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Modo: Corpus Pro

I. TRATA DE PERSONAS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE LA INVESTIGACIÓN, EL PROCEDIMIENTO Y LAS SANCIONES EN AQUELLA MATERIA. II. TRATA DE PERSONAS. COMPETENCIA DE LOS ESTADOS, LOS MUNICIPIOS, EL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO) Y SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES PARA LEGISLAR SOBRE LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. III. TRATA DE PERSONAS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR SOBRE LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE ESE DELITO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 3o., 6o. Y 11 DE LA LEY EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). IV. TRATA DE PERSONAS. EL CONGRESO LOCAL CARECE DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR RESPECTO A LA SUPLETORIEDAD DE LA LEY QUE REGULA ESA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 7o. Y 47 DE LA LEY EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). V. TRATA DE PERSONAS. LA REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ESA MATERIA ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). VI. TRATA DE PERSONAS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR RESPECTO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN AQUELLOS DELITOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 48, 49, 50, 51 Y 52 DE LA LEY EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2015 Y SU ACUMULADA 7/2015. · Registro digital (IUS): 26781
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-11-11
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo I, Pág. 753.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2015 Y SU ACUMULADA 7/2015. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 19 DE MAYO DE 2016. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.

VISTOS, para resolver las acciones de inconstitucionalidad identificadas al rubro; y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Demandas. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de enero de dos mil quince, Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 7o., 8o. y 47 de la Ley en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, publicada mediante Decreto 252, en el Periódico Oficial de la entidad el veintitrés de diciembre de dos mil catorce.

Asimismo, en la fecha y lugar indicados, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 3o., último párrafo, 6o., 7o., 8o., 11, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la ley mencionada en el párrafo anterior.

SEGUNDO.-Conceptos de invalidez. Los promoventes señalaron que las normas, cuya invalidez demandan, son violatorias de los artículos 1o., 14, 16, 22, 27, 73, fracción XXI, inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.2, 7, 9.1. b y 9.5. del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; de igual forma, expresaron como conceptos de invalidez, los que a continuación se resumen:

I. El procurador general de la República argumentó, en síntesis, los conceptos de invalidez siguientes:

• En el primero, sostiene que el artículo 8o. de la ley de trata es inconstitucional, al invadir la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en la materia, prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal.

Lo anterior, porque el Constituyente ha considerado la existencia de materias que deben ser homogéneas en todo el país, dada su relevancia y la necesidad de que haya una política criminal a nivel nacional respecto de ciertas conductas, motivo por el cual, facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes generales, entre otras materias, en la de trata de personas, con la intención de que en todo el territorio nacional haya una sola definición típica sobre determinadas conductas y, además, sea el órgano el que defina en qué caso serán competentes los distintos órganos de gobierno para investigar, perseguir y sancionar esas conductas.

En ejercicio de esta atribución constitucional, el Congreso de la Unión expidió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, donde definió qué conductas se consideran como delitos en materia de trata de personas y distribuye atribuciones entre los distintos órdenes de gobierno para prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos en esa materia, lo cual, queda evidenciado a partir del objeto definido en su artículo 2o.

De ahí que, de una interpretación al artículo 73 constitucional, en relación con la ley general, se desprenda que las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios, sólo son competentes para investigar, perseguir y sancionar los delitos precisados en la ley general; sin embargo, de ninguna manera pueden establecer la distribución de competencias sobre esos temas.

Entonces, agrega, si el primer párrafo del artículo 8o. de la ley de trata señala en qué casos no será competente el Ministerio Público estatal para investigar, perseguir y sancionar "los delitos establecidos en esta ley", tal porción normativa resulta inconstitucional, porque esa atribución corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión, que es el único órgano legislativo que puede tipificar las conductas en materia de trata de personas.

Considera el accionante que la principal confusión conceptual del legislador estatal radica en considerar que debe reproducir o establecer en su propia ley lo relativo a los delitos de trata de personas, así como la fijación de la competencia de las autoridades estatales, lo cual, resulta desacertado, pues no hay necesidad de hacer tales precisiones en una ley estatal, por tratarse de cuestiones definidas en la ley general, la cual, debe ser directamente aplicada por las entidades federativas.

Por ello, resulta inconstitucional la referencia hecha a los delitos de trata, establecidos en la ley estatal, pues en todo caso, debe hacerse una remisión a los delitos definidos en la ley general.

Agrega que en las fracciones I a V, el numeral 8o. en cuestión precisa, por exclusión, la competencia de las autoridades locales en materia de investigación, persecución y sanción de los delitos de trata, distribución de atribuciones que corresponde al Congreso de la Unión, y las entidades sólo pueden acatarla, mas no legislar en la materia.

Sin que pase inadvertido el hecho de que el Congreso Estatal hubiese reproducido los mismos supuestos para la distribución de competencias que prevé la ley general, pues tal circunstancia no significa que la norma sea constitucional.

Incluso, refiere que el Tribunal Pleno ya ha sentado precedentes sobre esta cuestión jurídica, en los cuales ha señalado que si el Congreso de la Unión tiene competencia constitucional para expedir legislación en una determinada materia, los Congresos Estatales no pueden regular el mismo aspecto, ni siquiera, cuando reproducen lo previsto en una ley general.

• Por otra parte, en el segundo de los conceptos de invalidez, el promovente refiere que los numerales 7o. y 47 de la ley de trata transgreden el sistema de fuentes de derecho, establecido en los artículos 1o. y 133 de la Norma Fundamental, así como el parámetro de control de regularidad constitucional que ha sido determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además de ser contrarios a los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues generan confusión y falta de certeza a los justiciables y a los operadores jurídicos sobre el sistema de fuentes, en relación con la aplicación de la ley de trata, al establecer qué disposiciones deberán aplicarse en caso de que esta legislación no prevea alguna cuestión específica.

Lo anterior, a partir de que, conforme a lo dispuesto por el artículo 7o. impugnado, en lo no previsto por la ley de trata estatal, serán aplicables:

1. La Ley en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo.

2. Los tratados internacionales vinculados a la materia de trata de personas.

3. "Las jurisprudencias" que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que protejan integralmente a los "grupos de riesgo", primera infancia de niñas, niños y mujeres.

4. Las disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

5. El Código Nacional de Procedimientos Penales.

6. La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo.

7. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo.

8. La Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.

9. Las "demás leyes relativas" (sin que se precise cuáles son esas leyes).

En cambio, el artículo 47 de la ley de trata, que está incluido en el capítulo denominado "De los delitos en materia de trata de personas y su sanción", establece un sistema de fuentes diferente, a saber:

1. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

2. Los tratados internacionales en materia de trata de personas.

3. "Las jurisprudencias" que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4. Las disposiciones del Código Penal Federal.

5. Las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

6. Las disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

7. Las disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

8. Las disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio.

9. Las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

10. Las disposiciones de la Ley General de Víctimas.

11. Las disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

12. Las disposiciones de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.

De ahí que genere inseguridad jurídica el hecho de que el mismo ordenamiento prevea dos sistemas diferentes de suplencia, aplicable uno de manera general y el otro en el caso específico de la investigación, procedimientos y sanciones de los delitos de trata de personas.

Que en materia de trata de personas, el ordenamiento que, en principio, deben aplicar de manera directa los operadores jurídicos es la ley general, y en aquellas cuestiones no contempladas, como puede ser la política pública de prevención que deben instrumentar las entidades federativas, o los órganos que al interior de un Estado pueden evaluar y efectuar propuestas relacionadas con dicha problemática, los Congresos Estatales sí tienen facultades residuales para legislar.

Incluso, el artículo 9o. de la ley general establece el sistema de ordenamientos aplicables supletoriamente en caso de una laguna jurídica.

Aunado a lo anterior, la inconstitucionalidad de las porciones normativas impugnadas deriva del hecho de que confunde el concepto de "ley supletoria" con el de "parámetro de regularidad constitucional".

En la medida que la supletoriedad de leyes implica la prelación normativa para llenar vacíos o lagunas. En cambio, las normas convencionales en materia de trata de personas, que también sean normas protectoras de derechos humanos, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional del orden jurídico nacional; lo anterior, conforme a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; esto quiere decir que dichas normas convencionales tienen rango constitucional. Además, según el principio de supremacía constitucional que se desprende de los artículos 1o. y 133, resulta que todas las leyes secundarias deben ajustarse a las normas constitucionales.

En esta lógica, en sede jurisdiccional podrá hacerse un contraste entre las leyes secundarias y las normas constitucionales (incluyendo las normas de tratados internacionales que conformen el parámetro de regularidad constitucional), para determinar si, en algún caso concreto, alguna norma secundaria viola las normas constitucionales. Este control de constitucionalidad no puede entenderse con una aplicación supletoria de normas. Se trata de dos ejercicios de aplicación de normas completamente diferentes.

En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede considerarse como supletoria de la ley estatal en materia de trata de personas.

Cabe mencionar que, bajo el esquema propuesto por el legislador de Quintana Roo, para efecto de determinar las leyes supletorias, la ley general sería de aplicación supletoria de la ley estatal de trata, lo que no puede ser así, habida cuenta que la ley general debe ser aplicada de manera directa por las autoridades estatales.

II. En la demanda suscrita por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el único concepto de invalidez, se hicieron valer los argumentos que a continuación se resumen:

• Los artículos 3o., último párrafo, 6o., 7o., 8o., 11, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, al establecer normas locales supletorias, cuestiones competenciales y procedimientos en materia de reparación del daño para el delito de trata de personas, invade la esfera de regulación exclusiva del Congreso de la Unión; por tanto, se configura una transgresión a los artículos 1o., 14, 16, 20, apartado A, fracción I y 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tales numerales se apartan de los derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la protección especializada de las víctimas de los delitos de trata de personas, a la reparación del daño de esas víctimas, de los principios de legalidad, pro persona y los principios generales del sistema penal, y constituyen en sí mismos una invasión de la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para expedir la ley general en materia de trata de personas, establecidas en la Constitución Federal.

Señala el accionante que en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, se establece, en el artículo 9o., que en todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos materia de esta ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las disposiciones siguientes:

• Del Código Penal Federal

• Del Código Federal de Procedimientos Penales

• De la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

• Del Código Fiscal de la Federación

• De la Ley Federal de Extinción de Dominio

• De la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

En esa medida, se impide al legislador local regular la materia de trata de personas, por lo tanto, las normas impugnadas fueron emitidas por una autoridad incompetente; además, de manera secundaria, generan una violación al derecho de seguridad jurídica, al establecer normas supletorias adicionales a la señalada en la ley.

Situación que se aprecia de los puntos que a continuación se enuncian:

• El artículo 8o. de la ley impugnada establece la excepción de competencia para el Ministerio Público Local, por lo que invade la esfera de actuación del Congreso de la Unión, en tanto que estos supuestos ya se encuentran regulados en el artículo 5o. de la ley general en materia de trata de personas.

• Los artículos 3o., en su último párrafo, y 11, al establecer que en materia de atención o asistencia de las víctimas del delito de trata de personas, deberán aplicar la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, además de legislar sin competencia en la materia, genera una clara transgresión al principio de especialidad, debido a que las víctimas de los delitos de trata de personas deben ser atendidas con medidas legales de protección especial, dado que es un delito que, para su prevención y erradicación, necesita la implementación de acciones específicas y concretas, diferentes del tratamiento que se pueda dar a las víctimas de otros delitos sin el mismo impacto social.

Este principio de especialidad normativa para el tratamiento de las víctimas del delito de trata de personas se acuña en el título tercero de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que recoge de los tratados internacionales; de manera específica, de los artículos 6.2, 7, 9.1.b y 9.5 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

• Además del vicio competencial legislativo, el artículo 7o. hace un reenvío de supletoriedad para todo lo no previsto en la ley local, adicionando normas que difieren con lo dispuesto en el artículo 9o. de la ley general de trata de personas, a saber:

1. Tratados internacionales que vinculados a la materia de trata de personas, que protejan integralmente a los grupos de riesgo, primera infancia de niñas, niños y mujeres.

2. Jurisprudencias que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que protejan integralmente a los grupos de riesgo, primera infancia de niñas, niños y mujeres.

3. Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo.

4. Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Quintana Roo.

5. Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.

6. Demás leyes relativas.

• En ese mismo sentido, el artículo 47 de la referida ley local señala una supletoriedad diversa a la ley general en materia de trata de personas, pues indica que, en lo relativo a procedimientos y sanciones, se aplicarán supletoriamente a la ley general:

1. Tratados internacionales en materia de trata de personas

2. Jurisprudencias que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Agrega el accionante que en los casos de los numerales 7o. y 47 aludidos, también se configura una transgresión al principio de jerarquía de normas, dado que sujeta la vigencia de normas supremas a la supletoriedad de una ley local, mientras que tales instrumentos normativos internacionales tienen la calidad de Ley Suprema de la Unión, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, porque en el caso de los tratados internacionales que contengan derechos humanos, son objeto directo de protección constitucional; y en el caso de los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto(1) que, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido Parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales, al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Precisiones que evidencian dos cosas, por una parte, la inconstitucionalidad de las normas impugnadas debido a la falta de competencia del Congreso Local para legislar en los temas que ya han sido regulados por el Congreso de la Unión en materia de trata de personas y, por otra, la incertidumbre jurídica que se genera con la existencia de dichos preceptos; dado que ese Tribunal Supremo, al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2013, determinó que en el marco jurídico vigente no se deja margen de regulación de carácter procesal para las entidades federativas, en materia de trata de personas.

Por lo anterior, aprecia el accionante, con la existencia de las controvertidas normas locales, además del indiscutible vicio competencial, se genera un efecto de incertidumbre jurídica, que transgrede los principios del proceso penal, pues con ellas se puede producir el desamparo de las víctimas de los delitos de trata de personas, al perturbar el marco jurídico de exacta y única aplicación, que regula dichos delitos y sus consecuencias jurídicas.

La Norma Fundamental precisa, en el artículo 20, apartado A, fracción I, que los fines del proceso penal son:

a. El esclarecimiento de los hechos,

b. Proteger al inocente,

c. Procurar que el culpable no quede impune, y

d. Que los daños causados por el delito se reparen.

En contraste, con la duplicidad de normas procesales en materia de delitos de trata de personas en el Estado de Quintana Roo, se perturba la acción investigadora, procedimental, sancionadora y reparadora del Estado, que pudiera traducirse en la existencia de investigaciones y procesos penales, que sean fundados en una norma local en materia de trata de personas, que ha sido expedida por una autoridad incompetente, generando con ello, incertidumbre jurídica tanto para las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, como para las víctimas de tales delitos.

Considera importante señalar el promovente, que el artículo 9o. de la ley general en materia de trata de personas establece que en lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos ahí contenidos, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; por lo que aun en los supuestos de competencia local, para la investigación y el proceso penal, serán aplicables supletoriamente a la ley general de trata de personas, las citadas disposiciones federales, por lo que no se deja ningún margen de regulación siquiera de carácter procesal para las entidades federativas; lo que ha sido determinado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de la acción de inconstitucionalidad 21/2013.

De ahí que, al tenor de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, la garantía de audiencia se encuentra referida al cumplimiento de las formalidades esenciales, derecho fundamental que presupone como exigencia, para su plena eficacia, la competencia legal de la autoridad que desarrolla el proceso por el que pretende ejecutarse el acto privativo; lo que no ocurriría en los casos de aplicación de las normas impugnadas, pues la autoridad jurisdiccional de la entidad federativa podría instaurar procedimientos penales sobre la ley local en materia de trata, desconociendo el contenido y alcance de la ley general, a cuya observancia está obligada, generando así violaciones procesales por imponer penas y sanciones que no encuentren sustento a su actuación en disposiciones supremas; que, además, se traduciría en un obstáculo para la pronta y efectiva reparación del daño de las víctimas de tan grave delito. En consecuencia, sus actos devendrían en inconstitucionales.

Agrega el accionante, siempre es un requisito constitucional que toda norma provenga de autoridad competente, prescripción que es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del derecho a la seguridad y el principio de legalidad, conforme a los cuales, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes.

Que el principio de legalidad también impera para los actos legislativos, pues la seguridad jurídica como derecho humano obliga a todas las autoridades a velar en todo momento por su protección más amplia, siguiendo el principio pro persona, previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal; así, el nuevo paradigma constitucional lleva implícita la condición de que, de existir distintas interpretaciones para una norma jurídica, deberá elegirse aquella que proteja con mayor amplitud al titular de un derecho humano; esto es, si en un caso concreto, es factible aplicar dos o más normas, el intérprete debe elegir la que proteja con mayor alcance a los titulares de un derecho humano.

• Inconstitucionalidad de los artículos 6o., 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, al legislar en materia de reparación del daño para las víctimas de los delitos de trata de personas.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, establece que la restitución de derechos y la reparación se harán conforme a los lineamientos en ella establecidos; empero, el Congreso Local, con la legislación controvertida, duplica las disposiciones procedimentales para la reparación del daño a las víctimas de los delitos de trata, lo que adicionalmente al vicio de inconstitucionalidad por incompetencia, genera incertidumbre jurídica, pues con lo hasta ahora expuesto, se deduce que los Congresos Estatales tampoco están facultados para legislar en materia de reparación del daño a favor de las víctimas de los delitos de trata.

En este contexto, respecto a este segundo grupo de preceptos impugnados, el promovente precisó lo siguiente:

• El artículo 6o. de la ley local en materia de trata de personas, señala que la actuación de los servidores públicos deberá garantizar la reparación del daño de las víctimas, cuyo monto deberá fijarse por el Juez de la causa, con base en los elementos que el Ministerio Público o la víctima aporten, o aquellos que se consideren procedentes en términos de la ley de la materia. Tal disposición no tiene una justificación válida para su existencia, toda vez que, como se ha señalado, la invalidez de tal reglamentación se actualiza cuando el Congreso Local regula aspectos legislados por el Congreso de la Unión con base en la competencia que le confiere la Norma Suprema, y que ya se encuentran previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que resultan de aplicación obligatoria para las entidades federativas.

• En tanto que los artículos 48, 49, 50, 51 y 52 de la ley local, son una reproducción literal de los numerales similares que contiene la ley general en materia de trata de personas, que regula el procedimiento de reparación del daño, salvo el último párrafo del artículo 52 de la ley local, en el que expresamente indica que la reparación del daño se reconocerá en términos de la misma ley y de la Ley de Víctimas del Estado, incurriendo de nueva cuenta en la incompetencia legislativa local, ya que el Congreso de la Unión ha regulado este rubro en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, lo que propicia que la autoridad local pueda fundar sus actuaciones en disposiciones viciadas de origen, en detrimento de la protección y restauración de los derechos de las víctimas del delito de trata de personas.

Los artículos anteriores generan una duplicidad de normas procesales para la reparación del daño, la cual, tratándose de la norma local controvertida, es innecesaria y atentatoria del derecho de seguridad jurídica, generando perjuicio a las víctimas de los delitos de trata y de su derecho a la reparación del daño.

En la lógica de lo argumentado, se considera que, por lo que hace a las normas aplicables a los delitos en materia de trata de personas, el Congreso de Quintana Roo carece de competencia para legislar al respecto, violando, además, la garantía de seguridad jurídica que rige en materia penal, al generar la coexistencia, en un mismo ámbito de aplicación material de dos normas procesales, una de ellas emitida por una autoridad incompetente, lo que atenta contra la certidumbre y la efectiva reparación del daño de las víctimas de tales delitos.

Concluye que esa inconformidad de las normas locales con el Texto Constitucional obliga a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como único intérprete facultado, se pronuncie sobre la declaración de invalidez de la norma impugnada, en estricto apego al orden jurídico y al respeto de derechos fundamentales.

TERCERO.-Registro y turno. Por acuerdos de veintitrés de enero de dos mil quince, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad con los números 6/2015 y 7/2015 y, al existir identidad respecto del decreto legislativo impugnado en ambas acciones, decretó su acumulación; asimismo, ordenó turnarlas al Ministro Alberto Pérez Dayán.

CUARTO.-Admisión. Mediante acuerdo de veintiséis de enero de dos mil quince, el Ministro instructor tuvo al procurador general de la República y al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por presentados con sus respectivas demandas, admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que rindieran sus respectivos informes. Asimismo, requirió al Congreso del Estado de Quintana Roo para que, al rendir el informe solicitado, enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, así como los Diarios de Debates. Y al procurador general de la República, para que, antes del cierre de la instrucción, formulara el pedimento que le corresponde en la acción de inconstitucionalidad 7/2015.

QUINTO.-Informe rendido por la autoridad emisora del decreto impugnado. El Congreso del Estado de Quintana Roo, al rendir su informe, en síntesis, señaló que los artículos 3o., párrafo último, 6o., 7o., 8o., 11, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo impugnados, son válidos y apegados a los preceptos constitucionales, en razón de las consideraciones siguientes:

• En primer lugar, atienden a la voluntad del legislador federal, dado que del dictamen aprobado el siete de abril de dos mil once por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se desprende la necesidad de que los tres órdenes de gobierno, en una relación armónica, de recíproca complementación y de idéntica responsabilidad, puedan dar mejores resultados.

En dicho dictamen se menciona que una ley general es un ordenamiento que obliga tanto a las autoridades federales, como a las de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, y que partir de los lineamientos establecidos en ella, se pretende generar un marco jurídico que propicie la armonización en la implementación de tipos penales y penas, contribuye a establecer una mejor coordinación entre las procuradurías y las policías, define los alcances de la concurrencia en la materia regulada y proporciona un esquema claro de responsabilidad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26781-27366929/i-trata-de-personas-competencia-exclusiva-del-congreso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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