VIOLACIONES PROCESALES. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE TODAS LAS QUE HAGAN VALER LAS PARTES O LAS QUE, CUANDO ELLO PROCEDA, ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011). VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO LABORAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ANALIZAR TODAS LAS QUE LE PROPONGAN LAS PARTES O QUE ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL LAUDO CAREZCA DE LA FIRMA O DE LA IDENTIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO O DEL SECRETARIO QUE LO AUTORIZA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL TERCER CIRCUITO Y NOVENO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO. 23 DE ABRIL DE 2014. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de esta Segunda Sala. Lo anterior, con apoyo, además, en la tesis P. I/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
TERCERO. Criterios contendientes. Las consideraciones esenciales de los criterios que se denuncian como opositores, son los siguientes:
I. Del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito
Ejecutoria relativa al amparo directo 637/2013
"DÉCIMO PRIMERO. Violación procesal consistente en falta del nombre del secretario general del tribunal responsable en el laudo.
"En principio, cabe señalar que, en los juicios laborales, se considerará que se violaron las normas que rigen el procedimiento y que afecta las defensas del quejoso, entre otros, en los supuestos establecidos en las fracciones XI y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo vigente, que rezan:
"‘Artículo 172.’ (se transcribe)
"De lo expuesto se obtiene que el legislador consideró que se violaban las normas que rigen el procedimiento, entre otras, cuando las diligencias judiciales se practiquen de forma distinta a la prevenida por la ley, o bien, se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.
"En este tenor, debe precisarse que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante criterio jurisprudencial ha precisado que la falta de firma de alguno de los integrantes de un tribunal de trabajo o del secretario que autoriza y da fe, conduce a declarar de oficio su nulidad y conceder el amparo para que sea subsanada tal omisión, independientemente de quien promueva la demanda.
"Como se advierte de la jurisprudencia número 2a./J. 147/2007, que emitió la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 518 del Tomo XXXIII, abril de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto informa:
"‘LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO, CUANDO FUNCIONA EN JUNTA ESPECIAL O EN SALA, O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA.’ (se transcribe)
"Por esta misma razón, resulta irrelevante la calidad del quejoso, en el juicio laboral, pues la violación procesal destacada constituye un aspecto de magnitud mayor que debe repararse por el órgano de amparo pues, de lo contrario, se estaría subsanando el vicio de origen, sin que ello implique suplir la deficiencia de la queja en un supuesto no permitido.
"Aclarado lo anterior, debe destacarse que en el particular, la responsable violó la norma que rige el procedimiento laboral, concretamente los artículos 721, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con el numeral 10 de la ley burocrática, por ser supletoriamente aplicables, cuyo tenor literal es:
"‘Artículo 721.’ (se transcribe)
"‘Artículo 889.’ (se transcribe)
"‘Artículo 890.’ (se transcribe)
"‘Artículo 10.’ (se transcribe)
"En este tenor, para la validez de las resoluciones de los tribunales del trabajo, se requiere que estén debidamente firmadas, tanto por los integrantes de los mismos, como por el secretario que las autoriza, ya que la firma que plasma la autoridad en dichos documentos, es el signo manifiesto con el que validan su contenido, cumpliendo con la obligación que le imponen los mencionados preceptos legales.
"De este modo, la falta de nombre, cargo o firma de alguno de los integrantes de la autoridad responsable, o bien del secretario que autoriza y da fe, constituye una violación a las reglas fundamentales del procedimiento.
"Esto es así, dado que conforme a los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las actuaciones judiciales y las de las autoridades formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales, para ser válidas, requieren que, además de contener la firma autógrafa, expresen el cargo, nombre y apellidos de los servidores que en ellas intervengan y del secretario que las autoriza y da fe; ya que con el nombre se establece la identificación de quien firma.
"De modo que, ante la omisión del nombre y apellidos de los integrantes del órgano jurisdiccional y del secretario que autoriza y da fe en dichas actuaciones, donde se estampa la firma correspondiente, no existe certeza de su autenticidad y, por ende, se produce su invalidez.
"Además, la falta del nombre de quienes intervienen en el dictado del fallo, deja en estado de indefensión a las partes, al no poder formular, en un momento dado, recusación contra quien fungió con ese carácter, o bien, alegar que está impedido legalmente para intervenir en esas actuaciones, por esa razón, es necesario que al momento de estampar la firma correspondiente, se asienten en el apartado respectivo el nombre y cargo del funcionario que firma, pues de esta manera se identifica plenamente al titular.
"Lo anterior se sustenta en lo resuelto en sesión del pasado veinticinco de septiembre de dos mil trece, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 162/2013, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado del citado circuito), el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde se determinó lo siguiente: (se transcribe).
"Lo que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 151/2013 (10a.), pendiente de publicar, de rubro y texto siguientes:
"‘ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.’ (se transcribe)
"Hipótesis de violación que se actualiza en el presente asunto, toda vez que del análisis efectuado al laudo reclamado, se observa que al final del mismo, aparecen cuatro firmas debajo de una leyenda que reza: (se transcribe).
"En esa medida, en el caso no obra el nombre de quien fungió como secretario general del tribunal responsable al final del laudo reclamado, solamente el nombre de los Magistrados integrantes, mas no el del fedatario, razón por la que dicha actuación carece de validez.
"No pasa inadvertido que el solicitante del amparo a través del apartado segundo del capítulo de conceptos de violación, reclama, a manera de violación procesal, el desechamiento de dos de las pruebas testimoniales que ofreció durante la sustanciación del procedimiento laboral de origen, pues no es posible efectuar el análisis correspondiente.
"Lo anterior es así, toda vez que este Tribunal Colegiado se encuentra jurídicamente imposibilitado para efectuar el análisis de las violaciones al procedimiento propuestas por el quejoso o de aquellas que pudieran actualizarse en suplencia de la queja mediante la presente ejecutoria, al no poder verificar si las mismas trascendieron o no al resultado del fallo -requisito que deben reunir para ser consideradas como tales, en términos de los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo en vigor-, en la medida que, como se precisó con antelación, la falta de identificación del secretario que suscribió el laudo, tuvo como consecuencia su invalidez, de modo que, al quedar éste invalidado, no es factible verificar si las violaciones procesales trascienden al resultado del fallo, al quedar superado éste, en virtud al defecto apuntado.
"En tal caso, por las razones destacadas, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en términos de la tesis I.9o.T.17 L, identificada con el número de registro 2003446, publicada en la página 2305 del Libro XIX, Tomo 3, correspondiente al mes de abril de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: ‘VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. ES DE ESTUDIO PREFERENTE RESPECTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DEL LAUDO, POR LO QUE DE SER FUNDADA, TRAE COMO CONSECUENCIA DEJAR ÉSTE SIN EFECTOS Y REPONER AQUÉL.’."
Ejecutoria relativa al amparo directo 688/2013
"SEXTO. Análisis de violaciones procesales.
"Resulta innecesario abordar el estudio de las consideraciones del laudo combatido y de los conceptos de violación expuestos por la solicitante del amparo, al advertirse una violación formal cometida en el dictado del fallo reclamado.
"En primer lugar, hay que señalar que en los juicios laborales se considerará que se violaron las normas que rigen el procedimiento y que afecta las defensas del quejoso, entre otros, en los supuestos establecidos en las fracciones XI y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo vigente, que rezan:
"‘Artículo 172.’ (se transcribe)
"De esta guisa, se obtiene que el legislador considera que se violaban las normas que rigen el procedimiento, entre otras, cuando las diligencias judiciales se practiquen de forma distinta a la prevenida por la ley, o bien, se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.
"En este tenor, debe precisarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante criterio jurisprudencial, ha precisado que la falta de firma de alguno de los integrantes de un tribunal de trabajo o del secretario que autoriza y da fe, conduce a declarar de oficio su nulidad y conceder el amparo para que sea subsanada tal omisión, independientemente de quien promueva la demanda.
"Como se advierte de la jurisprudencia número 2a./J. 147/2007, que emitió la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 518 del Tomo XXXIII, abril de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto informa:
"‘LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO, CUANDO FUNCIONA EN JUNTA ESPECIAL O EN SALA, O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA.’ (se transcribe)
"Por esta misma razón, incluso resulta irrelevante la calidad del quejoso en el juicio laboral, pues la violación procesal destacada constituye un aspecto de magnitud mayor que debe repararse por el órgano de amparo, pues, de lo contrario, se estaría subsanando el vicio de origen.
"Aclarado lo anterior, debe destacarse que, en el particular, la responsable violó la norma que rige el procedimiento laboral, concretamente los artículos 721, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con el numeral 10 de la ley burocrática, por ser supletoriamente aplicables, cuyo tenor literal es:
"‘Artículo 721.’ (se transcribe)
"‘Artículo 889.’ (se transcribe)
"‘Artículo 890.’ (se transcribe)
"‘Artículo 10.’ (se transcribe)
"En este tenor, para la validez de las resoluciones de los tribunales del trabajo, se requiere que estén debidamente firmadas, tanto por los integrantes de los mismos, como por el secretario que las autoriza, ya que la firma que plasma la autoridad en dichos documentos, es el signo manifiesto con el que validan su contenido, cumpliendo con la obligación que le imponen los mencionados preceptos legales.
"De este modo, la falta de nombre, cargo o firma de alguno de los integrantes de la autoridad responsable, o bien, del secretario que autoriza y da fe, constituye una violación a las reglas fundamentales del procedimiento.
"Esto es así, dado que, conforme a los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las actuaciones judiciales y las de las autoridades formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales, para ser válidas, requieren que, además de contener la firma autógrafa, expresen el cargo, nombre y apellidos de los servidores que en ellas intervengan y del secretario que las autoriza y da fe; ya que con el nombre se establece la identificación de quien firma.
"De modo que, ante la omisión del nombre y apellidos de los integrantes del órgano jurisdiccional y del secretario que autoriza y da fe en dichas actuaciones, donde se estampa la firma correspondiente, no existe certeza de su autenticidad y, por ende, se produce su invalidez.
"Además, la falta del nombre de quienes intervienen en el dictado del fallo, deja en estado de indefensión a las partes, al no poder formular, en un momento dado, recusación contra quien fungió con ese carácter, o bien, alegar que está impedido legalmente para intervenir en esas actuaciones, por esa razón, es necesario que al momento de estampar la firma correspondiente, se asiente en el apartado respectivo el nombre y cargo del funcionario que firma, pues de esta manera se identifica plenamente al titular.
"Lo anterior se sustenta en lo resuelto en sesión del pasado veinticinco de septiembre de dos mil trece, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 162/2013, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado del citado circuito), el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde se determinó lo siguiente: (se transcribe).
"Lo que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 151/2013 (10a.), pendiente de publicar, de rubro y texto siguientes:
"‘ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.’ (se transcribe)
"Hipótesis de violación que se actualiza en el presente asunto, toda vez que del análisis efectuado, tanto al laudo reclamado, como a su aclaración, se observa que al final de tales actuaciones, aparecen cuatro firmas debajo de una leyenda que reza: (se transcribe).
"En esa medida, en el caso no obra el nombre de quien fungió como secretario general del tribunal responsable al final del laudo reclamado, ni en su aclaración, solamente el nombre de los Magistrados integrantes, mas no el del fedatario aludido, razón por la que dichas actuaciones carecen de validez.
"Sin que sea óbice a lo anterior que, en la especie, se trate del auto de aclaración del laudo, toda vez que dicha aclaración forma parte integrante del mismo.
"En efecto, la aclaración de sentencia es una institución procesal establecida por la ley en beneficio de los gobernados. Cuando se dicta una sentencia, ésta puede contener algún error que es factible de ser corregido mediante la aclaración de sentencia.
"La aclaración de sentencia no es un recurso, porque no puede modificar, revocar o nulificar la sentencia, por tanto, se trata de una institución procesal que forma parte integrante de la sentencia.
"Se cita como principio rector, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número P./J. 149/2005, visible en la página 5 del Tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU TRAMITACIÓN NO IMPIDE QUE SE PROMUEVA AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, AUN CUANDO AQUÉLLA ESTÉ PENDIENTE DE RESOLUCIÓN.’ (se transcribe). Así como la jurisprudencia número 15, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19 del Tomo V, Civil, Primera Parte-SCJN-Primera Sección-Civil, subsección 1-sustantivo, del Apéndice 1917-septiembre 2011, que se lee:
"‘ACLARACIÓN DE SENTENCIA.’ (se transcribe)
"Luego, en esa medida, al formar parte integrante del laudo, debe reunir las mismas formalidades de éste, por formar parte del mismo. ...
"NOVENO. Improcedencia del amparo promovido en forma adhesiva.
"A fin de evidenciar la improcedencia del amparo adhesivo que nos ocupa, es necesario transcribir, en lo que importa, el contenido del artículo 182 de la vigente Ley de Amparo, el cual establece los requisitos de procedencia del aludido amparo:
"‘Artículo 182.’ (se transcribe)
"Ahora bien, la armónica interpretación del precepto legal transcrito permite arribar a la conclusión que, la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrán presentar el amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia; asimismo, que la presentación y trámite del aludido amparo adhesivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal que éste.
"De igual manera, el aludido precepto legal establece que el amparo adhesivo únicamente procederá en los siguientes casos, a saber:
"Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso; y,
"Cuando existan violaciones al procedimiento que puedan afectar a las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo.
"También refiere el expresado numeral, que los conceptos de adhesión deberán estar encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva o laudo o resolución que ponga fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o impugnar las que concluyan un punto decisorio que le perjudica; y que se harán valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo, y que respecto de ellas el adherente hubiera agotado los medios ordinarios de defensa; con excepción, entre otros, de los trabajadores.
"En ese tenor, como se adelantó, el amparo adhesivo que nos ocupa, es notoriamente improcedente, puesto que no se actualizan ninguna de las dos hipótesis a que se refiere el precepto legal en análisis.
"Cierto, pues si bien los motivos de desacuerdo expuestos en la demanda de que se trata, están encaminados a fortalecer las consideraciones contenidas en el laudo reclamado, también lo es, que éstos no pueden mejorar aquellas consideraciones, habida cuenta que en el juicio de amparo en lo principal, se va a dejar insubsistente el laudo reclamado y su aclaración, y se va a emitir una nueva resolución; y, por tanto, no se actualiza el primer supuesto.
"En segundo lugar, toda vez que este Tribunal Colegiado se encuentra jurídicamente imposibilitado para efectuar el análisis de las violaciones al procedimiento propuestas por el quejoso o de aquellas que pudieran actualizarse en suplencia de la queja mediante la presente ejecutoria, al no poder verificar si las mismas trascendieron o no al resultado del fallo -requisito que deben reunir para ser consideradas como tales, en términos de los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo en vigor-, en la medida que, como se precisó con antelación, la falta de identificación del secretario que suscribió el laudo, tuvo como consecuencia su invalidez, de modo que, al quedar éste invalidado, no es factible verificar si las violaciones procesales trascienden al resultado del fallo, al quedar superado éste, virtud al defecto apuntado.
"En tal caso, por las razones destacadas, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en términos de la tesis I.9o.T.17 L, identificada con el número de registro 2003446, publicada en la página 2305 del Libro XIX, Tomo 3, correspondiente al mes de abril de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: ‘VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. ES DE ESTUDIO PREFERENTE RESPECTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DEL LAUDO, POR LO QUE DE SER FUNDADA, TRAE COMO CONSECUENCIA DEJAR ÉSTE SIN EFECTOS Y REPONER AQUÉL.’
"Por tanto, al no actualizarse ninguna de las hipótesis de procedencia del amparo promovido en forma adhesiva, lo procedente es considerarlo improcedente, con apoyo en lo previsto por el artículo 179 de la propia legislación."
II. Del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Ejecutoria relativa al amparo directo 1415/2012
"TERCERO. No se estudian los conceptos de violación que se hacen valer, en atención a que este órgano colegiado suple su deficiencia, pues advierte que, en la especie, se actualizan dos violaciones de carácter procesal que lo dejaron sin defensa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia 39/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece registrada con el número seiscientos diez, consultable en la página cuatrocientos noventa y seis del Tomo V, relativo a la Materia de Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año dos mil, bajo el rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIO.’
"Como se anunció al inicio del presente estudio, este Tribunal Colegiado advierte la existencia de dos violaciones procesales que dejaron sin defensa al ahora quejoso.
"Es pertinente mencionar, que el impetrante del amparo reclamó, entre otras, como prestación principal, el otorgamiento y pago de una pensión por incapacidad, a consecuencia de las enfermedades que sufre derivadas del medio ambiente laboral en que prestó sus servicios o labores desempeñadas.
"En el capítulo de hechos de su escrito de aclaración de demanda laboral, el hoy quejoso, específicamente en los marcados con los números uno a cinco, puntualizó: (se transcribe).
"Al respecto, conviene establecer que, conforme lo dispuesto en el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo, por riesgos de trabajo debe entenderse a los accidentes o enfermedades que sufren los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo; ahora bien, en términos del numeral 475 de ese cuerpo de leyes, en el caso de enfermedades de tipo profesional, el estado patológico del obrero debe derivar de la acción constante de una causa que encuentre su origen en el trabajo o medio ambiente en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios; por tanto, ese nexo causal constituye un elemento de la acción que debe acreditarse a través de los distintos medios probatorios rendidos por las partes.
"Así las cosas, el origen de las enfermedades de trabajo puede ser determinado por una relación causal directa con el trabajo, o sea, la categoría o actividad específica desarrollada por el trabajador; o bien, por una relación indirecta con el trabajo, pues aunque en forma directa no tuviera relación con la categoría o actividad específica desempeñada por el operario, puede ser desarrollada por el medio ambiente en el que se encuentra laborando, ya sea éste exclusivo del centro de trabajo o de una zona o región determinada, distinta al de la residencia habitual del trabajador.
"En ese sentido, dentro de la tabla de enfermedades de trabajo, contenida en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, existen ciertas actividades específicas o de la industria, susceptibles de producir determinadas enfermedades, de donde puede surgir una presunción a favor del trabajador, en el sentido de que si presenta una enfermedad de las ahí catalogadas y su categoría o las actividades de la empresa donde labora se encuentran contempladas en el mismo renglón, se presumirá que éstas dieron origen a la enfermedad; sin embargo, si no existe esa conexión, es decir, si tanto la ocupación del trabajador como la actividad industrial de la empresa son diversas a las señaladas en relación con determinada enfermedad, la sola existencia de ésta no hace presumir que la contrajo con motivo de su trabajo, de lo que resulta que corresponde al actor el comprobar en el juicio no solamente que sufre la enfermedad, sino también que la adquirió en el desempeño de su puesto, debido al medio ambiente laboral en que se vio obligado a prestar sus servicios, o bien, con motivo de un riesgo de trabajo, esto es, la relación causa-efecto.
"Conforme a lo antes considerado, fuera de los casos en los que claramente se advierta que la enfermedad que padece el trabajador, es de naturaleza profesional por encontrarse contemplada en el capítulo correspondiente o por ser la consecuencia necesaria y directa de un riesgo de trabajo; el peritaje en el que se establezca la existencia de una enfermedad que no se encuentre contemplada como tal, debe establecerse no sólo su existencia sino, además, debe dejarse en claro, para los efectos de la condena al pago de la pensión respectiva, la relación de causalidad existente entre dicho padecimiento y el trabajo desempeñado por el trabajador, el medio ambiente en que lo desarrolló y el riesgo de trabajo que lo ocasionó, así como especificar cuál es la relación y los medios de que se valió el perito para su determinación, todo lo cual debe ser analizado por la autoridad de trabajo a fin de otorgar o no valor probatorio al dictamen; pero para ello se requiere, primordialmente, que desde el escrito inicial de demanda (para que de esta manera forme parte de la litis y su contraparte esté en condiciones de refutar lo conducente), se deje perfectamente establecido cuál fue la categoría o categorías que se ostentaron durante todo el tiempo que abarcó la vida laboral del demandante, las funciones desarrolladas, en su caso, el periodo que abarcó cada una de ellas, en qué empresas, el lugar donde se encuentran y los agentes a que se vio expuesto, puesto que no basta que se mencione o las actividades o los agentes contaminantes respectivos, pues ello resulta insuficiente para establecer la relación de causalidad necesaria aun y en el caso de que se diagnostique alguna de las enfermedades que se encuentran catalogadas en el artículo 513 de la ley laboral.
"Ahora bien, de las constancias que integran el glosario y, en especial del peritaje que emitió el experto tercero en discordia, en que se basó la responsable para resolver la litis que se le planteó, se observa que éste le diagnosticó a la parte actora, hoy parte quejosa, como del orden profesional por tener relación de causa efecto con su medio ambiente de trabajo, los padecimientos denominados: HIPOACUSIA BILATERAL COMBINADA DEL 25% CONDICIONADA POR UNA CORTIPATÍA BILATERAL DE ORIGEN MIXTA SECUNDARIA A TRAUMA ACÚSTICO CRÓNICO Y FACTOR DEGENERATIVO AGREGADO, ENFERMEDAD BRONCOPULMONAR CRÓNICA DE ORIGEN LABORAL y SÍNDROME DOLOROSO LUMBAR CRÓNICO MECANOPOSTURAL DE ORIGEN LABORAL POR ADOPTAR POSTURAS FORZADAS QUE CONDICIONAN ENTORPECIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS (foja 346).
"Asimismo, del glosario se aprecia que, al momento de resolver la controversia puesta a su consideración, la responsable estimó que el inconforme no había acreditado los presupuestos de su acción, toda vez que no aportó medio de prueba alguno que demostrara la categoría o funciones que adujo desempeñó, ni el medio ambiente laboral en que lo hizo.
"En ese tenor, en relación con la profesionalidad de los padecimientos que se diagnosticaron a la parte actora y a los que se atribuyó ese carácter, es necesario precisar que aun cuando la HIPOACUSIA BILATERAL COMBINADA DEL 25% CONDICIONADA POR UNA CORTIPATÍA BILATERAL DE ORIGEN MIXTA SECUNDARIA A TRAUMA ACÚSTICO CRÓNICO Y FACTOR DEGENERATIVO AGREGADO, se encuentra prevista en la fracción 156 del artículo 513 de la Ley Federal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25095-b2e91fb9/violaciones-procesales-el-tribunal-colegiado-de-circuito-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE RESPECTO DE CRITERIOS DIVERGENTES SUSTENTADOS POR TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER ASUNTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN DE SU COMPE (1706)
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