RIESGO DE TRABAJO. POR EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR NO SE ENCUENTRE ASEGURADO EN EL RÉGIMEN RESPECTIVO NO PUEDE DECLARARSE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN PARA RECLAMAR LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE, SI DEMUESTRA QUE PRESENTA UNA INCAPACIDAD DERIVADA DE AQUÉL.
RIESGO DE TRABAJO. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR NO SE ENCUENTRE ASEGURADO EN EL RÉGIMEN RESPECTIVO NO PUEDE DECLARARSE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN PARA RECLAMAR LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE, SI DEMUESTRA QUE PRESENTA UNA INCAPACIDAD DERIVADA DE AQUÉL.
AMPARO DIRECTO 1222/2011. 13 DE ENERO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS; MAYORÍA EN CUANTO AL SENTIDO Y TEMA DE LA TESIS. PONENTE: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. SECRETARIO: AGUSTÍN DE JESÚS ORTIZ GARZÓN.
CONSIDERANDO:
QUINTO. De los antecedentes transcritos destaca que el instituto quejoso fue condenado a cubrir al tercero perjudicado el pago de la pensión por incapacidad derivada del accidente de trabajo que le reclamó.
Contra esa determinación, el inconforme alega que la responsable no aplicó el derecho por igualdad, pues lo condenó a otorgar pensión por incapacidad parcial permanente del 30% a favor del tercero perjudicado, por los padecimientos determinados por el perito del actor, el que aseguró que tenían relación directa con el accidente de trabajo ocurrido el 20 de diciembre de 2003, no obstante que quedó acreditado que, a la fecha del siniestro, no estaba inscrito y/o afiliado al régimen obligatorio del seguro social, conforme a su confesión expresa plasmada en el escrito inicial de demanda, al reclamar "la inscripción retroactiva por el periodo que comprende del año de 1997 hasta la fecha en que fue inscrito, el 9 de enero de 2004, derivado del accidente de trabajo que sufrió", por lo que a confesión expresa relevo de prueba, es decir, el trabajador sostuvo que al momento en que ocurrió el accidente de trabajo, no estaba inscrito ante dicho régimen obligatorio como trabajador de **********, lo que ésta no desvirtuó, así como tampoco se desprende de otras pruebas que a la fecha del accidente haya estado afiliado ante ese instituto, ya que para tener derecho al pago de una pensión, primeramente se tuvo que haber generado el derecho, y ello ocurre cuando los trabajadores se encuentran inscritos ante el régimen obligatorio, lo que no se demostró por el trabajador y/o por la empresa demandada, ya que ésta únicamente refirió en su contestación de demanda, que por cuanto hacía a las constancias de aportaciones solicitadas, estaban a su disposición, pero con ello no demostró que lo hubiera inscrito como su trabajador ante el instituto.
Agregó que el artículo 15 de la vigente Ley del Seguro Social, así como su correlativo 19 de la anterior, cita como una de las obligaciones de los patrones, la de inscribir a sus trabajadores dentro de los primeros cinco días al que presten sus servicios ante el régimen obligatorio, lo que no quedó acreditado por la moral citada, por lo que la autoridad "carece de toda fundamentación y motivación" para condenarlo al reconocimiento, otorgamiento y pago de una pensión por incapacidad a favor de un trabajador que no estaba afiliado en la fecha en que le ocurrió el siniestro, pasando por alto que únicamente podría responder o relevar al patrón de las obligaciones sobre riesgos de trabajo ocurridos a sus empleados, siempre y cuando estén inscritos ante el régimen obligatorio, como lo dispone el artículo 53 de la actual o el 60 de la anterior Ley del Seguro Social.
Insistió en que ello no ocurrió en el caso, pues el trabajador reclamó la inscripción retroactiva ante el instituto por el periodo comprendido de 1997 a la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo, asegurando que al 20 de diciembre de 2003 no estaba inscrito ante el régimen obligatorio, por lo que la condena le causa daño al patrimonio institucional, al obligarlo a cubrir una prestación a favor del trabajador a la cual no tiene derecho, además de que éste tenía a su favor, por parte del patrón, el pago de una indemnización y que en el caso era aplicable la Ley Federal del Trabajo que regula los derechos, obligaciones y responsabilidades que adquieren, tanto los patrones como sus trabajadores, y que en el asunto, el hoy tercero perjudicado reclamó "a la empresa **********, el pago de la indemnización constitucional por accidente de trabajo y demás prestaciones accesorias, así como su afiliación retroactiva al IMSS" (sic), por lo que le era aplicable lo dispuesto por los artículos 487 y 495 de la referida ley laboral en cuanto al pago de una indemnización, responsabilidad que debe asumir la empresa ********** al haber quedado acreditada la relación laboral con el actor y por haber omitido inscribirlo ante el régimen obligatorio, como lo disponen los artículos 15 de la vigente y 19 de la anterior Ley del Seguro Social.
Reiteró que no tiene la obligación de otorgar la prestación reclamada, en virtud de que el trabajador no generó el derecho, ya que éste tenía pleno conocimiento de que la empresa para la que trabajaba no lo tenía registrado y/o inscrito como su trabajador, por lo que el instituto carece de toda responsabilidad en el conflicto, en tanto que la parte patronal, como la trabajadora, no cumplieron con los artículos 15 y 18 de la presente Ley del Seguro Social y sus correlativos 19 y 21 de la anterior, ya que el patrón incurrió en responsabilidad al omitir la inscripción del trabajador, así como el trabajador al no solicitar su inscripción dentro de los cinco días siguientes al que fue contratado, pues la ley social es de observancia general, por tanto, no existe subrogación para estar en posibilidad de cubrir al trabajador la pensión **********, simplemente por no haberse cumplido con lo dispuesto en el artículo 60 de la anterior Ley del IMSS o bien el 53 de la vigente, por lo que deberá ser el patrón del trabajador quien deba cubrirle las prestaciones que marca la ley laboral en casos de riesgos de trabajo. En apoyo, citó el criterio de rubro: "RIESGOS DE TRABAJO. DISTINCIÓN ENTRE EL SISTEMA QUE CONTEMPLA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA LEY DEL SEGURO SOCIAL."
Señaló que en concordancia con el artículo 60 de la anterior Ley del Seguro Social, la Junta se encuentra imposibilitada para pronunciar condena contra el quejoso, si el tercero perjudicado no se encontraba inscrito ante el régimen obligatorio al momento de ocurrir el siniestro, y si el trabajador fue inscrito con posterioridad al 20 de diciembre de 2003, tampoco es responsabilidad del quejoso cubrir la pensión reclamada, porque al momento en que acontecieron los hechos, el trabajador no se encontraba inscrito ante el régimen obligatorio. Citó la tesis de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUBROGACIÓN DEL, EN CASO DE RIESGOS DE TRABAJO, NO OPERA SI EL TRABAJADOR ES INSCRITO AL RÉGIMEN DESPUÉS QUE FALLECE A CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO.", sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
Añadió que aun cuando pudiera fincar capitales constitutivos a la empresa demandada, por la omisión de inscribir al trabajador ante ese instituto, el hecho generador del derecho lo constituye la inscripción al régimen obligatorio del trabajador, por lo que al existir tal omisión por parte del patrón de asegurar a sus trabajadores, no existe subrogación, y la base del capital constitutivo lo serán aquellas prestaciones en dinero o en especie que haya brindado el seguro social a éste, aun sin estar asegurado, aparte de la sanción o multa que se imponga con motivo de la no inscripción al trabajador antes del accidente, mas no se puede dar el caso de que fincándole al patrón los capitales constitutivos por la omisión de asegurar a su trabajador, éste adquiera el derecho al pago de una pensión. Transcribió el criterio de rubro: "CAPITALES CONSTITUTIVOS. EL TRABAJADOR NO ASEGURADO NO PUEDE DEMANDAR QUE SE LE PAGUEN LOS."
Continuó aludiendo a que la autoridad tuvo por cierto el accidente de trabajo ocurrido al actor el 20 de diciembre de 2003, con la exhibición de notas médicas que citan que fue atendido en el IMSS, cuando tal documento no puede, por sí solo, hacer prueba idónea para acreditar el accidente de trabajo, si el mismo no fue calificado como tal mediante los formatos oficiales denominados ST-1 o MT-1, lo que hace evidente una vez más la falta de motivación con la que fue dictado el laudo, pues como el trabajador no se encontraba inscrito ante el régimen obligatorio al momento en que le ocurrió el accidente, no se reunieron los requisitos de los artículos 487, fracción VI y, 495 de la Ley Federal del Trabajo; y 60 de la anterior Ley del Seguro Social, siéndole aplicable únicamente la Ley Federal del Trabajo, ya que la Ley del Seguro Social no lo era, en virtud de que al momento en que le ocurrió el siniestro al trabajador no se encontraba inscrito ante ese instituto y no podía subrogarse al cumplimiento de esas obligaciones si el patrón no cumplió con lo establecido en el citado artículo 60.
Finalmente, indicó que las prestaciones que por accidentes de trabajo otorga, se pagan de conformidad con el artículo 65 de la anterior Ley del Seguro Social, fracción I, es decir, con el salario percibido al momento de ocurrir el accidente de trabajo, el cual se beneficiará con los incrementos otorgados a los salarios mínimos hasta la fecha en que se determinó el grado de incapacidad si la relación laboral continua, o bien, hasta que concluyó el nexo laboral, con fundamento en lo dispuesto en el criterio de rubro: "PENSIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL DERIVADA DE RIESGOS DE TRABAJO. SU CUANTIFICACIÓN CONFORME A LAS REGLAS PREVISTAS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE EN EL AÑO DE 1996, DEBE SER INCLUYENDO LOS INCREMENTOS QUE BENEFICIARON AL PUESTO DESEMPEÑADO POR EL ASEGURADO HASTA QUE SE DETERMINE EL GRADO DE INCAPACIDAD CUANDO EL VÍNCULO LABORAL ESTÉ VIGENTE O HASTA LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL NEXO LABORAL."; ello, porque la Junta refirió que la pensión por incapacidad parcial permanente del 30%, se debería cuantificar con el salario promedio de las últimas 52 semanas de cotización, además de que el laudo carece de fundamento y motivación, toda vez que las escuetas manifestaciones y argumentos que se precisaron no son suficientes para dar un verdadero encauzamiento de fundamentación y menos aún de motivación, además de que la responsable se apoyó únicamente con el resultado de la planilla de liquidación ofrecida por el actor. Invocó la tesis de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."
Los argumentos resumidos resultan inoperantes en una parte, infundados en otra y, finalmente, fundados.
Revisten la primera característica los relativos a la constitución de capitales constitutivos, el pago de una indemnización por parte del patrón y lo referente a que la Junta consideró la planilla de liquidación que exhibió el actor; ello, porque todos esos tópicos en manera alguna fueron materia del laudo impugnado y, por ende, no pueden ser atendidos en esta vía, de ahí que no sean de observarse los criterios que invocó al efecto.
Por otra parte, los disensos devienen infundados en cuanto a que por la falta de inscripción al instituto de seguridad social reclamada, la acción al pago de la pensión por incapacidad era improcedente.
En primer término, se precisa que al que le reclamó el actor la inscripción retroactiva ante el régimen obligatorio fue al hoy quejoso **********, como se puede apreciar de la reproducción condigna de la demanda laboral, no así a la empresa para la cual laboró, como se adujo en los conceptos de violación.
Por otro lado, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 88 de la vigente Ley del Seguro Social, que coincide en lo esencial con lo que establecía el precepto 96 de la ley anterior que estuvo vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, mismos que a la letra establecen:
"Artículo 96. El patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al asegurado o a sus familiares derechohabientes, cuando por falta de cumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar los salarios efectivos o los cambios de éstos, no pudieran otorgarse las prestaciones en especies y en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, o bien cuando el subsidio a que tuvieran derecho se viera disminuido en su cuantía.
"El instituto, a solicitud de los interesados, se subrogará en sus derechos y concederá las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior. En este caso el patrón enterará al instituto el importe de las prestaciones en especie otorgadas, así como de los subsidios, gastos de funeral o de las diferencias de estas prestaciones en dinero. Dicho importe será deducible del monto de las cuotas obreropatronales omitidas hasta esa fecha que correspondan al seguro de enfermedades y maternidad, del trabajador de que se trate.
"Artículo 88. El patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al asegurado, a sus familiares derechohabientes o al instituto, cuando por incumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar los salarios efectivos o los cambios de éstos, no pudieran otorgarse las prestaciones en especie y en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, o bien cuando el subsidio a que tuvieran derecho se viera disminuido en su cuantía.
"El instituto, se subrogará en los derechos de los derechohabientes y concederá las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior. En este caso, el patrón enterará al instituto el importe de los capitales constitutivos. Dicho importe será deducible del monto de las cuotas obrero patronales omitidas hasta esa fecha que correspondan al seguro de enfermedades y maternidad, del trabajador de que se trate.
"No procederá la determinación del capital constitutivo, cuando el instituto otorgue a los derechohabientes las prestaciones en especie y en dinero a que tengan derecho, siempre y cuando los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegurados y los de modificaciones de su salario, hubiesen sido entregados al instituto dentro de los plazos que señalan los artículos 15, fracción I y 34 de esta ley."
De dichos preceptos legales se deduce que el ********** se subroga en los derechos de los derechohabientes, concediendo las prestaciones en especie y en dinero del seguro de enfermedades.
En otro orden, deben analizarse los seguros de riesgos de trabajo y de enfermedades a que también alude la ley en comento, para lo cual es menester formular, en primer término, algunas consideraciones en torno a la seguridad social.
Mario de la Cueva en su obra intitulada "El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo", tomo II, editorial Porrúa, décima segunda edición, página 120, señala que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Los principios fundamentales de la seguridad social se concretan en la universalidad y en la unidad de su función. A través de la universalidad se busca un sistema global de protección extensivo al conjunto de una colectividad nacional respecto de todas las contingencias relativas a la salud de sus miembros, que pudieran poner en peligro los medios de existencia de los trabajadores y de sus familias, en tanto que, el principio de unidad, implica la simplificación en cuanto a la regulación de los diversos regímenes de seguridad social.
En la exposición de motivos de la Ley del Seguro Social vigente, se establece que siendo el salario la única fuente de la que los trabajadores obtienen los recursos indispensables para la subsistencia de ellos y de sus familiares, todo hecho que implica la pérdida o menoscabo del mismo causa perjuicios trascendentales. Por ello, se indica que aunque no exista una forma que impida de modo general las consecuencias de los riesgos, sí se puede proteger al salario a través del seguro social que, al proteger el salario, aminora las consecuencias, en casos de incapacidad, vejez, orfandad o maternidad, entre otros supuestos. Asimismo, agrega, el régimen del seguro social no es susceptible de aplicarse de un modo general o indeterminado, sino que atiende a las necesidades económicas del sector social que trata de asegurar.
Consecuentemente, la Ley del Seguro Social es de orden público y, como tal, es de utilidad pública, y prevé seguros por riesgos de trabajo, invalidez, vejez, vida, enfermedades, guarderías y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores.
Esta disposición fundamental se reproduce en el título segundo "Del régimen obligatorio del seguro social", capítulo I "Generalidades", artículo 11 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno y con vigencia actualmente.
Asimismo, los artículos 487 y 492 de la Ley Federal del Trabajo establecen:
"Artículo 487. Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a:
"I. Asistencia médica y quirúrgica;
"II. Rehabilitación;
"III. Hospitalización, cuando el caso lo requiera;
"IV. Medicamentos y material de curación;
"V. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y
"VI. La indemnización fijada en el presente título."
"Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador."
En tal virtud, el trabajador que sufra un riesgo de trabajo tendrá derecho a recibir del Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto prestaciones en especie, como prestaciones en dinero, pues para tener derecho a ellas sólo se requiere tener el carácter de trabajador, aunado a la existencia y declaración de la incapacidad permanente parcial derivada de tal riesgo.
Como se advierte, respecto de las incapacidades parciales permanentes, las disposiciones legales apuntadas conceden una serie de derechos al trabajador que ha sufrido un riesgo profesional, que comprenden diversas prestaciones en especie, cuya finalidad es restablecer el bienestar corporal, tales como asistencia médica y quirúrgica; rehabilitación; hospitalización, cuando lo requiera el caso; medicamentos y material de curación; los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios, y es desde el momento en que se define la incapacidad parcial permanente cuando surge para el trabajador el derecho a ser indemnizado en razón de la pérdida física o funcional acaecida, sin necesidad que para ello se le exija demostrar que se encuentra registrado en el régimen, pues la atención médica como obligación del instituto, sin más requisito, deriva de la Ley del Seguro Social, porque ésta quiere que, además de restablecer en lo posible la salud o función corporal del trabajador accidentado, se le indemnice por la pérdida sufrida mediante un resarcimiento económico.
En otras palabras, todos los trabajadores, desde el instante mismo en que adquieren esa calidad, cuentan con el derecho a ser protegidos ante cualquier riesgo de trabajo que pueda dar lugar a una incapacidad parcial permanente de acuerdo a la pérdida sufrida, por lo que esto debe traducirse en la obligación del instituto a prestar la atención inmediata correspondiente, y a las prestaciones que prevén tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social.
De los elementos hasta aquí advertidos, se llega a la conclusión de que debe atenderse a la naturaleza de la seguridad social, la que se rige por los principios de universalidad y unidad, a través de los cuales, se busca un sistema integral de protección para el trabajador.
En suma, de la interpretación armónica del artículo 96 de la Ley del Seguro Social que estuvo en vigor hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, y su correlativo 88 de la ley vigente, en relación con los preceptos 487 y 492 de la Ley Federal del Trabajo, se obtiene que aun cuando los primeros disponen que el patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al asegurado, a sus familiares derechohabientes o al instituto, cuando por incumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar los salarios efectivos o los cambios de éstos, no pudieran otorgarse las prestaciones en especie y en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, con independencia de que el trabajador no se encuentre afiliado al régimen, debe indefectiblemente subrogarse en los derechos de los derechohabientes y conceder las prestaciones mencionadas, en virtud de que la Ley del Seguro Social es de orden público y, como tal, de utilidad pública, que prevé seguros por riesgos de trabajo, invalidez, vejez, vida, enfermedades, guarderías y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores; en consecuencia, el trabajador que sufra un riesgo de trabajo, tiene derecho a recibir de ese instituto atención médica, y en su momento, en caso de acreditarse una incapacidad, la pensión correspondiente, sin que deba constreñirse ese beneficio a demostrar que esté asegurado, pues para ello sólo requiere tener el carácter de trabajador, aunado a la existencia y declaración de la incapacidad permanente parcial derivada de tal riesgo, ya que las disposiciones legales apuntadas conceden una serie de derechos al trabajador que ha sufrido un riesgo profesional, cuya finalidad es restablecer el bienestar corporal, tales como asistencia médica y quirúrgica; rehabilitación, hospitalización, medicamentos y material de curación, aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; asimismo, se prevé el otorgamiento de pensiones en caso de que el riesgo tenga por consecuencia una limitación física funcional total o parcial de carácter permanente; por tanto, en la hipótesis de que un obrero reclame una pensión derivada de un riesgo de trabajo y demuestre que presenta una incapacidad, la acción no puede declararse improcedente por el hecho de que no se encuentra asegurado en el régimen, puesto que su derecho al beneficio de la seguridad social nace del instante mismo en que adquirió el carácter de trabajador por disposición de la Ley del Seguro Social, la que se rige por los principios de universalidad y unidad, a través de los cuales se busca un sistema integral de protección para el obrero.
En consecuencia, debe concluirse que las inconformidades en análisis resultan infundadas, porque como resulta ser una obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social atender al trabajador que sufre un riesgo de trabajo, sin necesidad de que demuestre que se encuentra asegurado en el régimen, el hecho de que, en la especie, el tercero perjudicado haya acreditado que presenta una incapacidad derivada del accidente que sufrió, y que también se probó en autos, ello es suficiente para concluir en la forma en que lo hizo la responsable.
En esa virtud, el criterio que invoca de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUBROGACIÓN DEL, EN CASO DE RIESGOS DE TRABAJO, NO OPERA SI EL TRABAJADOR ES INSCRITO AL RÉGIMEN DESPUÉS QUE FALLECE A CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO.", emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito es inaplicable, ya que se refiere al supuesto cuando un patrón lleva a cabo la inscripción de un trabajador cuando éste ya falleció, lo cual evidentemente no es el caso del presente asunto.
En otro punto, aun cuando el tercero perjudicado le reclamó al ********** quejoso su inscripción retroactiva al régimen (desde antes de la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo), ello no es razón para demeritar la decisión de la responsable al condenar al demandado al pago de la pensión por incapacidad, ya que el impetrante del amparo perdió de vista que la Junta determinó que el accidente de trabajo fue calificado como tal por dicho instituto demandado, pues en el laudo se advierte que la autoridad dejó asentadas las circunstancias en que a su parecer ocurrió el siniestro, del cual afirmó "así lo calificó el ********** y con las notas médicas que señalan que tuvo atención en dicho **********" (sic, foja 406); es decir, el quejoso soslayó que la responsable consideró que el percance fue calificado por él mismo como profesional, y no únicamente, contrario a lo que afirma en sus conceptos de violación, que se apoyó en las notas médicas que allegó el trabajador.
Cabe citar que en autos existen los siguientes documentos aportados por el ahora tercero perjudicado:
Aviso de inscripción del trabajador "**********" fechado el "09/01/2004" (foja 177).
Formato ST-1 (foja 185) con sello original del ********** en el que se aprecia el siguiente rubro:
Ver rubro
En el apartado de descripción del accidente se lee:
"Al venir circulando por la salida de Chiconcuac, tuvo una discusión con unas personas las cuales lo golpearon rompiéndole el tobillo."
En el reverso del mismo documento se aprecia el diverso rubro relativo a la calificación del siniestro en el que se asentó "sí profesional".
Asimismo, de la foja 181 a la 183 corren agregadas las notas médicas a que hizo referencia la responsable en las que se observa el membrete del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En otro orden, a las nueve horas con quince minutos del trece de mayo de dos mil nueve, fecha y hora señalados para que tuviera lugar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas (fojas 316 y 317), se tuvo por perdido el derecho del ********** para ofrecer pruebas, por haberse hecho constar que no compareció a esa diligencia.
Esto último pone de manifiesto que las documentales detalladas no fueron objetadas por el instituto demandado, lo que de suyo se traduce en que tuvieron el valor probatorio que le concedió la Junta para resolver a favor del reclamante.
Los elementos de convicción reseñados hacen que se arribe a la inferencia lógica de que, al margen de que el actor haya reclamado al ********** su inscripción retroactiva al régimen obligatorio, le asistía derecho a percibir la pensión por incapacidad reclamada, ya que de acuerdo a las consideraciones apuntadas, su derecho al beneficio de la seguridad social nace en el instante mismo en que adquirió el carácter de trabajador por disposición de la Ley del Seguro Social, la que se rige por los principios de universalidad y unidad, a través de los cuales se busca un sistema integral de protección para el obrero, amén de que está acreditado que el organismo demandado reconoció la existencia del accidente de trabajo que refirió el trabajador y que el mismo lo calificó como sí profesional, por lo que aunado a lo dictaminado por el especialista médico de la parte actora, único que obra en autos, en cuanto a que presenta padecimientos derivados del accidente de trabajo que se encuentra detallado en la forma ST-1, queda determinado lo ajustado a derecho que fue la decisión de la responsable al condenar al ahora quejoso a pagar la pensión por incapacidad de que se trata.
En ese sentido, no tiene razón el agraviado al afirmar que le correspondía demostrar a **********, que el actor estaba inscrito ante dicho régimen obligatorio; pues para resolver la controversia, esa circunstancia quedaba superada si se toma en cuenta que el derecho del trabajador al beneficio de la seguridad social nace del instante mismo en que adquirió ese carácter por disposición de la Ley del Seguro Social, que es de orden y utilidad pública.
Bajo esa tesitura, ante lo infundado de los conceptos de violación, la condena impuesta al pago de la pensión por incapacidad derivada del siniestro mencionado debe continuar rigiendo.
En cambio, asiste razón al impetrante en cuanto a que la Junta refirió que la pensión por incapacidad parcial permanente del 30%, se debería cuantificar con el salario promedio de las últimas 52 semanas de cotización. Esto es, porque la anterior Ley del Seguro Social, en su artículo 65, fracción II, (en la que se basó la Junta) establecía la regla a seguir para la cuantificación de la pensión mensual correspondiente al asegurado que sufriera incapacidad permanente total para trabajar, como consecuencia de un accidente de trabajo; dicha disposición establecía que para obtener la base sobre la cual invariablemente habría de aplicarse la tasa del setenta por ciento (a que se refería tal precepto), tratándose de accidentes de trabajo, la pensión mensual por la incapacidad de que se trata se obtendría de aplicar el referido por ciento al salario que estuviere cotizando el asegurado en el momento del siniestro, más los incrementos con los que hubiera sido beneficiado habidos entre la fecha del accidente y aquélla en que se determine el grado de la incapacidad, o hasta que el vínculo laboral concluye.
Ello, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 5/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo XII, julio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"PENSIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL DERIVADA DE RIESGOS DE TRABAJO. SU CUANTIFICACIÓN CONFORME A LAS REGLAS PREVISTAS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE EN EL AÑO DE 1996, DEBE SER INCLUYENDO LOS INCREMENTOS QUE BENEFICIARON AL PUESTO DESEMPEÑADO POR EL ASEGURADO HASTA QUE SE DETERMINE EL GRADO DE INCAPACIDAD CUANDO EL VÍNCULO LABORAL ESTÉ VIGENTE O HASTA LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL NEXO LABORAL.-La Ley del Seguro Social, en su artículo 65, preveía la procedencia, condiciones, oportunidad y términos en que habrían de fijarse y otorgarse los subsidios y pensiones provenientes de un riesgo de trabajo, y en su fracción II, particularmente, establecía la regla a seguir para la cuantificación de la pensión mensual correspondiente al asegurado que sufriera incapacidad permanente total pa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23555-5787ce1d/riesgo-de-trabajo-por-el-hecho-de-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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