COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO O DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA SENTENCIAS DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN QUE ACTUÓ CON BASE EN UNA COMPETENCIA SUSTITUTA EXTRAORDINARIA, CONCRETA Y LIMITADA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE DEBIÓ RESOLVERSE ORIGINARIAMENTE.
AMPARO EN REVISIÓN 334/2023. 11 DE ABRIL DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RICARDO DELGADO QUIRÓZ. SECRETARIA: YESICA ABIGAIL CASTRO FLORES.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de once de abril de dos mil veinticuatro.
VISTO, para resolver el recurso de revisión 334/2023, derivado del juicio de amparo indirecto 156/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la oficialía de partes del Tribunal Colegiado de Apelación del Trigésimo Segundo Circuito el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés,(1) ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable y por el acto reclamado siguientes:
"III. AUTORIDADES RESPONSABLES.
"RESULTAN SER LOS C. MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL H. TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO CON SEDE EN EL ESTADO DE COLIMA.
"IV. ACTO RECLAMADO:
"SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN SESIÓN DE FECHA 12 DOCE DE MARZO DE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN ACTUACIONES DEL TOCA PENAL **********; RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE, A SU VEZ, DETERMINÓ REVOCAR LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR EL JUEZ FEDERAL DE CONTROL ********** EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE LA CAUSA PENAL **********."
Por auto de uno de junio de dos mil veintitrés,(2) el Pleno del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito la registró como Amparo Directo número ********** y se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, toda vez que no se trata de una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio; consecuentemente, ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Apelación del Tercer Circuito, para su conocimiento.
Posteriormente y por razón de turno fue remitida al Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito, mismo que en proveído de doce de junio de dos mil veintitrés(3) aceptó la competencia y admitió la demanda de amparo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; requirió a la autoridad responsable su informe justificado; dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
Seguidos los trámites de ley, el veintiuno de julio de dos mil veintitrés(4) tuvo verificativo la audiencia constitucional en que se dictó sentencia, terminada de engrosar el veinticinco de septiembre siguiente,(5) en cuya parte resolutiva se estableció:
"ÚNICO. La justicia de la Unión, NO AMPARA NI PROTEGE A **********, contra el acto y la autoridad precisada en el considerando segundo de este fallo."
SEGUNDO. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior determinación, el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés(6) el quejoso, por conducto de su autorizado **********, interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer a este Tribunal Colegiado, y por auto de Presidencia de nueve de noviembre siguiente,(7) se admitió bajo toca número 334/2023; asimismo, se dio vista a la agente del Ministerio Público adscrita, quien no formuló pedimento y se tuvo como tercero interesado al agente del Ministerio Público de la Federación **********, titular de la Cédula II-3, del Equipo de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Colima.
Por auto de treinta de noviembre de dos mil veintitrés, la Presidencia de este Tribunal Colegiado ordenó turnar el presente asunto a la ponencia del magistrado Ricardo Delgado Quiróz,(8) para la formulación del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO
ÚNICO. No es jurídicamente posible analizar las consideraciones en que se sustenta la sentencia impugnada, frente a los agravios que en su contra se hicieron valer, debido a que, como enseguida se verá, en el caso concurren circunstancias determinantes de la incompetencia legal por razón de territorio de este Tribunal para conocer de la presente demanda de amparo.
A fin evidenciar lo anterior, resulta pertinente relatar los antecedentes que derivan del juicio de amparo indirecto penal **********, del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito.
Antecedentes.
1. Audiencia de procedimiento abreviado. El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se celebró audiencia de procedimiento abreviado por el juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, en la causa penal **********, en la que se emitió sentencia condenatoria en los siguientes términos:
"... PRIMERO. (1) **********, (2) **********, (3) **********, (4) **********, (5) ********** y (6) **********, son penalmente responsables de los delitos de:
"CONTRA LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN DE METANFETAMINA CON FINES DE COMERCIO, previsto y sancionado por el artículo 195, párrafos primero y tercero, en relación con los artículos 193 y 194, fracción I, del Código Penal Federal.
"ACOPIO DE ARMAS DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA NACIONAL, previsto en el artículo 83 Bis, fracción II, en relación al 11, incisos b) y c), todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
"POSESIÓN DE CARTUCHOS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracciones I y II, en relación con el artículo 11, incisos f), b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
"POSESIÓN DE CARGADORES DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
"SEGUNDO. Se impuso a los sentenciados, las penas de 6 años de prisión y 132 unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $11,829.84, en los términos que precisé en audiencia.
"TERCERO. No se condena a los sentenciados a la reparación del daño, en atención a la naturaleza de los hechos.
"CUARTO. No se concedieron ninguno de los beneficios establecidos en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal. ..."
2. Recurso de apelación. Inconformes con la determinación anterior, el agente del Ministerio Público de la Federación, los encausados **********, **********, ********** y **********, interpusieron recurso de apelación, a la cual se adhirieron los sentenciados ********** y **********, por conducto de sus defensores, respectivamente.
3. Trámite de la apelación. Correspondió conocer del aludido recurso al Tribunal Colegiado de Apelación del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima, en el toca **********, donde en sesión ordinaria de doce de marzo de dos mil veintitrés, terminada de engrosar el trece de abril siguiente, revocó la sentencia de procedimiento abreviado al considerar fundados los agravios que hizo valer el representante social.
4. Demanda de amparo. En desacuerdo con la determinación anterior, el quejoso ********** promovió demanda de amparo directo, que con motivo de la competencia declinada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima, por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito, en virtud de que se reclamó una resolución atribuida al único Tribunal Colegiado de Apelación que existe en el Trigésimo Segundo Circuito, y por ser aquél el órgano de control constitucional más próximo y con igual jerarquía a la autoridad responsable ordenadora; donde en acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés, registró el asunto con el número **********, y admitió a trámite.
5. Audiencia constitucional y sentencia (resolución recurrida). Seguido el juicio de amparo en todos sus trámites legales, el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional y el veinticinco de septiembre del mismo, se dictó sentencia donde se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso.
6. Recurso de revisión. En desacuerdo con esa decisión, el autorizado del directo quejoso interpuso recurso de revisión, presentado en la Oficialía de Partes del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito, el cual se turnó a este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito.
Análisis del tema en concreto.
Ahora, la competencia doctrinariamente se identifica como el límite de la jurisdicción y de esa forma se traduce en la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para ejercer su competencia en determinados asuntos y dentro de cierto territorio.
En esa lógica, un Tribunal es competente para conocer del asunto cuando hallándose éste dentro del ámbito de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos.
El territorio, así como la materia, constituyen factores determinantes de la competencia atendiendo al espacio en que el órgano jurisdiccional legalmente lo tiene asignado para desplegar su función de administrar justicia y a la naturaleza jurídica de las controversias, respectivamente.
En ese orden, la competencia consiste en la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho, concretamente dentro de un espacio territorial.
Las dos directrices señaladas, como el fuero y el grado –entre otras–, son parámetros que identifican y responden a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso pleno a la justicia, que como derechos fundamentales están reconocidos en los numerales 14,(9) 16(10) y 17(11) de la Constitución Federal, así como en los preceptos 8o.(12) y 25(13) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Para determinar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, respecto del recurso de revisión, debe acudirse a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige lo relativo a la competencia en los juicios de amparo y medios de impugnación derivados de éstos, concretamente los numerales 33 y 84, que disponen:
"Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo:
"I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación;
"II. Los tribunales colegiados de circuito;
"III. Los tribunales colegiados de apelación;
"IV. Los juzgados de distrito; y
"V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por esta Ley."
"Artículo 83. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.
"El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales, distribuirá entre las salas los asuntos de su competencia o remitirá a los tribunales colegiados de circuito los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine."
"Artículo 84. Son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de revisión en los casos no previstos en el artículo anterior. Las sentencias que dicten en estos casos no admitirán recurso alguno."
También es menester atender al contenido de los artículos 104 Constitucional; 38, 39, 40 y 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en lo conducente establecen:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo104. Los Tribunales de la Federación conocerán:
"I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal;
"II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado;
"III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno; ..."
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación:
"Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:
"I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate:
"a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas;
"...
"II. Del recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"III. Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"IV. Del recurso de inconformidad en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"V. Del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por las y los jueces de distrito, los tribunales colegiados de apelación o por la persona superior del tribunal responsable en los casos a que se refiere el artículo 84 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se reclame un acuerdo de extradición dictado por el Poder Ejecutivo a petición de un gobierno extranjero, o cuando se trate de aquellos remitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad prevista en el noveno párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"VI. De los recursos de revisión que las leyes establezcan en términos de la fracción III del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"VII. De los impedimentos y excusas que en materia de amparo se susciten entre las y los jueces de distrito, y en cualquier materia entre las y los magistrados de los tribunales de circuito, o las autoridades a que se refiere el artículo 54, fracción III, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos casos conocerá el tribunal colegiado de circuito más cercano.
"Cuando la cuestión se suscitare respecto de un solo magistrado o magistrada de circuito de amparo, conocerá su propio tribunal;
"VIII. De los recursos de reclamación previstos en el artículo 104 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
"IX. Las demás que expresamente les encomiende la ley o los acuerdos generales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o las Salas de la misma. ..."
"Artículo 39. Podrán establecerse tribunales colegiados de circuito especializados, los cuales conocerán de los asuntos que establece el artículo anterior en la materia de su especialidad."
"Artículo 40. Cuando se establezcan en un circuito en materia de amparo varios tribunales colegiados con residencia en un mismo lugar que no tengan jurisdicción especial, o que deban conocer de una misma materia, tendrán una oficina de correspondencia común que recibirá las promociones, las registrará por orden numérico riguroso y las turnará inmediatamente al tribunal que corresponda, de conformidad con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal."
"Artículo 86. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:
"...
"III. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República, así como las regiones a las que pertenezcan, en las cuales ejercerán jurisdicción los plenos regionales; ..."
Del precepto constitucional se obtiene, en lo que interesa, que de los recursos de revisión conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución fije para la revisión en amparo indirecto.
Por su parte, el artículo 84 de la ley de la materia señala que son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso de revisión cuyas sentencias que dicten no admitirán recurso alguno.
En tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 86, fracción III, establece que es atribución del Consejo de la Judicatura Federal, determinar el número y el límite territorial de los circuitos en que se divide el Territorio Nacional.
De lo anteriormente plasmado, se podría colegir que la competencia por territorio de un Tribunal Colegiado de Circuito, para conocer del recurso de revisión que se interponga en los juicios de amparo indirecto que conozcan los Juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados de Apelación, generalmente se fijará de acuerdo a la residencia del órgano jurisdiccional que haya emitido la sentencia.
Sin embargo, no debe perderse de vista que, en términos del artículo 100(14) Constitucional, así como el diverso 38, fracción IX,(15) ya mencionado, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Apelación y los de Circuito también serán competentes para conocer de asuntos, en términos de los Acuerdos Generales emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del Consejo de la Judicatura Federal; de ahí que se estime necesario atender además, al contenido de dichos ordenamientos, entre otros –que se mencionarán en siguientes párrafos–, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, donde se estableció que el país se divide en treinta y dos circuitos y se precisó la circunscripción territorial de cada uno de ellos.
Señalado ese marco jurídico, es de enfatizar que los derechos de legalidad y seguridad jurídica vinculados con el de acceso a la justicia, por mandato constitucional en razón de la competencia por territorio y materia, ha dispuesto los mecanismos necesarios para dotar de certeza a los gobernados cuando someten a consideración de los tribunales sus controversias, especialmente en la materia penal, pues como se dijo con antelación, de manera ordinaria, la competencia se fija atendiendo al domicilio de la autoridad que dictó la sentencia. De esa manera, la administración de la justicia por los Tribunales de la Federación, deberá impartirse en función de la determinación legal existente, sobre todo en lo relativo al territorio y la materia correspondiente, porque de no ser de esa forma, no se dará pleno cumplimiento al derecho fundamental de que se habla.
No obstante, dicha regla debe interpretarse a la luz del derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, relativo a la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.
Como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007,(16) de rubro y contenido siguientes:
"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales."
El criterio anterior permite establecer que el derecho de acceso a la impartición de justicia se encuentra detallado por diversas especies de derechos o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas, respectivamente, en los ya mencionados artículos 8, 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Tales prerrogativas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen que:
• El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
• La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales.
• El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga.
• El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial y el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Además, el nuevo modelo del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, permite entender que el artículo 17 Constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia, con los principios que se derivan como de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, mientras que los artículos convencionales citados, prevén derechos o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional referido, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden a especificar y hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro persona, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia.
En esa línea argumentativa, conviene destacar que el Pleno de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 52/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del primer y segundo Tribunales Colegiados de Apelación del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y que reforma diversos acuerdos generales, del cual se obtiene que el once de marzo de dos mil veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al Poder Judicial de la Federación, entre otros aspectos, respecto al ejercicio de sus facultades regulatorias, a fin de adoptar las medidas necesarias para convertir los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación, considerando que en cada entidad federativa debe haber al menos uno de éstos.
Así, el Pleno consideró que habría dos Tribunales Colegiados de Apelación en este Tercer Circuito con residencia en Zapopan, por lo que en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, un Tribunal Colegiado de Apelación conocerá de los amparos que se promuevan en contra de los actos del otro, y viceversa.
Igualmente, se estableció que éstos conocerán de los amparos que se promuevan en contra de los actos de los Tribunales Colegiados de Apelación de Colima y Nayarit, dado que el Tercer Circuito –que corresponde a Jalisco–, es el más cercano a dichas entidades.
Además, el Pleno de la Judicatura Federal emitió el diverso Acuerdo General 66/2022, respecto a la creación, denominación e inicio de funciones del Tribunal Colegiado de Apelación del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y que reforma diversos acuerdos generales, en el cual se precisó que para instrumentar también la transformación respectiva, en sesión del trece de octubre de dos mil veintidós, aprobó el Acuerdo General 24/2022, que reglamenta la integración, organización y funcionamiento de los Tribunales Colegiados de Apelación y entre otras cuestiones, consideró que sólo habría un Tribunal Colegiado de Apelación en el Trigésimo Segundo Circuito, por lo que, para conocer de los juicios de amparo que se promuevan para combatir sus actos, será competente el Tribunal más próximo a la residencia del que haya emitido el acto reclamado.
Sobre el tema, destacó que los Tribunales Colegiados de Apelación del Tercer Circuito tendrán jurisdicción para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en contra de actos de su homólogo del Trigésimo Segundo Circuito, por ser los más próximos, y con el objeto de dar certeza a las personas justiciables acerca de los órganos ante los cuales tienen que presentar la demanda correspondiente.
Bajo ese esquema, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de territorio y materia se distribuye entre diversos Tribunales o Juzgados, a los que se les asigna una especialización y un espacio territorial, lo que da origen a la existencia de Tribunales penales, agrarios, civiles, administrativos y del trabajo, entre otros, y a cada uno de ellos le corresponde conocer de los asuntos relacionados con dicha especialidad en orden al territorio respecto del cual se asigna el desarrollo de sus facultades jurisdiccionales.
Entonces, la creación de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32485-460298fc/competencia-por-territorio-para-conocer-del-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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