REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI AL EJERCER SU COMPETENCIA DELEGADA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DESESTIMAN ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRE EL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO O LOS EFECTOS DE UNA POSIBLE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL, ESA DECISIÓN NO VINCULA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 883/2015. 6 DE ENERO DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: DIANA CRISTINA RANGEL LEÓN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión.
El artículo 83 de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 83. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.
"El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales, distribuirá entre las Salas los asuntos de su competencia o remitirá a los Tribunales Colegiados de Circuito los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine."
Como se advierte, el primer párrafo de la norma recién transcrita, prevé en qué casos tiene competencia originaria este Alto Tribunal para conocer de los recursos de revisión interpuestos contra sentencias dictadas por Jueces de Distrito en amparos indirectos. En cualquier caso que no esté previsto en el artículo 83, la competencia para resolver los amparos indirectos en revisión, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, conforme al artículo 84(1) de la Ley de Amparo.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en lo dispuesto en el artículo 83, primer párrafo, de la Ley de Amparo, tiene competencia originaria para conocer de los recursos de revisión interpuestos contra sentencias dictadas en la audiencia constitucional cuando en ésta se hubiera establecido la interpretación directa de un precepto constitucional y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.
Si bien la referida competencia no está enumerada de manera expresa en el artículo 107, fracción VIII,(2) constitucional, lo cierto es que esto no es obstáculo para que se le atribuya en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. De hecho, este ordenamiento, al igual que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé atribuciones de este Alto Tribunal que no están necesariamente puntualizadas a nivel constitucional. Esto no tiene nada de extraordinario: el Texto Supremo no puede contener todo el cúmulo de normas del funcionamiento del Tribunal Constitucional, sino que esboza sus principales competencias, sin perjuicio de las que pueden estar contempladas en la legislación secundaria.
En las últimas dos décadas, el órgano reformador de la Constitución ha modificado diversos artículos constitucionales relativos a la estructura y competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al juicio de amparo y a otros juicios constitucionales (como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad). Uno de los ejes rectores de las reformas de 1994 (que modificó la estructura del Poder Judicial de la Federación); 1999 (que instauró el recurso de revisión en contra de las sentencias de amparo directo, de la competencia exclusiva de este Alto Tribunal y que sólo procede cuando haya alguna cuestión de constitucionalidad involucrada); y 2011 (que modificó varios conceptos del juicio de amparo) fue el de reforzar el carácter de la Suprema Corte como órgano límite en el orden jurídico mexicano e intérprete último de la Constitución.
Además, a lo largo del Texto Constitucional permea la noción de que los temas de constitucionalidad pueden ser planteados en amparo por los justiciables desde distintas perspectivas: pueden alegar que alguna norma general secundaria es violatoria de la Constitución; que la propia Constitución debe interpretarse de una determinada manera; o que alguna norma federal vulnera o restringe la competencia de una entidad federativa (o viceversa) violando con ello derechos humanos. En los amparos indirectos donde esté involucrado algún tema de interpretación constitucional, es absolutamente congruente con la Constitución y el carácter de órgano límite de esta Suprema Corte que tenga la facultad de ser ésta la que cuente con competencia originaria para resolver el asunto si en la revisión subsiste el problema de constitucionalidad. Esto es así, sin perjuicio de la delegación de competencia originaria que este Alto Tribunal ha efectuado en el Acuerdo General Número 5/2013 y de que puede determinar discrecionalmente en qué casos no subsiste en la revisión el problema de constitucionalidad (por ejemplo, en los casos en que ya haya interpretación sobre una determinada norma constitucional o cualquier otro).
Entonces, el artículo 86 de la Ley de Amparo, en la parte en que señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, no hace más que puntualizar de manera expresa una atribución que es congruente con su carácter de Tribunal Supremo, al que la Constitución le encomienda su interpretación última.
Por otro lado, se hace notar que esta misma Suprema Corte, ya ha señalado que es titular de atribuciones previstas en la Ley de Amparo, a pesar de que no estén mencionadas de manera específica en la Constitución. Un ejemplo de ello es la facultad de resolver contradicciones de tesis que se susciten entre Tribunales Colegiados que pertenezcan a diferentes Circuitos Judiciales. Este criterio se expresó en la tesis P. I/2012 (10a.), con número de registro digital: 2000331, cuyos rubro y texto dicen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).-De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito."
Por las razones expuestas, esta Segunda Sala es competente para conocer del presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 83, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 86 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y en los puntos segundo, fracción III y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013. Esto obedece a que se está ante el supuesto en que la sentencia dictada en la audiencia constitucional se estableció la interpretación directa de un precepto constitucional, en el caso, se interpretó el artículo 3o., fracciones IV y VII, en relación con el derecho a la educación. Específicamente, la cuestión planteada versa sobre si debe ser gratuita la educación que proporcionan las universidades públicas, y este tema subsiste en la revisión, dado que el Juez de Distrito se pronunció sobre esa cuestión y el recurrente formula agravios relativos a la interpretación efectuada en la sentencia.
SEGUNDO.-Oportunidad. De la resolución de incompetencia dictada el diecisiete de junio de dos mil quince por el Tribunal Colegiado del conocimiento, no se desprende que éste se hubiera pronunciado sobre la oportunidad del recurso; por lo que procede hacer su revisión.
El recurso fue interpuesto dentro del término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia combatida fue notificada personalmente al autorizado del quejoso, el cuatro de febrero de dos mil quince, como se observa a foja trescientos del juicio de amparo; por lo que el plazo de diez días correspondiente transcurrió del seis al diecinueve de febrero de dos mil quince, descontándose los días siete, ocho, catorce y quince de febrero de dos mil quince, por haber sido inhábiles, y el día cinco de febrero de la citada anualidad por no correr términos; de conformidad con los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En esas condiciones, si el escrito de expresión de agravios fue presentado el diecisiete de febrero de dos mil quince, es inconcuso que se hizo valer oportunamente.
TERCERO.-Legitimación. El recurso de revisión se interpuso por parte legítima, debido a que fue firmado por el quejoso, **********.
CUARTO.-Antecedentes. A efecto de resolver el presente asunto, es necesario destacar los siguientes antecedentes:
"Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en Monterrey, Nuevo León, **********, promovió demanda de amparo indirecto en contra de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el director de la Facultad de Derecho y Criminología, por violación al derecho a la educación gratuita, que deriva del artículo 3o. constitucional.
"La demanda de amparo se admitió el veintiséis de junio de dos mil catorce por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León y se registró con el número de expediente **********.
"En su escrito, el quejoso formuló las manifestaciones y conceptos de violación que a continuación se reseñan:
"Hechos. Señaló que el 2 de junio de 2014 tomó conocimiento de que las autoridades responsables le niegan su derecho humano a la educación gratuita, específicamente, al no permitirle inscribirse al sexto semestre de la licenciatura en derecho, si no cumple con una contraprestación monetaria. Además, manifestó que esta contraprestación se le exigió mediante una boleta expedida por las autoridades responsables el veintisiete de mayo de dos mil catorce, cuya fecha manifestó haber tenido conocimiento porque fue emitida a través del portal electrónico en línea de la universidad, conocido como SIASE. El quejoso exhibió, como prueba, la impresión de un recibo de pago de cuotas escolares que imprimió del sistema SIASE, y ofreció la prueba de inspección judicial, para que se corroborara su veracidad. Para esto, señaló que podía proporcionar en el momento oportuno su cuenta y contraseña del sistema, para que el órgano jurisdiccional verifique la veracidad del documento exhibido.
"Manifestó, asimismo, que en el recibo consta la cantidad de $********** (**********) que debe pagar para poder reinscribirse. Considera que los conceptos que se mencionan en la boleta son relativos a la prestación del servicio educativo, a pesar de que no debe existir contraprestación alguna por la educación que imparte el Estado. A continuación se reproduce el mencionado recibo:
"**********
"También indicó que, con la boleta que exhibió como prueba, se acredita su carácter de estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la licenciatura en derecho.
"Conceptos de violación. Los conceptos de violación que formuló el quejoso se sintetizan a continuación:
"Primero. Consideró que las autoridades responsables violan en su perjuicio el artículo 1o. constitucional, porque no interpretan los derechos humanos a su favor, por lo que no se le protege de la manera más amplia, por tanto, no respetan el principio pro homine.
"Segundo. Manifestó que se transgrede lo establecido en los artículos 14, párrafo segundo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, porque se le privó su derecho a la educación gratuita sin las formalidades establecidas en la ley.
"Asimismo, consideró que fue un acto de molestia totalmente arbitrario por parte de las autoridades responsables, el cual es ilegal e inconstitucional.
"Tercero. Reiteró que el acto reclamado es la negativa de brindarle una educación gratuita, porque se le exige una contraprestación monetaria para reinscribirlo y recibir el servicio educativo integral por parte del Estado. La ********** está obligada a brindar dicha educación de manera gratuita, por lo que se contraviene lo dispuesto en la fracción IV del artículo 3o. constitucional, que dice que ‘toda la educación que el Estado imparta será gratuita’.
"Es decir, esta norma es clara al señalar que toda educación estatal debe ser gratuita y, si esto no fuera lo suficientemente claro, debe interpretarse a su favor con base en el principio pro homine establecido en el artículo 1o. constitucional.
"El quejoso agrega que el artículo 3o., fracción V, constitucional establece que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior. En atención a lo anterior, el Estado creó la **********.
"Señaló que cualquier contraprestación relacionada con la impartición de educación es inconstitucional, porque se debe entender que el conjunto de actividades que se llevan a cabo directa o indirectamente con la finalidad de la impartición de la educación no deben tener costo para los estudiantes. Asimismo, cualquier concepto de pago, como multas, recargos o sanciones, por motivo de retrasos son inconstitucionales.
"Reiteró que, de conformidad con la fracción IV del artículo 3o. constitucional, toda la educación que imparta el Estado será gratuita, por lo que no sólo se debe contemplar algunos niveles. No se concibe que la educación superior sea excluida o que se argumente de forma falaz que la Constitución no expresa claramente el derecho a la educación superior gratuita.
"Mencionó que en los amparos indirectos ********** y **********, resueltos en los Juzgados Segundo y Primero de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León, respectivamente, las autoridades responsables fueron la Universidad Autónoma de Nuevo León, el tesorero general y otras autoridades de la mencionada universidad, y que en éstos no se concedió el amparo, porque el Juez resolvió sobreseer por considerar que se actualizaba la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo.
"En ese sentido, señaló que en su caso no se actualizaba la fracción y artículo mencionados, porque no ha habido consentimiento de ningún tipo.
"Reiteró que al exigir una contraprestación monetaria para recibir el servicio educativo integral, las autoridades responsables no sólo agreden su economía y la de su familia, sino que también violan sus derechos humanos consagrados en la Constitución Federal.
"Además, consideró que no brindar educación gratuita o imponer contraprestaciones monetarias, las cuales son inconstitucionales y dificultan el acceso a ésta, tienen como consecuencia poner a las personas en un estado de desigualdad.
"Cuarto. Alegó que solicitó la suspensión provisional y, oportunamente, la definitiva de los actos reclamados, para que se ordenara a las responsables que le permitieran inscribirse antes del inicio de clases y según el procedimiento regular al siguiente semestre agosto-diciembre 2014, de manera gratuita.
"Señaló que al no otorgársele la suspensión, se vería obligado a cumplir con la contraprestación impuesta, lo cual actualizaría la causal de improcedencia relativa al consentimiento del acto reclamado y, por tanto, el juicio se sobreseería.
"Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno conoció de la demanda el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien mediante auto de diecinueve de junio de dos mil catorce, la registró con el número de expediente ********** y previno al quejoso para que señalara correctamente el acto reclamado, indicándole que manifestara si era su deseo señalar como acto la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Estatuto de ésta y/o sus reglamentos internos.
"Por escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil catorce, el quejoso desahogó el requerimiento citado, indicando que no era su deseo señalar como acto reclamado ninguna ley, reglamento o estatuto; por lo que el día veintiséis de junio siguiente, el Juez de Distrito admitió a trámite la demanda, ordenó la apertura del incidente de suspensión relativo, requirió los informes justificados a las autoridades responsables, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
"Mediante oficios presentados el dieciocho de julio de dos mil catorce, comparecieron a juicio el abogado general y apoderado general de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como el director de la Facultad de Derecho y Criminología de esa misma institución educativa, rindieron sus informes justificados, en idénticos términos. Ambas autoridades negaron el acto reclamado y consideraron que se actualizaban las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIII y XIV,(3) de la Ley de Amparo. Al respecto, señalaron que el quejoso ha consentido el acto reclamado al cubrir en cada semestre el pago de cuotas escolares, pues como él mismo lo expresó en su demanda, el cobro que reclama corresponde a una reinscripción. Es decir, resulta patente que durante cinco semestres se ha hecho sabedor del acto que ahora impugna. Desde que inició el primer semestre de la carrera que cursa tuvo conocimiento de los cobros, por lo que la impugnación que ahora realiza resulta extemporánea, y su conducta entraña el consentimiento del acto reclamado. Para sustentar esta afirmación, se invocó la jurisprudencia 2a./J. 148/2006, registro digital número 174120, de rubro: ‘CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO.’
"En cuanto al fondo, manifestaron que el derecho a la educación superior no es absoluto ni ilimitado. En términos del artículo 3o., fracción VII, constitucional, las universidades tienen autonomía y pueden fijar los términos de ingreso y permanencia de su alumnado. Luego afirmaron que la cuota que contempla el reglamento de la Universidad no es un cobro por el servicio educativo, sino una aportación por diversos conceptos. Si se exigiera una contraprestación a los alumnos para inscribirse, es evidente que la cantidad tendría que ser muy superior, pues en ese costo habría de incluirse el pago a los docentes, el uso de las instalaciones educativas, entre otros gastos, y se asemejaría al cobro que realiza cualquier otra escuela particular.
"Sostienen que las universidades públicas no limitan a ningún aspirante que reúna los requisitos académicos para cursar la educación universitaria, cumpliendo con un mínimo de obligaciones, entre ellas, la aportación de una cuota interna que es mínima. Aun así, si se acredita la imposibilidad de realizar cualquier pago, la propia Universidad exenta al alumno de ese costo, beneficiándolo con una beca que puede otorgarse por escasos recursos, por promedio, entre otros supuestos; lo cual se hace del conocimiento del alumnado a través de los recibos. Además, citaron la tesis aislada 3a. XXXI/94 de la Tercera Sala, con número de registro digital: 206613, de rubro: ‘UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS. NO EXISTE NORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLEZCA EL DERECHO DE INSCRIBIRSE A ELLAS SIN PAGO ALGUNO.’
"El Juez de Distrito tuvo por rendidos los informes, mediante auto del veintiuno de julio de dos mil catorce.
"Luego, durante la secuela procesal, el quejoso presentó varios escritos con alegatos. En uno de ellos, presentado el uno de septiembre de dos mil catorce, argumentó por qué, en su opinión, es procedente el juicio de amparo. Al respecto, dijo que se trata de actos de tracto sucesivo, por lo que puede combatir el cobro por el quinto semestre. También indica por qué considera que es fundada su pretensión de fondo. Esencialmente, adujo que el artículo 3o., fracción IV, constitucional, debe interpretarse de manera absoluta y literal, en el sentido de que toda la educación que imparte el Estado Mexicano debe ser gratuita, y que esto incluye a la educación que proveen las universidades públicas.(4)
"Asimismo, el quejoso presentó una prueba documental,(5) consistente en un auto dictado en el diverso juicio de amparo indirecto. En su escrito, explicó que ya había promovido un juicio de amparo similar al presente, contra las mismas autoridades y por el mismo acto. Se trató del amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. Asimismo, indicó que dicha demanda fue desechada de plano, por haberse promovido de manera extemporánea. Dijo que el Juez de Distrito hizo notar que las cuotas combatidas le fueron exigidas por las responsables desde el mes de noviembre de dos mil trece, que ahora pretendía cursar el quinto semestre de la carrera de derecho y que realizó todos los pagos de las cuotas correspondientes a los semestres anteriores. Por ende, resolvió que el quejoso estuvo en aptitud de impugnar el acto reclamado desde que le fue requerido el pago de las cuotas relativas a los cinco semestres anteriores o, en su caso, desde el mes de noviembre de dos mil trece. Sin embargo, esa demanda se promovió hasta el diez de enero de dos mil catorce, por lo que es manifiesta su extemporaneidad.
"El quejoso reconoció que, en esa ocasión, no presentó en tiempo el amparo, por no haberlo presentado dentro de los 15 días hábiles posteriores a la exigencia del pago, pero en esta oportunidad sí promovió su demanda en tiempo. Con base en lo anterior, solicitó al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, que tome en cuenta los argumentos de su homólogo.
"Ese mismo día presentó un diverso escrito(6) donde ofreció como prueba la exposición de motivos de la reforma al artículo 3o. constitucional, presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos.
"Audiencia constitucional. El cuatro de septiembre de dos mil catorce, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo. En ella se dio cuenta con los informes justificados, las pruebas rendidas y los diversos alegatos formulados. El treinta de enero de dos mil quince, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron, se emitió la sentencia correspondiente. A continuación, se sintetiza la resolución del juzgador federal:
"Fijación de la litis. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito puntualizó que el acto reclamado en el juicio de amparo es ‘la negativa a brindar al quejoso el derecho humano a la educación gratuita, derivado de que la autoridad responsable le exige una contraprestación monetaria para su reinscripción y recibir el servicio educativo’.(7)
"Certeza de los actos reclamados. Enseguida, recordó que tanto el apoderado general de la Universidad Autónoma de Nuevo León como su director de la Facultad de Derecho y Criminología negaron el acto reclamado. Sin embargo, hizo notar que a partir del contenido de los informes justificados se desprende que parte de los requisitos académicos para cursar la educación universitaria, consiste en la aportación de una cuota interna, misma que se hace del conocimiento de los alumnos a través de los recibos, como el que exhibió el quejoso. Dijo que esto evidencia la certeza del acto reclamado.
"Análisis de las causas de improcedencia. El Juez de Distrito estimó parcialmente fundada una causa de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables. Fue la prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que indica que el juicio es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Sin embargo, consideró que esta improcedencia sólo opera respecto del entero de las cuotas escolares previas, con excepción de la que corresponde al sexto semestre, periodo agosto-diciembre de dos mil catorce.
"Esto obedece a que el propio quejoso manifestó en su demanda de amparo, que se duele de la negativa a su derecho a la educación gratuita, al estar cursando el sexto semestre de la licenciatura en derecho. Esta circunstancia implica que, previamente a encontrarse en esta situación, tuvo que haber cursado los anteriores cinco semestres del programa de estudios, cumpliendo con el requisito relativo al pago de cuotas. Lo anterior, se robustece con lo manifestado por el quejoso en su escrito de alegatos del uno de septiembre de dos mil catorce, donde expresa que promovió el diverso juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, y valoró sus manifestaciones como una confesión expresa.
"Sin embargo, razonó que la improcedencia no opera respecto del cobro de cuotas escolares correspondientes al sexto semestre, pues el reclamo en su contra se encuentra en el término legal para tal efecto, atendiendo a la fecha que manifestó tener conocimiento del acto reclamado. Consecuentemente, sobreseyó en el juicio con base en los artículos (sic) 61, fracción XIV, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, con excepción de la exigencia de cuotas escolares relativas al sexto semestre de la licenciatura en derecho.
"Estudio de fondo. El Juez del conocimiento consideró infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso.
"El juzgador transcribió el contenido del artículo 3o. constitucional, en la lógica de que el derecho que el quejoso consideró violado está reconocido en ese precepto. Hizo notar que, aunque la fracción IV del mencionado artículo establece que toda la educación que imparta el Estado es gratuita, este derecho no es irrestricto, por lo que su alcance debe entenderse de manera sistemática para no descontextualizarlo.
"Luego, indicó que el establecimiento de los grados obligatorios en la educación (primaria, secundaria y media superior) tienen repercusión en todo el sistema de funcionamiento de los mismos, por lo que el Ejecutivo es quien determina los planes y programas de estudio de esos niveles, así como la administración de su personal docente; mientras que la educación superior goza de autonomía en esos aspectos. Por tanto, pueden fijarse requisitos de ingreso y determinar la administración de su personal, ya que las instituciones de educación superior tienen facultades de autogobierno que les otorga la propia Constitución.
"Precisó que la administración patrimonial de los organismos públicos que imparten educación en los grados obligatorios por la Constitución (preescolar, primaria, secundaria y media superior) no gozan de facultades de autogobierno, lo cual e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27260-e95271c9/revision-en-amparo-indirecto-si-al-ejercer-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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