CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y LOS HECHOS QUE LA SUSTENTAN DEBEN OFRECERSE Y EXHIBIRSE CON LA DEMANDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 271/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL TERCER CIRCUITO Y TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO. 9 DE ENERO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ELIZABETH MIRANDA FLORES.
III. Competencia y legitimación
4. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, ya que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, al resolver un tema en materia de trabajo, que es de la especialidad de esta Sala.
5. Por otro lado, la denuncia proviene de parte legitimada, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
IV. Existencia de la contradicción
6. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, este Alto Tribunal ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron. Sirven de sustento a lo anterior los criterios del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(4)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(5)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos Tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."(6)
7. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido el Pleno,(7) es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
8. Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos jurisdiccionales: (i) hayan realizado ejercicios interpretativos; (ii) sobre los mismos problemas jurídicos, y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y, (iii) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
9. Por otro lado, no es obstáculo para que esta Segunda Sala se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que alguno de los criterios contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/2001, del Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(8) y la tesis aislada P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(9) de ese mismo Tribunal Pleno.
10. En atención a lo anterior, a continuación se procederá a analizar, si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de tesis.
IV.1. Primer requisito: Realización de un ejercicio interpretativo
11. Esta Segunda Sala considera que se acredita el primer requisito, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues como a continuación se evidenciará, ambos realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias contendientes.
A. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver el amparo directo 131/2018.
12. Ese asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:
a) Un asegurado demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otras prestaciones, el otorgamiento y pago de la pensión por incapacidad permanente parcial derivada del riesgo de trabajo del que fue víctima.
b) La Junta de Conciliación y Arbitraje admitió a trámite la demanda y concedió a la actora un término de 3 días para que aclarara su demanda conforme a lo dispuesto en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo.
c) En la fecha en que tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, cada una de las partes ofreció por escrito las pruebas que consideró pertinentes, mismas que fueron admitidas y desahogadas por la autoridad responsable.
d) La Junta dictó laudo en el que condenó al instituto demandado al pago de las prestaciones reclamadas.
e) En contra, el IMSS promovió juicio de amparo directo en el que sostuvo, en esencia, que la Junta responsable violó las reglas del procedimiento especial, al admitir las pruebas que el actor ofreció en la etapa probatoria.
13. En la parte que interesa al presente asunto, el Tribunal Colegiado consideró que:
a) El capítulo XVIII de la Ley Federal del Trabajo, denominado "De los procedimientos especiales", y la sección primera denominada "Conflictos individuales de seguridad social", no limita la posibilidad de ofrecer pruebas al momento de la presentación de la demanda, puesto que el artículo 893 de dicho ordenamiento, es claro en su texto al emplear el verbo "podrá", lo cual da pauta para establecer que tal derecho procesal puede o no ser ejercido en ese momento.
b) El hecho de que la demandada incumpla con los requisitos previstos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2017, de esta Segunda Sala, sólo trae como consecuencia una prevención y no el desechamiento de la demanda.
c) Manifestó no compartir el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito porque, a su juicio, la interpretación del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, debe entenderse en sentido literal, es decir, en cuanto que la demanda debe contener la información relativa a los documentos que se señalan en la fracción VII de dicho precepto, lo que no implica la obligación adjetiva de ofrecer tales documentos y menos exhibirlos o presentarlos, ya que existe una clara etapa procesal para ello, en términos del propio artículo 893 del mencionado ordenamiento.
B. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 1/2017.
14. Ese asunto derivó de los siguientes antecedentes:
a) Una persona demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el reconocimiento de ser beneficiaria de su hija, de una persona que cotizó en el régimen obligatorio de dicho instituto, de una Administradora de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore), la devolución de la cantidad correspondiente a la subcuenta para el retiro y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la devolución de la cantidad correspondiente a la subcuenta de vivienda.
b) En su demanda, la actora manifestó los hechos que consideró pertinentes y señaló como pruebas, entre otras, el acta de defunción de la trabajadora, así como el estado de cuenta individual.
c) La Junta de Conciliación y Arbitraje tuvo por recibida y radicada la demanda, y la admitió a trámite bajo las reglas de los procedimientos especiales. Posteriormente, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, desechó las pruebas ofrecidas por la actora.
d) Seguido el juicio en sus etapas procesales, la Junta dictó laudo en el que absolvió a la demandada del pago de todas las prestaciones reclamadas, al considerar que la actora no acreditó el fallecimiento de la trabajadora.
e) En contra, la actora promovió juicio de amparo directo en el que expuso, esencialmente, los siguientes conceptos de violación:
i. Que la Junta responsable violó las reglas que rigen los procedimientos especiales en virtud de que no desahogó la audiencia que correspondía al procedimiento especial, sino que desahogó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, propia de un procedimiento ordinario, por lo que ilegalmente cambió de un procedimiento especial a uno ordinario.
ii. La Junta responsable hizo un indebido estudio de las constancias que integran el expediente y, por ello, omitió considerar que al tratarse de un procedimiento especial debía reunir todos y cada uno de los requisitos que establece el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, lo que generaba la obligación para la responsable de prevenirla para que subsanara las deficiencias advertidas.
iii. Si la responsable, al momento de admitir la demanda, o incluso al desahogar la audiencia monofásica hubiera hecho un estudio completo y minucioso de toda la demanda, se habría percatado que la misma era oscura e incompleta dada la falta de documentos probatorios. Máxime que las pruebas sí fueron ofrecidas, pero no se adjuntaron al escrito inicial de demanda.
iv. Que conforme a lo establecido en los artículos 873 y 899 de la Ley Federal del Trabajo, es obligación de las Juntas prevenir a la parte actora para que subsane las deficiencias de una demanda oscura, irregular o incompleta.
15. En la parte que interesa al presente asunto, el Tribunal Colegiado consideró que:
a) La Junta responsable actuó correctamente al desechar las pruebas ofrecidas por la actora, toda vez que no las exhibió de manera oportuna junto con la presentación de la demanda.
b) El artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo dispone cual es el contenido de las demandas relativas a los conflictos individuales de seguridad social, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, las pruebas convenientes para acreditar las pretensiones; conflictos en los que encuadra el presente asunto, al haber sido planteado por una supuesta beneficiaria de la titular de derechos derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio de seguridad social.
c) Dicho artículo es muy claro al establecer que las demandas deberán acompañarse con las pruebas pertinentes para probar sus pretensiones con posterioridad. No se soslaya el hecho de que el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo establezca que con la presentación de la demanda, el actor podrá ofrecer sus pruebas; sin embargo, la controversia no se ubica dentro de los supuestos que contempla dicho numeral, sino ante un conflicto individual de seguridad social.
16. De dicho criterio derivó la tesis I.3o.T.39 L (10a.), de rubro y texto:
"CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. OPORTUNIDAD PARA EXHIBIR DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL. De los artículos 899-A, 899-B y 899-C de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que tratándose de conflictos individuales de seguridad social sustanciados bajo las normas del procedimiento especial, el actor debe presentar con la demanda los documentos base de su acción, conforme a la fracción VIII del último precepto citado, que obliga a allegar con la demanda todas las pruebas que estime convenientes a fin de probar sus pretensiones; por tanto, las probanzas fundatorias de la acción exhibidas con posterioridad a la presentación de la demanda no deben tomarse en cuenta para resolver la contienda, porque al estar en el supuesto específico de un conflicto individual de seguridad social, el cual tiene por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del seguro social, se regula por las normas del capítulo de procedimientos especiales, sección primera, denominada: ‘Conflictos individuales de seguridad social’, de la propia ley, las cuales exigen al actor acompañar a su escrito de demanda las pruebas conducentes."
IV.2. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos
17. Esta Segunda Sala considera que el segundo requisito también queda cumplido en el presente caso, pues ambos Tribunales Colegiados utilizaron su arbitrio judicial sobre los mismos problemas jurídicos. Así, los órganos jurisdiccionales analizaron, si tratándose de un conflicto de seguridad social, de conformidad con el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, las demandas deben presentarse acompañadas con las pruebas, o bien, si la parte actora puede ofrecerlas y exhibirlas en la etapa probatoria, conforme a lo previsto en el diverso artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo.
18. En efecto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito consideró que, tratándose de los conflictos individuales de seguridad social, la Ley Federal del Trabajo no limita el ofrecimiento de pruebas al momento de la presentación de la demanda, puesto que el artículo 899-C, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, únicamente establece que la demanda debe contener la información relativa a los documentos que se detallan en esa porción normativa, lo que no implica la obligación adjetiva de ofrecerlos y menos de exhibirlos conjuntamente con el escrito inicial, máxime que el diverso artículo 893 del mencionado ordenamiento jurídico, es claro al emplear el verbo "podrá", lo cual permite establecer que el derecho procesal de ofrecer y exhibir pruebas puede o no ser ejercido con la presentación de la demanda, máxime que existe una clara etapa procesal para ello.
19. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consideró que el artículo 899-C, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo establece la obligación de que, tratándose de conflictos de seguridad social, la demanda deberá acompañarse con las pruebas necesarias para acreditar las pretensiones que se reclaman, lo que implica que es indebido que se exhiban con posterioridad, es decir, en la etapa probatoria.
20. En virtud de que los Tribunales Colegiados no sólo analizaron las mismas cuestiones o problemas jurídicos, sino que sus ejercicios interpretativos y conclusiones resultaron opuestos, se acredita el segundo requisito para la existencia de la contradicción de tesis y, por ende, se hace necesario que esta Segunda Sala defina la cuestión en aras de garantizar la seguridad jurídica.
21. No pasa inadvertido el hecho que los tribunales contendientes analizaron fracciones diversas del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, pues el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito analizó el supuesto relativo a documentos que se señalan en la fracción VII, en tanto que el órgano colegiado del Primer Circuito se refirió a las pruebas contempladas en la fracción VIII del mismo ordenamiento. Sin embargo, ambos tribunales analizaron un mismo punto jurídico, relativo a la obligación de exhibir con la demanda las pruebas a que se refieren las mencionadas fracciones.
IV.3. Tercer requisito: Elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción
22. Es posible concluir que los criterios de los Tribunales Colegiados contendientes reflejan una discrepancia relacionada con el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, relativa a si en los conflictos individuales de seguridad social, la demanda debe presentarse conjuntamente con las pruebas.
23. En virtud de lo anterior, la pregunta a responder para solucionar la presente contradicción es la siguiente: ¿En los conflictos individuales de seguridad social, con la demanda deben presentarse y ofrecerse las pruebas a que se refiere el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, o bien, si de conformidad con el diverso artículo 893 del mencionado ordenamiento legal, las partes pueden ofrecerlas y exhibirlas hasta la etapa de ofrecimiento de pruebas?
V. Criterio que debe prevalecer
24. El artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, es del tenor siguiente:
"Artículo 899-C. Las demandas relativas a los conflictos a que se refiere esta sección, deberán contener:
"I. Nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los documentos que acrediten su personalidad;
"II. Exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación;
"III. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se le pide;
"IV. Nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado; puestos desempeñados; actividades desarrolladas; antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social;
"V. Número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada;
"VI. En su caso, el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, o constancia de otorgamiento o negativa de crédito para vivienda;
"VII. Los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de los mismos y, en general, la información necesaria que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez;
"VIII. Las demás pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones; y
"IX. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte."
25. El citado precepto legal establece cuáles son los requisitos que las demandas relativas a los conflictos de seguridad social, definidos en términos del diverso artículo 899-A(10) de la Ley Federal del Trabajo, deberán contener.
26. Al respecto, conviene puntualizar que, si bien la presente contradicción de criterios tiene origen en dos ejecutorias que analizaron la obligación de exhibir y ofrecer las pruebas a que se refieren las fracciones VII y VIII, el estudio será desarrollado también en relación con la fracción VI, toda vez que el punto toral de la presente contradicción de criterios consiste en determinar, si las pruebas a que se refiere el mencionado precepto legal, deben exhibirse conjuntamente con la demanda, o bien, si es optativo ofrecerlas y exhibirlas en la etapa probatoria.
27. Es abundante la jurisprudencia que esta Segunda Sala ha desarrollado en torno al artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de desentrañar su alcance y aplicación en la resolución de los conflictos individuales de seguridad social.
28. Al respecto, en la contradicción de tesis 449/2016, esta Segunda Sala señaló:
• Los requisitos establecidos en el artículo 899-C, resultan acordes con el concepto general que se desprende de los principios de economía, concentración y sencillez que rigen el proceso laboral, en términos del artículo 685 de la legislación laboral, lo que se erige con el objeto de lograr la impartición de justicia pronta y expedita a que hace referencia el artículo 17 constitucional.
• Dentro de la finalidad de señalar los requisitos y aportar los elementos a que se refiere el artículo 899-C, queda inmersa la necesidad de que la autoridad del trabajo, al momento de fijar la litis y distribuir las cargas probatorias, cuente con los elementos suficientes para dirimir la controversia y así lograr una mejor y eficaz solución a los conflictos en materia de seguridad social.
• De la exposición de motivos de la reforma a la Ley Federal del Trabajo se puede apreciar que la intención del legislador, al adicionar la sección de los conflictos individuales de seguridad social, fue la de otorgar rapidez a la solución de ese tipo de procedimientos, aun mayor a la de los procedimientos ordinarios, por tanto, es inconcuso que dichos requisitos no pueden entenderse como simples formalidades de la demanda, sino como condiciones para su existencia y la procedibilidad de la acción entablada.
29. Esas consideraciones llevaron a esta Segunda Sala a emitir la jurisprudencia 2a./J. 52/2017, en la que se determinó que los requisitos establecidos en ese artículo no son meros datos informativos que el actor debe proporcionar en su demanda, sino que constituyen un presupuesto esencial para que la acción quede configurada en los hechos, y de esta manera, al sentarse una base firme a partir de lo expuesto en la demanda, sea posible a su vez lograr el sano equilibrio que debe existir entre las partes en el proceso laboral.(11)
30. Estrechamente vinculado con lo anterior, se emitió diverso criterio en el que se precisó que el cumplimiento de tales requisitos no es ajeno al contexto regulador del proceso laboral en que se halla inmerso, sino que guarda total armonía con la normativa de la que forma parte, de manera que, sin detrimento de la expeditez a cargo de los tribunales para impartir justicia, también debe hacerse de manera completa, es decir, efectiva en relación con el problema planteado.(12)
31. Para lograr ese objetivo, debe observarse complementariamente lo dispuesto en los artículos 873, párrafo segundo, y 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, pues en caso de que el actor sea el trabajador o alguno de sus beneficiarios y se advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda, la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28376-38a7fbcb/conflictos-individuales-de-seguridad-social-las-pruebas-relacionadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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