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Modo: Corpus Pro

AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER, POR EXCEPCIÓN, LA ESCUELA PRIVADA QUE NIEGA DE FORMA UNILATERAL EL DERECHO A SUS ALUMNOS A RECIBIR EDUCACIÓN, AL NO PERMITIR SU INGRESO O REINSCRIPCIÓN. EDUCACIÓN. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO DE ESTRUCTURA JURÍDICA COMPLEJA, POR LO QUE NO SÓLO EL ESTADO MEXICANO DEBE GARANTIZAR SU SATISFACCIÓN, SINO TAMBIÉN LOS PARTICULARES A QUIENES SE LES AUTORIZA PARA IMPARTIRLA A TRAVÉS DE PERMISOS O CONCESIONES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 335/2021. · Registro digital (IUS): 31273
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-02-24
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Febrero de 2023, Tomo IV, Pág.3425.

AMPARO EN REVISIÓN 335/2021. 13 DE OCTUBRE DE 2022. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. PONENTE: JUAN GARCÍA OROZCO. SECRETARIA: DENISSE FREGOSO RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—En términos de los artículos 76 y 189 de la Ley de Amparo, los agravios se analizarán de acuerdo con su prelación lógica y en diverso orden al que fueron planteados, por lo que en primer lugar se examinará el agravio sintetizado con el número 5.3, porque de ser fundado traería como consecuencia resolver que la litis constitucional fue delimitada en forma ilegal, y como el estudio de la causal de improcedencia actualizada debe hacerse en función a lo efectivamente reclamado en el juicio, podría cambiar el resultado del fallo.

En torno a la fijación clara y precisa de los actos reclamados que el Juez de amparo debe efectuar en la sentencia –en términos de lo que ordena el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo– el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido.

La jurisprudencia en comento es la P./J. 40/2000, de la literalidad siguiente:

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."(8)

Además de examinar en forma integral y armónica el escrito de demanda, la autoridad de amparo está obligada a fijar los actos reclamados prescindiendo de los calificativos que le atribuya el quejoso, armonizando la información que se deduzca, incluso, de la totalidad del expediente, lo cual se estableció en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."(9)

Criterios que resultan aplicables al caso, pues el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece es de contenido similar al 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, máxime que el artículo sexto transitorio de este ordenamiento legal(10) dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley.

En congruencia con lo dispuesto en esos criterios debe concluirse que la fijación de los actos reclamados debe buscar la identificación exacta de esa circunstancia fáctica, hecho o acto jurídico concreto de que se duela la parte quejosa, sin incluir en tal identificación los vicios, defectos, irregularidades o afectaciones jurídicas que bajo la apreciación del quejoso pudieran traer consigo o implicar tales actos.

En el caso, contrario a lo afirmado por los recurrentes, se considera legal la fijación del acto reclamado que hizo el Juez de Distrito, porque del análisis de la demanda de amparo se advierte que se reclamó lo siguiente: "... la inconstitucional negativa de negar (sic) educación primaria, reinscribir, aceptar y continuar como alumnos de la institución educativa privada denominada Colegio **********, a mis dos menores hijos de nombres ********** y **********, ambos de apellidos **********, sin que exista causa legal o justificada alguna, cuya inconstitucional e infundada negativa afecta en forma indubitable el derecho fundamental a la educación primaria, contenido y previsto dentro del artículo 3o. constitucional y en los tratados internacionales de los derechos del niño.". Además, en los antecedentes expuestos en ese escrito se expresó: "La encargada de recepción antes mencionada se comunicó a los 20 minutos con el suscrito expresándome penosamente que el director general ********** dio la indicación que de aquí en adelante no me atendería más, que se reservaban el derecho de admisión al siguiente ciclo escolar 2018-2019 de mis dos hijos."

De ahí que no asista razón a los recurrentes en cuanto afirman que el acto reclamado también consistió en la negativa para que los justiciables continuaran sus estudios como alumnos de la institución educativa señalada como autoridad responsable en ciclos escolares posteriores al correspondiente a 2018-2019, pues de la interpretación de la demanda y de las actuaciones que componen el juicio no se advierte que se hayan reclamado la inscripción y continuación de estudios en ciclos escolares posteriores al citado, sino que se impugnó la negativa a reinscribir, aceptar y continuar como alumnos de la institución educativa en dicho ciclo y cursarlo.

Además, no debe soslayarse que lo reclamado debe existir al momento de la presentación de la demanda y de surgir un nuevo acto violatorio de derechos fundamentales vinculado estrechamente con lo impugnado inicialmente, podrá ampliarse la demanda conforme a lo impuesto por el artículo 111 de la Ley de Amparo(11) lo cual, por supuesto, correspondía realizar al hoy inconforme.

Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 36/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, junio de 1998, página 5, registro digital: 196072, de contenido siguiente:

"ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado."

En efecto, el citado numeral –transcrito a pie de página– prevé dos supuestos en los que puede ampliarse la demanda de amparo:

• Cuando todavía no hayan transcurrido los plazos para la presentación de la demanda; y,

• El quejoso tenga conocimiento de actos que guarden una estrecha relación con los actos reclamados inicialmente.

En el segundo de los casos mencionados, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esa ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional, o bien, presentar una nueva demanda.

Entonces, si de actuaciones se advierte que fue el propio representante de los quejosos quien manifestó al Juez Federal –al interponer el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva–(12) que la institución educativa continuaba ejerciendo presión para que a pesar de estar inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, los menores justiciables no continuaran sus estudios en el colegio educativo, es incuestionable que éste tuvo conocimiento de los diversos actos violatorios de derechos fundamentales vinculados estrechamente al inicialmente reclamado, ante los cuales, lo procedente era promover una ampliación de demanda. Carga procesal que por supuesto recaía en el representante de los justiciables, por conocer éste de los actos que pretendía fueran materia de análisis en la sentencia recurrida.

Por lo cual, al no haberse ampliado la demanda de amparo, era imposible que el Juez Federal fijara como acto reclamado el supuesto impedimento de la institución educativa hacia los menores para que éstos continuaran sus estudios como alumnos en grados y ciclos escolares ulteriores, pues nunca se requirió a la autoridad responsable el informe de ley respecto de ello para determinar, en primer término, la existencia de dicha impugnación y, superado ello, estar en aptitud de analizar su constitucionalidad.

Cabe agregar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 23/2002-PL, se ocupó de establecer que la litis en el juicio de amparo se integra por los conceptos de violación y, frente a ellos, el acto o actos reclamados, por lo que es claro que lo que se resuelva en el incidente de suspensión no tiene injerencia con el fallo que se dicte en el juicio principal, pues mientras el primero tiene como objetivo que se mantenga viva la materia del asunto, en el segundo se dicta la resolución que dirime la constitucionalidad del fondo del asunto, siempre y cuando se superen los requisitos de procedencia del controvertido.

Por lo anterior, devienen inoperantes las divergencias en donde los inconformes aducen –en esencia– que el Juez de Distrito ilegalmente al resolver omitió considerar lo determinado en el incidente de suspensión en que se concedió la medida cautelar definitiva lo cual, dice, fue incumplido por la autoridad responsable, quien se condujo de mala fe durante el procedimiento por haber negado la existencia del acto reclamado al momento de rendir su informe de ley; conductas que debieron conducir al juzgador para proceder conforme lo impone el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales (apartados 5.2.1, 5.3.1 y 5.4 del considerando cuarto).

Efectivamente –como se ve– los recurrentes formulan una serie de alegaciones en donde se duelen de la negativa del Juez de Distrito de resolver con base en lo determinado en el incidente de suspensión en que se determinó la concesión de la medida suspensiva definitiva y, por ende, avalar la conducta reticente de la autoridad responsable de negarse a reinscribir a los quejosos y vulnerar su derecho a recibir educación, lo cual resulta –sin lugar a duda– ineficaz, en atención a que la materia del presente recurso de revisión se constriñe a revisar la legalidad o ilegalidad de las consideraciones en que el juzgador sustentó, en lo que al caso importa, que procedía el sobreseimiento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del propio ordenamiento legal, dado que cesaron los efectos del acto reclamado.

Era así –destacó el juzgador de primer grado–, porque la autoridad responsable justificó haber permitido realizar los pagos por concepto de inscripción y pagos de colegiaturas a nombre de los menores justiciables –ello con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo–, por lo que era inconcuso que cesó la conducta contumaz de no permitir que los quejosos involucrados fueran reinscritos al ciclo 2018-2019 en el Colegio **********, con sede en Tepic, Nayarit.

Sin embargo, en los agravios reseñados los recurrentes se concretan a aducir cuestiones relativas a la suspensión definitiva y al comportamiento de la autoridad responsable durante el trámite del sumario, por lo que si, como ya se apuntó, la litis en el juicio de amparo se integra por los conceptos de violación y, frente a ellos, el acto o actos reclamados, es claro que lo alegado no tiene injerencia con el fallo que se dicte en el juicio principal y, por ende, sus divergencias son ineficaces para revocar el fallo recurrido.

Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 424, registro digital: 166031, que establece:

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." (Lo resaltado es propio de este tribunal)

Ahora, previamente a analizar los agravios relativos a que no se actualiza la causal de improcedencia por cesación de efectos prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo invocada por el Juez de Distrito, debe tenerse en cuenta que el artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, al igual que el numeral 91, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada, dispone que, por regla general, cuando en el juicio de amparo se sobresea y el recurrente sea la parte quejosa, el órgano jurisdiccional debe examinar, en primer término, los agravios hechos valer en contra de la causal de improcedencia con base en la cual se sustenta la resolución recurrida, y si éstos son fundados examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada.

Sin embargo, es criterio de este tribunal(13) que cuando alguna causal de improcedencia es de estudio preferente, por su importancia y los efectos que producen en el controvertido constitucional, puede prescindirse del análisis de los agravios y examinar directamente la causal que hace inejercitable la acción de modo absoluto y definitivo, al no satisfacerse algún presupuesto sin el cual pueda válidamente dictarse sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa.

Ahora, es cierto que de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.)(14) y la tesis aislada 1a. XXII/2020 (10a.),(15) sustentadas por la Segunda y la Primera Salas, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, por regla general, cuando se reclaman actos emitidos por una escuela privada por incumplimiento de una obligación contractual pactada como condición de ingreso y permanencia, el juicio de amparo es improcedente, porque tales instituciones educativas no tienen el carácter de autoridad responsable; sin embargo, como se infiere de esas propias ejecutorias, ésa es la regla general, lo que implica que la misma admite diversas excepciones sobre la procedencia del juicio de amparo, y este tribunal considera que el acto reclamado se ubica en una de ellas, como se pondrá de manifiesto más adelante, por lo que no obstante que esta causal sería de estudio preferente a la invocada por el juzgador, dado que si el colegio señalado como autoridad, no tuviera ese carácter, el juicio sería improcedente de modo absoluto; empero, dado que no se actualiza, como ya se dijo, procede analizar los agravios reseñados respecto a la cesación de efectos.

Por tanto, este Tribunal Colegiado de Circuito procede a analizar si se actualiza la causal de improcedencia por cesación de efectos prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo invocada por el Juez de Distrito atendiendo, como se apuntó, a lo argumentado por los inconformes en vía de agravio.

Para ello, se tiene que el artículo 62 de la Ley de Amparo(16) establece que las causales de improcedencia deben ser revisadas de oficio, esto es, que las partes aleguen o no la procedencia del juicio debe examinarse previamente al estudio de fondo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde, es decir, es susceptible de estudio en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria.

Ahora, para decretar el desechamiento de una demanda de amparo o el sobreseimiento en el juicio de amparo, las causales de improcedencia necesariamente deben ser manifiestas e indudables, sin inferirse de presunciones,(17) pues de lo contrario el juzgador estará obligado a pronunciarse sobre la cuestión de fondo, concediendo o negando la protección constitucional solicitada.

Pero no sólo eso sino que, además, las causales de improcedencia del juicio de amparo deben interpretarse de manera estricta, ya que constituyen excepciones a la regla general de su procedencia para la defensa de los derechos fundamentales.(18) Además, es importante precisar que las causales de improcedencia, atendiendo al momento en que sean detectadas por el juzgador constitucional, pueden conducir al desechamiento de la demanda de amparo, o bien, a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional o en ella, inclusive, en el recurso de revisión. Lo anterior se advierte de los artículos 63, fracción IV, 93, fracción III y 113 de la Ley de Amparo.

En el caso se tiene que la causal de improcedencia advertida por el juzgador se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo(19) y dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, cesación que implica la desaparición total de la violación de los derechos que se estiman transgredidos con lo impugnado.

En consecuencia, no podrá estimarse que se esté en presencia de una cesación de efectos capaz de actualizar la causal de improcedencia aludida, si desapareciendo la violación principal, subsiste alguna de las consecuencias que ésta provocó. En cambio, cuando la violación y todos los efectos que se le atribuyen desaparecen, cobra plena aplicación la causal de improcedencia en análisis.

Lo anterior es lógico, pues esta causal de improcedencia es acorde con la finalidad que se persigue, al solicitar la protección de la Justicia Federal en el juicio de amparo.

En efecto, si de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que concede la protección constitucional solicitada tiene por objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación –cuando el acto reclamado sea de carácter positivo–, así como obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija –cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión–.

Por tanto, es evidente que si a consecuencia de la cesación de los efectos del acto reclamado a que alude la causal de improcedencia el quejoso se ve restituido en sus derechos, es decir, en los derechos que se estiman infringidos con el acto reclamado, el juicio de amparo carecería de sentido, en tanto que perseguiría lo que se ha logrado con la cesación de efectos.

Así, debe dejarse en claro que para la actualización de esa causal de improcedencia debe resultar notorio, manifiesto e indudable que la violación de los derechos reclamados y las consecuencias que esa violación produjo han desaparecido de manera completa, absoluta e incondicional, pues de lo contrario, es decir, de existir duda de que ello sea así, no podrá actualizarse esta causal de improcedencia.

Esto es, los efectos del acto reclamado cesan cuando la responsable deroga o revoca el acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su emisión o cuando, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, crea una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho humano violado.

Corolario de lo anterior, resulta importante traer a colación lo determinado por la Sala mencionado al resolver el amparo en revisión 3387/9710 (sic) –en lo que interesa al caso– determinó lo siguiente:

"Es necesario partir de la transcripción del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que dice: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: I. ... XVI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.’

"El necesario análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, el verbo ‘cesar’ significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término ‘efecto’ significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa.

"A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada ‘Lecciones de Amparo’, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, páginas 497 y 498, opina que de acuerdo con el texto de la fracción XVI del artículo 73 se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado ‘cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga ...’; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario ‘que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable’, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada por lo que, en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado ‘se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido, es decir, el acto debe quedar insubsistente’; concluye que ‘... únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo; de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada.’

"A su vez, Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro ‘El Juicio de Amparo’, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, México 1997, página 467, expresa en relación con la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo: ‘El acto reclamado tiene como consecuencia inmediata la causación de una violación en los términos del artículo 103 constitucional. La violación o las violaciones son, pues, los efectos del acto reclamado. Entonces, cuando ha cesado la violación, cuando ha desaparecido la contravención, por haberlas reparado, por ejemplo, las propias autoridades responsables, el amparo deja de tener razón de ser, ya que perseguiría algo que ya está logrado: la reparación de la infracción.’

"El doctor Octavio A. Hernández, en relación con la improcedencia de que se trata, expone en su obra ‘Curso de Amparo. Instituciones Fundamentales’, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, México 1983, página 246, lo siguiente: ‘Desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone el quejoso que son violatorias de la Constitución y que, consecuentemente, impugna mediante el juicio de garantías. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y, consecuentemente, la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 80 de la Ley de Amparo.’

"Sobre el particular, esta Suprema Corte de Justicia ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, entre otras, las siguientes:

"‘ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada.’ (Quinta Época, Tomo XCIX, página 2443).

"‘ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos.’ (Quinta Época, Tomo LXXXIX, página 731).

"‘ACTOS RECLAMADOS, CESACIÓN DE LOS. Para que se pueda estimar que han cesado los efectos del acto reclamado, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido, y la revocación debe ser definitiva y no provisional.’ (Quinta Época, Tomo XCIII, página 774).

"‘ACTO RECLAMADO, CUÁNDO HAY CESACIÓN DEL. Es cierto que la Ley de Amparo establece como causa de improcedencia, el hecho de que hayan cesado los efectos del acto reclamado; pero tratándose de actos que se tradujeron en una situación de hecho, esa cesación no puede producirse por la sola determinación de la autoridad responsable, revocando el acuerdo que dio origen anteriormente a ella, pues para que positivamente cesen esas consecuencias, es preciso que la autoridad, tras de revocar su resolución, dicte las medidas eficaces encaminadas a establecer positivamente las cosas al estado que tenían antes de ejecutarse el acto de que se trata.’ (Quinta Época, Tomo LVIII, página 2161)."

De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado.

Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31273-55391d03/autoridad-responsable-para-efectos-del-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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