CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONSTITUYEN LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE PRESENTA EL ACTOR, EN LOS QUE DEBE FUNDAR SUS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR ENDE, SI NO CUMPLE CON ESOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD NO PUEDE CONFIGURARSE LA ACCIÓN RESPECTIVA. PRUEBA DE INSPECCIÓN EN CONTROVERSIAS DE SEGURIDAD SOCIAL. VALOR PROBATORIO DE LA PRESUNCIÓN QUE RESULTE DE SU DESAHOGO, FRENTE AL CERTIFICADO DE DERECHOS, EXHIBIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONSTITUYEN LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE PRESENTA EL ACTOR, EN LOS QUE DEBE FUNDAR SUS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR ENDE, SI NO CUMPLE CON ESOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD NO PUEDE CONFIGURARSE LA ACCIÓN RESPECTIVA.
PRUEBA DE INSPECCIÓN EN CONTROVERSIAS DE SEGURIDAD SOCIAL. VALOR PROBATORIO DE LA PRESUNCIÓN QUE RESULTE DE SU DESAHOGO, FRENTE AL CERTIFICADO DE DERECHOS, EXHIBIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 13 DE JULIO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS TORRES LAGUNAS, ALFREDO GÓMEZ MOLINA, ALEJANDRO ALBERTO ALBORES CASTAÑÓN Y GUILLERMO ERIK SILVA GONZÁLEZ. PONENTE: ALEJANDRO ALBERTO ALBORES CASTAÑÓN. SECRETARIO: RAÚL LÓPEZ PEDRAZA.
Monterrey, Nuevo León. Acuerdo del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en dicha ciudad, correspondiente al día trece de julio de dos mil dieciséis.
VISTOS; para resolver los autos de la contradicción de tesis número 7/2016; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante oficio sin número, recibido el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, por la secretaria de Acuerdos del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, la Magistrada María Isabel González Rodríguez, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el referido Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el juicio de amparo directo ********** de su índice, con el del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo Circuito, en la resolución dictada en el juicio de amparo directo número **********.
SEGUNDO.-Por acuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de criterios señalada y ordenó registrarla con el número 7/2016; asimismo, a fin de integrar el expediente correspondiente, requirió a las presidencias de los órganos jurisdiccionales contendientes para que remitieran copias certificadas y en disco compacto de las ejecutorias que emitieron, respectivamente, así como para que informaran si el criterio sustentado en los asuntos denunciados en la presente contradicción de tesis, se encontraba vigente o, en su caso, la causa que se hubiera producido después para tenerlo por superado o abandonado; asimismo, solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes el envío a la cuenta oficial de correo electrónico ana.chibli.macias@correo.cjf.gob.mx del archivo digital que contuviera las resoluciones correspondientes, con firma electrónica del funcionario designado para ello.
TERCERO.-De los oficios CCST-C-236-05-2016, CCST-X-179-05-2016 y SGA/GVP/248/2016, de nueve, dieciséis y diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, se advierte que la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informaron a la licenciada Ana María Chibli Macías, secretaria de Acuerdos del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que no existía denuncia de contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que el tema a dilucidar guarde relación con el relativo a: "Valor presuntivo de la prueba de inspección (ofrecida para demostrar las semanas de cotización y el salario promedio devengado en las últimas doscientas cincuenta semanas, y para desvirtuar el certificado de derechos, cuando la acción intentada verse sobre la modificación o el otorgamiento de una pensión). Dicha presunción de certeza surge por falta de exhibición de los documentos solicitados, toda vez que el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo no prevé sanción alguna en caso de incumplimiento de lo preceptuado o, por el contrario, para que se actualice dicha presunción, es necesario que el actor cumpla con la información que señala el artículo de referencia (899-C)."
CUARTO.-Seguida la tramitación del expediente, en cumplimiento a lo acordado por el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, y con fundamento en el artículo 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, se turnó el expediente de la presente contradicción de tesis al Magistrado Alejandro Alberto Albores Castañón, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este propio Cuarto Circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que el numeral 107, fracción XIII, de la Carta Magna señala que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron, podrán denunciar la contradicción de tesis ante el Pleno de Circuito correspondiente; asimismo, el diverso artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo establece que las contradicciones de tesis a que se refiere la fracción III del precepto 226, podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito, por el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados contendientes y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
De ahí que si, en el caso, la Magistrada María Isabel González Rodríguez, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, fue quien denunció la posible contradicción de criterios que derivan del juicio de amparo directo **********, resuelto en ese órgano colegiado, y del juicio de amparo directo **********, resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito, es dable concluir que la denuncia proviene de parte legítima, puesto que así lo prevén los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 226, fracción III, en relación con el 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver, por mayoría de votos, en contra del voto del Magistrado Guillermo Erik Silva González, el juicio de amparo directo **********, en sesión plenaria de siete de abril de dos mil dieciséis, en lo conducente, consideró lo siguiente:
"QUINTO.-Acción ejercitada ante la autoridad responsable. De las constancias que integran el expediente laboral se advierte que **********, por propio derecho, demandó al **********, de quien reclamó los siguientes conceptos:
"‘A) Modificación de la resolución de mi pensión de cesantía en edad avanzada No. ********** de fecha 5 de junio de 2013; en la cual se me otorga una cuantía inferior a la que legalmente me corresponde, ya que mi salario promedio de mis últimas 250 semanas de cotización es de $********** pesos diarios y cuento en realidad con 1,100 semanas cotización, por lo que reclamo la correcta cuantificación de mi pensión de cesantía en edad avanzada desde el día en que se me pensionó, es decir, a partir del día 5 de junio de 2013 a la actualidad y para lo sucesivo, pues el instituto demandado solamente me paga una cantidad inferior e indica falsamente que sólo tengo 509 semanas cotizadas y un falso salario promedio de $********** pesos diarios, por lo que se reclama el pago de las diferencias de mi pensión desde el día en que se me pensionó hasta el día de la presentación de esta demanda y para lo sucesivo, hasta que se me pague de forma administrativa y de forma correcta mi cuantía mensual de mi pensión de cesantía en edad avanzada y que equivale a la cantidad de $********** pesos diarios, más los aumentos respectivos que por ley y derecho me corresponden, dado de que la cantidad de $********** pesos diarios es mi salario promedio de mis últimas 250 semanas de cotización y a razón de las 1,100 semanas de cotización que tengo en el régimen obligatorio, asimismo, se reclaman los intereses que se generaron por cada año desde la fecha en que se me otorgó la pensión de cesantía en edad avanzada.-B) Aplicación para mi caso específico de la Ley del Seguro Social de 1973, dado que empecé a cotizar para el instituto demandado desde el año de 1987 y se reclaman los aumentos señalados en el artículo 167 de la Ley del Seguro Social de 1973, por tener más de 500 semanas de cotización.’ (foja 1)
"Fundó su demanda en los siguientes hechos:
"‘1. Soy pensionado por el ********** por cesantía en edad avanzada a partir del 5 de junio de 2013, mediante resolución No. **********, y desde esa fecha el instituto me está pagando una cantidad inferior a la cuantía mensual que debo de recibir, siendo que mi cuantía se me debe de pagar a razón de $********** pesos diarios, pues ése es mi salario promedio de mis últimas 250 semanas de cotización hasta el día en que fui pensionado, y tengo 1,100 semanas cotizadas en el régimen obligatorio, por lo que se reclaman las diferencias del pago de mi pensión desde el día en que se me otorgó hasta la actualidad y para lo sucesivo, por lo tanto, solicito que se me paguen las diferencias de mi pensión y para lo sucesivo hasta que se me pague en forma administrativa mi cuantía mensual correcta, cabe señalar que con las pruebas que más adelante presento en esta demanda, se acreditará que mi salario promedio de mis últimas 250 semanas de cotización lo es la cantidad de $********** pesos diarios y que tengo 1,100 semanas cotizadas ...’ (foja 1)
"SEXTO.-Decisión de la autoridad responsable, al resolver el juicio. El dos de julio de dos mil quince, la Junta del conocimiento dictó el laudo correspondiente y emitió los siguientes puntos resolutivos:
"‘... PRIMERO.-El actor ********** no probó sus acciones, el demandado **********, justificó sus excepciones y defensas; en consecuencia.-SEGUNDO.-Se declara subsistente la resolución No. ********** de fecha 5 de junio de 2013, emitida por el ********** a nombre del actor **********.-TERCERO.-Se absuelve al ********** de todos los conceptos reclamados por el actor **********.-CUARTO.-Notifíquese personalmente. ...’ (foja 124)
"El laudo reclamado, en lo conducente, establece:
"‘... II. La litis del presente juicio se somete para establecer si el actor ********** tiene derecho o no a la modificación de la resolución de la pensión de cesantía No. ********** de fecha 5 de junio de 2013, sobre el salario promedio de sus últimas 250 semanas de cotización a razón de $**********, así como un total de 1,100 semanas cotizadas en el régimen obligatorio, en consecuencia, las diferencias de las mensualidades, incrementos, aguinaldos y asignaciones familiares desde le fecha en que se le otorgó la pensión; o si como lo dice el demandado, ésta es improcedente, en virtud de que si bien es cierto al actor le fue otorgada la pensión de cesantía a partir del 30 de abril de 2013, ésta se otorgó en base a que el actor contaba con 509 semanas cotizadas al 30 de abril de 2013 y un salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización de $**********, que sirvieron de base para realizar la resolución No. ********** de fecha 5 de junio del 2013 a beneficio del actor donde se le otorga la pensión de cesantía con una cuantía mensual de $**********, y una cuantía anual de $**********; debiendo destacarse que ambas partes admiten que al actor le fue otorgada la pensión de cesantía en edad avanzada con efectos a partir del 5 de junio de 2013, pero ante la controversia del salario promedio devengado por el actor en las últimas 250 semanas de cotización, así como el cúmulo de semanas cotizadas por el actor en el trayecto de su vida laboral para el régimen de seguridad social, es al propio demandado por aplicación del artículo 899-D de la Ley Federal del Trabajo, a quien le corresponde la carga de la prueba para demostrar el salario devengado por el accionante en las últimas 250 de semanas cotizadas, y el total de cotizaciones semanales aportadas por el actor en el régimen obligatorio de seguridad social, por ser quien tiene en su poder las altas y bajas, monto y pago de salarios, las modificaciones de salarios, de los asegurados bajo su régimen, al ser una obligación patronal de registrar e inscribir a sus (sic) trabajadores ante el mismo, por disposición del artículo 19 de la ley que rige al demandado; ofreciendo para tal efecto la documental consistente en la copia simple de la resolución para el otorgamiento de la pensión de cesantía No. ********** de fecha 5 de junio de 2013, visible a foja 32, la cual fue objetada por la parte actora en cuanto alcance y valor probatorio, mas no desvirtuada, precisándose que dicha copia es idéntica a la documental ofrecida por la parte actora, relativa a la misma resolución visible a foja 4 de autos, por lo que se le confiere plena eficacia probatoria, con la que se demuestra el otorgamiento de la pensión de cesantía en favor del accionante, así como los factores que fueron tomados en consideración para su cálculo siendo éstos los de 509 semanas de cotización, al 30 de abril de 2013, un salario promedio de $**********, indicando que le corresponde como pago mensual la cantidad de $**********, al habérsele aplicado el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, se tomó un 80% del resultado como cuantía básica anual, por tener 60 años cumplidos el actor a la fecha del otorgamiento de la pensión, por lo que se le aplicó lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, esto es, el pago a la pensión garantizada a razón de $**********, documental citada, la cual, no le favorece al demandado para acreditar el salario promedio devengado por el actor, al no desprenderse de ella los registros salariales de las últimas 250 semanas de cotización, ni el total de cotizaciones semanales realizadas por el accionante en el régimen del seguro social, al no apreciarse las cotizaciones y movimientos de alta, así como los incrementos salariales de forma pormenorizada; lo mismo acontece con la copia del certificado de derechos «Sindo SU 63» a nombre del actor, visible a foja 31 de autos, por lo que tampoco es tomada en consideración la documental en cita, al no acarrearle beneficio alguno a su oferente; de igual forma, el demandado ofertó como prueba documental consistente en la hoja de certificación de derechos del actor de fecha 23 de enero de 2014, signada por la C. **********, en su carácter de jefe de Departamento de Supervisión, Afiliación y Vigencia, visible a foja 34 de autos; así como la documental consistente en el desglose de salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas del actor, también signada por la C. **********, jefe del Departamento de Supervisión Afiliación y Vigencia de fecha 23 de enero del 2014, las cuales fueron objetadas por la parte actora en cuanto a su contenido, autenticidad, valor probatorio y alcance jurídico, objeción que no desvirtúa; ahora bien, el demandado para el perfeccionamiento de la hoja de certificación de derechos y de desglose de las últimas 250 semanas de cotización en cita, ofreció la ratificación, lo cual, no es necesario de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que son documentos públicos aquellos cuya formulación es la encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública, así como los expedidos en ejercicio de sus funciones, se tiene que la hoja de certificación de derechos, es un documento expedido por un funcionario público con facultades para emitirlo, en pleno ejercicio de sus funciones en su calidad de autoridad dentro de su esfera jurídico-administrativa y al tratarse de una institución de protección social y de interés público, debe estimarse que su actuar es de buena fe, por lo que los documentos que certifican gozan de la presunción de legitimidad, además que la persona que lo signa se encuentra plenamente facultada para expedirlo en términos del manual de organizaciones de las subdelegaciones del **********, que rige al instituto demandado, en consecuencia, el certificado de derechos elaborado por el instituto demandado aportado como prueba del mismo, tiene plena eficacia probatoria, salvo prueba en contrario, para acreditar los datos que en él se contienen y la falta de ratificación no es la prueba en contrario para perder validez, por lo que al certificado de derechos se le debe reconocer su validez y hacer prueba plena de su contenido, sirviendo como base la tesis de jurisprudencia 39/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo 2002, página 271, que al rubro se identifica: «SEGURO SOCIAL. EL CERTIFICADO DE DERECHOS APORTADO COMO PRUEBA POR EL INSTITUTO RELATIVO, EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO EN EL JUICIO LABORAL, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO PARA ACREDITAR LOS DATOS QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE SE ACOMPAÑEN LOS AVISOS DE ALTA Y BAJA RELATIVOS O EL PAGO DE LAS CUOTAS RESPECTIVAS.». De lo anterior se concluye que aun en los casos en que los citados documentos sean aportados por ********** en su carácter de demandado, constituyen la prueba idónea para acreditar la cantidad de semanas cotizadas, el tiempo en que se conservó derechos y el salario promedio de cotización, sin que sea necesario que exhiban los avisos de alta y baja del asegurado o el pago de las cuotas respectivas, ya que el documento en donde se asientan los datos correspondientes es precisamente la hoja de certificación de derechos y la hoja de desglose de las últimas 250 semanas cotizadas, es de señalarse que existe la posibilidad de desvirtuar los referidos certificados con prueba en contrario, en su caso, se estimará que el contenido de éste es incierto, cabe mencionar que la parte actora ofreció para tal efecto la prueba de inspección, en la Subdelegación No. ********** del **********, en el Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, en el expediente personal, los recibos de pago de cuotas obrero patronales, aviso de afiliación de alta, baja y modificación de salarios del actor, a fin de acreditar que el actor cotizó 1,100 semanas en el régimen de seguridad social, que el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas fue a razón de $**********, misma que se llevó a cabo el 20 de junio de 2014, de la que se desprende que el personal del instituto demandado que atendió al C. Actuario que practicó la diligencia le manifestó que no era posible exhibir el expediente personal del actor, ya que éste no se encuentra en la subdelegación; por lo que esta autoridad requirió al demandado a fin de que proporcione el domicilio del lugar en donde se encuentra el expediente del actor, a fin de llevar a cabo la inspección ofrecida por la parte actora, dando cumplimiento el demandado a lo anterior con la promoción presentada el 6 de octubre de 2014, por lo que esta autoridad ordenó llevarla a cabo en el domicilio señalado por el demandado misma que se encuentra visible a foja 69 de autos, misma que no le favorece a su oferente, ya que de ella se desprenden los mismos registros de afiliación que se encuentran inscritos en la hoja de certificación aludida, así como que el salario promedio de cotización de las últimas 250 semanas de cotización es a razón de $**********, y que las semanas cotizadas por el accionante fueron 509 cotizaciones al día 30 de abril de 2013, por lo que lo asentado en la prueba de inspección en cita, corrobora el contenido de la hoja de certificación de derechos, así como el contenido de la hoja de desglose de las últimas 250 semanas de cotización, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, al no haber sido desvirtuadas por la parte actora, por lo que el demandado cumple con la carga probatoria, acreditando que tanto las 509 semanas cotizadas por el actor al 30 de abril de 2013 y el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotizaciones a razón de $**********, son los que le corresponden al accionante, mismas que sirvieron de base para la cuantificación de la pensión de cesantía en edad avanzada que se le otorgó al actor, sin que las demás pruebas ofrecidas por el accionante le favorezcan para acreditar la procedencia de su acción emprendida, al no existir presunción, confesión o actuación que le sea benéfica a sus intereses y que nos lleven a estimar que el accionante cotizó las semanas y el salario promedio que indica en su escrito de demanda, y al ser específicamente el reclamo del actor en lo relativo a que se le cuantificó su pensión de cesantía en edad avanzada con un salario y semanas superiores a las que se establecieron en la resolución de otorgamiento de pensión No. ********** de fecha 5 de junio de 2013, lo cual como ya se dijo no se demostró en autos del presente juicio, es que se declara subsistente la resolución No. ********** de fecha 5 de junio de 2013, emitida por el ********** a nombre del actor **********, por ende, se absuelve al **********, de todos los conceptos que le reclama el actor ********** ...’ (fojas 120 a 124)
"SÉPTIMO.-Argumentación planteada contra el acto de autoridad. La parte quejosa expresó los siguientes conceptos de violación:
"‘... I. Este concepto de violación estriba en que el laudo dictado por la autoridad responsable es violatorio a mis garantías individuales, ya que no fue dictado conforme a derecho, ni a verdad sabida, ni a buena fe guardada, ni a conciencia, ni se tomaron en cuenta las pruebas que ofrecí el suscrito, pues para empezar el suscrito en su demanda inicial ofreció todas y cada una de las pruebas como de mi intención y entre ellas se ofreció la prueba de inspección, en la cual se solicitaba que se llevara a cabo en el domicilio de la Subdelegación No. ********** del ********** y términos de su ofrecimiento, con el fin de acreditar que el suscrito tiene 1,100 semanas cotizadas, así como un salario promedio de $********** pesos diarios de mis últimas 250 semanas de cotización, la cual dicha probanza fue calificada de legal y se señaló fecha para su desahogo el día 6 de agosto de 2014 y la llevó a cabo la C. Actuaria Lic. **********, en el domicilio de la Subdelegación No. ********** del **********, la cual fue atendida por el Lic. **********, quien le manifestó a dicha actuaria que es posible (sic) ponerle a la vista el expediente personal del suscrito, ya que no se encuentra en esta subdelegación y la referida actuaria da fe que no se exhibe el expediente personal, pero el Lic. ********** tampoco mostró, ni exhibió el resto de los documentos motivo de la prueba de inspección, pues se indicó en el ofrecimiento de ese medio probatorio que en la misma se deberían de revisar también los avisos de afiliación de alta, baja, modificación de salario y así como las cédulas o recibos de pago de las cuotas obrero patronales por el periodo del 1 de enero de 1987 al día 5 de junio de 2013, no sólo era el expediente personal, por lo tanto, se le deben de aplicar al ********** los apercibimientos señalados en los artículos 784, 804, 805, 828 y 899-D de la Ley Federal del Trabajo vigente, pues todos estos artículos señalan muy claramente que el ********** tiene la obligación de conservar y exhibir todos los documentos que expide y así como que le corresponde al tercero interesado la carga probatoria de acreditar el número de semanas y salarios promedios, ya que fue esto una de las reformas más notables que se le hicieron al código laboral, que el instituto tuviese la obligación de conservar y exhibir todos los documentos que expide, así como tener la carga de la prueba en los puntos señalados en el numeral 899-D y en los demás relativos de la Ley Federal del Trabajo vigente, los cuales me permito transcribir: «Artículo 784.»; «Artículo 804.»; «Artículo 805.»; «Artículo 828.» y «Artículo 899-D.» (se citan).-Por lo tanto, al no exhibirse la totalidad de dichos documentos y al ser mencionados los documentos motivo a inspeccionarse, se le deben de tener al instituto tercero interesado por presuntivamente ciertos la existencia de los mismos y, por ende, se acredita que el suscrito quejoso tengo cotizadas 1,100 semanas en el régimen obligatorio y un salario promedio de mis últimas 250 semanas que equivale a la cantidad de $********** pesos diarios hasta el día 5 de junio de 2013, y sobre todo que se encuentra mal cuantificado el monto de mi pensión, pues no se realizó conforme a lo establecido por el artículo 167 de la Ley del Seguro Social de 1973, pues si tengo 1,100 semanas y un salario promedio de $********** pesos diarios, es obvio que tiene que ser más alta mi cuantía a la que se me está pagando, por lo que se solicita a este H. Tribunal Colegiado que declare procedente este concepto de violación. Ahora bien, si bien es cierto que la autoridad responsable dio una nueva oportunidad de forma ilegal al ********** para que indicase en donde se encuentra el expediente personal del suscrito es violatorio a mis garantías tal proceder, pues debió de tener por presuntivamente ciertos la existencia de los documentos que mencionó el suscrito, máxime que el juicio de origen fue llevado conforme a la Ley Federal del Trabajo vigente y conforme al apartado de procedimientos especiales conforme lo indican los artículos 892 al 899 de la citada ley y también con los numerales 899-A al 899-C del código laboral en vigor, pues en un procedimiento especial se emplaza a las partes a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, el cual este tipo de procedimiento es más ágil que el de un procedimiento ordinario y que fueron instituidos para reducir el tiempo de duración de los mismos, pues antes de las reformas de noviembre de 2012 de la Ley Federal del Trabajo este tipo de juicios se desahogaban con el procedimiento ordinario y una de las situaciones es que ahora con base al procedimiento especial se pueden anexar a la demanda las pruebas que se consideren pertinentes y anexos a las mismas, así como corrérsele traslado a la contraparte, lo cual aconteció en el presente caso, dado de que el suscrito desde mi demanda inicial aparte (sic) mis medios probatorios y se le corrió traslado al tercero interesado de todas mis pruebas, entonces en la fecha de 12 de febrero de 2014 en que se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución el ********** tenía pleno conocimiento del domicilio en que el suscrito estaba solicitando que se llevara a cabo el desahogo de la prueba de inspección y el apoderado jurídico del tercero interesado que compareció a la misma el Lic. ********** fácilmente pudo objetar que la documentación motivo de inspección no se encontraba en ese domicilio sino en algún otro, dado de que ya tenía pleno conocimiento de que se estaba ofreciendo dicha prueba de inspección y los términos de su ofrecimiento, pero en el momento de la referida audiencia el apoderado jurídico del instituto tercero interesado realizó objeciones a la prueba de inspección del suscrito, pero nunca a que la documentación a inspeccionarse no estuviese en el domicilio de la Subdelegación No. ********** del **********, entonces es totalmente arbitrario que conforme al procedimiento especial que se supone es para reducir tiempo del proceso y que hasta la propia Ley Federal del Trabajo fue reformada para regular los procedimientos de conflictos individuales de seguridad social, es por ello que la autoridad responsable debió tener por presuntivamente ciertos los hechos señalados por el suscrito al tercero interesado, ya que este último no exhibió ninguno de los documentos motivo de inspección, por lo que fue ilegal que la H. Junta Especial No. 19 de la Federal de Conciliación y Arbitraje apercibiera al instituto tercero interesado para que señale algún otro domicilio o departamento del tercero interesado en donde estuviese «solamente el expediente personal del suscrito»; posteriormente, mediante promoción de fecha 6 de octubre de 2014 por parte del ********** signada por el Lic. ********** menciona que el expediente personal se encuentra en otro domicilio, pero en el sistema de cómputo denominado Sindo, lo cual no se indicó ni por el Lic. ********** en la audiencia de ley, ni por el Lic. ********** al momento de desahogar la prueba de inspección, y después la responsable vuelve a desahogar la prueba de inspección el día 27 de octubre de 2014 en donde la C. Actuaria adscrita a la H. Junta Especial No. 19 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se entrevista con la C. **********, y ésta no le muestra el sistema Sindo como se pretendía con la promoción presentada por el Lic. **********, sino que le exhibió un fólder amarillo en donde se desprende que sólo existe una hoja de certificación de derechos, la cual no debe ser tomada en cuenta, porque para empezar no es ninguno de los documentos motivo de inspección y porque fue exhibida una similar en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26737-70756781/conflictos-individuales-de-seguridad-social-los-requisitos-exigidos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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