EMBARGO COMO MEDIDA DE APREMIO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL BUROCRÁTICO. AL NO ESTAR PREVISTO EN LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TAMAULIPAS ES IMPROCEDENTE DECRETARLO, SIENDO INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 377/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ. 11 DE MARZO DE 2015. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTÓ CON SALVEDAD ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA. SECRETARIO: DANIEL ÁLVAREZ TOLEDO.
CONSIDERANDO:
(7.) PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Corte; lo anterior, en atención a que el presente expediente versa sobre la posible contradicción de criterios de Tribunales Colegiados de distintos circuitos, derivados de asuntos que corresponden a la materia laboral, que es de la especialidad de esta Sala.(3)
(8.) SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
(9.) TERCERO. Ejecutorias contendientes. Con el objeto de resolver si en el caso se configura o no la contradicción de tesis, se procede a establecer los antecedentes que dieron origen a los criterios de los Tribunales Colegiados contendientes.
(10.) I. Antecedentes que derivan del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, al resolver el amparo en revisión 405/2013.
a) ********** promovió amparo indirecto en contra del auto de once de septiembre de dos mil doce, por medio del cual. el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, determinó que "... la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios NO contempla en el capítulo de procedimiento de ejecución, la figura del embargo, y la aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentarias; sin embargo, el procedimiento de ejecución de laudo emitidos por este tribunal se encuentra claramente regulado en los artículos 140 a 143 de la ley de la materia, y dentro de dicha reglamentación no se advierte alguna omisión procesal que pudiera ser suplida por la Ley Federal del Trabajo ..."
b) En contra de lo anterior, ********** promovió amparo indirecto, del cual conoció el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien, en sentencia de veinticinco de enero de dos mil trece, determinó negar la protección constitucional.
c) Inconforme con ello, la quejosa interpuso recurso de revisión, el cual se turnó al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quien lo radicó con el número 54/2013 y lo remitió, para su resolución, al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guadalajara, Jalisco.
d) El veinticinco de abril de dos mil trece, el Tribunal Auxiliar emitió ejecutoria en la que confirmó la sentencia recurrida. Esta determinación, en lo que interesa, está sustentada en las siguientes consideraciones:
"El argumento anterior es infundado.
"Como punto de partida, resulta conveniente precisar que, en relación con la aplicación supletoria de normas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tal supletoriedad sólo opera tratándose de omisiones o vacíos legislativos. Esto es, para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que no esté previsto, o bien que (sic) principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria, pero ésta esté deficientemente desarrollada.
"De ahí, concluyó el Máximo Tribunal del País que los requisitos que se deben satisfacer para estimar procedente la aplicación supletoria de normas, son los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente; b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente; c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate.
"...
"En ese orden de ideas, como se anticipó, no le asiste la razón legal a la quejosa, esto es, que deba aplicarse de manera supletoria a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, lo establecido en los artículos del 950 al 966 la Ley Federal del Trabajo, contenido en la ‘SECCIÓN SEGUNDA DEL PROCEDIMIENTO DE EMBARGO.’, al no reunirse todos los requisitos necesarios para que opere la supletoriedad de normas.
"...
"Sin embargo, se estima que, en la especie, no se cumple con el tercer y cuarto de los requisitos necesarios para que opere la supletoriedad, consistentes en que: c) que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.
"Para arribar a la anterior consideración, es conveniente recapitular lo previsto en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en torno al procedimiento de ejecución.
"Como se dejó establecido, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del tribunal, consiste en dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo, en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 143; precepto que permite, como único medio de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, la imposición de multa desde diez veces el salario mínimo, hasta por cien veces el salario mínimo general vigente de la zona económica de Guadalajara y de no cumplir, no obstante la multa impuesta, se procederá a ordenar la suspensión en el cargo de la persona responsable.
"Asimismo, se evidencia la obligación del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, con independencia de que pueda imponer la medida de apremio indicada y la suspensión en el cargo, también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, a fin, precisamente, de hacer eficaz tal ejecución.
"En ese orden de ideas, si bien es cierto la primera diligencia del procedimiento de ejecución de los laudos en el procedimiento burocrático del Estado de Jalisco, ha de realizarse conforme se ha dicho, también lo es que esa atribución no implica que el tribunal deba, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, limitarse a proceder, apercibiendo al demandado condenado, con la imposición de una multa, pues, contrariamente a ello, se insiste, el artículo 141 de la ley burocrática estatal, lo faculta y obliga a dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes.
"Importa destacar que aun cuando la ley burocrática local sólo contempla, expresamente, como medidas de apremio la multa y la suspensión de que se trata, lo cierto es que no son las únicas herramientas con las que cuenta el Tribunal de Arbitraje y Escalafón para la ejecución de los laudos, precisamente, porque la propia ley lo faculta para tomar todas las medidas que, a su juicio, resulten procedentes sobre el particular.
"Como se ve, la ley burocrática local, en el capítulo relativo al procedimiento de ejecución, a diferencia de lo previsto por la Ley Federal del Trabajo, solamente faculta al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, cuando las autoridades condenadas no cumplan con lo laudado, a imponer una multa, y en caso de ser reiterativas en su negativa de cumplir, ordenará la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo, y si persiste en el incumplimiento, la suspensión se repetirá contra los responsables y podrá ampliarse en contra de quienes los sustituyan; sin que se advierta como medida, para la ejecución de los laudos, el embargo y remate de los bienes del condenado, pues dicha legislación estatal no contiene alguna disposición legal sobre el particular.
"De lo relatado, se infiere que la intención del legislador, en relación con la ejecución de los laudos dictados por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, no fue que se embargaran bienes de la parte demandada, pues de así haberlo considerado, lo hubiese establecido como primera medida para lograr el eficaz cumplimientos de los laudos; aunado a que tampoco se justificarían los parámetros que consideró para establecer el procedimiento a seguir, es decir, que como punto de partida haya previsto la imposición de una multa a la autoridades o instituciones, en caso de la omisión de cumplir con lo laudado, y en caso de ser reiterativas en su negativa, ordenará la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo, así como de persistir en el incumplimiento, la suspensión se repetirá contra los responsables y podrá ampliarse en contra de quienes los sustituyan; puesto que se reitera de haber sido esa la intención hubiera señalado la posibilidad inmediata de ejecución forzosa mediante un procedimiento netamente económico; considerándose, entonces, que el embargo también contraviene el ordenamiento legal a suplir, en razón de que se permitiría que se sustanciara el procedimiento de secuestro de bienes y, por consecuencia, su remate, siendo que de la lectura integral de las disposiciones relativas a la ejecución, se advierte que las sanciones están destinadas a quien representa a la autoridad demandada.
"Luego, si no se reúnen todos los requisitos necesarios para que opera la supletoriedad, es incuestionable que no resulta aplicable supletoriamente, lo previsto por la Ley Federal del Trabajo, en relación al embargo y remate de bienes ..."
(11.) II. Antecedentes que derivan de la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver el amparo en revisión 3/2013.
a) ********** promovió amparo directo en contra del proveído de dos de mayo de dos mil doce, por medio del cual, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco determinó que: "... en cuanto a realizar embargo de bienes a cargo del Ayuntamiento demandado, dígasele que se esté a lo ordenado en el presente acuerdo, toda vez que la ley de la materia no contempla en el capítulo de ejecución, la figura del embargo, y la aplicación de leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas; sin embargo, el procedimiento de ejecución de laudos emitido por este tribunal, se encuentra claramente regulado en los artículos 140 a 143 de la ley de la materia, y dentro de dicha reglamentación no se advierte alguna omisión procesal que pudiera ser suplida por la Ley Federal del Trabajo ..."
b) En contra de lo anterior, ********** promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue resuelto por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en el sentido de negar la protección constitucional.
c) Inconforme con ello, la quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quien resolvió revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo. La ejecutoria establece, en lo sustancial, lo siguiente:
"Como punto de inicio para el estudio del presente asunto, habrá que atender al principio contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone:
"...
"Este precepto constitucional fija la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional, estableciendo, en lo que aquí trasciende, que debe ser pronta y completa, además acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias; de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar esta última, ya que, de no hacerlo, se haría nugatoria la primera.
"Luego, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución del laudo que le resultó favorable, con la certeza de que lo obtenido en la misma no quede sólo en una actuación de buena fe del tribunal, esperando la realización voluntaria del pago, por parte del vencido, sino que, con base en tal garantía, sea capaz el propio tribunal de velar, porque en caso de cumplimiento forzoso de la sentencia, ésta realmente sea materializada.
"...
"En ese orden de ideas, si bien la primera diligencia del procedimiento de ejecución de los laudos, ha de realizarse conforme se ha dicho, ello no implica que el tribunal deba en todo momento y bajo cualquier circunstancia, limitarse a proceder apercibiendo al demandado con la imposición de una multa, pues, contrariamente a ello, el artículo 141 le permite y aun le obliga a dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes.
"Sería un contrasentido no entenderlo así, pues para limitar la actuación del tribunal, bastaría la disposición contenida en el artículo 143 ya analizado; por el contrario, el artículo 141 otorga al tribunal amplias facultades para actuar, permitiéndole tomar todas las medidas necesarias que a su juicio sean procedentes.
...
"Visto lo anterior, si la ejecución del laudo tiene como propósito que las obligaciones en ella impuestas no queden de modo alguno incumplidas, debe haber medios enérgicos sobre la persona o personas obligadas, para que los laudos se cumplan.
"En consecuencia, debe concluirse que, si bien la imposición de una multa es una medida de apremio permitida por la ley burocrática y con la suspensión en el cargo del omiso en cumplir por quince días sin goce de sueldo, son las únicas expresamente establecidas; no puede desconocerse que el artículo 141 de la misma ordena al Tribunal de Arbitraje y Escalafón proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, a fin de hacer eficaz tal ejecución. Para tal efecto, la ley señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado (artículo 56, fracción IV), por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones, permite considerar que el tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que ha emitido, sin que tal forma de proceder pueda implicar excederse en sus atribuciones; máxime cuando existe reiterada contumacia de los titulares obligados a cumplir los extremos de los laudos en que fueron condenados. De ahí que si el artículo 10o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establece la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo en todo aquello que no esté previsto en el ordenamiento común; que en dicha legislación en el procedimiento de ejecución se establece el embargo como medio eficaz para que la fuente de trabajo demandada entere las cantidades laudadas y que sobre los bienes de dominio privado de los Municipios (los que por cierto deben estar registrados) se pueden ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho común, como en el caso lo es el embargo; entonces, se concluye que, en el caso, en el cumplimiento del laudo puede válidamente ordenarse el embargo de los bienes de dominio privado del Ayuntamiento demandado, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y del artículo 141 de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, que le obliga a proveer a la eficaz e inmediata ejecución del laudo."
(12.) III. Antecedentes que derivan de la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, al resolver el amparo en revisión laboral 278/2012.
a) El **********, **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la resolución de tres de julio de dos mil doce, que declaró infundado el incidente de cancelación de orden de embargo, emitido por el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado.
b) De dicho amparo conoció el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas quien, en sentencia de trece de noviembre de dos mil doce, concedió el amparo para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente el acto reclamado. 2. Dicte otro en el que: a) Prescinda de la aplicación del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. b) Que ante la inexistencia del embargo en la legislación municipal resulta inaplicable la supletoriedad de las leyes federales y locales. c) Que no procede mandamiento de ejecución en contra de la parte demandada, al tratarse de un ente municipal ..."
c) Inconforme con ello, el tercero perjudicado interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, quien lo registro con el amparo en revisión 278/2012 y, en su momento, lo remitió para su resolución al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región.
d) En ejecutoria correspondiente a la sesión de catorce de febrero de dos mil trece, el Tribunal Auxiliar determinó, con salvedades, confirmar la sentencia recurrida; sin embargo, también concedió la protección constitucional al quejoso **********, **********, por las razones siguientes:
"En otro aspecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la ley de la materia, y dada la estrecha vinculación que existe entre los planteamientos sintetizados en los incisos b) y c), se dará respuesta integral a éstos, pues, en esencia, gravitan sobre la complementariedad de la Ley Federal del Trabajo frente a las disposiciones del Código Municipal del Estado de Tamaulipas.
"En efecto, el artículo 115, fracción VIII, de la Constitución Federal establece que las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de dicho código político y sus disposiciones reglamentarias.
"Por su parte, el mencionado precepto 123 constitucional, en su apartado A, regula las relaciones laborales entre los trabajadores y patrones en general, y su norma reglamentaria es la Ley Federal del Trabajo; mientras que el diverso apartado B del mencionado precepto del Ordenamiento Supremo rige las relaciones de trabajo burocrático que existen entre el Estado y los empleados a su servicio, teniendo como codificación secundaria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
"Con base en lo anterior, es inconcuso que, como acertadamente lo estableció el a quo, en el caso justiciable no resulta aplicable el artículo 123, apartado A, fracción XXIII, constitucional, y por esa misma razón, en oposición a lo que se aduce en la presente revisión, para complementar las disposiciones del Código Municipal del Estado de Tamaulipas, en lo que atañe a la ejecución del laudo, no puede acudirse a la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, concretamente al procedimiento previsto en su artículo 951.
"En atención a que, como ya se indicó, este último ordenamiento es reglamentario del referido apartado A, que regula las relaciones laborales entre los operarios y empleadores en general, en tanto que el actor en el juicio laboral-burocrático del cual emana el acto reclamado presta sus servicios de carácter subordinado a una entidad pública de carácter municipal y, en ese sentido, si la parte demandada pertenece a la esfera de los Poderes de la Unión en ese ámbito de Gobierno -Municipal-, consiguientemente, resulta incontrovertible que, ante las insuficiencias del precitado código, deben aplicarse los lineamientos contemplados en el apartado B del mencionado artículo 123 constitucional, y en su ley reglamentaria.
"De ahí que, si el Ayuntamiento quejoso, de conformidad con las fracciones I y II del invocado artículo 115 de la Ley Fundamental, constituye el órgano de Gobierno del Municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, lógico resulta concluir que, en el caso no es aplicable el apartado A del artículo 123 ídem, ni tampoco la Ley Federal del Trabajo, habida cuenta que, se insiste, sus relaciones laborales se rigen por el apartado B de la citada disposición constitucional y, por esa razón, de requerir la complementación de alguna figura jurídica regulada deficientemente en el Código Municipal del Estado de Tamaulipas, en todo caso, debe acudirse supletoriamente a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
"...
"Pese a ello, en uso de la potestad para revisar los alcances de la sentencia protectora impugnada, en términos de lo previsto en la tesis 2a. XXIX/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: ‘EFECTOS DEL FALLO CONSTITUCIONAL. EL ÓRGANO REVISOR PUEDE ANALIZARLOS AUNQUE NO SE HAYA HECHO VALER AGRAVIO ALGUNO EN SU CONTRA.’, este Tribunal Colegiado considera que el Juez Federal se excedió al otorgar el amparo, para el efecto de que en la nueva resolución que se emita se tenga en cuenta que:
"‘b) Que ante la inexistencia del embargo en la legislación Municipal resulta inaplicable la supletoriedad de las leyes federales y locales. c) Que no procede mandamiento de ejecución en contra de la parte demandada al tratarse de un ente municipal ...’
"Para justificar lo anterior, debemos establecer los alcances que corresponden a los artículos 292, 293 y 294 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, a los cuales, sobre todo a los dos últimos, se refirió el recurrente en su ocurso de agravios.
"...
"Así es, el artículo 293 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas ordena al Tribunal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus resoluciones, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes; a su vez, conforme al artículo 294 de la citada codificación, la primera actuación del procedimiento de ejecución, consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos procedentes, esto es, se le impondrá una multa hasta por treinta días de salario mínimo, en términos del diverso numeral 292 ídem.
"Como se ve, la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida en el mencionado Código Municipal; sin embargo, no puede soslayarse que el precitado artículo 293 ordena al tribunal burocrático proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus resoluciones, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes.
"Para lo cual, debe tenerse en cuenta que en el artículo 290 del citado ordenamiento municipal, se pone a su disposición el auxilio de las autoridades, entendido esto como la autorización para emplear el uso de la fuerza pública; y en el diverso numeral 289 ídem, se señala con claridad que las precitadas resoluciones son inapelables y deben cumplirse por las autoridades a que perjudiquen, una vez que les sean notificadas; lo anterior queda de relieve del contenido de los precitados numerales, que enseguida se transcriben:
"‘Artículo 289. (se transcribe).’
"‘Artículo 290. (se transcribe).’
"Con sujeción a lo anterior, del análisis integral de todas estas disposiciones del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, se arriba a la convicción de que el tribunal burocrático responsable no sólo cuenta con la imposición de multa para lograr el cumplimiento de los laudos que emite, sino que tiene a su alcance una multiplicidad de herramientas jurídicas para la consecución de tales fines, entre las cuales, contrariamente a lo que asentó el a quo, se encuentra el embargo de bienes; pues sólo a partir de esa intelección, en el procedimiento burocrático de marras, se cumple eficazmente con el derecho a la tutela judicial efectiva y con el principio de ejecutoriedad de las sentencias, que consagra el artículo 17 constitucional.
"Además de que, estimar lo contrario, implicaría que el cumplimiento de los laudos quedara al arbitrio de las entidades públicas, quienes fácilmente podrían eludir sus obligaciones patronales derivadas de los juicios laborales en que fueron condenadas; no obstante que, el artículo 43, fracciones II y III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria -según se ha explicitado-, establece como obligaciones de los titulares de los entes públicos las de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado.
"...
"No es óbice para la conclusión alcanzada, el hecho de que el Juez de Distrito, en la parte final del quinto considerando de la sentencia revisada, estableciera que: ‘... el artículo 10 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece no obstante tener las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública, sean federal, estatal o municipal dentro del procedimiento en que intervengan, la misma situación que cualquier otra parte, en su contra no podrá dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo ...’, y que a partir de esa afirmación, concluyera que: ‘... no procede mandamiento de ejecución en contra de la parte demandada, al tratarse de un ente municipal ...’; empero, dicha apreciación se estima inexacta, en función de que soslaya que ante la negación reiterada del cumplimiento del laudo, que constituye la génesis del acto reclamado, debe ordenarse su ejecución forzosa, incluso decretando el embargo sobre los bienes del Ayuntamiento quejoso, que sí son susceptibles de afectarse mediante esa medida; puesto que, al margen de lo que señala el precitado artículo 10 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, no debe inadvertirse que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de Tamaulipas, los bienes del demandado, aquí quejoso, pueden ser de dominio público o privado, y que en términos de los artículos 23, punto 1, y 31 de dicho ordenamiento, sólo los primeros bienes son inembargables; mientras que, los segundos, en su modalidad de muebles, son embargables en términos del Código Civil para el Estado de Tamaulipas.
"Por tales razones, en uso de la potestad para revisar los alcances de la sentencia protectora recurrida, este Tribunal Colegiado considera que, ante la aplicación indebida del artículo 123, apartado A, fracción XXIII, de la Constitución Federal, y la consecuente vulneración a los principios de fundamentación y motivación jurídica, el efecto de la concesión del amparo debe ser para el único efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, dicte una nueva en la que al, pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del incidente de cancelación de embargo, prescinda de la aplicación de la mencionada hipótesis constitucional; hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, teniendo en cuenta lo alegado y probado por ambas partes, resuelva conforme a derecho proceda."
(13.) CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. Esta Suprema Corte recuerda que, conforme a la jurisprudencia del Pleno, la contradicción de tesis se actualiza cuando las Salas de este Máximo Tribunal, o bien, dos o más Tribunales Colegiados de Circuito adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.(4)
(14.) En este sentido, para que esta contradicción ex
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25624-64332b22/embargo-como-medida-de-apremio-en-la-ejecucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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