CADUCIDAD. EN UN EJERCICIO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, SE DEBE DESAPLICAR EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, YA QUE CONSTITUYE UN OBSTÁCULO PARA EL GOCE DEL DERECHO A UNA JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO PRO PERSONA PUES, AL OBLIGAR A LAS PARTES A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO, DEJA DE ATENDER EL MANDATO QUE SE CONFIERE EN EL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, CONSISTENTE EN EL DERECHO HUMANO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, YA QUE LA INACTIVIDAD DEL JUSTICIABLE NO EXCLUYE A LA AUTORIDAD PARA ADOPTAR MEDIDAS PARA EVITAR LA PARALIZACIÓN DEL JUICIO.
AMPARO DIRECTO 184/2021. PROMOVENTE: OPERADORA DE SITES MEXICANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 20 DE ENERO DE 2022. MAYORÍA DE VOTOS. PONENTE: MAGISTRADO SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. SECRETARIA: ANA MARÍA DE LA ROSA GALINDO. DISIDENTE: MAGISTRADO ROGELIO CEPEDA TREVIÑO.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.—Estudio de los conceptos de violación. El único concepto de violación es esencialmente fundado, toda vez que como señala la quejosa, la Sala responsable incorrectamente consideró que el artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León no contraviene derechos fundamentales y, por ende, que sí es convencional.
En principio, conviene recordar que **********, a través de su representante legal, promovió demanda de nulidad en contra del secretario de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y otras autoridades, de quienes reclamó el requerimiento de multas de apremio con número de folio **********, a través del cual se le impone una multa por la cantidad de ********** (**********) impuesta por el Juez Primero de Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de nulidad a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, quien previo requerimiento al demandante, la admitió a trámite mediante proveído de doce de septiembre de dos mil diecisiete, ordenó el emplazamiento de las autoridades demandadas y la registró bajo el número de expediente ********** (folios 29 y 30).
Luego, por proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo a las autoridades demandadas por contestando en tiempo y forma la demanda, auto que fue notificado por lista a las partes el ocho siguiente.
Posteriormente, la Sala Ordinaria estatal dictó sentencia el cinco de julio de dos mil diecinueve, en la que decretó el sobreseimiento del juicio dada la inactividad en el mismo.
En contra de dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en el sentido de confirmar el fallo impugnado.
En desacuerdo con la anterior determinación, la parte quejosa promovió juicio de amparo directo, en el que aduce que las normas legales en las que se apoyó la autoridad responsable para sobreseer en el juicio no cumplen con los parámetros establecidos en los artículos 1o. y 17 de la Constitución Federal, así como en el numeral 25, punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que no opera la caducidad de la instancia cuando la instrucción del juicio se encuentra completa, pues se trastoca la seguridad jurídica que implica el dictado de la sentencia.
Refiere que el tribunal responsable debió desaplicar las normas que sostienen el sobreseimiento del juicio natural, pues a raíz de la reforma de seis y (sic) diez de junio de dos mil once, que establece la obligación para todos los órganos jurisdiccionales de ejercer un adecuado control de convencionalidad, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, correspondía a la Sala responsable examinar el problema planteado frente a la obligación constitucional que se establece en el artículo 1o. de la propia Carta Fundamental, con relación a los citados principios.
Como se adelantó, lo anterior es fundado, ya que la responsable debió desaplicar en el ámbito de su competencia el numeral en el que se basó la Sala Ordinaria para declarar el sobreseimiento por caducidad de la instancia, por constituir un obstáculo para el goce del derecho a una justicia pronta y expedita, pues una vez transcurrido el plazo a las partes para que formularan alegatos, con alegatos o sin ellos, el juicio ya se encontraba en estado de sentencia.
En efecto, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, en el auto en que se admita la contestación de la demanda o se tenga por no contestada, siempre y cuando ninguna de las pruebas admitidas requiera especial desahogo, se concederá a las partes un término común de diez días a fin de que formulen alegatos y, transcurrido dicho término, con alegatos o sin ellos, quedará el juicio en estado de sentencia.(1)
Por tanto, si la responsable advirtió que la última actuación tendiente a impulsar el juicio fue la contestación, a la que recayó el acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecisiete, debió inaplicar el artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, ya que no era necesaria una promoción por parte del quejoso para la continuación del procedimiento, precisamente porque ya se encontraba integrada la litis y a fin de observar en todo momento el principio pro persona.
Lo anterior se dice en razón de que el actuar de la responsable (al confirmar el sobreseimiento en el juicio por caducidad de la instancia) transgrede los derechos humanos de la quejosa, previstos en los artículos 17 constitucional y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Lo anterior se considera así, pues es claro que las normas legales en las que se apoyó la autoridad responsable para sobreseer en el juicio, constituyen disposiciones que si bien rigen el procedimiento contencioso administrativo local, no cumplen con los parámetros establecidos en los artículos 1o. y 17 de la Constitución Federal, así como en el numeral 25, punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Así es, con apoyo en el principio de progresividad establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal y en un ejercicio de control de convencionalidad establecido en el artículo 133 de la propia Carta Fundamental, la Sala responsable debió desaplicar en el ámbito de su competencia el numeral en el que se basó la Sala Ordinaria para declarar el sobreseimiento por caducidad de la instancia, por constituir un obstáculo para el goce del derecho a una justicia pronta y expedita, así como a lo establecido en las convenciones internacionales de las que México es Parte, específicamente en materia del derecho de acceso a una tutela judicial efectiva.
La reforma a la Constitución el diez de junio de dos mil once en materia de derechos humanos, estableció que la interpretación de las normas relativas a este tema se realice de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que la nación tenga suscritos en esta materia, observando en todo momento el principio pro homine.
En efecto, se introdujo un cambio sustancial que implica que cualquier autoridad, incluyendo las que ejercen la función jurisdiccional, como la Sala responsable, en el ámbito de sus respectivas competencias, tiene a su cargo la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución Federal y en los mencionados instrumentos internacionales en la materia, así como las garantías para su protección, ejerciendo de este modo, en tratándose de la materia de derechos humanos, el llamado control de convencionalidad ex officio, que básicamente implica confrontar las normas jurídicas del orden nacional con las de los instrumentos internacionales en que aquél sea Parte, a efecto de establecer si dichas normas se adecuan, o bien, se oponen al tratado sobre la materia, y determinar así si vulneran los derechos humanos reconocidos en éste, pues en tal supuesto tienen la obligación de favorecer en todo tiempo la protección más amplia a las personas pudiendo, incluso, llegar a la inaplicación del precepto que estimen violatorio de tales prerrogativas.
Tales mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional deben interpretarse en conjunto con lo establecido por el diverso 133 de la Carta Magna, para determinar el marco dentro del cual la responsable debió realizar el aludido control de convencionalidad en materia de derechos humanos.
Lo anterior es así, pues quienes ejercen la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133, en relación con el diverso 1o. constitucionales, están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior; y si bien las citadas autoridades y los juzgadores ordinarios no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, como sí sucede en las vías de control establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución, sí están obligadas a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.
Al respecto, se tiene que el control de convencionalidad se entiende como: "la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su jurisprudencia".(2)
En ese sentido, se desprende la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos a partir del principio pro persona o pro homine, como ya se indicó; asimismo, el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita se encuentra contenido en el artículo 17 constitucional, a la luz del cual y en la parte que interesa para la resolución del presente asunto, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, como la Sala responsable, que deben estar expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta.
Del citado artículo 17 constitucional se desprende la obligación de los tribunales de impartir justicia pronta y expedita.
Al respecto, el derecho humano de protección judicial se prevé en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación, sin reservas por parte del Estado Mexicano.
Con relación a lo anterior, es preciso señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente varios 912/2010, en los puntos considerativos identificados como 18 a 21, determinó en la parte conducente, lo siguiente:
"18. La firmeza vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deriva, además de lo expuesto, de lo dispuesto en los artículos 62.3, 67 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ... 19. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional, cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado Mexicano, son obligatorias para todos los órganos del mismo en sus respectivas competencias, al haber figurado como Estado Parte en un litigio concreto. Por tanto, para el Poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio.—20. Por otro lado, el resto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado Mexicano no figura como Parte, tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los Jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional cuya reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en particular, en su párrafo segundo, donde establece que: ‘Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.’.—21. De este modo, los Jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga sobre la posibilidad de que sean los criterios internos aquellos que cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos."
Asimismo, la Primera Sala del Más Alto Tribunal de la Nación emitió la tesis 1a. XIII/2012 (10a.), publicada en la página 650, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 2000206, cuyo contenido es el siguiente:
"CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El Estado Mexicano se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998, mediante declaración unilateral de voluntad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999. En ese sentido, los artículos 133 y 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen la vigencia de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico interno y establecen la obligación de las autoridades nacionales de aplicar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales vigentes en nuestro país. Por lo anterior, la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generan como una consecuencia ineludible que las sentencias emitidas por dicho tribunal internacional, en aquellos casos en los cuales México haya sido parte en el juicio, resulten obligatorias para el Estado Mexicano, incluidos todos los jueces y tribunales que lleven a cabo funciones materialmente jurisdiccionales. Esta obligatoriedad alcanza no sólo a los puntos resolutivos de las sentencias en comento, sino a todos los criterios interpretativos contenidos en las mismas."
Asentada la anterior consideración, debe precisarse que el aludido artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala textualmente lo siguiente:
"Artículo 25. Protección judicial
"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
"2. Los Estados Partes se comprometen:
"a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
"b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
"c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."
Tal y como se advierte de la lectura del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo que aquí interesa, es obligación de los Estados contratantes garantizar: 1) la existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; y, 2) que la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga.
Por tanto, en atención al contenido de los puntos considerativos 18 a 21 de la resolución emitida en el expediente varios 912/2010 y teniendo en consideración lo establecido por el diverso artículo 133 de la Ley Fundamental, ya que el control de convencionalidad, como se ha puntualizado, debe adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país, es que se estima que el artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León no cumple con los parámetros establecidos en los artículos 1o. y 17 constitucionales, en relación con lo dispuesto en el diverso 25, punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En efecto, del análisis del artículo 17 constitucional no sólo se desprende la obligación de los tribunales de impartir justicia pronta y expedita, sino que dicha norma constitucional también implica la obligación del legislador de establecer en las leyes procesales las reglas para garantizar este derecho fundamental y, a su vez, la obligación de no contrariarlo con disposiciones como la prevista en el referido artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, que incentivan el incumplimiento de la mencionada obligación constitucional en perjuicio de los justiciables.
Refleja lo antes dicho la jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido:
"DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017). Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el cual alegó que los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que prevén la resolución del recurso de revisión en sede administrativa, son contrarios al mandato previsto en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no contemplan que se privilegie la resolución de fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales. La Jueza de Distrito que conoció del asunto consideró que la disposición constitucional de referencia contiene una regla que confiere poder a la autoridad legislativa, mas no un derecho subjetivo público a favor de la persona, lo cual implica que hasta en tanto no se ejerza esa atribución por parte del Congreso de la Unión, a fin de adecuar las normas legales al texto del artículo 17 de la propia Constitución, las situaciones jurídicas imperantes en materia de resolución de recurso de revisión en sede administrativa no debían cambiar. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que a la entrada en vigor de la adición al artículo 17, tercer párrafo, contenida en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, todas las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país deben privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Lo anterior, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión. Justificación: Del análisis de la reforma constitucional mencionada, se advierte que el Constituyente Permanente consideró que, para hacer frente a la problemática consistente en la ‘cultura procesalista’, la cual genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado el fondo y, por tanto, sin resolver la controversia efectivamente planteada, debía adicionarse al artículo 17 constitucional, el deber de las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo del asunto. Se dijo, que este deber exige también un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en el despacho de los asuntos no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial. Además, se precisó que la incorporación explícita de tal principio en la Constitución General pretende que éste permee el sistema de justicia a nivel nacional, es decir, que todas las autoridades judiciales y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país se vean sometidas a su imperio, pero más allá de su obligatoriedad, reconozcan la razón y principio moral que subyacen a la adición al artículo 17 constitucional. Por lo anterior, esta Sala concluye que a la entrada en vigor de la referida adición, todas las autoridades jurisdiccionales deben privilegiar la resolución de los conflictos sometidos a su potestad, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión, puesto que del análisis teleológico de la reforma constitucional, se desprende la intención relativa a que este principio adicionado apoyara todo el sistema de justicia nacional para que las autoridades privilegiaran una resolución de fondo sobre la forma, evitando así reenvíos de jurisdicción innecesarios y dilatorios de la impartición de justicia." En consideración de lo anterior se llega a la conclusión de que no hay razón que objetivamente justifique que un precepto legal ordinario obligue al tribunal contencioso a declarar la caducidad de la instancia y a sobreseer en el juicio, cuando un órgano jurisdiccional tiene la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme al artículo 1o. constitucional, aun y cuando se dé cuenta de que durante trescientos días consecutivos desatendió su obligación de impartir justicia pronta y expedita, prevista en el diverso 17 de la Carta Magna.
Asimismo, debe decirse que ante la tutela de los derechos fundamentales, prevista a partir de la reforma al artículo 1o. constitucional, la Sala responsable debe desaplicar disposiciones como la contenida en el artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, al no encontrar justificación válida en el principio de impulso procesal de las partes, ni el arcaico argumento de que la caducidad de la instancia sirva para que los asuntos jurisdiccionales no se eternicen, puesto que las obligaciones y responsabilidades que se prevén a partir de la citada reforma constitucional, implican necesariamente que los juzgadores, por su propia iniciativa, adopten medidas encaminadas a evitar la paralización del proceso; asimismo, implican que el legislador ordinario, al emitir leyes procesales, se ocupe de establecer en ellas normas que garanticen el acceso a una justicia pronta y expedita, a través de medios de defensa que sean ágiles y efectivos contra actos que violen derechos fundamentales.
Máxime que en el caso la litis ya se encontraba integrada, puesto que la última actuación tendiente a impulsar el procedimiento fue el acuerdo a través del cual se tuvo por contestada la demanda; de ahí que con alegatos o sin ellos, el juicio quedó en estado de sentencia, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.
Al respecto, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia PC.II.C. J/1 C (11a.), del Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 21 de enero de 2022 a las 10:22 horas, que dice:
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO SE CONFIGURA POR INACTIVIDAD PROCESAL ATRIBUIBLE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL.
"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar si operaba la caducidad, ante la existencia de una determinación judicial previa e imputable en su ejecución al propio órgano jurisdiccional.
"Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito considera que, conforme con una visión de maximización de los derechos fundamentales de los justiciables y en clave de progresividad, no es procedente decretar la caducidad de la instancia por inactividad procesal, cuando la persona juzgadora se impuso para sí o para alguno de los funcionarios que integran el órgano jurisdiccional, determinada conducta de la cual dependa la continuación del procedimiento.
"Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 86/2013 (10a.), de título: ‘CADUCIDAD EN EL JUICIO AGRARIO. NO SE CONFIGURA POR INACTIVIDAD PROCESAL ATRIBUIBLE AL TRIBUNAL.’, determinó que la caducidad no se configura cuando la inactividad es imputable al órgano jurisdiccional si se debe a la falta de desahogo de diligencias o de pruebas, en cuya realización las partes no tienen injerencia, pues no se justifica que padezcan los efectos perjudiciales derivados de una omisión que no les es atribuible. A partir de dicho criterio jurisprudencial de observancia obligatoria en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se actualiza un principio de adjudicación en clave de progresividad en su vertiente de no regresión, el cual permite imprimir efectos de máxima protección a las personas justiciables, para que no soporten la sanción procesal de caducidad por causas atribuibles al operador jurídico, lo cual inhibe a su vez el concepto de ‘carga mínima’, puesto que las partes no se encuentran en la hipótesis de ser responsables por un modelo de culpa in vigilando, respecto de la función jurisdiccional."
Así como la tesis aislada IV.2o.A.26 A (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 2049, registro digital: 2001780, que dice:
"SOBRESEIMIENTO POR CADUCIDAD DE LA INSTANCIA POR INACTIVIDAD PROCESAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSAL RELATIVA SE ACTUALIZA POR LA FALTA DE IMPULSO PROCESAL DEL ACTOR QUE DEMUESTRE SU TÁCITO DESINTERÉS EN LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y SU RESOLUCIÓN, PERO NO CUANDO LA OMISIÓN DE PROSECUCIÓN SE DÉ POR LA SALA ORDINARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De la interpretación del artículo 57, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, conforme a los preceptos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se colige que la causal de sobreseimiento por caducidad de la instancia por inactividad procesal en el juicio contencioso administrativo de la citada entidad se actualiza por la falta de impulso procesal del actor en el término de trescientos días consecutivos, que demuestre su tácito desinterés en la continuación del procedimiento y su resolución. Lo anterior evidencia que la mencionada caducidad se decretará como una sanción al actor, que es a quien corresponde impulsar el procedimiento, por existir cargas que son necesarias para la resolución de la litis planteada, pero no podrá imponerse a aquél cuando la falta de prosecución del procedimiento se dé por parte de la Sala ordinaria, por omitir señalar fecha para la audiencia de pruebas y alegatos en el citado juicio, pues ello implicará sancionar al actor por una cuestión que no le corresponde. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la redacción del referido numeral 57, fracción V, induce a adoptar una interpretación distinta en cuanto establece que podrá señalarse fecha para pruebas y alegatos si se estima pertinente, lo que llevaría a establecer, conforme a una interpretación literal, que es potestativo para el órgano instructor del procedimiento el señalamiento de la audiencia respectiva, también lo es que tal método interpretativo debe ceder ante la conclusión que se obtiene del ejercicio hermenéutico que se basa en el principio constitucional de mayor protección de la persona titular de los derechos humanos."
En esa medida, acorde con los preceptos constitucionales y convencionales citados, así como con los criterios jurídicos, puede colegirse válidamente que cuando se advierta el descuido de los asuntos jurisdiccionales, más si ese descuido es atribuible a la responsable, como aconteció en la especie, no puede tener como consecuencia el decreto de sobreseimiento por la caducidad de la instancia, sino lo contrario, esto es, al darse cuenta de tal descuido debe ordenarse la activación de los asuntos, para que no sólo se continúe con su trámite, sino para que ese trámite se desarrolle desde la advertencia del descuido con la mayor celeridad permisible, para enmendar en lo que sea posible la desatención de la obligación constitucional del juzgador de resolver los asuntos sometidos a su consideración y no esperar a que transcurran más de trescientos días consecutivos después de recibir la contestación de la demanda, para decretar la caducidad de la instancia.
Lo anterior, ya que al actuar de esta forma se obstaculiza la progresividad de la tutela contenida en la reforma constitucional en cita, con la aplicación de preceptos legales que, en cambio, tienden a agravar la situación del justiciable, pues no obstante haber promovido su demanda en los términos previstos en las le
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31050-68051bcc/caducidad-en-un-ejercicio-de-control-de-convencionalidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. ES APLICABLE AL JUICIO ESPECIAL DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL. (AMPARO EN REVISIÓN)
- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO SE CONFIGURA POR INACTIVIDAD PROCESAL ATRIBUIBLE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LA CARGA DE LAS PARTES DE DAR IMPULSO AL PROCESO ES HASTA EL DICTADO DEL AUTO CON EFECTOS DE CITACIÓN PARA SENTENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL QUE PUEDA OPERAR AUN CUANDO LO ÚNICO PENDIENTE EN EL JUICIO SEA LA CITACIÓN PARA OÍR SENTENCIA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL QUE PUEDA OPERAR AUN CUANDO LO ÚNICO PENDIENTE EN EL JUICIO SEA LA CITACIÓN PARA OÍR SENTENCIA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A (1a./J. 65/2018 (10a.))
- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONAE Y ATENTO AL DERECHO FUNDAMENTAL DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, NO OPERA CUANDO EL JUEZ (III.4o.C.1 C (10a.))
- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE DECRETARLA SI SE ACTUALIZÓ EN PRIMERA INSTANCIA Y SE HACE VALER EN VÍA DE AGRAVIOS, AUN CUANDO EL JUEZ N (1a./J. 153/2007)
- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE DECRETARLA SI SE ACTUALIZÓ EN PRIMERA INSTANCIA Y SE HACE VALER EN VÍA DE AGRAVIOS, AUN CUANDO EL JUEZ N (715)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis