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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EXIME DEL COBRO DEL DERECHO POR LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. RECAE EN EL LEGISLADOR LA CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL COBRO QUE ESTABLECE POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN DETERMINADO MEDIO ATIENDE ÚNICAMENTE A LA MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA SOLICITADAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 240, 241 Y 244 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE CHIHUAHUA). VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NO PUEDE CONSTITUIR UNA BARRERA DESPROPORCIONADA PARA ESTE DERECHO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 240, 241 Y 244 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE CHIHUAHUA). VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PARA EL ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LAS TARIFAS O CUOTAS ESTABLECIDAS POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN, NO CORRESPONDE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INVESTIGAR SI SON ACORDES A LOS COSTOS DE REPRODUCCIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 240, 241 Y 244 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE CHIHUAHUA). IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA OMISIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE JUSTIFICAR EL COBRO POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN COPIA, EN HOJA IMPRESA O EN DISCOS COMPACTOS O DISCOS VERSÁTILES DIGITALES CD/DVD, ORIGINAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, POR TRANSGREDIR EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 240, 241 Y 244 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE CHIHUAHUA). X. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD. XI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS CUOTAS SIN BASE OBJETIVA Y RAZONABLE POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO, EL CONGRESO Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ENTREGADA EN DISCO COMPACTO Y/O DVD, ASÍ COMO POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, AL NO ATENDER A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, VULNERAN EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD QUE IMPIDE EL COBRO DE LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 240, 241 Y 244 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE CHIHUAHUA). XII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD PERMITE EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. XIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA INFORMACIÓN DEBE SER PROPORCIONADA AL SOLICITANTE SIN COSTO ALGUNO CUANDO IMPLIQUE ENTREGAR NO MÁS DE VEINTE HOJAS SIMPLES. XIV. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS EN MATERIA DE DERECHOS. ESTOS PRINCIPIOS EXIGEN QUE EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS SE TOME EN CUENTA EL COSTO QUE REPRESENTA AL ESTADO LA ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE Y, ADEMÁS, QUE DICHAS CUOTAS SEAN FIJAS E IGUALES PARA TODOS LOS QUE RECIBAN EL MISMO SERVICIO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 240, 241 Y 244 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE CHIHUAHUA). XV. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. XVI. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. XVII. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. LAS CUOTAS POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES TAMAÑO CARTA U OFICIO, RESULTAN DESPROPORCIONALES CUANDO NO GUARDAN UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O CON EL COSTO QUE IMPLICA CERTIFICAR UN DOCUMENTO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 5, FRACCIONES I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O COPIA CERTIFICADA" Y 242, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE CHIHUAHUA). XVIII. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. LAS CUOTAS POR L

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2022 Y SU ACUMULADA 30/2022. · Registro digital (IUS): 31611
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-07-07
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Julio de 2023, Tomo I, Pág.433.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2022 Y SU ACUMULADA 30/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 24 DE OCTUBRE DE 2022. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MIROSLAVA DE FÁTIMA ALCAYDE ESCALANTE.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna diversos artículos de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, publicada el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, que establecen cuotas por el derecho al acceso a la información pública y por reproducción de información no relacionada con este último derecho.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 12/2022 y su acumulada 30/2022, promovidas por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos diputados y diputadas integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, en contra de distintas disposiciones normativas de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. A. Acción de inconstitucionalidad 12/2022

2. Demanda inicial y normas impugnadas. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintiséis de enero de dos mil veintidós, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las disposiciones siguientes:

III. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron.

a) Cobros excesivos, desproporcionados e injustificados por acceso a la información:

• Artículos 240, 241 y 244 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua.

b) Cobros excesivos y desproporcionados por servicios de reproducción de información no relacionados con el derecho de acceso a la información:

• Artículos 5o., fracciones I, en la porción normativa "o copia certificada" y II; 242, segundo párrafo; 246, fracciones II y III; y 247, fracción II, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua.

3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial de demanda, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumentó esencialmente lo siguiente:

Primero. Los artículos 240, 241 y 244 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua vulneran el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige, reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ello porque prevén –por los servicios prestados por las dependencias del Poder Ejecutivo, del Congreso y el Tribunal Superior de Justicia chihuahuenses en materia de transparencia y acceso a la información pública– cobros injustificados por la reproducción de información pública en copias simples, impresiones, así como discos compacto y digital grabables.

Precisa que tratándose del derecho de acceso a la información pública, impera el principio de gratuidad conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, el del envío, en su caso, y el de su certificación, e indica que cualquier cobro debe justificarse por el legislador, a efecto de demostrar que no está gravando la información.

Señala que este tribunal ha determinado que para estudiar la validez de las disposiciones impugnadas que prevén cuotas por servicios prestados respecto del derecho de acceso a la información, se debe advertir si dichas cuotas se fijaron de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos.(1)

La Comisión accionante estima aplicable el criterio sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 25/2021,(2) donde se sostuvo que al establecerse las tarifas a razón de cada hoja, se contraviene la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues su artículo 141 establece que la información se debe entregar de manera gratuita cuando no exceda de veinte hojas simples; sin embargo, los preceptos controvertidos en la ley que se impugna en este medio de control constitucional, establecen la cuota a razón de cada hoja.

Aunado a lo indicado, señala que las normas impugnadas tienen un impacto desproporcional sobre un sector de población: el gremio periodístico, pues al realizar cobros por la entrega de información, unos de los sujetos destinatarios de las normas podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa del debate público.

En particular, destaca que las tarifas previstas en los artículos 240 y 241 de la ley impugnada, no son razonables ya que prevén cobros diferenciados por la expedición de copias simples e impresiones en atención al tamaño de hoja (carta u oficio), tarifas que, en su concepto, carecen de justificación objetiva.

Indica que al tratarse de la aplicación del principio de gratuidad en materia de transparencia y acceso a la información pública, se requiere una motivación reforzada por parte del legislador en la cual explique o razone el costo de los materiales de reproducción de un documento o, en su caso, de su certificación, así como la metodología que utilizó para llegar a los mismos.

Sin embargo, en las leyes combatidas no se justificó ni se hizo referencia a los elementos que sirvieron de base al legislador local para determinar dichas cuotas, esto es, el precio del papel, de la tinta para las impresiones o del costo de los dispositivos magnéticos de almacenamiento, entre otros. Además, de la revisión del dictamen correspondiente tampoco se encontró razonamiento alguno tendente a acreditar las razones que sirvieron para determinar las cuotas a pagar por la entrega de la información solicitada por los habitantes de la entidad federativa.

Por último, enfatiza que la Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 27/2021 y su acumulada 30/2021,(3) decretó la invalidez de normas que establecían cobros desproporcionados e injustificados por la reproducción de información de diversas Leyes de Ingresos municipales chihuahuenses para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en la que se determinó vincular al Congreso del Estado de Chihuahua para que en el futuro se abstuviera de establecer derechos por la reproducción de documentos por solicitudes de información.

Segundo. Los artículos 5o., fracciones I, en la porción normativa "o copia certificada" y II; 242, segundo párrafo; 246, fracciones II y III; y 247, fracción II, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, prevén cobros injustificados y desproporcionados por la entrega de documentos en copias simples, copias certificadas y de forma digital en CD/DVD no relacionados con el derecho de acceso a la información pública.

Lo anterior porque prevén tarifas que no atienden a los costos del servicio que le representa al Estado la reproducción y entrega de la información, vulnerando así el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Considera que se viola el principio de proporcionalidad tributaria porque al establecer el cobro de derechos por los servicios que presta cualquier dependencia del Poder Ejecutivo, del Congreso, así como de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, y del Instituto de Formación y Actualización Judicial, ambos del Tribunal Superior de Justicia, por la reproducción y entrega de documentos, ya sea mediante copias simples, expedición de certificaciones y/o en forma digital mediante CD/DVD, el legislador local debió establecer tarifas acordes con las erogaciones que les representan a las autoridades de mérito la prestación de tales servicios.

Enseguida, señala que las disposiciones cuestionadas de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua convergen en que prevén tarifas por copias simples que oscilan entre $1.00 (un peso 00/100 M.N.) hasta $2.00 (dos pesos 00/100 M.N.), mientras que, en la expedición de copias certificadas, la cuota va desde $23.00 (veintitrés pesos 00/100 M.N.) hasta $133.00 (ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N.) y por cada hoja adicional tendrán un costo de $18.00 (dieciocho pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, el costo por cada CD o DVD en que se entregue la información digitalizada será de $19.00 (diecinueve pesos 00/100 M.N.).

En particular, el artículo 5, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua establece tarifas diferenciadas de acuerdo al número de fojas, atento a que en la expedición de copias certificadas, en el inciso a) prevé que por cada hoja tendrá un costo de 1.3819 UMAS, sin embargo, en el inciso b) prevé que por cada hoja excedente se tendrá que cubrir una tarifa de 0.01883 UMAS. Por lo cual dicha disposición no sólo es desproporcional, pues ambos incisos establecen cuotas por cada hoja, sino que también transgreden el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, pues las y los gobernados no tienen certeza de cuál cuota será la que deberán cubrir cuando soliciten la expedición de copias certificadas.

Señala que las disposiciones controvertidas se enmarcan en la categoría de derechos por servicios, por lo cual para la determinación de las cuotas ha de tenerse en cuenta el costo que le cause al Estado la ejecución del servicio en cuestión, por lo cual, la cuota que establezca deberá ser fija e igual para todas las personas que reciban servicios de la misma índole.

En la misma línea de pensamiento, la Comisión accionante destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que conforme al artículo 134 de la Constitución Federal, los recursos económicos de los que disponen los órganos del Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; de ahí que no deben emplearse de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado, además el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado.(4)

Derivado de ello no es proporcional cobrar las cantidades previstas por el legislador local por la entrega de información en copias simples, certificadas o mediante CD o DVD sin que se advierta razonabilidad entre el costo de los materiales usados, porque no responde al gasto que efectuó la autoridad que expide el servicio, ni resulta justificable que la tarifa cambie según el número de fojas o que se establezca un costo adicional por la entrega de éstas según se rebase cierto tope.

En cuanto al cobro de certificaciones, son desproporcionados los montos previstos en las normas, pues si bien es cierto que el servicio que proporciona el Estado no se limita a reproducir el documento original del que se pretende obtener una certificación, sino que también implica la certificación respectiva del funcionario público autorizado, la relación entablada entre las partes no es ni puede ser de derecho privado, por lo que no puede existir un lucro o ganancia para éste, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.

4. Radicación y turno. Por acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 12/2022 y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf como instructora del procedimiento.

5. Admisión. Mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua para que rindieran sus respectivos informes. Asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera original o copia certificada del Periódico Oficial Estatal en el que conste su publicación. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción manifestara lo que a su representación correspondiera.

6. Informe del Poder Legislativo del Estado Chihuahua. Mediante escrito recibido el veintidós de marzo de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Everardo Rojas Soriano, en su carácter de titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, compareció en representación del Poder Legislativo de la entidad a rendir el informe correspondiente. En el cual expresa lo siguiente.

Primero. Sostiene que es infundado el primer concepto de invalidez hecho valer por la Comisión accionante.

Indica que al resolverse la acción de inconstitucionalidad 35/2021,(5) este Tribunal Pleno destacó algunas cuestiones sobre el principio de legalidad tributaria, que se cumple cuando la ley contiene la regulación en detalle de los elementos de la contribución.

Adicionalmente, precisa que la reserva de ley que rige en la materia tributaria es relativa, pues dicha materia no debe ser regulada en su totalidad por una ley formal, siendo suficiente que en el acto normativo primario se contengan los aspectos esenciales de la contribución, permitiendo parte de su regulación a otras fuentes jurídicas distintas a la ley, siempre y cuando la complementación que se realice en tales remisiones se haga de manera subordinada y dependiente de la ley por motivos técnicos.

Asimismo, señala que este tribunal ha matizado que si bien existe un cierto grado de tolerancia a favor del legislador al permitir que sus leyes contengan conceptos jurídicos indeterminados derivados de los límites inherentes al lenguaje y autorizando a que las autoridades administrativas, excepcionalmente complementen la definición de alguno de los componentes del tributo, lo cierto es que dicha posibilidad no debe dar lugar a que el legislador prevea fórmulas legislativas que representen la indefinición casi absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, toda vez que ello tiende a generar que se deje abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas, y no el legislador, las que generen la configuración de los tributos.

Posteriormente, hace referencia al texto de los artículos 240, 241 y 244 de la ley impugnada, indicando que los derechos previstos en ellos, participan de la naturaleza de las contribuciones en términos del artículo 38, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua vigente, el cual dispone que los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, aunado a que también deben considerarse como tales las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Así, el Congreso Local estima que no le asiste la razón a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en cuanto a que la disposición impugnada es contraria al principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General, en tanto que no se delega a ninguna autoridad administrativa la facultad de determinar el precio que deben pagar los contribuyentes por conceptos no especificados relacionados con los servicios derivados del derecho de acceso a la información, ya que dicho elemento esencial, en principio, está claramente precisado por el Congreso Local en la ley correspondiente.

En ese sentido, considera que no se deja al arbitrio de la autoridad administrativa la fijación de la cuota que los contribuyentes deben pagar por los materiales empleados en la reproducción de la información que solicite la ciudadanía.

También, estima que no le asiste la razón a la accionante al afirmar que las normas controvertidas violan el artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, así como los diversos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues establecen cobros excesivos y desproporcionados por la reproducción de información pública en los medios ahí contenidos, que no atienden a los costos de los materiales utilizados.

Indica que es infundado el dicho de la accionante, ya que conforme al texto de los artículos 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal y 17, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ejercicio del derecho de transparencia y acceso a la información es gratuito, pudiendo cobrarse o generarse un costo para el interesado bajo la modalidad de reproducción y de entrega que solicite.

Hace referencia a que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el principio de gratuidad se introdujo al Texto Constitucional en virtud de la reforma de veinte de julio del dos mil siete, de cuyo proceso de creación, se advierte que el Poder Reformador de la Constitución precisó que dicho principio se refiere sólo a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de datos personales, no a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue, por ejemplo: medios magnéticos, copias simples o certificadas, y tampoco a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando lo solicite el interesado, de modo que los medios de reproducción y de envío tienen un costo, no así la información per se.

Es decir, tratándose del derecho de acceso a la información, conforme al Texto Constitucional y legal aplicables, el principio de gratuidad implica que el Estado sólo puede cobrar el costo de los materiales utilizados para su reproducción, envío y/o la certificación de documentos y que esas cuotas deben establecerse o fijarse a partir de una base objetiva y razonable de los insumos utilizados, sin que en algún caso pueda cobrarse la búsqueda de información o su reproducción cuando el interesado proporcione los medios respectivos, cuestión que el legislador buscó al expedir la Ley de Derechos del Estado de Chihuahua, estableciendo el costo de los materiales utilizados, generando certidumbre a los ciudadanos del costo de los mismos.

Segundo. Indica que el segundo concepto de invalidez hecho valer por la accionante es infundado.

Refiere que del contenido de los artículos 5, 242, 246 y 247 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, se desprende que establecen el cobro de derechos por:

1. Certificación, constancia o copia certificada en documentos, atendiendo a los siguientes rubros: a) De una hoja tamaño carta u oficio; b) Por cada hoja o fracción excedente;

2. Por los servicios prestados en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales: a) Expedición de documento de manera digital en CD/DVD, cada uno; b) Copias simples e impresiones en blanco y negro (oficio o carta);

3. Por los servicios prestados por el Instituto de Formación y Actualización Judicial, se pagarán los derechos conforme a las siguientes cuotas: II. Copia simple de tamaño carta.

Del análisis de los preceptos anteriormente descritos indica que no son contrarios al principio de proporcionalidad tributaria, como afirma la parte accionante, en virtud de que el artículo 124 de la Constitución Federal señala que las facultades que no están expresamente concedidas a la Federación se tienen reservadas a los Estados, de modo que el Congreso del Estado está facultado para expedir leyes para determinar las contribuciones y las cuotas correspondientes. Afirma que de ninguna manera se viola el derecho de acceso a la información pública, pues se entiende como tal la consulta a la información que se encuentra en poder de la autoridad y que ésta no imponga un costo por la simple consulta y, en el caso, los cobros que se prevén derivan de la reproducción de constancias de información, sin que puedan considerarse desproporcionados, pues atienden a los gastos por recursos humanos y materiales.

Tal y como lo ha especificado ese Alto Tribunal, la obligación de garantizar la gratuidad en el acceso a la información, implica que no puede establecerse cobro alguno por la búsqueda que se realice de éste, sin embargo, puede ser objeto de pago y, por ende, de cobro, lo relativo a la modalidad de reproducción y los gastos de envío o entrega, por lo que deben calificarse como infundados los conceptos de invalidez que hace valer la promovente.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Por escrito recibido el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, con fundamento en la fracción V del artículo 30 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, a nombre del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, compareció a rendir el informe solicitado en el que manifiesta lo siguiente:

Es cierto que en uso de las facultades conferidas por el artículo 93, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se promulgó y publicó en el ejemplar número 104 del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el día veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, el decreto por medio del cual se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua.

Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vinculada con el artículo 19, fracción VIII, ya que el promovente no señaló vicios propios sobre la promulgación y publicación de los decretos impugnados.

Primero. Con relación al primer concepto de validez estima que es infundado y, por lo tanto, inoperante en virtud de que las porciones normativas cuya invalidez se solicita, se rigen por los principios de fundamentación y motivación, siendo que tales preceptos tomaron en consideración circunstancias particulares, y elementos objetivos para arribar a los montos y tarifas de los conceptos de derechos.

Además, en atención al principio de contribución al gasto público, el legislador local busca satisfacer las necesidades de la colectividad que se ve beneficiada con la prestación de dichos servicios, en los que el Estado sólo actúa como un prestador de servicios, en donde el único beneficiado es el individuo.

Por tanto, es rechazable la pretensión de inconstitucionalidad, toda vez que el cobro no es de un impuesto, si no de un derecho perfectamente ajustado al marco constitucional.

En consecuencia, las tarifas contempladas en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua revisten la debida fundamentación y respetan la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no contravienen de forma alguna los principios rectores de todo tributo conforme a lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Federal, puesto que la prohibición de dicha norma va encaminada a que los tributos no sean exorbitantes y ruinosos, que no estén establecidos en la ley, o que no se destinen a los gastos públicos, hipótesis que, como ya quedó precisado, en la especie no se actualiza.

Por otro lado, indica que el principio de gratuidad garantiza el acceso a la información pública por parte de cualquier persona que desea conocer alguna información pública; sin embargo, este principio no restringe la recuperación de los costos que pueden generarse derivado los medios o soportes en los que eventualmente se incurren cuando las personas solicitan la entrega física de dicha información y su envío correspondiente a través de medios magnéticos, copias simples o certificadas, caso en el cual resulta constitucionalmente válido que el Estado establezca cobros en función de los costos que implica proporcionar al particular la información en medios físicos.

En ese sentido, sostiene que las disposiciones impugnadas en ningún momento atentan contra los principios aludidos por la accionante, pues el cobro de los conceptos sólo representa los gastos en que se incurren al brindar el servicio en atención a sus condiciones y diversidad de factores.

Precisa que tampoco se contravienen los derechos de acceso a la información y de seguridad jurídica, ni el principio de gratuidad, pues los preceptos impugnados sólo establecen una cuota o tarifa por el disco grabable (CD), disco compacto (DVD), así como por copias certificadas emitidas por los funcionarios públicos, y no así por la información que pudiera solicitar el particular.

Señala que probablemente la accionante distorsiona la entrega de información por medios electrónicos con los gastos que representa la entrega de la información, ya que en ninguno de los conceptos de la ley reclamada se contempla el cobro por proporcionar información mediante medios electrónicos, ya sean correo electrónico o página de Internet en que puede ser consultada la información.

Afirma que el cobro por la reproducción en discos compactos es válido. Además, los criterios emitidos por el Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejan en claro los costos que pudiera tener la digitalización de la información solicitada.

Sostiene que en el caso de los derechos previstos en los artículos 5, fracciones I y II, 240, 241, 242, segundo párrafo, 244, 246, fracciones II y III y 247, fracción II, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, la diferencia en los cobros sobre la prestación de servicios derivados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, se estableció con base en criterios objetivos que justifican debidamente el costo que representa para el Estado poder entregar a los solicitantes la información requerida en los medios físicos que hayan elegido, tales como el tamaño del papel, el tipo de tinta que se requiere para la impresión, los insumos adicionales indispensables para prestar el servicio como costo de luz, impresoras y personal encargado para prestar el servicio.

Considera inoperante el argumento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el sentido de que conforme al artículo 4 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, para efectuar el pago de las cuotas se deben ajustar las cantidades a la unidad del peso inmediata anterior o superior, según el caso, y ello lleva a que en algunas de las cuotas impugnadas el pago se aumente, porque el redondeo de cantidades para pagar los derechos tiene por objeto facilitar el pago de las mencionadas contribuciones, lo cual no genera ninguna violación al principio de proporcionalidad tributaria.

Señala que es infundado el argumento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que al establecer la Ley de Derechos de Chihuahua las cuotas impugnadas a razón de cada hoja, se contraviene la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en específico el artículo 141 que establece que la información se debe entregar de manera gratuita cuando no exceda de veinte hojas simples.

Lo anterior ya que artículo 64, cuarto párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, dispone que ‘la información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples’ por lo que la ley sectorial que da fundamento a los derechos establecidos en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, claramente establece una exención a dichos pagos cuando la entrega consista en no más de veinte hojas simples.

Sin que sea óbice a lo anterior, que en la Ley de Derechos Estatal se establezcan los cobros en razón de cada hoja, ya que dichos cobros por hoja operan a partir de la entrega de la información que exceda de veinte copias simples, ello en virtud de que tales disposiciones se encuentran vinculadas a la ley sectorial de la que surge el servicio que se cobra y, por ende, en el sistema integral de cobro de los derechos aplica la exención referida.

Por otro lado, en cuanto a los argumentos de la Comisión accionante –en el sentido de que las tarifas previstas en los artículos 240 y 241 de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua no son razonables al establecer cobros diferenciados por la expedición de copias simples e impresiones en atención al tamaño de la hoja, ya que carecen de una razón objetiva–, se considera que carecen de sustento jurídico para declarar la invalidez de las normas impugnadas, en tanto que la diferenciación en los costos de copias o impresiones en razón al tamaño de la hoja cuenta con razones objetivas.

Ello pues, dependiendo del tamaño de la hoja de papel, el costo aumenta o disminuye, pues el precio de la hoja carta es menor al de la hoja tamaño oficio, aunado a que aumenta el costo del servicio dependiendo del tamaño de papel por los insumos utilizados, como son la tinta y el tipo de fotocopiadora o impresora.

Por ende, deben declararse inatendibles e inoperantes los conceptos vertidos por la accionante en este sentido, ya que, contrario a lo sostenido, los conceptos previstos en los preceptos contenidos no violan el derecho de acceso a la información ni el principio de gratuidad que le reviste.

Segundo. Indica que no le asiste la razón a la accionante por lo que hace a la supuesta desproporcionalidad del cobro de derechos por copias simples, certificadas y de forma digita

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31611-7bca69fd/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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