalarse porque resultan equivalentes o semejantes los supuestos de hecho regulados.
iv. En ese sentido, aducen que dicha tesis refiere que el punto de comparación se realiza entre hechos equivalentes o semejantes, no idénticos.
v. Por lo que existe discriminación cuando dos supuestos de hecho equivalentes o regímenes jurídicos semejantes, son regulados de forma desigual sin existir justificación.
B. Refieren que en el caso concreto el a quo sostuvo de manera equivocada que la norma contenida en el artículo 1159 del Código Civil del Estado de Chihuahua, relativa a la inscripción de sentencias de prescripción adquisitiva en el Registro Público de la Propiedad, no es semejante al sistema normativo cuestionado, al referir que la primera regula supuestos distintos por tratarse de una sentencia declarativa de derechos, frente a una constitutiva como es el caso de la adjudicación hereditaria.
C. Al respecto, argumentan que si la sentencia de usucapión se erige como prueba histórica de propiedad, ello también aplica a la resolución de adjudicación sucesoria, por lo que en ello estriba el punto de comparación y la semejanza en los regímenes; y tanto la sentencia de prescripción como el fallo de adjudicación hereditaria son resoluciones judiciales firmes que se constituyen como títulos de propiedad, siendo ese punto, insisten, en donde se analiza la aproximación y semejanza de ambos regímenes jurídicos, lo cual fue obviado por el Juez de Distrito violando el principio de exhaustividad.
D. Consideran que con dicho error, el Juez Federal también obvia la semejanza reconocida por el legislador del Estado de México y resuelta por esta Primera Sala en el criterio contenido en la tesis citada en la demanda de amparo con numero de registro digital: 2018864, en donde se resolvió por este Alto Tribunal el trato desigual contenido en el artículo 5.141 del Código Civil del Estado de México.
E. Sostienen que la comparación entre los dos regímenes (sentencia de usucapión y sentencia de adjudicación hereditaria) se expone considerando que el mismo criterio, fin u objetivo que sustenta la norma que ordena la protocolización de la adjudicación de inmuebles en juicio sucesorio, es la que orilló al legislador del Estado de México a ordenar la protocolización de la sentencia de prescripción, lo cual fue declarado inconstitucional en la mencionada tesis de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
F. Así, aducen que los regímenes jurídicos comparados son supuestos diferentes en cuanto a la causa por la que se adquiere la propiedad, pero semejantes en cuanto ello se determina en una sentencia judicial, y por lo tanto comparables, ya que en ambos casos, la sentencia se produce como título de propiedad.
G. Argumentan que si lo que se pretende es responder si existen puntos válidos de comparación entre ambas normas, la respuesta es afirmativa, pues los fines que persiguen las sentencias por ser el acto de materialización en el que un Juez se pronuncia sobre la propiedad de un bien, ya sea declarando una situación fáctica o constituyendo un derecho, en ambos casos se produce un título de propiedad, y que tales extremos fueron expuestos al Juez Federal, sin embargo, éste no se pronunció al respecto.
H. Señalan que los anteriores argumentos también son válidos para comparar el régimen en cuestión con el régimen ejidal, por lo que el punto de comparación que el Juez inadvirtió se constriñe al título de propiedad, lo cual revela incluso un mayor trato desigual en relación con el sistema comparado, ya que el legislador fue más proteccionista con la materia agraria, pues en ésta, siendo incluso más estricta que la civil, la ley sí confía en la certeza jurídica brindada por un juzgador y prescinde de cualquier perfeccionamiento posterior por parte de un notario público.
I. Lo manifestado por el Juez de amparo en relación con la finalidad de la protocolización refiriendo que la misma consiste en velar por el derecho de propiedad al autentificar y dar forma a la actuación judicial, dicen, es impreciso porque implicaría la consideración por parte del legislador de que el fallo de adjudicación emanado de la autoridad judicial es ineficaz para dotar de autenticidad y forma a un acto jurídico, lo cual no es razonable ya que no existe un grado más alto de certeza jurídica que una sentencia judicial que ha causado ejecutoria, ya que incluso ésta es oponible ante terceros sin requerir de más formalismo y puede ser cumplida por el poder coactivo de Estado inmediatamente; por lo que a su consideración no es razonable lo establecido en la sentencia recurrida en el sentido de considerar que el fin perseguido por la norma es velar por el derecho de propiedad, puesto que no hay un grado máximo de seguridad documental.
J. Asimismo, refieren que de considerar que el fin perseguido por la norma sea velar por el derecho de propiedad, dicha medida sería insuficiente e irrelevante puesto que ello afectaría en mayor medida el derecho, ya que si se establece que con la sentencia ejecutoria el derecho de propiedad se asegura de forma plena, entonces la protocolización no produciría un efecto más alto a dicha plenitud, quedando como un formalismo carente de sentido.
K. Insisten en que carece de razonabilidad la afirmación del Juez de que una decisión jurisdiccional requiera ser perfeccionada o mejorada por un notario público; dicho juzgador omitió analizar los motivos por los cuales los quejosos sostuvieron que no se cumpliría el fin de seguridad jurídica de la norma, por lo que se vulnera el principio de exhaustividad que toda sentencia debe observar.
L. En relación con el pronunciamiento del Juez de Distrito en donde refiere que la protocolización constituye un mayor beneficio, en virtud de que constituye la formalización mediante escrituración, dicho juzgador se equivoca, ya que la formalización como tal no es un fin en sí mismo, además de que ese pronunciamiento vulnera la propia Ley de Amparo en su artículo 74, fracciones II, III, IV y V, mismo que establece que se debe de privilegiar la solución del conflicto sobre cualquier formalismo.
M. Aducen que es incorrecto establecer la necesidad de la protocolización
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31088-1d0846f9/competencia-originaria-de-la-suprema-corte-de-justicia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLE DERECHOS HUMANOS. I (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUM (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. TRATA DE PERSONAS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE LA INVESTIGACIÓN, EL PROCEDIMIENTO Y LAS SANCIONES EN AQUELLA MATERIA. II. TRATA DE PERSON (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL PUNTO CUARTO, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2013, QUE RESER (1a./J. 153/2022 (11a.))
- SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN EJERCERLA RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE UNA LE (IV.2o.A.37 K (10a.))
- REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA, EN TÉRMINOS DEL ACUERDO 5/2001 DEL PLENO DE LA SUPREMA (1a. CCVIII/2005)
- DERECHOS HUMANOS. LA PREVISIÓN DE QUE SU TUTELA SÓLO PUEDE DESPLEGARSE EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO NO ES UNA RESTRICCIÓN A SU EJERCICIO, SINO UNA HERR (I.5o.C.1 CS (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis