AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER UNA UNIVERSIDAD PRIVADA CUANDO IMPIDE QUE SUS ALUMNOS REALICEN SUS EVALUACIONES MENSUALES Y SE REINSCRIBAN AL SIGUIENTE SEMESTRE ESCOLAR ANTE LA FALTA DE PAGO DE COLEGIATURAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ISABEL ILIANA REYES MUÑIZ, GRACIELA MARGARITA LANDA DURÁN, DAVID GUERRERO ESPRIÚ E INOSENCIO DEL PRADO MORALES. DISIDENTES: GUSTAVO GALLEGOS MORALES Y SALVADOR TAPIA GARCÍA. PONENTE: ISABEL ILIANA REYES MUÑIZ. SECRETARIO: SERGIO JAVIER COSS TRUEBA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno del Décimo Quinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tratarse de una contradicción de tesis suscitada entre órganos colegiados auxiliares que emitieron sentencia.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, que establece que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente, ante los Plenos de Circuito, el procurador general de la República, los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
Cabe señalar que si bien es cierto, en el presente asunto, la contradicción de tesis se suscita entre sentencias emitidas por un Tribunal Colegiado de este Décimo Quinto Circuito y un diverso órgano auxiliar; también lo es que dicho ente jurisdiccional actuó en apoyo de las labores del Primer Tribunal Colegiado de este Décimo Quinto Circuito, por tanto, las resoluciones que contienden deben entenderse emitidas en la jurisdicción de este circuito.
Lo anterior se ve robustecido con el hecho de que los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, fíctamente no son diversos de los órganos instructores a los que auxilian, sino colaboradores en función de auxiliar, cuyo objetivo primordial es apoyar en el dictado de resoluciones a los órganos jurisdiccionales federales en donde existan problemas de cargas de trabajo que propicien congestionamiento en la resolución de los asuntos, cuya duración es temporal y que su existencia deriva de las medidas adoptadas en acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para una mejor, más eficiente y pronta impartición de justicia.
Resulta aplicable la tesis 1a. LXXX/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"TRIBUNALES COLEGIADOS AUXILIARES. AL CONCLUIR SU INTERVENCIÓN CON EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, LOS AUTOS DEBEN VOLVER A SU TRIBUNAL DE ORIGEN PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE RESPECTIVO.-El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud del cúmulo de trabajo jurisdiccional y en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, determinó la creación de los Tribunales Colegiados Auxiliares que aunque tienen una composición propia, fíctamente no son diversos del Tribunal Colegiado de Circuito que funge como instructor del procedimiento, sino se trata de órganos colaboradores en función de auxiliares de dicho tribunal de instrucción, cuyo objeto es apoyar en el dictado de resoluciones a los órganos jurisdiccionales federales en donde existan problemas de cargas de trabajo; por ende, su duración es temporal y su existencia deriva de las medidas adoptadas en los acuerdos generales dictados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para una mejor, eficiente y pronta impartición de justicia; por tanto, al concluir su intervención los tribunales auxiliares con el dictado de la resolución correspondiente, los autos deben volver a su tribunal de origen para continuar con el trámite respectivo."(1)
También tiene aplicación, en lo conducente, la tesis 2a. XXI/2014, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR QUE DICTA RESOLUCIÓN EN APOYO DE AQUÉL. CORRESPONDE CONOCER DE AQUÉLLA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUANDO EN EL CIRCUITO DE QUE SE TRATE NO SE HA INTEGRADO EL PLENO DE CIRCUITO RESPECTIVO.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los Plenos de Circuito son competentes para conocer de las denuncias de contradicción de tesis, si se suscitan entre un Tribunal Colegiado ordinario perteneciente a un circuito y un Tribunal Colegiado Auxiliar que dicta resolución en apoyo de aquél, ya que en este supuesto ambas decisiones corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, lo que atiende a la finalidad del Constituyente al introducir dichos órganos, ya que permite homologar los criterios de un circuito determinado, y evita que se decidan cuestiones distintas en casos iguales. No obstante, el criterio que antecede es inaplicable cuando se encuentren involucrados órganos jurisdiccionales de la naturaleza mencionada, si en el circuito de que se trate no se ha integrado y, en consecuencia, no se encuentra funcionando el Pleno de Circuito al que corresponde determinar la postura que debe prevalecer, lo que acontece cuando en el circuito respectivo sólo existe un Tribunal Colegiado, según deriva del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, como esta situación no fue prevista por el Constituyente o por el legislador ordinario, ni por el propio consejo citado, entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos en los que se adoptaron posturas disímiles."(2)
TERCERO.-Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
En efecto, en sesión celebrada el quince de mayo de dos mil catorce, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió el amparo en revisión **********, por unanimidad de votos, en cuya ejecutoria confirmó lo resuelto por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, respecto a que no le asistía el carácter de autoridad responsable, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, a la universidad **********.
En cuanto al tema motivo de la presente contradicción de tesis, resolvió lo siguiente:
"En la especie, contrario a lo argüido por el recurrente, se estima que los actos atribuidos a la institución educativa de carácter privado, no fueron emitidos conforme lo establece el artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la ley de la materia tal como lo resolvió el Juez Federal.
"Al respecto, cabe puntualizar que en el juicio constitucional no se permite que se reclamen todos los actos de particulares que vulneren derechos fundamentales, sino sólo aquellos equivalentes a los de una autoridad que estén determinados por una norma general, actuando unilateralmente como entidad pública, con autorización del propio Estado y con efectos obligatorios.
"En el caso concreto los agravios parten de una premisa errónea, dado que los actos reclamados (impedir presentar exámenes y sacar del aula a la menor quejosa) no tienen la naturaleza de acto de autoridad que se atribuyen a la asociación civil señalada como responsable.
"A fin de explicar lo anterior, es menester atender al criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la tesis publicada en la página ciento dieciocho, del Tomo V, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes:
"‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.-Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: «AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.-El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.», cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades.’
"Ahora bien, en el caso de una institución educativa privada (asociación civil) que pretende impedir la presentación de un examen o sacar del aula a un alumno a quien reclama la falta de pago en la colegiaturas, no se sitúa como autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, porque la fuente de esa potestad no se origina en una norma general, sino en un acuerdo de voluntades al que ambas partes se sometieron; una de ellas, al ofrecer servicios educativos a cambio de una contraprestación y, la otra, al aceptar las condiciones para recibir el servicio.
"Lo anterior, entraña una relación de coordinación entre las partes, por lo que la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que lleguen a afectar la esfera legal de éstas, no tienen origen en una relación de supra a subordinación, atento al sometimiento voluntario a las condiciones en que la institución educativa presta el servicio y, derivado de ese consentimiento, consecuentemente, tampoco hay unilateralidad ni imperio en los actos desplegados por la institución educativa privada que se le reclamaron.
"En ese contexto, la posición de la peticionaria del amparo aquí recurrente, frente a la institución educativa de carácter privado señalada como responsable, no es la de gobernado para efectos del juicio de amparo, pues impedirle presentar exámenes y sacarla del aula, son consecuencia de los lineamientos a que voluntariamente se sometieron las partes para la prestación del servicio y conforme a dichos lineamientos interactúan jurídicamente, de tal suerte que a la inconforme sólo se le reconoce como alumna del centro educativo, pero no de gobernado que pudiera verse afectado en un derecho constitucional que hiciera procedente el juicio de amparo; máxime que la institución emitió los actos -órdenes verbales consistentes en impedirle realizar exámenes y sacarla del aula de clases por no realizar los pagos de colegiatura respectivos- es evidente que no actuó a nombre de la Secretaría de Educación Pública ni de ningún otro ente de gobierno, sino con la finalidad de hacer efectivas las contraprestaciones pactadas previamente.
"Por tal motivo, la universidad **********, Asociación Civil, así como su rector no constituyen autoridades para efectos del juicio constitucional que se revisa, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, pues no ejercen el poder público frente a los alumnos ya que las decisiones internas del plantel tienen su propia regulación y, por tanto, sus efectos son consecuencia del acuerdo de voluntades para la prestación del servicio; por ello, no puede resultarle afectado algún derecho fundamental protegido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo precisó el juzgador del conocimiento.
"En ese contexto, es de concluirse que al no existir una relación de imperio entre las partes, ni tratarse de un acto unilateral ni de una relación de supra a subordinación; consecuentemente, la universidad **********, Asociación Civil, ni el rector de dicha institución tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio constitucional ..."
De igual manera, en sesión de quince de mayo de dos mil trece, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en La Paz, Baja California Sur, resolvió los amparos en revisión ********** y **********, en cuyas ejecutorias consideró inexacta la determinación del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en la parte en que sostuvo que a la universidad **********, no le revestía el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto de origen.
Respecto del tema en controversia, en el citado amparo en revisión ********** resolvió, esencialmente, en los términos siguientes:
"Bajo la óptica de la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, asiste razón a la inconforme; en virtud de que la universidad **********, Sociedad Civil, al emitir la orden verbal por la que impide a ********** realizar sus evaluaciones mensuales, sí debe ser considerada como autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo.
"Cierto. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente (énfasis añadido):
"‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"‘...
"‘II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
"‘Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.’
"A fin de establecer en qué casos un particular puede tener la calidad de autoridad responsable por realizar actos equivalentes a los de autoridad, es necesario realizar un estudio legislativo, jurisprudencial y doctrinal, desde un perspectiva evolutiva, en atención a la obligación que tiene este órgano colegiado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos acorde, entre otros principios, con el de progresividad que consagra el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Sobre el tema, se observa un importante precedente pronunciado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la vigencia del Código Federal de Procedimientos Civiles, del veintiséis de diciembre de mil novecientos ocho, promulgado por el entonces presidente constitucional Porfirio Díaz, que regulaba en aquella época la tramitación del juicio de amparo.
"El artículo 671 del citado código definía a la autoridad responsable, de la siguiente manera:
"‘Artículo 671. Es autoridad responsable la que ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado; pero si éste consistiere en una resolución judicial o administrativa, se tendrá también como responsable a la autoridad que lo haya dictado. ...’
"La relevante sentencia a que se ha hecho referencia, fue dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mil novecientos diecinueve, al resolver el amparo administrativo en revisión promovido por **********.
"El caso concreto era el siguiente: El quejoso reclamó la intimación hecha por el mayor del pueblo de **********, Sonora, **********, para que lo ‘acompañara a la fuerza’ fuera de la población, es decir, le había conminado a que abandonara el indicado poblado, pretendiendo con esto, privarlo de su libertad personal. Es importante mencionar, que el mayor ********** no era un miembro del ejército mexicano, sino que al acontecer la Revolución Mexicana, diversos grupos contaban con hombres armados. El Juez de Distrito, consideró improcedente el amparo, en virtud de que el mayor ********** no era una autoridad.
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al revocar la sentencia, estableció que el término de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias ya legales, ya de hecho y, que por lo mismo, están en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho mismo de ser pública la fuerza de que disponen.
"El criterio antes indicado, se reflejó en la tesis de la Quinta Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de registro digital: 289963, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, página 1067, cuyos rubro y texto se transcriben para mayor claridad:
"‘AUTORIDADES.-Al decir la Constitución que el amparo procede por leyes o actos de autoridades, que violen las garantías individuales, no significa, en manera alguna, que por autoridad deba entenderse, para los efectos del amparo, única y exclusivamente aquellas que estén establecidas con arreglo a las leyes, y que hayan obrado dentro de la esfera legal de sus atribuciones, al ejecutar los actos que se reputan violatorios de garantías.
"‘Amparo administrativo en revisión. Torres Marcolfo F. 10 de mayo de 1919. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Alberto M. González, Agustín Urdapilleta y Manuel E. Cruz. La publicación no menciona el nombre del ponente.’
"La tesis antes transcrita, fue considerada por grandes juristas del siglo pasado, como una de las primeras que, bajo un principio liberal, brindó la interpretación más amplia posible a la procedencia del juicio de amparo. Bajo ese espíritu liberal, la Corte concluyó que puede considerarse como autoridades responsables, aun a simples funcionarios de hecho, es decir, individuos que, por acto suyo, fuera de todo régimen de legalidad, se atribuyen el desempeño de funciones públicas y detentan la fuerza pública.
"El criterio aludido, llegó a integrar la jurisprudencia número 300, hoy consultable con el número de registro digital: 820169, pronunciada por la otrora Cuarta Sala del Máximo Tribunal de la Nación, divulgada en el Apéndice de 1988, Parte II, página 519 (actualmente superada), intitulada y redactada en los términos subsecuentes:
"‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.-El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.
"‘Quinta Época. Tomo IV. Página 1067. Torres Marcolfo F. Tomo XXIX, página 1180. Rodríguez Calixto A.
"‘Tomo XXXIII. Página 2942. Díaz Barriga Miguel.
"‘Tomo LXV. Página 2931. Sandi Mauricio.
"‘Tomo LXX. Página 2262. Moral Portilla Jorge del.
"‘Esta tesis apareció publicada, con el número 75, en el Apéndice 1917-1985, Octava Parte, página 122.’
"Posteriormente, con la publicación de la Ley de Amparo del diez de enero de mil novecientos treinta y seis, en su texto original, se definió a la autoridad responsable de la siguiente manera (énfasis añadido):
"‘Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. ...’
"Este precepto tuvo una sola reforma durante toda la vigencia de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, para quedar (conforme a la fe de erratas divulgada en el indicado medio el veintidós de febrero del mismo año), de la siguiente forma:
"‘Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. ...’
"En la exposición de motivos de dicha reforma, no existen pronunciamientos relevantes respecto al tema tratado en esta ejecutoria, es decir, el concepto de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo.
"En cambio, es la evolución jurisprudencial la que presenta importantes aportes en el tema. Así, destaca que en algún momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgaba el carácter de autoridad, para efectos del juicio de amparo, únicamente a aquellas entidades que formaran parte del Estado en su sentido más estricto y que desempeñaran la función de imperio, esto es, que ordenen y se hagan obedecer; por lo que, tanto la administración pública paraestatal, como cualquier manifestación de poder privado carecían de control constitucional.
"Tal criterio imperó desde mil novecientos cuarenta y nueve, como se advierte de la emisión de la tesis de la Quinta Época, identificada con el número de registro digital: 349400, pronunciada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CII, página 424, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"‘ÁRBITROS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DE LOS.-De acuerdo con la fracción I del artículo 1o. de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 103 de la Constitución Federal, el amparo sólo procede contra actos de autoridad que violen las garantías individuales. Ahora bien, aunque los árbitros, por disposición de la ley, tienen la facultad de resolver los conflictos jurídicos que las partes sometan a su consideración, como aquéllos emanan de un compromiso formado entre particulares, su función es privada e igual carácter tiene el laudo que dictan. La función jurisdiccional es una función pública del Estado, por lo que sólo puede ser conferida por el Estado mismo; y como quien nombra a los árbitros y determina los límites de su oficio, no obra en interés público, esto es, en calidad de órgano del Estado, sino en interés privado, se deduce lógicamente que las funciones de los árbitros no son públicas. En tal virtud, no pueden los mismos árbitros conceptuarse como autoridades del Estado, por lo que los amparos que se intenten contra las resoluciones que dicten, resultan improcedentes, mientras no exista un mandamiento de ejecución que libre el Juez competente, cuando es requerido por los árbitros para el cumplimiento del laudo; exequátur que es indispensable para que la resolución arbitral pueda causar algún perjuicio a las partes. El laudo, una vez decretado su cumplimiento se eleva a la categoría de acto jurisdiccional, y es hasta entonces cuando el agraviado deberá ocurrir en demanda de amparo, ya sea porque en su concepto se hayan cometido violaciones a los términos del compromiso o desatendido los requisitos esenciales del procedimiento, como la falta de recepción de pruebas, de audiencia, o porque se ataquen en el laudo disposiciones de estricto orden público.
"‘Amparo civil directo 2474/48. Flores García Jesús. 17 de octubre de 1949. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Roque Estrada. Ponente: Vicente Santos Guajardo.’
"En similar sentido se pronunció la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, al resolver los amparos en revisión 8451/85 y 3209/86, de su índice, ejecutorias en las que sostuvo que Petróleos Mexicanos, por ser un organismo descentralizado, carece de imperio para hacer cumplir sus determinaciones; pronunciando en consecuencia la tesis con número de registro digital: 237234, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 205-216, Tercera Parte, página 128, que en adelante se reproduce:
"‘PETRÓLEOS MEXICANOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.-El organismo descentralizado Petróleos Mexicanos carece de imperio para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que, en términos de los artículo 103, fracción I, constitucional, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo.(3)
"‘Amparo en revisión 3209/86. José Luna y otros. 10 de septiembre de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Lucio Antonio Castillo González.
"‘Amparo en revisión 8451/85. Jorge Ernesto Calderón Gama y otro. 9 de abril de 1986. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Atanasio González Martínez. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Adrián Avendaño Constantino.
"‘Séptima Época, Tercera Parte, Volúmenes 163-168, página 84. Amparo en revisión 728/82. Salvador Hernández Esparza y otros (poblado ojo caliente, Municipio y Estado de Aguascalientes). 5 de agosto de 1982. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Secretario: José Javier Aguilar Domínguez.’
"Sin embargo, una nueva concepción de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, emanó de la ejecutoria pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1195/92, a partir del cual se entendió por tal, a aquellos funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado.
"El criterio en mención, puede leerse en la tesis P. XXVII/97, de la Novena Época, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, página 118, cuyos rubro y texto se transcriben:
"‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.-Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: «AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.-El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.», cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25999-43e6dbd5/autoridad-responsable-para-efectos-del-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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