JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESPUESTAS NEGATIVAS DE LA AUTORIDAD CASTRENSE A LA SOLICITUD DE PRESTACIONES LABORALES, CIVILES O ADMINISTRATIVAS FORMULADAS POR MILITARES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 77/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO, Y QUINTO DEL TERCER CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 29 DE ABRIL DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I.; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, vigente a partir del veintidós siguiente, pues se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de distinto circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue presentada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, lo cual encuentra fundamento en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.
TERCERO.-Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que los Magistrados denunciantes consideran contradictorios.
En ese sentido, debe significarse que el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el diecinueve de septiembre de dos mil trece el amparo en revisión 220/2013, determinó, en lo que al caso importa, lo siguiente:
"OCTAVO.-La autoridad recurrente plantea en sus agravios lo siguiente: 1. El Juez del conocimiento desestima la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo; sin embargo, el quejoso debió acudir a combatir el acto reclamado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque el artículo 14, fracción XI, de la ley orgánica de dicho tribunal establece que conocerá de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos dictados por una autoridad administrativa que pongan fin a una instancia, como ocurre en el presente caso donde el promovente formuló una petición y a la misma le puso fin la autoridad recurrente con la emisión del acto reclamado, por tanto, la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo.-Asimismo, señala que se actualiza dicha causa de improcedencia porque, de conformidad con el artículo 14, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el caso no promovió el juicio contencioso administrativo contra la declaración de procedencia de retiro a través de la cual se determinó la prestación social a que tiene derecho el quejoso.-2. El Juez de Distrito pasa inadvertido lo alegado por la autoridad responsable al rendir su informe justificado puesto que ahí se adujo que la emisión del oficio SC-SSGB-1621, de ocho de febrero de dos mil trece resultó como consecuencia del escrito de petición de diez de diciembre de dos mil doce, petición que fue remitida al Jefe de la sección primera (recursos humanos) del Estado Mayor de la Defensa Nacional para su atención y emisión, por lo que esta autoridad emitió la contestación correspondiente al ser el encargado de planear, programar, presupuestar, coordinar y controlar el gasto público de la Secretaría de la Defensa Nacional, y si bien se señaló erróneamente el artículo 47 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, también lo es que, se establecieron las razones y motivos de su remisión al director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional así como sus atribuciones, con lo que se subsana dicho error.-El agravio sintetizado en el punto 1, en el que esencialmente aduce que la desestimación de la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo es incorrecta porque el quejoso debió acudir a combatir el acto reclamado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ya que se trata de un acto administrativo dictado por una autoridad que pone fin a una instancia, pues el promovente formuló una petición y a la misma le puso fin la autoridad recurrente con la emisión del acto reclamado, por tanto, la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad, resulta fundado.-Lo anterior, es así, porque asiste razón al recurrente al argumentar que debió de actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado se trata de un acto administrativo dictado por una autoridad que pone fin a una instancia, pues el promovente formuló una petición y a la misma le puso fin la autoridad recurrente con la emisión del acto reclamado, por tanto, contrario a lo argumentado por el Juez de Distrito la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad, pues se trata de un acto que pone fin a una instancia en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.-El Juez de Distrito consideró que no se actualiza dicha causa de improcedencia, toda vez que el quejoso no se encontraba obligado a promover el juicio contencioso administrativo que refiere la autoridad responsable porque el artículo 14, fracción XI y XII (sic), de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no contempla dentro de los asuntos que deba conocer los actos que por esta vía se combate, ya que únicamente podrá conocer de asuntos referentes a la disminución o negativa de pensiones tratándose de miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes, así como que tampoco, con la emisión del acto reclamado se hubiere puesto fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o se haya resuelto un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ni tampoco decidió un recurso administrativo, por tanto, es improcedente que se promueva el juicio contencioso administrativo ante esa instancia jurisdiccional.-En efecto, en el caso, contrario a lo argumentado por el Juez de Distrito, se trata de un acto con el que en términos del artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se puso fin a una instancia en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.-La materia de estudio de los juicios tramitados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no corresponde a todo acto de autoridad administrativa, dado que se trata de un juicio de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía se encuentra condicionada a que el acto a impugnar se reconozca en la norma como hipótesis de procedencia expresa de la acción contenciosa administrativa.-En esas condiciones, a efecto de que las Salas que integran el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puedan conocer de las resoluciones que dicten las autoridades administrativas, éstas deben ser definitivas, o bien, debe tratarse de actos administrativos o resoluciones que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, o finalmente, que se trate de una resolución que decida los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se dicten en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones del mencionado artículo 14 de la Ley Orgánica de ese tribunal.-En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. X/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo XVII, febrero de dos mil tres, página 336, indica lo siguiente: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. «RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS». ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.’ (se transcribió).-En ese contexto, en términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo, además de ponderar la atacabilidad de la resolución administrativa a través de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resolución, la cual debe constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa y, dicho producto final o última voluntad, suele expresarse de dos formas: a) Como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento; o, b) Como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública.-Así, no se generará agravio o conflicto alguno para el gobernado en tanto la administración pública no diga su última palabra por medio de la autoridad a quien competa decidirla en el orden jurídico correspondiente y solamente cuando la resolución de que se trata adquiere esa fijeza que impide reformas o mudanzas, se dice que causa estado.-La generación de esta situación últimamente mencionada en combinación con la causación de un agravio objetivo son las características de la resolución definitiva para efectos del juicio contencioso administrativo, además de lo que prevé el artículo 14 de la ley orgánica antes mencionada, lo que dará lugar al nacimiento del interés requerido para acudir a la vía de mérito y, por ese motivo, debe tenerse en cuenta el contenido de la fracción XI de dicho numeral de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el acto reclamado y el oficio SC-SSGB-1621 de ocho de febrero con el que se da respuesta al escrito petitorio del quejoso.-El artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dispone lo siguiente: ‘14. ... XI. ...’ (se transcribió).-Del precepto transcrito se desprende que, el legislador estableció como supuesto de procedencia, que los actos referidos en el párrafo anterior deberían ser emitidos por autoridades administrativas y tratarse de aquellas que: a) Pusieran fin a un procedimiento administrativo, o bien, a una instancia; y, b) Resolvieran un expediente; sin embargo, el legislador estableció como requisito que tales determinaciones tendrían que emitirse en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.-El acto reclamado ante el Juez de Distrito en el presente juicio de amparo es el siguiente: De dicha transcripción se advierte que el acto reclamado a la autoridad recurrente consiste en el oficio oficio (sic) SC-SSGB-1621, de ocho de febrero con el que se da respuesta al escrito petitorio del quejoso en el que solicita se autorice el pago de la indemnización por error judicial al haber estado sujeto a proceso en la causa criminal número 503/2011 del índice del Juzgado Segundo Militar adscrito a la I región militar.-El oficio SC-SSGB-1621, de ocho de febrero con el que se da respuesta al escrito petitorio del quejoso, textualmente establece: (se insertó imagen).-De dicho oficio se desprende que la autoridad recurrente manifestó que da contestación al escrito de petición de diez de diciembre de dos mil doce de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en el sentido de que mientras no exista una resolución jurisdiccional que condene a la Secretaría de la Defensa Nacional al pago de la cantidad que reclama como indemnización por el supuesto error judicial, la misma se encuentra imposibilitada para acceder a su petición.-Por tanto, se concluye que dicha determinación tomada por la autoridad responsable ha adquirido firmeza toda vez que pone fin a una instancia.-En este sentido, la naturaleza de tal resolución, es definitiva pues se trata de una manifestación aislada que por sus características refleja la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública, por tanto, al tratarse de un acto que pone fin a una instancia en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de conformidad con el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es que el quejoso se encontraba obligado a acudir al juicio contencioso administrativo y agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo.-Por tanto, asiste razón a la autoridad recurrente al considerar que sí se surte la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso debió de impugnar el acto reclamado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ya que se trata de un acto administrativo dictado por una autoridad que pone fin a una instancia.-No pasa inadvertido que el quejoso reclame una violación directa al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la abstención de dar respuesta al escrito petitorio de diez de diciembre de dos mil diez porque eso no actualiza una excepción al principio de definitividad porque en primer lugar, ya conocía el oficio en el que se daba respuesta a su petición al momento de presentar la demanda y, en segundo lugar, porque reclama dicha violación junto con violaciones de legalidad del oficio.-Dado lo fundado del agravio anterior, de conformidad con el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio en relación con el oficio SC-SSGB-1621, de ocho de febrero de dos mil trece, suscrito por el director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, con fundamento además en la fracción III del diverso 74 del ordenamiento invocado.-Vista la conclusión que antecede, se omite el examen de los restantes agravios, en tanto que en nada variaría la conclusión alcanzada ..."
A su vez, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el veinticuatro de enero de dos mil catorce el amparo en revisión 221/2013, sostuvo, en lo atinente, lo siguiente:
"SÉPTIMO.-En el primer agravio, la recurrente aduce que en la sentencia que se revisa no se precisó cuál hipótesis de excepción al principio de definitividad se actualizaba, pues sólo se consideró que no se actualizaba la causal de improcedencia, porque la quejosa aseveró, en los conceptos de violación, la falta de fundamentación de la competencia de la autoridad que emitió el acto reclamado.-Señala que en el artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se establece que dicho tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra actos administrativos dictados por una autoridad administrativa que pongan fin a una instancia, como ocurre en el caso, donde la quejosa formuló una petición y a la misma puso fin la autoridad con la emisión del acto reclamado, por lo que contrario a lo considerado por la a quo sí se actualiza la competencia del mencionado tribunal.-Cita, para apoyar sus argumentos la jurisprudencia 2a./J. 95/2004, de rubro: ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ y 2a./J. 82/2000, de rubro: ‘AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.’.-Indica la recurrente que, contrario a lo considerado por la Juez del conocimiento, el acto reclamado es impugnable mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que existía la obligación de agotar el juicio de nulidad, previamente a promover el amparo, luego al no haberlo hecho así, se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.-Precisa que la quejosa debió agotar el juicio de nulidad antes de acudir al amparo, porque el juicio de nulidad tiene como efecto nulificar, revocar o modificar el acto reclamado por tratarse de una resolución que puso fin a una instancia.-Asevera la recurrente que en el caso no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, pues la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, como lo advierte de la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.), de rubro: ‘TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL.’.-De los anteriores argumentos se advierte que en esencia la recurrente aduce que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra del acto reclamado, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por tanto, asevera que, contrario a lo considerado por la Juez de Distrito, la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad, sin que pueda sostenerse que se actualizara la excepción a dicho principio porque la autoridad no fundó su competencia.-Los anteriores argumentos son fundados, por las siguientes consideraciones.-De la sentencia recurrida se advierte que la a quo consideró que no se actualizaba dicha causa de improcedencia, toda vez que la quejosa en su demanda, sostiene que el acto reclamado no está fundado en cuanto a la competencia de la autoridad que lo emitió, de modo que se actualizaba una de las excepciones al principio de definitividad, aunado a que de estimar fundada dicha causal, sin considerar el concepto de violación planteado por la quejosa, implicaría pronunciarse sobre el fondo del asunto, en un estado procesal en el que no era jurídicamente permisible.-Lo que es equivocado, pues la excepción al principio de definitividad, se refiere a la falta total de fundamentación del acto reclamado y, no a la indebida fundamentación de ese acto relativa a la competencia de la autoridad que lo emitió, por tanto, no puede estimarse que se actualice la causa de excepción al principio de definitividad a que se refirió la a quo.-Ahora bien, es necesario precisar que el particular que resienta una afectación en su esfera jurídica está obligado, antes de acudir al juicio de garantías, a agotar los medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto que le cause tal afectación, siempre y cuando se reúnan los requisitos que establecen los propios artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.-En alcance a lo dispuesto en los artículos en comento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión ha señalado que el agotamiento de los medios ordinarios de defensa sólo es obligatorio cuando éstos se encuentren previstos en leyes en sentido formal y material, tal como se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época», Tomo X, octubre de 1999, página 448, cuyo contenido es el siguiente: ‘RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).’ (se transcribió).-A su vez, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los juicios, medios o recursos procedentes en contra de los actos de autoridad que produzcan afectación al particular deben estar previstos en las leyes que los rijan, entendiendo por éstas a las leyes que guarden relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, sus efectos, o bien, sus formas de impugnación.-Lo anterior se desprende del contenido de la jurisprudencia P./J. 3/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época», Tomo XIII, enero de 2001, página 8, que en su rubro dispone: ‘DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS» A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA.’ (se transcribió).-De esta manera, de conformidad con lo que disponen los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, así como las tesis arriba citadas, para que se configure la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, por no haberse agotado los medios ordinarios de defensa, es menester que concurran, en principio, los siguientes requisitos: a) Que en contra del acto reclamado proceda un recurso, juicio o medio de defensa legal.-b) Que a través de dicho recurso, juicio o medio de defensa legal se pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado.-c) Que el recurso, juicio o medio de defensa legal se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente.-d) Que dicha ley guarde relación con los actos reclamados, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, sus efectos, o bien, sus formas de impugnación.-De concurrir las anteriores circunstancias, la procedencia del juicio de amparo estará condicionada a que se agote el juicio, recurso o medio legal de defensa que proceda en contra de los actos reclamados, siempre y cuando no se surta alguna de las excepciones que la propia fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo establece, pues de actualizarse cualquiera de ellas, se consideraría que el juicio constitucional, por lo menos en lo que toca al principio de definitividad, sería procedente.-Ahora bien, el referido principio de definitividad en el juicio tiene diversas excepciones, las que quedaron definidas en la tesis 2a. LVI/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época», Tomo XII, julio de 2000, página 156, de rubro y texto siguientes: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribieron).-De la tesis transcrita se advierte que una de las excepciones al principio de definitividad es la prevista en la fracción VIII ‘los que carezcan de fundamentación’, lo que implica la falta total de fundamentación que impide al quejoso controvertir los motivos y fundamentos de la sentencia recurrida.-Ahora bien, en la especie, los actos reclamados ante la Juez de Distrito en el presente juicio de amparo, son los siguientes: (se transcribió).-De la anterior transcripción se advierte que el acto reclamado a la autoridad recurrente, consiste en el oficio SC-SSGB-1583, de once de febrero de dos mil trece, con el que se da respuesta al escrito petitorio de la quejosa, en el que solicita se autorice el pago de la indemnización por error judicial al haber estado sujeta a proceso en la causa criminal número 383/2010 del índice del Juzgado Sexto Militar adscrito a la I región militar, el cual es del siguiente contenido: (se transcribió).-Del oficio SC-SSGB-1583, de once de febrero de dos mil trece, antes transcrito se advierte que se citaron como fundamentos los artículos 8o., 90 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2o., 14, 16, 18, 26 y 29, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1916 y 1916 Bis del Código Civil Federal; 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 32 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; 1o., 3o. y 47 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional; 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 20, fracciones I, III y IV, del Reglamento para los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados.-Por tanto, asiste razón a la autoridad recurrente al considerar que no existe una falta total de fundamentación del acto reclamado, por lo que no se actualiza la excepción al principio de definitividad, como lo aduce la a quo, por ende, es evidente que surte la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, lo que obligaba a la quejosa a impugnar el acto reclamado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues como ya se dijo, dicho acto reclamado no carece de fundamentación.-No es óbice a la anterior determinación, que la a quo considere que no está fundada la competencia de la autoridad emisora del oficio reclamado, dado que se insiste, para que se actualice la excepción al principio de definitividad el acto reclamado debe carecer totalmente de fundamentación y no de manera parcial o que exista una indebida fundamentación.-Por las anteriores consideraciones se debe revocar la sentencia en su parte recurrida y sobreseer en el juicio en relación con el acto consistente en el oficio SC-SSGB-1583, de once de febrero de dos mil trece, suscrito por el director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, con fundamento en las fracciones XV del artículo 73 y III del diverso 74, ambos de la Ley de Amparo.-Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II y demás de la Ley de Amparo, se resuelve ..."
Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el seis de febrero de dos mil quince, el amparo en revisión 60/2014, determinó, en lo conducente, lo siguiente:
"QUINTO.-Análisis de los agravios. Los agravios son ineficaces. Por razón de método unos se analizarán en orden diverso al planteado.-En la sentencia recurrida, la Juez de quien se revisa destacó por un lado, que ninguna de las partes hizo valer causales de improcedencia y, por otro señaló que no advirtió que se actualizara ninguna de ellas; luego, estimó sustancialmente fundado el concepto de violación y concedió el amparo solicitado. Así, en observancia al artículo 93, fracción II, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado analizará en primer orden los agravios relativos a la improcedencia de la acción de amparo.-Antes, precisa reseñar los antecedentes del asunto, los cuales en lo que interesa son los siguientes: 1. En la demanda de amparo, el quejoso narró que: ... 2. El acuse de recibo de la solicitud de vacaciones narrada por el quejoso (foja 6 del expediente de amparo), en lo conducente dice: ... 3. La copia certificada del oficio S/J. 2964 que contiene la respuesta a la petición de vacaciones indicada (folio 16 del expediente) y que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, es del texto siguiente: ... Expuesto lo anterior, en el agravio ‘primero’ sostiene la recurrente que en el caso ‘se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, conforme al cual el acto reclamado, era susceptible de combatirse a través del recurso de revisión que contempla la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, conforme al cual pudo haber sido revocado o nulificado el acto reclamado, máxime que tal medio de impugnación, en sede administrativa, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender la ejecución del acto reclamado’.-Asimismo, sostiene la actualización de la indicada causal de improcedencia, pero por la razón siguiente: ‘también procedía el juicio de nulidad en contra del acto reclamado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14, fracción 11 (sic), de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa, por tratarse de una resolución que puso fin a una instancia.’. Añade que un criterio similar al que expone ha sido sustentado en los tocas de amparo en revisión 220/2013 y 221/2013, resueltos por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y Sexto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, respectivamente, los cuales invoca como hecho notorio.-Dichos argumentos, en principio, devienen ineficaces, porque, en el caso, resulta inaplicable la hipótesis contenida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada por la responsable, ya que ahí se contempla la improcedencia del juicio a partir del consentimiento tácito de la norma general o acto reclamado, así como los supuestos que conllevan a acreditar dicha causal, no así por razón de la definitividad para efectos de este medio de control constitucional. Efectivamente, la porción normativa aludida es del tenor siguiente: ‘Artículo 61. ... XIV. ...’ (se transcribió).-Pero de cualquier manera deviene ineficaz lo alegado, porque contrario a lo aducido por la recurrente, en el asunto no cobran vigencia las hipótesis que rigen el referido principio de definitividad. Esto es así, ya que al ser de obvia y fácil constatación lo planteado en el agravio que se estudia, este Tribunal Colegiado, en o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25653-3c9c9041/juicio-contencioso-administrativo-federal-es-improcedente-contra-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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