CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE PREVENIRSE AL ACTOR PARA QUE SUBSANE LAS IRREGULARIDADES ADVERTIDAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 410/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ Y DÉCIMO TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 26 DE ABRIL DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: RAFAEL QUERO MIJANGOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito y no se requiere la intervención del Pleno.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue realizada por el Magistrado presidente accidental del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz; por lo que se actualiza por el supuesto de legitimación a que alude el referido precepto.
TERCERO.-Posturas contendientes. Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es necesario tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.
De la misma manera, estableció que por "tesis" debe entenderse el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; de ahí que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de este Alto Tribunal, que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)
En este orden de ideas, con la finalidad de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente reseñar, en la parte que interesa, las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
• Así, en relación con el juicio de amparo directo ********** (cuaderno auxiliar **********),(2) del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, se tiene que, en sesión de seis de octubre de dos mil dieciséis, en lo que interesa sostuvo:
"... el quejoso aduce como motivos de inconformidad, que la Junta responsable viola en su perjuicio los derechos humanos consignados en los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no cumplió con el mandato constitucional, referente a la fundamentación, motivación y derecho de audiencia, así como a la seguridad jurídica que debió revestir, dado que de forma errónea, al momento de emitir el auto de radicación, plasmó como nombre del actor el de **********, persona quien funge como su apoderado dentro del juicio natural, aunado a que se realizaron ciertos requerimientos y amenazando que en caso de no cumplirlos se archivará el expediente.
"Empero, refiere el quejoso, no puede pasar desapercibido que no tenía conocimiento del nombre de la persona de quien se tenía que cumplir las obligaciones citadas en el acuerdo de dieciocho de abril del dos mil dieciséis; siendo que llegada la fecha de la audiencia de ley, se hizo del conocimiento de la autoridad responsable que el nombre asentado en el auto de radicación se encontraba incorrecto, por tanto, el actor no se encontraba facultado para cumplir con los apercibimientos realizados; no obstante ello, sin fundamento alguno, la responsable ordenó el archivo del expediente, por no haber cumplido con dichos apercibimiento.
"Así, precisa el amparista, al determinar el archivo del expediente, se vulnera el contenido del artículo 17 de la Carta Magna, esto es, no se aperturó el procedimiento y, en consecuencia, se coartó el derecho a una impartición de justicia; más aún, si la Ley Federal del Trabajo no establece concepto alguno por el cual deba interrumpirse la prosecución del procedimiento; aunado a que al momento en que fue presentado el escrito inicial de demanda, el actor reunía los requisitos de ley para el pago y otorgamiento de la pensión que reclama y se condene
"Máxime si, insiste, no se expresaron los motivos y fundamentos legales en que se apoyó la emisión del acto reclamado; siendo que no se acataron los lineamientos establecidos en los artículos 841 y 842 de la ley laboral en cita, que obligan a las Juntas a dictar sus acuerdos a verdad sabida y buena fe guardada, así como también que deben ser claros, precisos y congruentes.
"Razonamientos que, suplidos en su deficiencia, se estiman fundados, en virtud que lejos de proveer el archivo del juicio laboral incoado por el aquí quejoso, por no haber dado cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en torno a la omisión de los requisitos contemplados en el artículo 899-C, fracciones VI y VII, de la Ley Federal del Trabajo; la Junta responsable debió desahogar el procedimiento hasta la audiencia de ley y, en su etapa de demanda y excepciones, requerir de nueva cuenta a la parte actora para que subsanase las omisiones en que incurrió en cuanto a la presentación de los documentos para el trámite del procedimiento; ello, de conformidad con lo que al efecto dispone el numeral 878, fracción II, del citado ordenamiento legal.
"En efecto, los artículos 685, 873, segundo párrafo, y 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo establecen lo siguiente:
"‘Artículo 685. ...’
"‘Artículo 873. ...’
"‘Artículo 878. ...’
"Lineamientos de los que se advierte que, tanto el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo como los diversos 873, párrafo segundo, y 878, fracción II, se refieren a la conducta que debe seguir la Junta laboral cuando el trabajador incurra en alguna deficiencia en su escrito inicial de demanda, a saber, que subsane aquélla o, en su caso, mande prevenirlo para que en un término de tres días aclare la demanda y que, en el supuesto de no hacerlo en ese lapso, tendrá una nueva oportunidad al celebrarse la audiencia de ley, en su etapa de demanda y excepciones.
"Es importante destacar que el hecho de que los numerales en comento se refieran a la parte trabajadora y no a la patronal, obedece a que el derecho del trabajo tiende a la tutela de los intereses de las clases económicamente débiles, de tal manera que, por lo general, se exige de la parte patronal una conducta más estricta como deriva, entre otros, de los artículos 784 y 824 de la Ley Federal del Trabajo, que, respectivamente, disponen que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, que para tal efecto se requerirá al patrón que exhiba la documentación que de acuerdo a las leyes tiene la obligación de conservar y que tratándose, por ejemplo, de la prueba pericial, la Junta nombrará a los peritos del trabajador si éste así lo solicita, lo que evidencia un trato diferencial para la parte patronal y la obrera en situaciones similares.
"En el mismo sentido de tutela para los trabajadores, el artículo 879 del propio ordenamiento legal dispone que la audiencia se llevará a cabo aun cuando no concurran las partes; que si el actor no comparece al periodo de demanda y excepciones se tendrá por reproducido su escrito inicial y que si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, demuestre que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda.
"Así, el artículo 685 de la ley laboral, se encuentra estrechamente vinculado con la suplencia de la queja que deben realizar las Juntas laborales, en virtud de que según deriva de su contenido, la actuación de la Junta laboral se traduce en subsanar de oficio las deficiencias de la demanda en relación con las prestaciones que se reclamen y las que derivan de la acción intentada; lo cual significa que la autoridad jurisdiccional no puede, a título de suplir deficiencia, cambiar la acción promovida o intentar una nueva a nombre del actor, lo que se corrobora con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 879 de la ley de la materia, que establece que en caso de que el trabajador no comparezca a la etapa de demanda y excepciones, sólo se tendrá por reproducida, en vía de demanda, su comparecencia o escrito inicial. En este supuesto, no se requiere, por tanto, de la intervención o presencia del trabajador o sus beneficiarios, sino que el tribunal, por sí mismo, la efectúa.
"Por su parte, los artículos 873, segundo párrafo, y 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo (previamente transcritos), que establecen la obligación por parte de la Junta laboral para mandar prevenir al actor trabajador cuando no cumple los requisitos legales o no subsana las irregularidades en que incurriere en escrito inicial, y darle la oportunidad de hacerlo incluso en el momento de la celebración de la audiencia respectiva; no quedan comprendidos dentro de la institución de la suplencia de la queja a que se refiere el numeral analizado inicialmente, sino que se encuentran vinculados con el principio tutelar que en materia procesal rige, en general, para la clase trabajadora; ello es así, en virtud de que en los supuestos que prevé, la Junta no es la que directamente se aboca a subsanar la irregularidad de que se trate, sino que se concreta a requerir a la parte actora con el objeto de hacerle saber la deficiencia en que incurrió para que esté en aptitud de hacer las correcciones procedentes.
"Por ende, conforme a la redacción de los preceptos citados, se sigue que la tutela procesal opera:
"1. Cuando la demanda es incompleta;
"2. Cuando la demanda es oscura o vaga;
"3. Cuando la demanda es irregular; y,
"4. Cuando el trabajador o sus beneficiarios hayan ejercitado acciones contradictorias.
"En las cuatro hipótesis mencionadas, la tutela en el procedimiento laboral es oficiosa, como sucede también tratándose de la suplencia de la queja, pero a diferencia de ésta, el tribunal del trabajo ya no puede efectuarla por sí y ante sí, ya que necesita la intervención del actor para que exprese, conforme a su libre voluntad, lo que en cada caso corresponda. La diferencia es lógica y corresponde al desarrollo jurídico del principio de que el proceso se inicia a instancia de parte, habida cuenta de que en los cuatro supuestos de que se viene tratando, sólo el actor está en aptitud de proporcionar los datos que completen, aclaren, regularicen o concreten los términos de la demanda y, sobre todo, sólo él puede optar por una de las acciones cuando son contradictorias.
"La intención del legislador de no dejar una demanda incompleta, vaga u oscura se confirma, porque en el texto ya transcrito de la fracción II del artículo 878, correspondiente al desarrollo de la etapa de demanda y excepciones, insiste expresamente en el tópico, al señalar que ‘si el actor es el trabajador o sus beneficiarios y no cumple los requisitos omitidos o no subsana las irregularidades que se le hayan indicado en el planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga en ese momento.’
"De lo que se sigue que, conforme a los dispositivos que se estudian, la tutela en el procedimiento laboral se impone como obligatoria y su alcance está circunscrito a los términos que establezca la ley de la materia.
"Consideraciones que encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 75/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) que reza:
"‘DEMANDA LABORAL. LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE MANDAR PREVENIR AL TRABAJADOR PARA QUE LA CORRIJA O ACLARE CUANDO SEA IRREGULAR O INCURRA EN OMISIONES. ...’
"Así como en la diversa 4a./J. 3/91, emitida por la otrora Cuarta Sala del Más Alto Tribunal del País,(4) que dice:
"‘DEMANDA LABORAL. SUPLENCIA. LA ATRIBUCIÓN OTORGADA A LAS JUNTAS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES DE EJERCICIO OBLIGATORIO. ...’
"Con base en lo esgrimido con antelación, en la especie, de autos se advierte que el trabajador, aquí quejoso, **********, al momento de formular su demanda laboral, solicitó del Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de la pensión por invalidez definitiva a partir de la fecha en que cumplió con los requisitos señalados en los artículos 128, 131 y 134 de la Ley del Seguro Social abrogada, el pago de las mensualidades que de ello derivaran, su incorporación a la nómina de pensionados, así como las prestaciones accesorias, tales como ayuda asistencial, asignaciones familiares, aguinaldos, incrementos anuales, y la atención médica, clínica, farmacéutica y hospitalaria; para lo cual, precisó como hechos fundatorios de la acción, los siguientes:
"‘1. Tiene como número de afiliación: **********, inscrito a la Unidad Médico Familiar Número 10 del IMSS, en Linares, Nuevo León, y a la fecha en que cumplo los requisitos para obtener la pensión que solicito, tengo cotizadas ********** semanas, en el régimen de seguridad social obligatorio, en virtud de estar cotizando de forma ininterrumpida ante el mismo desde el **********, y un salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas cotizadas de $********** pesos diarios, actualmente con ********** años de edad, y desempleado, por lo cual, se solicita se tome en consideración al momento en que se determine el otorgamiento de la pensión reclamada. Tiene como domicilio particular en C. ********** S/N, colonia **********, **********, por lo cual se solicita se tome en consideración al momento en que se determine el otorgamiento de la pensión reclamada.
"‘2. De igual forma, señalo que mi representado padece una serie de enfermedades que hacen que su capacidad física se encuentre disminuida para laborar en más de un 50%, siendo éstas de carácter no profesional o general, las cuales le imposibilitan para reintegrarse al desempeño de su trabajo habitual o cualquier otro similar susceptible de obtener ingresos iguales o superiores por lo que, conforme a lo dispuesto la Ley del Seguro Social, presenta en la actualidad un estado de invalidez definitivo. Haciendo la aclaración que en su expediente clínico que el instituto se encuentran documentadas las enfermedades de origen general que padece, por lo que se reclama su valoración y reconocimiento, y el otorgamiento de la respectiva pensión, así como las asignaciones familiares, ayuda asistencial, incrementos anuales, aguinaldos y demás prestaciones de ley reclamadas.
"‘3. En consecuencia, y en el entendido de que ya se realizaron todos los trámites contemplados en la Ley del Seguro Social de 1973, es por lo que esta H. Junta debe resolver en cuanto al otorgamiento y pago de las mensualidades de la pensión que reclamo con esta legislación, o la que más me beneficie. En diversas ocasiones me he apersonado con el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social a reclamarle las situaciones que ahora reclamo; sin embargo, se niega a otorgar la pensión que se reclama.’
"Cuestión que dio lugar a que por auto de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, la Junta Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nuevo León, residente en Guadalupe, registrara la demanda en cita bajo el número ********** y que, en ese mismo acto, fijara como fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, las diez horas del día uno de junio de dos mil dieciséis, ordenando la notificación respectiva a las partes contendientes; con la particularidad de que dicha promoción inicial, al parecer de la autoridad laboral, ‘... no cumple en su totalidad con los requisitos que establece el artículo 899-C, específicamente, con lo que establece la fracción VI (en cuanto a no allegar la negativa de pensión); VII. Los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de los mismos y, en general, la información necesaria que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez ...’; por lo cual concedió al demandante el plazo de tres días para que subsanase los errores u omisiones en que hubiere incurrido, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a ese lineamiento, se tendría por no interpuesta la demanda y se ordenaría el archivo del expediente.
"En esa medida, el uno de junio de dos mil dieciséis, el secretario adscrito a la Junta Laboral efectuó la certificación concerniente a que por un error involuntario, se señaló erróneamente en el auto de radicación, el nombre del actor como **********, siendo el correcto el de **********; y luego de escuchar la intervención de las partes y reconocerles su respectiva personalidad en el juicio; proveyó, tocante al cumplimiento del requerimiento formulado al trabajador, lo que se transcribe:
"‘La Junta acuerda.-Vista la manifestación de la representación jurídica del hoy actor **********, así como del escrito presentado en fecha 31 de marzo de 2016 de los mismos, se desprende que el hoy actor no dio cumplimiento cabal al apercibimiento (sic) decretado en auto de radicación de fecha 18 de abril de 2016, respecto del artículo 899-C, conforme a las fracciones; IV. Constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión; VII. Los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de los mismos; por lo que no se cumplen con los supuestos del artículo 889-C, requisitos indispensables para la reclamación que pretende, en consecuencia, y tomado el criterio establecido por el Cuatro [sic] Tribunal Colegiado en Materia el [sic] Trabajo del Cuarto Circuito, al no cumplir la parte actora con dicho apercibimiento, esta autoridad ordena el archivo del presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.’
"Actuación que deviene ilegal, puesto que lejos de que la autoridad responsable se pronunciara de la forma conocida, dando lugar a decretar el archivo del juicio por no haberse cumplido con el requerimiento formulado a la parte demandante; debió llevar a cabo la audiencia de ley en su etapa de conciliación y, acorde al lineamiento contenido en el artículo 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, al momento de diligenciar el periodo de demanda y excepciones, requerir de nueva cuenta al trabajador, a efecto de que subsanara la omisión en que incurrió y allegara los documentos que se detallan en las fracciones VI y VII del numeral 899-C de la Ley Federal del Trabajo.
"Ello en atención a que no obstante ********** pretendió dar cumplimiento a lo solicitado, allegando un escrito con fecha de recibido de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis(5) -que resulta ser idéntico al ocurso inicial de demanda que dio origen al juicio laboral-, sobre el cual la Junta se pronunció en el sentido de no tener por cumplida la mencionada prevención; tal cuestión no era impedimento para que dicha autoridad llevara a cabo la audiencia de ley y, en la etapa correspondiente, solicitar al demandante la observancia de los lineamientos marcados en el auto de inicio, colmando los requisitos de la demanda, puesto que el citado precepto 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo precisa que si el actor ‘no cumple los requisitos omitidos’, la Junta lo prevendrá para que lo haga en el momento en que transcurra la etapa de demanda y excepciones; por lo que si en una primera oportunidad el actor no acató el requerimiento formulado, ello debe interpretarse en el sentido de que no cumplió con las exigencias legales omitidas, en cuyo caso se dota a la Junta laboral de la facultad para requerir que los subsane al efectuarse la etapa de demanda y excepciones, pues es en ésta en que debe ratificarse la promoción inicial; con independencia de que con anterioridad se hubiere conminado al trabajador bajo esa misma directriz.
"Máxime que de los lineamientos procesales establecidos en la legislación laboral, no se advierte precepto legal alguno en el que se determine que transcurrido el plazo de tres días para subsanar cualquier irregularidad, y de no hacerlo, la Junta pueda proceder de tal o cual manera, incluso desechando o teniendo por no interpuesta la demanda laboral; sino que, por el contrario, se le confiere la facultad de formular un segundo requerimiento para que el trabajador, antes de ratificar su demanda, observe los requisitos que en ella deben contenerse y, en su caso, agregue los que se estimen pertinentes para poder sustanciar el procedimiento con apego al principio de inmediatez.
"Es aplicable al caso, por su contenido, la tesis XXXI.9 L, del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, que se comparte, intitulada:
"‘DEMANDA LABORAL. EL TRABAJADOR PUEDE CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO QUE LE FORMULE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA QUE SATISFAGA LOS REQUISITOS OMITIDOS O SUBSANE LAS IRREGULARIDADES INDICADAS, HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA TRIFÁSICA EN SU ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES, ...’(6)
"Así como la diversa VIII.1o.54 L, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito,(7) que igualmente se comparte, de rubro y texto siguientes:
"‘DEMANDA LABORAL. SI EL TRABAJADOR O SUS BENEFICIARIOS INCUMPLEN LA PREVENCIÓN DE SU ACLARACIÓN EFECTUADA DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SE ENCUENTRAN IMPEDIDAS PARA TENERLA POR NO INTERPUESTA. ...’
"Sin que deban estimarse inaplicables, para el caso concreto, los mencionados artículos 873, párrafo segundo, y 878, fracción II, ambos de la Ley Federal del Trabajo, al tratarse de lineamientos que deben seguirse en el procedimiento ordinario laboral cuando se recepciona la demanda inicial y se lleva a cabo la audiencia de ley; pues con independencia de que los numerales 893, 895 y 896 del ordenamiento legal en cita(8) dispongan la manera en que han de desahogarse los procedimientos especiales que se establecen en el título catorce, capítulo XVIII, entre los que figuran los atinentes a los conflictos individuales de seguridad social; lo cierto es que los preceptos últimamente mencionados no establecen limitante alguna en cuanto a que la autoridad laboral pueda realizar al promovente del juicio prevención o requerimiento cuando notare alguna irregularidad u omisión en el cumplimiento de requisitos en el escrito de demanda, de conformidad con las normas que se observan en el juicio ordinario.
"Además que la propia legislación laboral precisa en su artículo 899, la posibilidad de que en los procedimientos especiales puedan aplicarse las normas procesales que se contienen en los capítulos XII y XVII, siendo que este último se refiere al procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de donde derivan los citados numerales 873 y 878 arriba mencionados.
"En esa tesitura, no sería dable afirmar que, por el hecho de que el numeral 893 de la Ley Federal del Trabajo establezca que las pruebas del actor deban ser exhibidas al momento de la presentación de la demanda laboral; no se tenga una nueva oportunidad de proponerlas, en virtud de un requerimiento de la autoridad laboral realizado bien al momento de dicha promoción, o al celebrarse la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución; en tanto, se itera, el propio ordenamiento no señala restricción alguna en ese sentido y, por el contrario, faculta a la Junta Laboral para observar las normas de procedimiento ordinario en cuanto sean aplicables.
"Más aún, si con la aplicación de las normas que rigen el procedimiento ordinario, en ese aspecto, se genera un mayor beneficio al promovente del juicio, al otorgársele la oportunidad de subsanar las omisiones en que hubiere incurrido en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la demanda laboral, contenidos en el mencionado artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de que, como en este último se determina, debe aportarse toda aquella información necesaria que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez.
"Sobre el particular es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia «PC.IV.L J/14 L (10a.)» del Pleno del Cuarto Circuito en Materia de Trabajo, pendiente de publicación, intitulada:
"‘CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONSTITUYEN LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE PRESENTA EL ACTOR, EN LOS QUE SE DEBEN FUNDAR SUS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y SIN ESOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD, NO PUEDE CONFIGURARSE LA ACCIÓN RESPECTIVA. ...’
"Lo anterior, en el entendido de que, además de la oportunidad de que goza la parte actora de subsanar, en la etapa de demanda y excepciones, la omisión en que incurrió; deviene igualmente ilegal el archivo del juicio decretado por la Junta responsable, toda vez que, por un lado, el incumplimiento de los requisitos que se contienen en el numeral 899-C, fracciones VI y VII, de la Ley Federal del Trabajo, no tiene el alcance o consecuencia de proveer la conclusión del juicio laboral sin antes haber desahogado su secuela procedimental, dado que tales exigencias no constituyen requisitos que necesariamente deban acatarse para ordenar su trámite; sino que revisten supuestos que permiten configurar la procedencia de la acción, los cuales constituyen materia de litis sobre la que debe versar el laudo que al efecto se emita.
"En efecto, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, mismas que entraron en vigor al día siguiente; dentro de las cuales, en el capítulo XVIII, sección primera, se encuentran las relativas a los conflictos individuales de seguridad social, entre ellas, las contenidas en los artículos 899 A y 899 C, que son del tenor siguiente:
"‘Artículo 899-A. ...’
"‘Artículo 899-C. ...’
"Preceptos de los que deriva, del primero, que los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, además los que deben cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, y las que resulten aplicables, en virtud de los contratos colectivos de trabajo que contengan beneficios en materia de seguridad social, así como la competencia para conocer de estos conflictos; mientras que en el segundo se establecen los requisitos que deben contener las demandas relativas a los procedimientos especiales de los conflictos individuales de seguridad social.
"Requisitos que constituyen elementos que deben señalarse en la demanda que presenta el actor, en los que se deben basar sus acciones en materia de seguridad social, es decir, son condiciones necesarias, sin las cuales no podría configurarse la acción.
"Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(9) cuyos rubro y texto establecen:
"‘ACCIÓN, NECESIDAD DE SATISFACER LOS PRESUPUESTOS DE LA. ...’
"Así, la finalidad de precisar tales requisitos es que la autoridad responsable, al momento de fijar la litis y determinar las cargas probatorias correspondientes, cuente con todos los elementos suficientes para dirimir la controversia para lograr una eficaz solución a los conflictos de naturaleza de seguridad social, pues esa fue una de las razones que motivaron la reforma a la legislación laboral, al señalarse en la exposición de motivos lo siguiente:
"...
"Por su parte, el artículo 899-D de la Ley Federal del Trabajo establece:
"‘Artículo 899-D. ...’
"De donde se observa que la carga de la prueba corresponde a los organismos de seguridad social respecto de datos relativos a cotizaciones de trabajadores, esto es, númer
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27157-e252efe0/conflictos-individuales-de-seguridad-social-ante-el-incumplimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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