SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE LA TRAMITACIÓN SIMULTÁNEA DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO Y LA QUEJA A PETICIÓN DE PARTE PARA SU CUMPLIMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 103/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 7 DE AGOSTO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIA: MARÍA ISABEL PECH RAMÍREZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del día siete de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de criterios 103/2024, suscitada entre los sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, ambos del Decimotercer Circuito.
R E S U L T A N D O S:
PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio 29/2024 –recibido vía estafeta–, signado electrónicamente por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, denunció una posible contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito [al resolver el amparo en revisión 208/2023 y el recurso de queja 492/2023] y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito [al resolver el amparo en revisión 407/2022 y el recurso de queja 380/2023].
SEGUNDO. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de Presidencia de veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, se ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de criterios, al que correspondió el número 103/2024 y la admitió a trámite.
En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado; y, se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios, radicada en ese Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guardara relación con los siguientes:
• DETERMINAR SI EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD POR PARTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; Y
• DETERMINAR SI RESULTA PROCEDENTE TRAMITAR ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, DE MANERA SIMULTÁNEA, EL PROCEDIMIENTO OFICIOSO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y EL DIVERSO PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN A PETICIÓN DE PARTE, CONTENIDO EN LA DIVERSA FRACCIÓN II, INCISO A), PUNTO 3, DE LA REFERIDA LEY FEDERAL.
TERCERO. Modificación de Criterios. Mediante oficio 2081/2024 el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, informó a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, que los criterios sustentados en los recursos de queja 380/2024 y 407/2022 de su índice, fueron modificados por los diversos recursos de queja 480/2023 y 483/2023, en sesiones de diecinueve y veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, respectivamente. De lo anterior se tomó conocimiento mediante acuerdo de nueve de abril de dos mil veinticuatro para los efectos legales correspondientes.
CUARTO. Confirmación de turno. Integrado el expediente, en auto de diecisiete de abril de dos mil veinticuatro se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1°, fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales [reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés]; en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados pertenecientes a la Región Centro-Sur en asuntos de naturaleza administrativa.
SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitima, ya que se trata del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien resolvió uno de los juicios de amparo, cuya resolución del recurso es contendiente en este asunto.
TERCERO. Criterios denunciados. Para mejor comprensión del asunto, a continuación se precisa cuáles fueron los asuntos denunciados como probables contendientes de los criterios.
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, resolvió el Amparo en Revisión 208/2023, y el recurso de queja 492/2023:
1) Amparo en Revisión 208/2023, resuelto el veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés.
Antecedentes
a) Una persona física por propio derecho demandó el amparo y protección de la justicia Federal, contra las autoridades y actos que se expresan a continuación:
“... III.- La autoridad o autoridades responsables:
1.- La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con domicilio en ...
IV.- ACTOS DE AUTORIDAD RECLAMADOS:
1.- A la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se reclama el no admitir a trámite la queja por omisión, toda vez que formulé este derecho conforme a la legalidad vigente, ejerciendo mi derecho procesal establecido en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Ya que ilegalmente con Acuerdo de 7 de noviembre de 2022, el magistrado instructor desechó la queja por improcedente, misma que vulnera mis garantías individuales y constitucionales.”
b) De dicha demanda correspondió conocer al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien por auto de seis de enero de dos mil veintitrés, la registró con el número ********** la admitió a trámite y seguido el juicio, el seis de marzo de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional y negó la protección constitucional a la parte quejosa.
c) Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual, por razón de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en donde se registró con el número 208/2023, y, en sesión de veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, resolvió:
“... SÉPTIMO. ESTUDIO.
(...) Ahora, en lo que denomina la recurrente como primer concepto de violación (en realidad, único agravio), atendiendo a la causa de pedir, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo la quejosa argumenta, que la resolución del a quo resulta ilegal dado que, el derecho a interponer recurso de queja por omisión y que se admita a trámite sólo tiene como hipótesis, que hayan transcurrido cuatro meses a partir de que la sentencia quede firme.
Por lo que la responsable se encontraba en condiciones de emitir dos acuerdos; es decir, el que admite a trámite la queja por omisión y el acuerdo de imposición de multas del que deriva el procedimiento oficioso, pues cuando interpuso la queja prevista en la fracción II del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aún no se le habían impuesto las multas respectivas, a la demandada, por lo que al no habérsele admitido, se le vulneran sus derechos a la seguridad social e impartición de justicia.
Se considera que el agravio resulta fundado y suficiente para conceder el amparo.
Se afirma lo anterior, en razón de que los mecanismos contemplados en el artículo 58, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para poder lograr el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, prevén medidas y efectos diversos que sirven para aclarar y agilizar los alcances del fallo jurisdiccional y conminar a la autoridad a realizar la conducta necesaria a efecto de lograr la satisfacción de derechos, es decir, al tener utilidades y efectos distintos para lograr tal fin, es que se considera que la queja debe de admitirse, de conformidad con la tutela jurisdiccional y acceso a la justicia que prevé el artículo 17 constitucional.
A efecto de evidenciar lo anterior, se trae a colación en lo que interesa, la contradicción de tesis 306/2021, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahí se analizó la procedencia de la queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia.
Se consideró, que el derecho de acceso a la justicia se integra también con la concreción del derecho decidido en el fallo respectivo, pues de nada sirve una sentencia incluso favorable a las pretensiones de un gobernado si no logra integrarse a su situación, lo que evidencia la relevancia del antepenúltimo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que dispone:
"... las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones”.
Por lo que los juicios ordinarios deben ser apreciados en su conjunto; es decir, acorde a lo previsto en el artículo 17 constitucional, debe de considerarse no sólo su trámite y sentencia, sino también su etapa de ejecución, pues así se infiere de la carga que el Constituyente Permanente impone a los legisladores federales y locales, en cuanto les ordena que deben establecer en las leyes que normen esos juicios las figuras, mecanismos o instancias necesarios para que, atendiendo a la independencia de los tribunales u órganos jurisdiccionales que los sustancian y resuelven, éstos puedan lograr la ejecución de sus decisiones.
Consideró que si la queja, se interpone durante la etapa de ejecución del juicio de nulidad, debido a la omisión de la demandada de cumplir con la sentencia de nulidad de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, debe tomarse en cuenta, que el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Carta Magna29 contiene el fundamento constitucional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía y con facultades para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, de lo que se infiere que la finalidad es que se constituya como el órgano jurisdiccional ordinario con la potestad suficiente para configurar una pronta, expedita y efectiva impartición de justicia en materia administrativa. Y, para ese efecto, la legislación que lo rige, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 58, dispone lo siguiente:
“Artículo 58.- (se transcribe)”
Como se observa, el legislador en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempló un mecanismo específico para lograr el pleno cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual está compuesto, por un lado, por un procedimiento oficioso mediante el cual la Sala respectiva requerirá a la demandada que informe sobre el cumplimiento de algún fallo, pudiendo, en caso de contumacia, multar a la autoridad o, incluso, requerirla por conducto de su superior jerárquico; comisionar a algún funcionario para que dé cumplimiento directo a la resolución, cuando la naturaleza del acto lo permita; y eventualmente poner en conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de que se determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento.
Por otro lado, el máximo Tribunal del país consideró en la contradicción de tesis referida, que el precepto en estudio contempla, como parte de la etapa de cumplimiento de una sentencia de nulidad dictada en un juicio administrativo, la posibilidad para el actor de interponer un recurso de queja en los supuestos que siguen:
a. Contra la resolución que repita la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia.
b. En los casos en que la sentencia de nulidad haya obligado a la autoridad demandada a reponer un procedimiento o a emitir una nueva resolución en una instancia oficiosa, contra la resolución emitida y notificada después de concluido el plazo que al efecto les otorga la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en sus artículos 52 y 57, fracción I, inciso b).
c. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia.
d. Contra el incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado.
Consideró, que el supuesto previsto en el inciso c) que antecede, es decir, la queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, dentro de cuyo procedimiento el tribunal ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento que rinda un informe dentro del plazo de cinco días, en el que justificará el acto que provocó la queja; hecho lo cual la Sala Regional, la sección o el Pleno que corresponda, resolverá dentro de los cinco días siguientes, pudiendo multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, informar a su superior jerárquico e, incluso, llegar a declarar el cumplimiento sustituto del fallo en caso de que sea procedente.
En efecto, precisó, que a través del informe sobre el incumplimiento denunciado, la demandada podrá comunicar si efectivamente existe o no ese incumplimiento, las medidas que esté preparando o que haya adoptado para acatar la sentencia de nulidad, las razones que justifiquen el retraso o, más aún, la imposibilidad que tenga para materializar la indicada sentencia.
Y, una vez valorados los elementos que la autoridad aporte –desde luego, en conjunto con los que haga llegar la parte actora–, la Sala, la Sección o el Pleno que corresponda podrán determinar:
- Si efectivamente se configura una actitud contumaz o, por el contrario, la sentencia de nulidad se encuentra al menos en vías de cumplimiento.
- Si existe una razón que justifique un retraso o, incluso, precisar y aclarar a la autoridad los efectivos alcances que tiene el fallo.
- Si determina que existe una actitud contumaz, podrá multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, e informar al superior jerárquico.
- Si se configura una imposibilidad material para cumplir la sentencia y, por ende, proceda el cumplimiento sustituto.
Así, el Alto Tribunal consideró, que el medio de defensa en análisis forma parte del procedimiento que el legislador previó para lograr el cumplimiento de las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, constituye una instancia apta al efecto, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y que están a cargo del propio órgano jurisdiccional; sobre lo cual es aplicable, en su contenido sustancial, la tesis 2a. LXXIX/2013 (10a.), de la Segunda Sala, de título y subtítulo: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PLENA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS.”
Consideró la Corte, que el hecho de que, a pesar de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa aplique las medidas propias de este recurso de queja, se configuren casos en los que la autoridad demandada incurra en incumplimiento, esto es, adopte una actitud que implique desacato, no revela de suyo que el juicio administrativo no cuenta con un verdadero mecanismo coercitivo para la ejecución de sus sentencias, o que se trate de un medio de defensa ineficaz por sólo prever la posibilidad de imponer multas, dar vista a los superiores jerárquicos y a la contraloría interna de la dependencia correspondiente.
Sino que, al contrario, pues estos mecanismos se encuentran desarrollados, por una parte, para aclarar y agilizar los alcances del fallo jurisdiccional y, por otra, conminar a la autoridad a realizar la conducta necesaria para lograr la satisfacción de derechos.
En ese contexto consideró, que frente a la omisión de incumplimiento de una sentencia de nulidad, el gobernado debe interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque constituye un medio de defensa en virtud del cual dicha abstención puede ser corregida, pues, por su conducto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con elementos coercitivos concretos para obligar a la autoridad demandada a dar cumplimiento al fallo anulatorio, que es lo que pretende en última instancia el aquí recurrente.
Así, las consideraciones vertidas en la contradicción de tesis 306/2021, motivaron a la configuración de la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se cita, precisamente porque si bien ésta surgió al analizar el tema de definitividad para los efectos del juicio de amparo en relación con la queja establecida en la fracción II, del artículo 58, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cierto es, que para ello, se analizaron –como se ha visto en la contradicción de tesis– las formas que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para hacer cumplir sus determinaciones y el medio de defensa que tiene el particular para lograr tal cometido en función de sus características propias, lo cual, ilustra para resolver el tema que aquí planteado: “RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. (se transcribe)”
Precisado lo anterior, se recuerda, que el procedimiento de oficio que trata el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para hacer cumplir sus determinaciones, permite que a través de éste, la sala requiera a la autoridad demandada, un informe sobre el cumplimiento de algún fallo, el cual debe de ser rendido dentro de los tres días siguientes, pudiendo, en caso de contumacia, multar a la autoridad o, incluso, requerirla por conducto de su superior jerárquico, así como comisionar a algún funcionario para que dé cumplimiento directo a la resolución, cuando la naturaleza del acto lo permita; y eventualmente poner en conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de que se determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento, acto último, con el que termina dicho procedimiento. Mientras que el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la ley en consulta, establece que el actor podrá interponer la instancia de queja, entre otros supuestos, ante la omisión de cumplimiento de la sentencia de nulidad por parte de la autoridad demandada.
En ese supuesto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento que rinda un informe dentro del plazo de cinco días, exponiendo una justificación del acto que provocó el incumplimiento; hecho lo cual la Sala Regional, la sección o el Pleno que corresponda, resolverá dentro de los cinco días siguientes, pudiendo multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, informar a su superior jerárquico e, incluso, en el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá declarar procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuestión que no ocurre con el trámite del artículo 58, fracción I, de la normatividad apuntada.
En ese contexto, tenemos que si bien, los dos mecanismos pretenden dar con el cumplimiento de la sentencia de nulidad, lo cierto es que, el derecho de acceso a la justicia y tutela jurisdiccional, se logra concretar de diversa manera entre éstos, lo cual coadyuva para que la impartición de justicia sea pronta y expedita.
Pues es claro, que el procedimiento de que trata la fracción I, del artículo 58 de la normatividad citada, destaca porque a través de éste, se requiere el cumplimiento de la sentencia de nulidad, en donde como se ha señalado, puede imponer multas y dar vista al superior jerárquico para que se acate la sentencia de nulidad, pudiendo culminar dicho procedimiento con la puesta del conocimiento de la situación de que se trate a la contraloría interna correspondiente, los hechos, a fin de que se determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento.
Mientras que la queja que se inicia a petición de parte, a que se refiere la fracción II, del indicado artículo 58, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, destaca porque a diferencia del procedimiento señalado, la Sala requiere a la autoridad obligada a cumplir con el fallo para que mediante informe, justifique el acto que provocó la queja, por lo que la autoridad se encuentra obligada a dar una explicación del porqué de su retraso; cuestión que resulta importante (y que no sucede en el procedimiento que de oficio inicia la sala), pues derivado de esta información, además de la imposición de multas y vista a su superior jerárquico, como también lo trata el procedimiento de la fracción I, del artículo 58 citado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa puede concluir que se encuentra comprobado y justificado que existe una imposibilidad por parte de la autoridad demandada de cumplir con el fallo, por lo que, ante dicha información, tiene la posibilidad, de ordenar el cumplimiento sustituto de sentencia y en consecuencia, aperturar el incidente respectivo, cuestión que no ocurre durante el procedimiento que de oficio puede llevar acabo la Sala responsable.
En esa medida, se considera, que los mecanismos de protección si bien buscan salvaguardar el derecho que tiene la parte actora de obtener el cumplimiento de su sentencia, de acuerdo a su contenido y la contradicción de tesis citada, así como la jurisprudencia, es posible desprender, que para lograr la tutela judicial de manera efectiva, en términos del artículo 17 constitucional deben de privilegiarse la solución de los conflictos frente a formalismos procedimentales, por lo que, debe de resultar procedente la admisión de la queja, puesto que, como se ha visto, tratan procedimientos y efectos distintos para el cumplimiento de sus ejecutorias, pues el segundo mecanismo permite o da acceso a quien fue parte actora en el juicio y obtuvo una sentencia favorable tener la posibilidad de obtener un cumplimiento sustituto de sentencia en el caso, cuestión que de ser el caso, sería de destacada importancia para la aquí recurrente.
Máxime, que en el caso, resulta un hecho notorio, en términos del artículo 8832 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que la autoridad demandada aún no ha dado cumplimiento al fallo de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, pues tal como consta de la plataforma que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para consulta de expedientes, mediante acuerdo publicado el once de noviembre de dos mil veintitrés, la autoridad sujeta al cumplimiento fue multada nuevamente y se le requirió para que cumpla con la sentencia de nulidad.
En esas condiciones, y atendiendo a que las disposiciones no señalan algún tipo de impedimento para que la sala también de trámite a la queja y así lograr que la tutela jurisdiccional sea efectiva, pues de ser el caso, el justiciable tendría la posibilidad de acceder a la apertura incidental de un cumplimiento sustituto de sentencia, lo cual, es acorde al derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional.
En ese contexto, es que se considera fundado el agravio hecho valer, lo que impone revocar la sentencia recurrida y otorgar la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la responsable admita la queja interpuesta por el actor en el juicio de nulidad 817/21-15-01-8 y dé el trámite correspondiente y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda.
Por lo expuesto y fundado; se,
R E S U E L V E:
PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** contra el acto y autoridad que se precisaron en el resultando primero y para los efectos especificados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.
Notifíquese; ...”
2) Queja 492/2023, resuelta el veintidós de febrero de dos mil veinticuatro.
Antecedentes
a) Una persona física, por su propio derecho demandó el amparo y protección de la justicia Federal, contra las autoridades y actos que se expresan a continuación:
“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:
1.- LA SALA REGIONAL DEL SURESTE, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
2.- REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA.
3.- JEFE, ENCARGADO Y/O TITULAR DE LA SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES, DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA.
IV.- ACTOS RECLAMADOS:
1.- DE LA SALA REGIONAL DEL SURESTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA:
a) La omisión de hacer efectivas las multas a las autoridades del ISSSTE en Oaxaca, por el incumplimiento a la sentencia definitiva y firme de 04 de abril del 2022, dictada en el juicio de nulidad **********, en cumplimiento al apercibimiento decretado en su acuerdo de 02 de mayo del 2023.”
b) La omisión de continuar con el procedimiento de ejecución de sentencia que la propia Sala inició de oficio mediante acuerdo de 02 de mayo del 2023, dictado en el juicio de nulidad **********, y que se encuentra previsto en el artículo 58 fracción I, incisos a), b), c) y d) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y la omisión de emitir acuerdos eficaces para que las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, cumplan con la sentencia definitiva y firme de 04 de abril del 2022.
2.- DE LAS AUTORIDADES DEL ISSSTE EN OAXACA:
La omisión de dar cumplimiento con toda prontitud y a cabalidad a la sentencia definitiva y firme de 04 de abril del 2022, dictada en el juicio de nulidad **********, por la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa."
b) De dicha demanda tocó conocer al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, quien la radicó con el número de registro ********** y al considerar que se actualizaba de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, desechó de plano la demanda, en razón de que no se advertía que hubiere concluido el procedimiento de oficio por parte de la Sala responsable, en términos de la fracción I del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, siendo que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, por regla general implicaba que la Sala responsable hubiere concluido la etapa de ejecución en los términos del artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo. Además de que antes de promover el amparo indirecto contra el incumplimiento de la sentencia de nulidad procedía el recurso de queja previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a) punto 3 del propio ordenamiento.
c) Inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de queja y por razón de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en donde se registró con el número **********; y, en sesión de veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, resolvió:
“...Estudio. Como se señaló, son fundados, suplidos en su deficiencia, (...)
(...)
En la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32975-89042867/sentencias-del-tribunal-federal-de-justicia-administrativa-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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