PRUEBA CONFESIONAL POR POSICIONES EN AMPARO INDIRECTO. SU INADMISIBILIDAD ES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL.
QUEJA 79/2024. 2 DE ABRIL DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GERARDO VÁZQUEZ MORALES. SECRETARIO: RICARDO MANUEL GÓMEZ NÚÑEZ.
Zapopan, Jalisco, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de dos de abril de dos mil veinticuatro.
VISTOS los autos para resolver el recurso de queja número 79/2024 y,
R E S U L T A N D O:
1º.- Por escrito presentado vía electrónica el veinte de febrero de dos mil veinticuatro, ********** ********** ********** **********, en su carácter de autorizado de la quejosa ********** ********** ********** ********** ********** **********, interpuso recurso de queja en contra del acuerdo del día diecinueve anterior, dictado por la Titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en los autos del juicio de amparo indirecto 305/2023, en el que desechó la prueba confesional a cargo del tercero interesado, ofertada por la promovente.
2°.- El referido recurso fue turnado a este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo Presidente, en proveído de cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, lo mandó registrar con el número de expediente 79/2024, lo admitió y ordenó dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
3°.- Por auto de quince siguiente se turnó el asunto para proyecto de resolución a la ponencia del Magistrado Gerardo Vázquez Morales.
4°.- La sesión de este asunto mediante videoconferencia por este Órgano Colegiado para resolver vía remota, se fundamenta en el "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO", punto "CUARTO", artículo 30, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, que disponen: "CUARTO. Se reforman los artículos 2, fracciones II, XII a XIV, XX, XXV y XXXI; 3; 4; 9; 10 párrafo primero; 12 párrafo primero; 22; 23; 24; 26; 27 párrafos primero y último; 28, fracción XI; 30; 31, párrafos primero y quinto; 33; 36 párrafos segundo y tercero; 37; 40; 61, párrafo segundo; 62, párrafo primero y fracción I; 64, párrafo tercero; la denominación del Capítulo Séptimo; 68, párrafo primero; 69; 70; la denominación del Capítulo Octavo; 71; 72; 76, último párrafo; 80; 81; 82; 84, último párrafo; 85; 89 último párrafo; 91, último párrafo; 92 párrafo segundo; 95, último párrafo; la denominación del Capítulo Décimo Primero; 101, párrafo primero; 107 párrafo primero; 109; 111, párrafo segundo; y 113; y se adicionan las fracciones VI Bis, XI Bis, XX Bis y XXXI Bis al artículo 2; las fracciones XI y XII al artículo 3; un último párrafo al artículo 14; los artículos 26 Bis; 26 Ter; 41 Bis; 72 Bis; 72 Ter; 77 Bis; 78 Bis; 78 Ter; y se deroga el último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para quedar como sigue:- ...- Artículo 30. Los Tribunales Colegiados y los Plenos Regionales podrán celebrar sesiones utilizando el Sistema Electrónico del CJF que permita la celebración de videoconferencias, para lo cual deberán atender en lo que corresponda a lo previsto en el presente Acuerdo y en el Anexo Técnico. Con independencia de la solución digital utilizada, en lo relativo a los lineamientos que regulan las sesiones resulta aplicable lo señalado en los Acuerdos Generales 16/2009 y 8/2015; salvo por lo que hace a la presencia física de sus participantes y del público quienes participarán virtualmente en la sesión de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo y su Anexo. ..."
Además, con fundamento en el artículo 30 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como el artículo 1 del Acuerdo General 16/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión.
Por tanto, en cumplimiento a las referidas disposiciones, es incuestionable que este Tribunal Colegiado está en posibilidad legal para resolver a distancia el presente asunto, a través de la plataforma digital determinada por videoconferencia, por el Consejo de la Judicatura Federal; y,
C O N S I D E R A N D O:
I.- Competencia. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, es legalmente competente para resolver el recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso e), 99, 100, 101, y 103, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 38, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, así como el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso Acuerdo General 33/2014, del mismo órgano; puesto que se interpuso en contra de un acuerdo pronunciado por la Titular de un Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, comprendido en este Circuito, dictado en un asunto en materia administrativa.
II.- Legitimación. El recurso de queja se presentó por quien tiene legitimación para hacerlo, ya que el escrito que contiene el medio de impugnación fue suscrito por ********** ********** **********, como autorizado de la quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; carácter que le fue reconocido por la A quo en acuerdo de ocho de junio de dos mil veintitrés.
III.- Oportunidad. El recurso se interpuso oportunamente, porque el proveído impugnado se notificó vía electrónica a la quejosa, ahora recurrente, el veinte de febrero de dos mil veinticuatro, actuación que conforme al artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo, surtió efectos ese día. Por tanto, el plazo de cinco días que concede el numeral 98, del citado ordenamiento legal, para la interposición del recurso, transcurrió del veintiuno al veintisiete siguientes, sin incluir los días veinticuatro y veinticinco de febrero, por ser inhábiles. De ahí que, si el referido medio de defensa se ingresó vía electrónica el veinte de febrero citado, como se dijo, su presentación fue en tiempo.
No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el recurso de queja se haya presentado antes de que iniciara el referido término para interponerlo, puesto que ello no determina su extemporaneidad, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia, de aplicación analógica, acuñada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN RESULTA OPORTUNA AUN CUANDO OCURRA ANTES DE QUE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO.- El artículo 86 de la Ley de Amparo establece que el plazo para interponer el recurso de revisión es de 10 días, y acorde con el diverso 22 de la misma ley, donde se precisan las reglas para el cómputo de los plazos en el juicio de amparo, en ellos se incluirá el día del vencimiento. De esta manera, de la interpretación de ambos preceptos se concluye que, al fijar un plazo para la interposición del recurso, el legislador quiso establecer un límite temporal a las partes para ejercer su derecho de revisión de las resoluciones dictadas dentro del juicio de amparo, a fin de generar seguridad jurídica respecto a la firmeza de esas decisiones jurisdiccionales; sin embargo, las referidas normas no prohíben que pueda interponerse dicho recurso antes de que inicie el cómputo del plazo, debido a que esa anticipación no infringe ni sobrepasa el término previsto en la ley." [Registro digital: 2011123- Instancia: Segunda Sala- Décima Época- Materias(s): Común- Tesis: 2a./J. 16/2016 (10a.)- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 729- Tipo: Jurisprudencia].
IV.- Procedencia. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, es procedente el recurso de queja, porque se interpone en contra de un acuerdo dictado por la Titular de un Juzgado de Distrito, en un juicio de amparo indirecto, donde se desechó la prueba confesional a cargo del tercero interesado, ofertada por la promovente, ahora recurrente.
Es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena: "PRUEBAS. SU DESECHAMIENTO EN UN JUICIO DE AMPARO, MEDIANTE AUTO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO ANTES DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, ES IMPUGNABLE EN QUEJA Y NO EN REVISIÓN.- Los supuestos de procedencia del recurso de revisión, según lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Amparo, en contra de actuaciones judiciales emanadas de Jueces de Distrito, se reducen a resoluciones definitivas o a resoluciones dictadas en los incidentes de suspensión, mas no contemplan proveídos o decretos de mero trámite; en cambio, la fracción VI del artículo 95 del propio ordenamiento, expresamente dispone que el recurso de queja es procedente contra resoluciones que dicten los Jueces de Distrito durante la tramitación del juicio de amparo, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. En consecuencia, es el recurso de queja el que procede en contra de un auto dictado por un Juez de Distrito durante la tramitación de un juicio de amparo, antes de la audiencia constitucional, mediante el cual desecha las pruebas ofrecidas por las partes, ya que se trata de un proveído que no admite expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave, puede causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, toda vez que al quedar firme dicho auto, la parte a quien no se le admitieron las pruebas, no podrá ofrecerlas en otra oportunidad procesal, ni el Juez de Distrito se ocupará de dicha cuestión al dictar sentencia definitiva, ni el tribunal de alzada, en su caso, al dictar la resolución en segunda instancia." [Registro digital: 198409- Instancia: Pleno- Novena Época- Materias(s): Común- Tesis: P./J. 37/97- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Junio de 1997, página 87- Tipo: Jurisprudencia].
V.- Innecesaria transcripción del auto impugnado y de los agravios. Se agrega al expediente copia certificada del acuerdo recurrido, sin que resulte necesaria su transcripción en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, de contenido similar al 77 de la Ley abrogada.
Por las razones que informa, se comparte el criterio que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, en la tesis XVII.lo.C.T.30 K, en materia común, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Marzo de 2006, página dos mil ciento quince, con rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver.".
Por similares razones, se omite la trascripción de los agravios, debido a que los mismos ya obran en el expediente que se actúa.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia clave 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el referido semanario y su gaceta, pero en el tomo XXXI, de mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de congruencia se estudien los planteamientos de exhaustividad, de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."
VI.- Estricto derecho. El artículo 107 de la Carta Magna Federal, establece: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. (...) II. (...) En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria."
Principio constitucional que aparece reflejado en sentido contrario al prever de manera excepcional al de suplencia de la queja a los casos expresamente referidos en la Ley Reglamentaria, el cual rige al juicio de amparo y que consiste en que la sentencia se dicte, el Tribunal de la Federación únicamente deberá tomar en consideración los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su demanda o los agravios expresados por el recurrente, al promover un medio de impugnación, sin poder comprender otras cuestiones que no fueron alegadas vía conceptos de violación o agravios.
De esta forma, se tiene que el principio de estricto derecho estriba en que el juez de amparo debe concretarse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación que se expresen en la demanda, y si se trata de resolver un recurso interpuesto contra la resolución pronunciada por el juez de Distrito, en que el revisor se limite a apreciar tal resolución tomando en cuenta, exclusivamente, lo argüido en los "agravios".
No podrá, entonces, el órgano de control constitucional, realizar libremente el examen del acto reclamado ni de la resolución recurrida, pues debe limitarse a establecer, respectivamente, si los citados conceptos de violación o, en su oportunidad, los agravios, son inoperantes. De manera que no estará legalmente en aptitud de determinar si el acto reclamado es contrario a la Carta Magna, por un razonamiento no expresado en la demanda; ni que la sentencia o resolución recurrida se aparta de la ley, por una consideración no aducida, ya en los conceptos de violación, ya en los agravios respectivos.
En virtud de este principio, puede ocurrir que, no obstante el acto reclamado sea notoriamente inconstitucional, se niegue la protección de la justicia federal solicitada, por no haberse hecho valer el razonamiento idóneo, conducente a aquella conclusión; y también que, siendo ostensiblemente ilegal la resolución recurrida, deba confirmarse por no haberse expuesto el agravio apto que condujera a su revocación.
Así, el artículo 79 de la Ley de Amparo vigente, para lo que al caso interesa, establece: "La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; [...] VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia solo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio."
El alcance que se ha fijado respecto de ese principio en la materia que nos ocupa, aparece definido en la jurisprudencia que dice: Tesis 1a./J. 17/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XII, Octubre de 2000, página 189, Jurisprudencia (Administrativa): "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA. Para que proceda la suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se entiende por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado."
En esa medida, los agravios analizarán bajo las condiciones anotadas.
VII.- Estudio de los agravios. Son ineficaces dichos argumentos.
- Razones del auto combatido.
En tal acuerdo, la Juez Federal desechó la prueba confesional a cargo del tercero interesado, ofertada por la promovente, ahora recurrente, al considerar esencialmente que conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones y las que fueren contrarias a la moral o al derecho, por tanto, dicho medio de convicción está vedado por el primer párrafo del citado numeral. - Razones de los agravios.
Por su parte, la promovente del amparo, ahora recurrente, aduce toralmente en dichos argumentos, que:
-- Primer agravio.
• El acuerdo recurrido es ilegal, pues carece de una correcta fundamentación y motivación, violentando el artículo 74 de la Ley de Amparo, esto, al aplicar el numeral 119 de dicha norma que resulta inconvencional, generando el incorrecto desechamiento de la prueba ofrecida por la quejosa.
• El caudal probatorio en un juicio de amparo tiene la finalidad de acreditar las pretensiones de las partes, como son los hechos, la existencia del acto reclamado y el perjuicio al derecho violentado alegado en la demanda, por ende mediante el recurso de queja se combatió y se puso en cuestión la convencionalidad del artículo 119 de la Ley de Amparo, pues prefiere un formalismo sobre el derecho fundamental a un debido acceso a la defensa y acceso a la justicia, contraviniendo inclusive el principio de máxima apertura.
• En efecto, el legislador previó el principio a una máxima apertura probatoria en aras de una mayor economía procesal, pues el propio numeral 119 de la Ley de Amparo establece que serán admisibles todo tipo de pruebas; lo anterior siempre y cuando no sean contrarias a la moral y al derecho.
• Es por ello, que la prueba, aquí ofrecida (confesional) debe ser recibida, pues al admitirse dicho caudal probatorio se respetarán los principios de máxima apertura y de economía procesal, además de que dicha prueba no es contraria a la moral y al derecho.
• Por otro lado, la prohibición de la prueba por una cuestión de temporalidad puede ser inaplicada por un Juez Instructor, siempre y cuando se verifique su idoneidad acorde con el fin que fue ofrecido, relacionándolo con la situación procesal del asunto para así dilucidar su necesidad.
• Asimismo, el Juez de amparo en cumplimiento al principio pro persona estaba completamente facultado para admitir la documental de informes referida, pues la misma robustece un elemento probatorio trascendental para demostrar lo pretendido por la quejosa.
• Luego, si bien es cierto, en la práctica y en la doctrina se comprende tanto el control concentrado como en control difuso de constitucionalidad de las normas, un juzgador de amparo está facultado para aplicar ambos en el proceso del juicio de amparo, siempre que se razone su aplicación.
• En su aplicación, el control concentrado se dilucida en la sentencia al momento de estudiar y analizar la constitucionalidad o convencionalidad de una norma, resultando el fondo o parte del fondo del asunto, dependiendo el caso en concreto.
• Mientras que, el control difuso, puede ser aplicado dentro del propio proceso e instrucción del juicio de amparo, esto es, inaplicando normas en pro de un tratado de derechos humanos que impliquen mayor protección de los derechos fundamentales del quejoso y garanticen una impartición de justicia más completa e íntegra.
• La prohibición dispuesta en el numeral 119 de la Ley de Amparo es contraria a lo dispuesto en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU) y al numeral 25.1 del Pacto de San José.
• Toda persona tiene derecho a un recurso judicial efectivo para la defensa de sus derechos fundamentales, empero, el numeral 119 de la Ley de Amparo resulta ajeno a dichos tratados, pues la prohibición de admitir la prueba confesional genera una protección fragmentada e incompleta ajena a los tratados internacionales.
• En efecto, el artículo 119 en su porción normativa de tercer y cuarto párrafo crean una obstrucción para el estudio y decisión de la sentencia de fondo, evitando que el juicio de amparo sea realmente un recurso judicial efectivo que pueda brindar protección a la violación de los derechos fundamentales de la quejosa.
• Sin lo anterior, no se lograría una justicia eficaz, lo cual, torna insuficiente al juicio de amparo como un recurso viable para la defensa de los derechos de la promovente.
• Se actualiza la inconvencionalidad del numeral 119 de la Ley de Amparo y debe ser aplicado un control difuso de convencionalidad, pues no implica la materia del fondo del asunto, pero sí un medio necesario para una impartición de justicia completa y un recurso judicial efectivo que brinde alivio a la situación propia de la quejosa.
• Se debe revocar el auto recurrido y dictándose uno nuevo donde se admita la prueba ofrecida, inaplicando la restricción dispuesta en el numeral 119 de la Ley de Amparo.
-- Segundo agravio.
• El acuerdo impugno es contrario al artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles con relación al numeral 119 de la Ley de Amparo debido a que se vulnera el derecho a probar de la quejosa.
• El citado precepto 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo establece expresamente que los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos.
• En el caso que nos ocupa, se ofertaron diversos medios de prueba con la finalidad de demostrarle a al A quo las pretensiones de la quejosa, entre ellos, la confesional a cargo del tercero interesado.
• Sin embargo, en el auto recurrido la Juez de amparo determinó la no admisión del medio de prueba referido al estar expresamente vedado de conformidad al artículo 119 que se impugna a través del presente recurso.
• Ahora bien, la promovente ofertó la prueba confesional, empero, la Jueza de amparo determinó la no admisión de la prueba referida debido a que la misma no es idónea para demostrar la ilegalidad del acto reclamado, no obstante, tal determinación genera una violación a lo dispuesto en el numeral 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se ha demostrado que dicho artículo faculta y permite a los juzgadores allegarse a cualquier elemento que pueda generar convicción respecto a los hechos controvertidos y ampliar el plazo para cualquier diligencia probatoria, siendo el caso, para demostrar el acto reclamado en el presente juicio.
• En vista de lo anterior, podemos apreciar cómo la Juez de amparo aplica de manera ilegal y en perjuicio de la promovente el artículo 119 de la Ley de Amparo debido a que existe un artículo que expresamente permite al juzgador admitir y desahogar la prueba que nos ocupa, esto es, la A quo decidió incurrir en formalismos excesivos que vulnera el derecho a probar de la quejosa.
• En conclusión, el A quo vulnera el derecho de probar del suscrito, pues el desechamiento de la prueba que nos ocupa fue contrario a lo dispuesto en el artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que dicha determinación impone requisitos y formalismos excesivos que vulneran los derechos de la quejosa, generando una antinomia legal.
• Por tanto, lo procedente será que se declare fundado el presente agravio y en su lugar dictar una resolución en la que se admita la prueba, ofrecida por la quejosa.
-- Decisión.
Como se adelantó, son ineficaces los agravios.
Dada su estrecha relación, se analizan enseguida de manera conjunta.
En oposición a lo argumentado los agravios, el artículo 119 de la Ley de Amparo, no resulta inconstitucional ni inconvencional.
Antes del estudio de los agravios propiamente dichos, conviene establecer que este Tribunal Colegiado cuenta con la facultad de examinar la mencionada impugnación del artículo 119, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con sujeción a los artículos 1°, párrafo tercero, y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que esos preceptos constitucionales imponen a todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, la obligación de garantizar el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la propia constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Ello deriva de que los órganos del Poder Judicial de la Federación deben ejercer el control difuso de convencionalidad ante la violación de derechos humanos; entonces, es válido sostener que no existe un límite a la posibilidad de que un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer del recurso de queja promovido con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, como lo es el medio de defensa en que se actúa, analice la constitucionalidad y la convencionalidad de las normas procesales aplicadas durante la tramitación del juicio de amparo, puesto que ese ejercicio es una obligación para todas las autoridades del país en el ámbito de su competencia.
Lo anterior se sustenta en la consideración de que si bien es cierto que el recurso de queja no está previsto como una de las formas de control de la propia Ley Suprema y de los tratados internacionales que prevean derechos humanos, sino que fue concebido como un medio técnico legal para optimizar la función jurisdiccional, también lo es que esa circunstancia no debe entenderse en el sentido de que las disposiciones que rigen el procedimiento del amparo queden fuera del control constitucional y convencional, pues aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época, aceptó dos maneras de impugnación de los artículos de la Ley de Amparo, esto es, mediante la acción de inconstitucionalidad y a través del control "difuso", debe entenderse que la naturaleza heteroaplicativa de las normas procesales aplicadas en el amparo imposibilita que el gobernado reclame su constitucionalidad o convencionalidad en un juicio constitucional, al no haberle sido
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33156-c5c71d10/prueba-confesional-por-posiciones-en-amparo-indirecto-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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