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Modo: Corpus Pro

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 244/2011. · Registro digital (IUS): 23202
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Tomo 1, Pág. 459.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 244/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE JUNIO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de la propia Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es decir, uno de los órganos jurisdiccionales cuyo criterio es presuntamente discrepante.

TERCERO. En principio, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el tribunal denunciante estima disímbolos.

Así, el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el ********** el amparo en revisión número **********, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:

"SÉPTIMO. ... De acuerdo con ese lineamiento imperativo, debe puntualizarse que este Tribunal Colegiado de Circuito, de oficio, advierte actualizada la diversa causa de inejercitabilidad de la acción de garantías prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, respecto de la resolución del **********, la orden de clausura y su ejecución, ambas del ********** siguiente, emitidas dentro del procedimiento administrativo de verificación número **********, dado que el quejoso estaba obligado a agotar el principio de definitividad, promoviendo el juicio de nulidad local ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. ... En tales condiciones, el examen conjunto de los artículos 31, fracción I y 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 124 y 125 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que para otorgar la suspensión de la ejecución de los actos de las autoridades de la administración pública del Distrito Federal que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales, se establecen, respectivamente, los siguientes requisitos: 1. La Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal señala que la suspensión podrá ser acordada por el Magistrado instructor que conozca del asunto, haciéndolo del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento. Por su parte, aunque la Ley de Amparo no se refiere expresamente a tal cuestión, es patente que las autoridades únicamente pueden emitir los actos para los cuales estén legalmente autorizadas, atento al mandamiento previsto en el artículo 16 de la Constitución General de la República. Esto es, si bien la legislación de garantías no prevé de manera textual que la suspensión sólo podrá decretarla el Juez de Distrito, esa cuestión se desprende de lo dispuesto en los artículos 122 y 131 del mismo ordenamiento legal que, respectivamente, señalan: ‘... en los casos de la competencia de los Jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte ...’ y que ‘... el Juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente ...’. Por lo tanto, en el referido aspecto el ordenamiento contencioso local no establece un requisito mayor que la Ley de Amparo. No está por demás señalar que la prevención relativa a que la determinación de conceder la suspensión solicitada se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, no constituye alguna carga adicional para el actor, dado que al contrario constituye una garantía de que los funcionarios demandados quedarán constreñidos a acatar el fallo del Magistrado instructor. 2. De igual forma, la legislación contenciosa en comento señala que aquella medida cautelar se podrá solicitar en cualquier etapa del juicio de nulidad y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución ya iniciada. Tal prevención tampoco constituye una limitación que exceda lo dispuesto en la Ley de Amparo, sino que se traduce en que el actor tiene la amplia posibilidad de solicitar la suspensión relativa en cualquier momento dentro del juicio contencioso administrativo, lo cual no acota el derecho del promovente, pues incluso lo extiende al no limitarlo a la etapa de la presentación de la demanda de nulidad o a alguna otra en esa instancia. En otras palabras, la normatividad local exige que el actor solicite la medida suspensional, beneficio del cual goza en cualquier etapa del juicio; por su parte, la Ley de Amparo también exige que el quejoso solicite expresamente la concesión de la medida cautelar (artículo 124, fracción I) y dispone que podrá solicitarse con la presentación de la demanda de garantías o en cualquier tiempo, mientras no se dicte la ejecutoria relativa (artículo 141). Así, ambos ordenamientos legales coinciden en lo siguiente: a) No existe límite procesal para iniciar el trámite de suspensión, por ende, su promoción puede llevarse a cabo en cualquier tiempo y el proveído correspondiente debe dictarse a partir de que se admita la demanda o de que se solicite aquella medida; b) Es menester que el interesado solicite la concesión de la suspensión; y, c) Cuando la suspensión es solicitada al presentar la demanda, esto es suficiente para que la autoridad competente (Magistrado instructor o Juez de Distrito) se avoque a determinar si se encuentran satisfechos los supuestos para poder otorgar la medida cautelar en comento. Es importante significar que en el aspecto analizado, la actual Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no contempla requisito adicional alguno a los previstos en la Ley de Amparo, ya que a diferencia de la legislación contenciosa de diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, interpretada por la honorable Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante las jurisprudencias números 2a./J. 71/2002 y 2a./J. 174/2009, no establece como exigencia para otorgar la suspensión solicitada el desahogo del procedimiento de consulta ciudadana regulado en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, dado que como se expuso en los párrafos anteriores, fue intención expresa del legislador local eliminar cualquier requisito adicional a los enunciados en la legislación de garantías, entre ellos, la mencionada consulta popular. 3. Tanto la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal como la Ley de Amparo requieren que de llegar a otorgarse la suspensión, esto no cause perjuicio al interés social, no contravenga disposiciones de orden público, ni deje sin materia el juicio relativo; asimismo, que el actor o quejoso otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la referida medida cautelar se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio respectivo. 4. El artículo 124 de la Ley de Amparo exige para conceder la suspensión que los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado sean de difícil reparación; en cambio, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no exige tal requisito, por lo que en ese aspecto, este último ordenamiento legal es menos exigente que la legislación de garantías. Sobre esas premisas, es patente que la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal publicada el diez de septiembre de dos mil nueve en la Gaceta Oficial de la misma entidad, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados, de los que establece la Ley de Amparo, toda vez que en ambos ordenamientos basta con solicitar aquella medida cautelar en cualquier etapa del juicio relativo ante la autoridad competente (Magistrado instructor o Juez de Distrito). Además de que en la actual legislación contenciosa local ya no se contempla la exigencia relativa a que previa la concesión de la suspensión solicitada en el juicio contencioso administrativo, el Magistrado instructor necesitaba solicitar el desahogo del procedimiento de consulta ciudadana establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, aspecto que determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias en comento, constituye un requisito adicional a los señalados en la Ley de Amparo. En tales términos, el quejoso se encontraba obligado a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, agotando el juicio de nulidad establecido en el numeral 33, fracción I (sic), de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, publicada el diez de septiembre de dos mil nueve en la Gaceta Oficial de la misma entidad; dado que en ese medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo, como se explicó en los párrafos anteriores, además de que tiene por efecto nulificar los actos emitidos por autoridades administrativas de aquella entidad, como lo son los señalados como reclamados en la demanda de garantías. ... Por consiguiente, es patente que contra la resolución reclamada por el quejoso procede el juicio contencioso administrativo local, toda vez que fue dictada por el director jurídico de la Dirección General Jurídica y de Gobierno en la Delegación Benito Juárez del Gobierno del Distrito Federal, y ejecutada por la verificadora adscrita a la mencionada unidad político administrativa, es decir, por una autoridad de la administración pública del Distrito Federal que se rige por dicho ordenamiento legal, habida cuenta que esa resolución pone fin al procedimiento de verificación número **********, relativo a la determinación y orden de clausura y retiro de sellos de suspensión, respecto del inmueble que en calidad de poseedor ocupa el quejoso, además de que en esa determinación se le impuso una multa por la cantidad de **********, por violación a lo previsto en los artículos 32, 34, 47, 51, fracción I, inciso c) y 61, en relación con el numeral 248, fracción II, todos del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. En tal virtud, la falta de promoción del juicio contencioso, de manera previa al de amparo, consuma la improcedencia de este último, habida cuenta que a través de ese medio ordinario de defensa, el quejoso estaba en aptitud de lograr que se modificara, anulara o revocara la resolución reclamada y obtener su paralización sin someterse a requisitos mayores a los previstos en la ley de la materia. Se asevera lo anterior, porque el examen comparativo de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, a la luz de los requisitos establecidos en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que ambos ordenamientos legales instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por el agraviado mediante escrito; esta solicitud es oportuna desde la demanda hasta antes de la sentencia, esto es, en cualquier etapa del procedimiento contencioso (en amparo, la ejecutoria, obviamente); en ambos juicios opera la suspensión definitiva, sin que en el contencioso se prevea la provisional; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes. Sin que sea óbice la circunstancia de que en los artículos 101, 102 y 103 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se establezca que la decisión sobre la suspensión se hará efectiva con consecuencias restitutorias cuando los actos que se combaten afecten a los particulares impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio, además de que no se otorgarán esos efectos restitutorios cuando no se exhiba la documental que autoriza la realización de actividades reguladas, así como que contra la violación de ese medio suspensivo es recurrible mediante la queja respectiva y que si se trata de créditos fiscales la suspensión surtiría sus efectos cuando se garantice el importe de esa imposición tributaria; pues si bien dichas reglas no coinciden exactamente con las de la Ley de Amparo, lo cierto es que no constituyen, propiamente, requisitos para conceder esa medida precautoria, ya que son aspectos que derivan de los supuestos en que se infrinjan disposiciones de orden público o se afecte el interés social y cuando surjan cuestiones de daños y perjuicios a terceros, las cuales acontecen con posterior (sic) al momento propio de la solicitud de la suspensión relativa. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número 2a./J. 155/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 576 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, enero de 2003, (sic) que es del rubro y sinopsis del tenor siguientes: ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.’ (se transcribió). Así, como la jurisprudencia número 154/2002, aplicada de manera analógica, que también fue sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 722 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, enero de dos mil tres (sic), que dice: ‘SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 208-BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA, QUE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribió). A título de abundamiento, es menester señalar que a pesar de que no constituye propiamente un requisito para solicitar la suspensión en el juicio de nulidad local, como se explicó en los párrafos anteriores, el artículo 101 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establece efectos restitutorios en la citada medida cautelar, que por regla general no son procedentes en la suspensión otorgada en el juicio de garantías, de ahí que en ese aspecto la legislación local es más amplia, pues establece la posibilidad de retrotraer los efectos de aquella medida, cuando los actos impidan el ejercicio de la única actividad comercial o el acceso del domicilio de los particulares. No obstante lo anterior, la legislación contenciosa local establece una restricción a los citados efectos restitutorios, consistente en que cuando se solicite la suspensión para la realización de actividades reguladas, que requieren de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso y el actor no exhiba dicha documental no se otorgara aquella medida. Desde esa óptica, el citado caso particular para que el Magistrado instructor de la Sala relativa conceda la medida en comento para la realización de actividades reguladas, obedece a la lógica de que el otorgamiento de la suspensión no puede tener por efecto constituir derechos de los que carece el particular; aunado a que, de concederse la medida solicitada, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues la clausura que el legislador ha establecido ante la falta de los permisos de mérito, es reveladora de que la sociedad está interesada en que las negociaciones funcionen con estricto apego al acto administrativo que permite su actividad. Lo anterior resulta significativo, habida cuenta que la citada restricción también se traduce en un supuesto específico, considerado como una contravención a disposiciones de orden público y al interés social, como los ejemplos enunciados en los incisos a) al h) de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores, por su contenido y alcance, la jurisprudencia número 2a./J. 114/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 557, Tomo X, octubre de 1999 (sic), al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CUANDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NO HA SIDO REVALIDADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribió). También resultan más amplios los efectos de la suspensión otorgada en el juicio contencioso administrativo local, respecto de los actos en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, ya que la medida cautelar de mérito podrá abarcar los actos que dieron origen a la resolución que se abstuvo de examinar la cuestión de fondo (sobreseimiento o desechamiento de algún recurso o medio de defensa ordinario). Es decir, en el caso de asuntos dictados en recursos administrativos desechados o en los que se haya dictado el sobreseimiento, los efectos de la suspensión en el juicio de nulidad local no sólo alcanzan los efectos de la ejecución de esas determinaciones, sino también las de los actos impugnados en esa sede administrativa. Máxime que el citado ordenamiento contencioso del Distrito Federal prevé que los efectos de la suspensión tienen mayores efectos (sic), como lo es el caso de dar efectos (sic) restitutorios en determinados supuestos a favor de los particulares (abrir establecimientos mercantiles que sean su única fuente de ingresos o permitir el acceso en caso de que el lugar clausurado sea el domicilio del actor), además de que los efectos (sic) de tal medida cautelar pueden abarcar las consecuencias de los actos recurridos en la sede administrativa, aunque en el acto destacado en el juicio de nulidad se controvierta una resolución que no haya analizado la cuestión de fondo. ... Corolario de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, fracción XV y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables director general Jurídico y de Gobierno, director jurídico y verificadora administrativa Silvia Patricia González Tochihuitl, todas de la Delegación Benito Juárez del Gobierno del Distrito Federal, consistentes en la emisión de la resolución del **********, la orden de clausura y su ejecución, ambas del ********** siguiente, dictados, respectivamente, en el procedimiento administrativo número **********. ... Por las consideraciones expuestas en el cuerpo de esta ejecutoria debe confirmarse el sobreseimiento en el juicio de garantías decretado en la sentencia recurrida."

El criterio contenido en la ejecutoria transcrita, en lo conducente, fue reiterado por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar los amparos en revisión números ********** (en sesión del **********), ********** (en sesión del **********), ********** (en sesión del **********) y ********** (en sesión del **********), razón por la cual se formó la jurisprudencia que a continuación se identifica y transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXIII, febrero de 2011

"Tesis: I.15o.A. J/11

"Página: 2085

"JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL AMPARO, PORQUE LA LEY ORGÁNICA DE ESE TRIBUNAL QUE LO REGULA, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009). De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en su texto vigente hasta el 10 de septiembre de 2009, la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad sólo podía ser concedida por el Magistrado instructor, previa consulta ciudadana; exigencia que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 174/2009, consideró constituye un requisito adicional a los que para otorgar la medida cautelar en el juicio de garantías prevé la Ley de Amparo, por lo que actualiza una excepción al principio de definitividad que permitía acudir directamente al juicio constitucional sin tener que agotar previamente ese juicio administrativo. Ahora bien, el análisis del proceso legislativo que culminó con la expedición de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, publicada en la citada fecha en la Gaceta Oficial local, revela que el legislador enfatizó la necesidad de que los requisitos para el otorgamiento de la suspensión dentro del juicio de nulidad sean acordes a los previstos en la Ley de Amparo, eliminando cualquier exigencia adicional a las contempladas en este último ordenamiento de garantías, en especial, el desahogo del procedimiento de consulta ciudadana, con el fin de evitar que se acuda de manera directa al juicio constitucional en lugar de agotar los medios de defensa ordinarios. En esos términos, el examen comparativo de los artículos 31, fracción I y 99 al 106 de la citada legislación contenciosa local a la luz de los requisitos establecidos en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que ambos ordenamientos legales instituyen condiciones esencialmente iguales, con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio para otorgar la medida cautelar; así, tanto en un juicio como en otro, la suspensión debe solicitarse por el agraviado mediante escrito; petición que es oportuna desde el momento en que se presenta la demanda hasta antes de que dicte la sentencia ejecutoriada, es decir, en cualquier etapa del procedimiento; en ambos juicios opera la suspensión definitiva, sin que en el contencioso se prevea la provisional; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes. Por consiguiente, los particulares que pretendan obtener la modificación, anulación o revocación de los actos emitidos por autoridades administrativas locales se encuentran obligados a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XV, de la legislación de garantías, agotando previamente al amparo el juicio de nulidad en comento; dado que en la ley que regula actualmente ese juicio ordinario no se exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo.

"Décimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

"Amparo en revisión **********. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Edgar Genaro Cedillo Velázquez.

"Amparo en revisión (improcedencia) **********. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Samuel Sánchez Sánchez.

"Amparo en revisión (improcedencia) **********. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Hugo Rojas Monroy.

"Amparo en revisión (improcedencia) **********. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

"Amparo en revisión **********. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

"Nota: La jurisprudencia 2a./J. 174/2009 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 431, con el rubro: ‘JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. ES INNECESARIO AGOTARLO ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, PORQUE LA CONSULTA CIUDADANA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO TRIBUNAL CONSTITUYE UN REQUISITO ADICIONAL A LOS QUE LA LEY DE AMPARO ESTABLECE PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.’."

Por otra parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el ********** el amparo en revisión número **********, sostuvo, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:

"CUARTO. A fin de realizar un análisis completo y correcto de los argumentos planteados en forma de agravios, este órgano jurisdiccional procede a precisarlos para posteriormente darles contestación en la forma que corresponde. ... De igual manera, son infundados los diversos agravios de la recurrente por los que aduce que es incorrecta la determinación de la Juez porque en el caso opera la excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo, ya que la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal exige más requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva porque los incisos a) y b) del artículo 8 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal prevén, respectivamente, que corresponde a los presidentes de las Salas Ordinarias y de las Salas Auxiliares acordar, si procede, la admisión de la demanda y la suspensión de los actos impugnados en la misma, así como la solicitada en cualquier etapa del juicio, a proposición del Magistrado instructor, quien les presentará el proyecto de acuerdo correspondiente, y porque a fin de poder solicitar la suspensión de los actos reclamados, es necesario presentar una demanda que cumpla con todos y cada uno de los requisitos formales y las documentales descritas en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y además el artículo 87 de dicho ordenamiento prevé que después de la demanda y la contestación, salvo lo dispuesto en el artículo 86, no se admitirán al actor ni al demandado, respectivamente, otros documentos. A fin de demostrar la anterior aseveración, es menester analizar la suspensión de los actos impugnados en el juicio de nulidad, regulada en los artículos 99 a 106 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, frente a los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo que, en lo sustancial, rigen la suspensión de los actos reclamados en el juicio de garantías. Dichos numerales establecen a la letra, lo siguiente: De la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ‘Artículo 99.’ (se transcribió). ‘Artículo 100.’ (se transcribió). ‘Artículo 101.’ (se transcribió). ‘Artículo 102.’ (se transcribió). ‘Artículo 103.’ (se transcribió). ‘Artículo 104.’ (se transcribió). ‘Artículo 105.’ (se transcribió). ‘Artículo 106.’ (se transcribió). De la Ley de Amparo: ‘Artículo 124.’ (se transcribió) ‘Artículo 125.’ (se transcribió). ‘Artículo 135.’ (se transcribió). La confrontación de la regulación de la suspensión de los actos combatidos en el juicio de nulidad, con las disposiciones que rigen para la suspensión en materia de amparo, pone de manifiesto que en la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no se exigen para la suspensión de los actos impugnados, requisitos mayores a los establecidos en la Ley de Amparo para la suspensión definitiva de los actos reclamados, ya que ambos ordenamientos legales son coincidentes, en lo general, en los aspectos siguientes: a. Procede a solicitud expresa del interesado o agraviado, formulada por escrito. b. Puede solicitarse la suspensión en cualquier etapa del juicio de nulidad o de amparo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. c. No existe límite procesal para iniciar el trámite de la suspensión, siendo procedente su promoción en cualquier tiempo. d. Ambos ordenamientos legales exigen que de llegar a otorgarse la suspensión, con dicha medida cautelar no se cause perjuicio al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el juicio de nulidad o el juicio constitucional, según se trate. e. Tanto la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal como la Ley de Amparo requieren que el actor o en su caso el quejoso, otorguen garantía bastante para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que con la suspensión pudieran causarse a terceros, si no se obtiene sentencia favorable en el juicio. f. Tratándose de la solicitud de suspensión contra el cobro de contribuci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23202-0edee39f/tribunal-de-lo-contencioso-administrativo-del-distrito-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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