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AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO TIENEN ESE CARÁCTER CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE CUMPLIMENTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO MERCANTIL EN EL CUAL FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA. MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y PROVIDENCIA DE EMBARGO. ES FACTIBLE DESPACHARLO EN CONTRA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, A FIN DE EJECUTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA EN UN JUICIO MERCANTIL EN EL CUAL FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA. PROHIBICIÓN DE DICTAR MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN O PROVIDENCIA DE EMBARGO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. NO ES APLICABLE A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO CUANDO SE PRETENDA EJECUTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA EN SU CONTRA, EN UN JUICIO MERCANTIL EN EL CUAL FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2015. · Registro digital (IUS): 26710
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-10-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo II, Pág. 1080.

AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO TIENEN ESE CARÁCTER CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE CUMPLIMENTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO MERCANTIL EN EL CUAL FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA.

MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y PROVIDENCIA DE EMBARGO. ES FACTIBLE DESPACHARLO EN CONTRA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, A FIN DE EJECUTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA EN UN JUICIO MERCANTIL EN EL CUAL FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA.

PROHIBICIÓN DE DICTAR MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN O PROVIDENCIA DE EMBARGO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. NO ES APLICABLE A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO CUANDO SE PRETENDA EJECUTAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA EN SU CONTRA, EN UN JUICIO MERCANTIL EN EL CUAL FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 9 DE AGOSTO DE 2016. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN CARLOS ORTEGA CASTRO (VOTO DE CALIDAD) Y FERNANDO SÁNCHEZ CALDERÓN. DISIDENTES: JACINTO JUÁREZ ROSAS E ISAÍAS ZÁRATE MARTÍNEZ. PONENTE: FERNANDO SÁNCHEZ CALDERÓN. SECRETARIO: ANTONIO SALAZAR LÓPEZ.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados del mismo circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de este Pleno.

SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

TERCERO.-Criterios que se denuncian como discordantes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción de tesis, son las siguientes:

I. De las sentencias emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver los amparos en revisión 90/2014, 118/2014, 9/2015 y 101/2015, se obtiene:

El amparo en revisión 90/2014, resuelto el treinta de abril de dos mil catorce, cuya parte considerativa es del siguiente tenor:

"Estudio de los agravios

"13. CUARTO.-La recurrente expone básicamente que deviene ilegal haber sobreseído en el juicio de amparo, al exigir que se agotara el recurso de apelación, pues se soslayó que atento a la cuantía del negocio no procede ese recurso contra la sentencia interlocutoria dictada en el incidente propuesto, tal como se desprende del contenido del numeral 1339 del Código de Comercio.

"14. Resulta sustancialmente fundado el agravio y suficiente para revocar la sentencia recurrida.

"15. La Jueza de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo por considerar que contra el acto reclamado no se agotó el principio de definitividad, puesto que no se interpuso el recurso de apelación previsto en el numeral 1356 del Código de Comercio.

"16. De la demanda de amparo y de las constancias enviadas por la autoridad, se desprende:

"- Que el acto estimado lesivo de garantías lo constituyó la sentencia interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil trece, dictada dentro de un incidente de levantamiento de embargo.

"- Que en los hechos de tal ocurso, se dio noticia que dentro del juicio ordinario mercantil demandó el pago de diversas prestaciones; resaltó que como suerte principal se exigió el pago de ********** pesos con ********** centavos.

"- Que al emitirse la sentencia definitiva se condenó, entre otras prestaciones, al pago de esa cantidad por concepto de suerte principal.

"- Que a la postre se dictó auto en el que, entre otras cosas, se ordenó turnar los autos al ejecutor para que procediera requerir de pago al Municipio demandado respecto de la cantidad antes señalada, y en caso de no hacerlo, embargarle bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago; el treinta y uno de octubre el ejecutor en compañía de la parte actora se constituyeron en el domicilio de la parte demandada, y dejó citatorio para el día cuatro del mes siguiente; en esta última fecha se requirió de pago a la enjuiciada, pero ante la negativa de pagar y de señalar bienes, la parte actora señaló una cuenta bancaria respecto de la cual debía trabarse embargo.

"- Que el cinco de noviembre subsecuente, la parte demandada promovió incidente de ‘nulidad de actuaciones’ en contra de la diligencia de embargo; se resolvió el cinco de diciembre siguiente en el sentido de declararlo fundado y dejar sin efectos la diligencia de embargo.

"17. Lo reseñado con antelación pone de manifiesto que el acto reclamado fue emitido dentro de un incidente de levantamiento de embargo surgido dentro de un juicio ordinario mercantil; no escapa a la consideración de este tribunal que se le denominó incidente de nulidad de actuaciones.

"18. Ahora bien, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, establece que el juicio se promoverá una vez agotados los recursos o medios de defensa que las leyes ordinarias prevén para combatir el acto de autoridad reclamado en la vía constitucional. Con este principio se busca que el acto de autoridad a reclamar en la vía de amparo, tenga el carácter de definitivo.

"19. Por su parte, el numeral 1356 del Código de Comercio estipula que las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan términos al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirá en efectos suspensivo.

"20. Atento al contenido de los preceptos 1340 y 1341 del mismo ordenamiento legal, las sentencias interlocutorias son apelables si lo fueran las definitivas; sin embargo, la apelación no procede cuando por su monto se ventilen en los Juzgados de Paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a quinientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos con cincuenta y ocho centavos por concepto de suerte principal.(1)

"21. Sobre esa base, es inconcuso que contra la sentencia interlocutoria emitida en el incidente de que se trata, no procede el recurso de apelación previsto en el numeral 1356 del código referido. Si bien por disposición de tal precepto contra la resolución emitida en los incidentes procede apelación, es el caso que tomando en cuenta la cuantía del negocio, existe la imposibilidad legal para la procedencia de ese medio de impugnación.

"22. En la sentencia recurrida no se tomaron en cuenta las manifestaciones efectuadas en la demanda de amparo ni las constancias procesales allegadas como informe justificado, de los que se puede advertir que la suerte principal reclamada en el juicio ejecutivo mercantil, lo fue ********** pesos con ********** centavos. Cuando el negocio jurídico sea por esa cantidad, de acuerdo al Código de Comercio, no procede el recurso de apelación.

"23. De esa forma, no es dable exigir el agotamiento de un recurso que no procede contra el acto reclamado, acorde a su cuantía; por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente.

"24. No pasa inadvertido que existe jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que procede recurso de revocación contra los autos inapelables, dictados en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los Juzgados de Paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior al monto establecido en el numeral 1339 del Código de Comercio.(2)

"25. Sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable al caso particular; puesto que en él se esclareció que los autos y decretos que no fueran apelables atento a su cuantía, eran revocables.

"26. Los autos son los que deciden cualquier punto dentro del proceso y los decretos son simples determinaciones de trámites.

"27. En el asunto que nos ocupa, no se está en la hipótesis de un auto ni de un decreto, sino de una sentencia interlocutoria. Eduardo J. Couture, la define como aquellas que deciden los incidentes surgidos con ocasión del juicio.(3)

"28. Generalmente las sentencias interlocutorias resuelven una cuestión parcial o incidental dentro del proceso.

"29. En esa tesitura, auto y sentencia interlocutoria no significan lo mismo, pues en el primero sólo se efectúa pronunciamiento en relación con cualquier punto del proceso, y en la segunda, se dirime una cuestión accesoria dentro del proceso, es decir, hay una resolución en cuanto a un aspecto determinado.

"30. Por tanto, a las sentencias interlocutorias no le es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Más Alto Tribunal.

"31. En consecuencia, ese tipo de sentencias no es dable impugnarlas mediante el recurso de revocación contemplado en el numeral 1334 del Código de Comercio, por no encuadrar dentro de los supuestos que el propio numeral prevé;(4) de ahí que es irrecurrible, por lo que contra la misma procede directamente el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el principio de definitividad.

"32. En tales condiciones, fue ilegal haber estimado que no se agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues, como se dejó visto, no era dable la interposición del recurso de apelación, por lo que, de conformidad con el precepto 93, fracción V, de la Ley de Amparo, debe revocarse la sentencia recurrida y proceder al estudio de los conceptos de violación.

"33. Debido a lo anterior, deviene intrascendente efectuar mayor pronunciamiento sobre los restantes agravios y de los criterios que se invocan,(5) puesto que al haber quedado patentizado que no se actualiza la causal de improcedencia invocada en la sentencia recurrida, no se obtendrían más beneficios de los alcanzados.

"Estudio de los conceptos de violación

"34. QUINTO.-La quejosa aduce lo siguiente:

"I. Que fue ilegal haber declarado procedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la demandada, pues con base en él declaró nula la diligencia de embargo, sin que haya habido alguna práctica ilegal en la misma, máxime que dejó de aportar prueba a fin de desvirtuar la fe pública de que gozan las actuaciones judiciales; solamente las notificaciones pueden ser objeto de nulidad y las resoluciones deben ser impugnadas mediante el recurso correspondiente.

"II. Que la diligencia de requerimiento de pago y embargo cumple con todas las formalidades requeridas por la ley; su cuestionamiento a través del incidente de nulidad de actuaciones no era posible al controvertirse aspectos de fondo y no de forma; en la resolución estimada inconstitucional no debió estimarse procedente y ordenar levantar el embargo, menos indicarse que constituía fuente del agravio el auto de diecisiete de octubre del año pasado, el cual, a su vez, ordenó la ejecución forzosa de la sentencia definitiva, puesto que a la fecha de la diligencia era un auto firme y apegado a derecho; la autoridad actuó arbitrariamente, pues con su actitud revocó un proveído firme.

"35. No le asiste razón. Recordemos que en auto de diecisiete de octubre de dos mil trece, se ordenó turnar los autos al ejecutor para que procediera a requerir de pago a la parte demandada, Municipio de **********, Estado de México, por el monto de ********** pesos, a que fue condenado en sentencia definitiva por concepto de suerte principal; en caso de no hacerlo se le embargaran bienes suficientes para garantizar el pago del adeudo. El treinta y uno siguiente, el ejecutor en unión con la abogada de la parte actora acudieron al domicilio de la parte enjuiciada, en ese entonces se dejó citatorio. El cuatro de noviembre volvieron a acudir, fueron atendidos por el jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos, Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos, **********, a quien se le requirió para que a nombre del Municipio demandado hiciera pago del adeudo correspondiente a la suerte principal, apercibido que de no hacerlo, se procedería al embargo, quien manifestó que los bienes pertenecientes al Municipio no podían ser objeto de embargo, por lo que no hacía señalamiento alguno; en uso de la palabra la parte actora señaló una cuenta de cheques a nombre del Municipio enjuiciado para que fuera secuestrada judicialmente; el fedatario público trabó embargo respecto de tal cuenta.

"36. Inconforme, la parte enjuiciada promovió incidente que denominó de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia de embargo; en los agravios resaltó que la fuente de inconformidad lo constituía la diligencia de embargo que tuvo lugar, derivada del dictado del auto de diecisiete de octubre de dos mil trece, el cual a su vez fue emitido en desconocimiento de diversos preceptos legales, tanto de la Constitución Federal como del Estado de México, Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley de Bienes del Estado de México y Municipios, pues el Municipio era una institución de la administración pública integrante de las entidades federativas, de modo que en su contra no podía dictarse mandamiento de ejecución ni embargo, por lo que el secuestro judicial resultaba ilegal.

"37. El Juez lo admitió a trámite, dio vista a la hoy quejosa, quien manifestó lo que a su interés convino. El cinco de diciembre del año pasado lo resolvió; (i) en él analizó la legalidad del auto de diecisiete de octubre y estimó que resultó ilegal, pues omitió tomar en cuenta el contenido del precepto 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, que refleja que contra el Municipio demandado no podía dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, lo cual no significaba que no pudiera cumplimentarse una resolución que se hubiese dictado en contra de los órganos del Estado, sino que ante la falta de cumplimiento voluntario, era innecesario acudir a la vía de apremio; (ii) señaló que esa omisión constituía un acto de autoridad que pudiera combatirse en el juicio de amparo al darse las condiciones para darle tal carácter; (iii) agregó que al haberse ordenado en vía de apremio el requerimiento de pago y en su caso el embargo en contra del Municipio enjuiciado, entonces no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento ni se salvaguardó la garantía de seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales; (iv) y, por tanto, resultaba procedente el incidente planteado, de ahí que debía dejarse sin efecto la diligencia de embargo.

"38. Lo anterior refleja que aunque la parte enjuiciada llamó al incidente de nulidad promovido como de nulidad de actuaciones de la diligencia de embargo, el análisis de los argumentos que los sustentaron pone de relieve que en realidad hizo valer el de levantamiento de embargo, en donde controvirtió el auto que dio sustento a la diligencia y ésta en sí misma, bajo la justificante de que los bienes del Municipio no pueden ser objeto de embargo, por así proscribirlo la ley.

"39. En ese sentido, contrariamente a lo sostenido por la peticionaria de amparo, el nombre incorrecto que el promovente le haya asignado al incidente, no puede tornar ilegal la resolución reclamada. No debe olvidarse que a las partes corresponde narrar los hechos y al Juez decidir el derecho, de modo que si del estudio de las razones que sustentaron el incidente se desprende el cuestionamiento del auto que ordenó el embargo en la vía de apremio y el secuestro judicial en sí mismo, entonces fue legal que bajo esos lineamientos se hubiese resuelto el incidente hecho valer.

"40. De tal manera que sin desconocer que en los incidentes de nulidad de actuaciones se combaten aspectos formales de los actos, es el caso que el que hizo valer no se basó en tales aspectos, de ahí que no pudiera darse por aceptado que se estaba cuestionando una actuación por vicios formales, sino más bien la ilegalidad de los actos por haberse dictado y llevados en contravención de lo que la ley estipula respecto de los entes que no pueden ser objeto de mandamiento de ejecución ni embargo. De esto se sigue que no era factible que al decidirse el incidente se tuvieran que analizar aspectos formales cuando no se hicieron valer; lo que tenía que efectuarse era el estudio con base en los aspectos que lo sustentaron, independientemente del nombre asignado al incidente.

"41. Por otro lado, era viable que en el incidente propuesto se planteara la legalidad del auto que apercibió de embargo para el caso de no efectuarse el pago, cuenta habida que su dictado por sí mismo no ocasionaba el perjuicio, ya que dependería del cumplimiento o no que se hiciera para que pudiera llevarse a cabo el secuestro judicial. En ese sentido, si en la diligencia de cuatro de noviembre de dos mil trece tuvo verificativo el embargo cuyo sustento fue el proveído de que se trata, fue correcto que al resolverse el incidente se estudiara el contenido de tal acuerdo, además de que fue cuestionado por parte del incidentista. Consecuentemente, no se estiman aplicables las tesis de rubros: ‘NOTIFICACIONES NULAS E ILEGALES. RECURSOS PROCEDENTES EN AMBOS CASOS.’ y ‘NULIDAD DE ACTUACIONES Y RECURSOS. SON DIFERENTES LOS VICIOS SUBSANABLES EN ELLOS.’

"42. En diverso concepto de violación se expresa:

"I. Que se violaron los numerales 14 y 16 constitucionales, puesto que la autoridad aplicó incorrectamente y fuera de contexto el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que pretende incluir al Municipio dentro de los entes a que alude tal precepto como inembargables, cuando en él sólo se hace referencia a instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y entidades federativas.

"II. Que el Municipio no forma parte del Poder Ejecutivo Federal, ni del Poder Ejecutivo Estatal, su competencia no deriva de ninguno de ellos, sino por el contrario es libre y tiene su propia esfera de competencia, sin que sus atribuciones se hayan desprendido de un órgano federal o estatal; nace por mandato del pueblo plasmado en la Constitución Federal como forma de organización política y no sólo administrativa, de ahí que no depende del Gobierno del Estado o de la Federación, no es una descentralización administrativa.

"43. Es infundado lo anterior. A fin de dar contestación, es menester tomar en cuenta lo siguiente:

"44. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: ‘DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).’, estableció que la excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo.(6)

"45. En la ejecutoria que dio nacimiento a tal criterio, en la parte que interesa, se indicó:

"- Que la materia de la contradicción se centraba, precisamente, en la limitación de la ejecución forzosa tratándose de instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas, en términos del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone:

"‘Artículo 4o. Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este código exija de las partes.

"‘Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones.’

"- Que en la exposición de motivos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos, se señaló en torno al texto del artículo 4o., que ha permanecido sin modificaciones, lo siguiente:

"‘Como expresamente se dispone en el artículo 3o., respetando así el principio de igualdad procesal que, esencialmente, consiste en que el proceso debe desenvolverse sin consideración alguna personal ... principio éste que se desenvuelve y perfecciona al equiparar a la Federación misma con un simple particular, según lo que se previene en el artículo 4o. ...

"‘La única excepción a la regla de la igualdad es la contenida en el artículo 4o., que dispone que nunca podrá dictarse en contra de la Federación o de las entidades federativas mandato de ejecución ni providencia de embargo, así como que esas entidades de derecho público están exentas de prestar las garantías que en el código se exigen de las partes. Esta excepción se justifica, porque no es posible que los órganos del poder se coaccionen a sí propios (sic), y es posible , dentro del Estado, que haya un Poder Superior al mismo Poder Estatal; y, respecto de las garantías, se juzga que el Estado siempre es solvente, pues es un principio general del derecho público, y en especial, del derecho fiscal, que el Estado debe obtener de los habitantes del país, los ingresos indispensables para cumplir sus fines, de manera que está siempre en posibilidad de contar con un patrimonio que le permita responder, en general, de sus obligaciones, sin necesidad de una garantía especial.’

"- Que de la parte conducente de la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo anteriormente reproducida derivaba que la excepción al principio de igualdad procesal de las partes a favor de las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas que consagra el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, fue establecida por el legislador, en cuanto a la prohibición de dictarse en su contra mandamiento de ejecución o providencia de embargo, a fin de evitar que los órganos del poder se coaccionen a sí mismos y la existencia de un poder superior al mismo Poder Estatal; y en cuanto a la exención de prestar garantías, al considerarse que el Estado siempre es solvente.

"- Que no obstante la sujeción de los órganos estatales a un plano de igualdad en el procedimiento relativo, lo que evidenciaba la relación de coordinación existente entre las partes, se establece a favor del órgano estatal una excepción a este principio precisamente por su calidad de órgano del Estado.

"- Que el privilegio procesal que implicaba la excepción a la ejecución forzosa no significaba la posibilidad de incumplimiento a la sentencia, sino que se parte de que la entidad estatal dará cumplimiento voluntario, por lo que no era necesario acudir a la vía de apremio, lo que claramente se señalaba así en el segundo párrafo del artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, al disponer que: ‘Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones.’

"- Que en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, la operancia de esta excepción implica la colocación del ente estatal en un plano de superioridad frente a su contraparte en el juicio natural con el que había estado sujeto a una relación de igualdad. Es la norma legal la que convierte, exclusivamente en esta situación, la relación de coordinación en una relación de supra a subordinación, pues en virtud del privilegio procesal otorgado al organismo del Estado, atendiendo, precisamente, a su calidad de ente estatal -por el interés público que reviste el que los órganos del Estado no se coaccionen entre sí y no se afecten con mandamientos de ejecución o embargo de sus bienes, máxime que el Estado se considera siempre solvente y, por tanto, en aptitud de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria-, la actitud de desacato a la sentencia afecta la esfera jurídica del particular, al colocarlo en la imposibilidad de obtener mediante la vía coactiva la satisfacción de la pretensión a la que tiene derecho por así haberse decidido en la sentencia dictada en juicio.

"- Que de no darse tal cumplimiento voluntario a la sentencia condenatoria por parte del órgano estatal, es claro que su actitud contumaz debe ser catalogada como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque es la norma legal la que lo sitúa en un plano de desigualdad ante el privilegio que le otorga de no ser sujeto a ejecución forzosa atendiendo, precisamente, a su naturaleza de órgano de poder. Esto es, la situación de poder de la entidad del Estado no deriva de un acuerdo de voluntades en tal sentido, sino de lo dispuesto en una norma legal que parte de un cumplimiento voluntario a las resoluciones judiciales que hace innecesario e inconducente el ejercicio del poder coactivo.

"- Que se surtían las condiciones para que las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas sean consideradas como autoridad para efectos del juicio de amparo cuando desacatan una sentencia condenatoria, en virtud de lo siguiente:

"a) El ente estatal se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa.

"b) Tal privilegio deriva de la ley, pues esta parte del cumplimiento voluntario por parte del órgano estatal.

"c) El uso indebido de tal privilegio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor.

"d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 constitucional.

"- Que la Segunda Sala determinaba que el incumplimiento a la sentencia condenatoria por parte de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas debe considerarse como acto de autoridad susceptible de combatirse en juicio de amparo, pues si bien la obligación a su cargo deriva de una sentencia dictada en un juicio en el que intervino en una relación de coordinación y no de supra a subordinación, el beneficio que le otorga el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, de no poderse sujetar a ejecución forzosa se les otorga precisamente en su calidad de entes estatales y los coloca en un plano de desigualdad que afecta la esfera jurídica del particular al impedirle obtener por vía de apremio la satisfacción de la prestación que la sentencia reconoció u otorgó en su favor, lo que debe ser subsanado mediante el juicio de amparo ante la vulneración al derecho a la administración de justicia que el artículo 17 constitucional consagra a favor de todos los gobernados.

"- Que no sería materia del juicio de amparo ninguna cuestión que fue materia de la litis en el juicio de origen en el que las partes en una relación de coordinación sujetaron su controversia al imperio del órgano jurisdiccional, ni la eventual transgresión a las garantías individuales que en la resolución del conflicto pudieran estimarse transgredidas sino, exclusivamente, el desacato a la decisión del Juez.

"46. Continuando en la misma línea por estar vinculado con la jurisprudencia antes referida, la misma Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 83/2014.(7) Uno de los criterios contendientes fue el referente al: ‘JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE CUMPLIR UN LAUDO O RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN CONDENATORIA.’(8)

"47. En la parte considerativa de la ejecutoria, se sostuvo lo siguiente:

"- Que de los antecedentes de los asuntos contendientes se advertía que tenían en común que en los juicios de amparo indirecto respectivos se reclamó la omisión de un órgano de gobierno de cumplir con un laudo condenatorio firme, derivado de un juicio laboral en el que el promovente tenía la calidad de trabajador y el órgano de gobierno de patrón.

"- Que los asuntos resueltos por los Tribunales Colegiados contendientes se dieron bajo un contexto fáctico en donde los actos reclamados en los juicios de amparo indirecto quedaron comprendidos o enmarcados en el procedimiento de ejecución derivado de un laudo firme dictado en un procedimiento laboral que condenó, a una dependencia de una entidad federativa, o bien, a una de la Administración Pública de la Federación, a cumplir con las prestaciones demandadas.

"- Que el punto de divergenci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26710-3ab4cc60/autoridad-para-efectos-del-juicio-de-amparo-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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