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Modo: Corpus Pro

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE IMPUGNE, DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2019. · Registro digital (IUS): 29321
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-02-28
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, Pág. 748.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 8 DE ENERO DE 2020. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. AUSENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito.

Lo anterior encuentra apoyo, además, en el criterio contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).—De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito." [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, tesis aislada, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, tesis P. I/2012 (10a.), página 9, registro digital: 2000331]

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227 de la Ley de Amparo(1) fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, prevén que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fiscal general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran, los Jueces de Distrito y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Según se expuso, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Jueces de Distrito, en el caso, la denuncia fue formulada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Luego, es claro que está legitimado para formular la denuncia correspondiente, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

I. Por lo que hace al recurso de queja **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resuelto en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, tenemos como antecedentes los siguientes:

1. ********** promovió juicio de amparo en contra del Congreso de la Unión, por el acto consistente en el decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal; así como la omisión de legislar en los términos que le impone el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, en relación con otros numerales de la propia Constitución.

2. Tocó conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular, por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, la admitió y registró con el número **********.

3. Mediante oficio presentado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, el presidente de la República solicitó la regularización del procedimiento para que se le llamara al juicio como autoridad responsable encargada de la promulgación de la ley federal reclamada.

4. A dicha solicitud le recayó el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en el cual, el Juez de Distrito determinó no acordar favorablemente la petición del titular del Ejecutivo Federal, en virtud de que el quejoso no lo señaló como autoridad responsable y fue diversa autoridad quien ordenó la promulgación del ordenamiento combatido.

5. En contra de ese proveído el presidente de la República interpuso recurso de queja, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Magistrado presidente lo registró con el número **********; y, en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, determinó revocar el acuerdo recurrido. De esa ejecutoria se reproduce lo siguiente:

"... CUARTO.—

"...

"Para controvertir esa determinación, en su único agravio, el presidente de la República refiere que el auto del Juez es ilegal, ya que no proveyó conforme a su petición atendiendo a que el quejoso no lo señaló como autoridad responsable, decisión que, afirma, lo deja en estado de indefensión, al no poder defender la constitucionalidad del ordenamiento reclamado.

"Aduce que es incorrecto que el a quo considere que no tuvo participación en el proceso legislativo de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, siendo que tiene la calidad de autoridad responsable desde el momento en que el quejoso promovió la demanda en contra de dicho ordenamiento.

"Sostiene que si bien la citada legislación fue expedida y publicada por el Congreso de la Unión, ello no implica que el presidente de la República quedara fuera del proceso legislativo, pues la propia Constitución, en el artículo 72, apartado B, reconoce su participación de forma tácita o implícita mediante un acto de aceptación.

"Alega que, aun ante la falta de actuación directa por parte del Ejecutivo Federal en el proceso legislativo, la disposición constitucional reconoce que se tendrá como aprobado y promulgado por aquél, siendo finalmente la Cámara de Origen la que ordenará su publicación.

"Para dar solución a los argumentos del recurrente, es necesario tomar en cuenta que, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es procedente contra leyes federales, como en el caso lo es la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

"En vinculación con lo anterior, el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia prevé que cuando se reclamen normas generales, es requisito que en la demanda el quejoso señale a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación.

"Por otra parte, si bien de la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no se desprende que tanto su aprobación como su promulgación fuera realizada, de manera expresa, por parte del presidente de la República, tal circunstancia es insuficiente para estimar que dicha autoridad no participó en el proceso legislativo del que el citado ordenamiento emanó.

"Para explicar la decisión que se asume, es útil tener presente que el artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica:

"‘Artículo 72.’ (se transcribe)

"De la transcripción que antecede se desprende que durante el proceso de creación de leyes, una vez aprobado un proyecto en la Cámara de Origen, pasará para su discusión a la revisora, la que, de aprobarlo, lo remitirá al Ejecutivo Federal, quien, si no tuviera observaciones qué hacer, lo publicará inmediatamente.

"En estrecha vinculación con lo anterior, el apartado B del citado precepto constitucional dispone que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto con observaciones a la Cámara de Origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, al término del cual, aquella autoridad dispondrá de un diverso plazo de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto.

"Finalmente, en el propio apartado B del artículo 72 constitucional reproducido se señala que, transcurrido el segundo plazo, es decir, el previsto para la promulgación y publicación de la ley o decreto de que se trate, se considerará promulgado, y el presidente de la Cámara de Origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo.

"Expuestos tales aspectos, es menester hacer mención del caso concreto, en que del proceso legislativo respectivo se obtiene que por oficio con folio DGPL-1P3A.-2074, de ocho de noviembre de dos mil once, el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remitió a su colegisladora, para los efectos constitucionales, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal.

"Seguido el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados, en su calidad de revisora, se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto en cita, tal como se observa del diario de los debates de ese órgano, de trece de septiembre de dos mil dieciocho.

"Como consecuencia del acuerdo alcanzado en ese último cuerpo colegiado se ordenó remitir el proyecto al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, el que, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, no realizó alguna observación y tampoco lo promulgó ni ordenó su publicación al cabo de los diez días naturales posteriores al término del primer plazo indicado.

"De ahí que, acorde con lo previsto en el artículo 72, apartado B, de la Constitución, se debe entender que el presidente de la República aprobó en sus términos, si bien mediante una ficción, el proyecto que le fue remitido, el que, a su vez, por disposición del propio precepto en cita se considera promulgado, prueba de lo cual es la determinación adoptada por el presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de ordenar la publicación de la ley cuestionada en el Diario Oficial de la Federación, una vez finalizados los plazos de los que el Ejecutivo Federal disponía para ejercer las facultades que la Carta Magna le otorga dentro del proceso de creación de leyes.

"En concordancia con ese razonamiento, se concluye que el presidente de la República sí tuvo una participación tácita en el proceso legislativo del cual emana el ordenamiento reclamado, en concreto en su promulgación; de ahí que sea inexacta la decisión del Juez relativa a que fue diversa autoridad (presidente de la Cámara de Diputados) quien promulgó la citada ley.

"Establecido lo anterior, es útil definir si es necesario que el presidente de la República sea llamado al juicio de amparo que nos ocupa, para tal efecto, por su relevancia, se informa el contenido de los artículos 108, fracción III y 114, fracción II, de la Ley de Amparo.

"‘Artículo 108.’ (se transcribe)

"‘Artículo 114.’ (se transcribe)

"El primer dispositivo en consulta prevé como requisito de la demanda de amparo cuando se impugnan normas generales, la obligación del quejoso de señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación.

"Por su parte, el segundo de los preceptos establece que el órgano judicial requerirá a la parte quejosa para que subsane las irregularidades que tenga el escrito de demanda, entre ellas, si se omitió (sic) algunos de los requisitos que establece el artículo 108, con el apercibimiento que, de no subsanarse, se tendrá por no presentada la demanda.

"Esta última circunstancia es relevante, ya que, implícitamente o aplicada en sentido contrario, constituye una causa de improcedencia del juicio de amparo, la cual tiene sustento en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, es decir, si la parte quejosa no señala como autoridad responsable a la autoridad encargada de la promulgación de la norma general que reclama, previo requerimiento, trae como consecuencia, si aún no se admite la demanda, que se tenga por no presentada, pero, en caso de haber sido admitida, que se actualice una causa de improcedencia que conduce al sobreseimiento del juicio.

"Con base en estas consideraciones, en el caso, si bien el quejoso manifestó en su escrito inicial que no era su interés señalar como autoridad responsable al presidente de la República, lo cierto es que, como se resolvió en párrafos previos, esta última autoridad sí participó de forma tácita en la promulgación de la norma general que impugna, por lo que su intervención en el juicio para defender su constitucionalidad no puede quedar a su libre elección, sino que constituye un imperativo que debe ser acatado de conformidad con los requisitos que al efecto exige la Ley de Amparo.

"Además, el juicio de garantías no puede estar limitado a las autoridades responsables que, a consideración del quejoso, deban ser llamadas con ese carácter, por la sola circunstancia de que el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia establece que cuando la instancia constitucional se promueve en contra de normas generales, es un requisito de la demanda que el promovente señale a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, condición que, incluso, como se indicó, conforme a lo dispuesto por el diverso 114, fracción II, del mismo ordenamiento tiene implicaciones en cuanto a la procedencia del medio de defensa.

"Aun cuando es fundado el agravio del presidente de la República relativo a que sí tiene la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo que nos ocupa, al haber promulgado la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que se combate, lo relevante es que el Juez no puede ordenar su emplazamiento de manera oficiosa, pasando por alto la voluntad o decisión del quejoso, en el entendido de que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, motivo por el cual, en cumplimiento del artículo 108, fracción III, en relación con el diverso 114, fracción II, de la Ley de Amparo, debe requerirlo para que señale como autoridad responsable al recurrente, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se actualizará la mencionada causa de improcedencia y procederá sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. ..."

II. En relación con el recurso de queja **********, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resuelto el veinte de junio de dos mil diecinueve, se describen los siguientes antecedentes:

1. ********** y otro promovieron demanda de amparo en contra del Congreso de la Unión por el acto consistente en el decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal.

2. La demanda se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular, por auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, la admitió y registró con el número **********.

3. Por oficio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el presidente de la República solicitó a ese Juzgado lo emplazara al juicio en su carácter de autoridad responsable.

4. A dicha solicitud le recayó el acuerdo de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, en el cual, el a quo decidió no acordar favorablemente la petición referida, en virtud de que el quejoso no lo señaló como autoridad responsable y fue diversa autoridad quien ordenó la promulgación del ordenamiento reclamado.

5. En contra de ese proveído el presidente de la República interpuso recurso de queja, que fue turnado al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Magistrado presidente lo registró con el número **********; y, en sesión de veinte de junio de dos mil diecinueve, declaró fundado el medio de impugnación, por las razones que a continuación se reproducen:

"... QUINTO.—El único agravio es fundado.

"En el acuerdo recurrido, el Juez de Distrito negó regularizar el procedimiento de amparo, a efecto de llamar a juicio al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos reclamados en el escrito inicial de demanda.

"Esa decisión obedeció a que los quejosos no señalaron con el carácter de responsable a la referida autoridad en el escrito de demanda.

"Ahora, en el único agravio, la recurrente alega, en esencia, que si bien el presidente de la Cámara de Senadores, en términos del apartado B del artículo 72 constitucional, ordenó la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello no implicó que el presidente de la República quedara fuera del proceso legislativo del que derivó la referida ley.

"Precisa que, en términos del referido artículo 72 constitucional, se reconoce la participación tácita o implícita de (sic) presidente de la República mediante un acto de aceptación; esto es, ante la ausencia de actuación directa de éste en el proceso legislativo, constitucionalmente, se entiende aprobada y promulgada la iniciativa correspondiente, por lo que, en ese caso, la Cámara de Origen ordenará su publicación.

"El agravio es fundado.

"En términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, tiene el carácter de parte en el juicio constitucional la autoridad responsable, que es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

"De esta manera, a efecto de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es necesario que se llame a la autoridad que haya emitido el acto que afecta el interés jurídico o legítimo del quejoso.

"Por ello, el Juez federal que durante la tramitación de un proceso de amparo advierta la participación de una autoridad a la que no se le atribuyó el carácter de responsable, debe prevenir al quejoso para que subsane tal omisión. De no hacerlo, el tribunal de alzada deberá ordenar la reposición del procedimiento.

"En el caso, los quejosos señalaron como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes:

"(Se transcribe)

"De la transcripción anterior se desprende que el quejoso señaló como autoridad responsable únicamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del al (sic) Congreso de la Unión, por lo que únicamente se emplazó a ellas al juicio constitucional.

"Debe precisarse que los actos reclamados tienen naturaleza material y formalmente legislativa, es decir, se trata de leyes que tienen las características de abstracción, generalidad y obligatoriedad.

"Por otro lado, la creación de leyes es un procedimiento complejo, que consta de diversas etapas en el que participan distintas autoridades.

"En efecto, el procedimiento legislativo federal se integra por las siguientes etapas:

"a) Iniciativa, que pueden presentarla:

"a.1) El presidente de la República.

"a.2) Los diputados y senadores al (sic) Congreso de la Unión.

"a.3) Las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

"a.4). Los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

"b) Discusión y aprobación, que corresponde al Congreso de la Unión, siguiendo las reglas que para tal efecto prevé el artículo 72 de la Constitución Federal y, en su caso, las leyes orgánicas de sus Cámaras.

"c) Promulgación, facultad del presidente de la República, en términos del artículo 89, fracción I, de la Norma Fundamental.

"d) Refrendo, al titular de la Secretaría de Gobernación.

"e) Finalmente, la publicación, que también corresponde al Ejecutivo Federal, en términos del artículo 3o. del Código Civil Federal.

"Por lo que hace a la promulgación, debe precisarse que esa etapa está íntimamente vinculada con la facultad de veto que tiene el Poder Ejecutivo Federal.

"La palabra promulgar (pro vulgare), según Felipe Tena Ramírez, significa etimológicamente llevar al vulgo, a la generalidad, el conocimiento de una ley. El citado tratadista distingue entre la facultad de promulgar y publicar, señalando que la promulgación autentifica la existencia y regularidad de la ley, ordenando su publicación y manda a sus agentes a que la haga cumplir. Agrega que la ley adquiere valor imperativo a partir de esos actos (promulgación y publicación), carácter que no tenía antes de pasar de la jurisdicción del Congreso a la zona del Ejecutivo.

"Por otro lado, el tratadista Ignacio Burgoa estableció que veto proviene del verbo latino vetare, que significa prohibir, vedar o impedir; asimismo, que es la facultad que tiene el Ejecutivo de hacer observaciones a los proyectos de ley o decretos que ya hubiesen sido aprobados por el Poder Legislativo.

"Por ello, para superar el veto del Ejecutivo, deben acreditarse ciertas circunstancias, como son que el proyecto sea discutido y aprobado de nueva cuenta por las dos terceras partes del total de votos de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

"Como se aprecia, la participación del titular del Poder Ejecutivo no es de simple trámite, sino que incide de manera importante en el procedimiento legislativo, puesto que, de hacer observaciones al decreto aprobado por el Congreso (facultad de veto), puede, en caso de no alcanzarse la votación calificada necesaria, impedir que se convierta en ley.

"Por ello, cuando en un juicio de amparo se combate un acto formal y materialmente legislativo, necesariamente debe llamarse al titular del Poder Ejecutivo, encargado de su promulgación, ya que tiene el carácter de autoridad responsable, en términos del ya referido artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, pues participa en el procedimiento legislativo del que emana la ley reclamada.

"En efecto, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone que en la demanda de amparo se deberá designar a la autoridad o autoridades responsable (sic); precisa que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso también deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación.

"Sin que sea obstáculo el hecho que la parte quejosa, en el escrito inicial de demanda, haya señalado que ‘constituye un hecho notorio, que no participó en el procedimiento del que derivó el decreto reclamado, al haberse actualizado la ficción constitucional de promulgación y no refrendo que prevé el artículo 72, apartado B, constitucional. Por lo que, en términos de esta última porción normativa, la orden de publicación la realizó directamente el presidente del Senado de la República, por haber sido la Cámara de Origen’, puesto que la porción normativa en estudio permite que no se llame a las autoridades que intervinieron en el refrendo o publicación de la norma, cuando no se impugnen sus actos por vicios propios, pero tal excepción no fue otorgada por el legislador tratándose de la autoridad que promulga la ley.

"En ese sentido, se estima indispensable la participación de la autoridad que promulga la ley, ya que puede hacer valer medios de defensa en contra de la admisión de la demanda, o bien, de exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente.

"En efecto, de estimar lo contrario, se haría nugatorio el contenido del artículo 87, párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque se impediría al titular del Ejecutivo interponer el recurso de revisión, por el simple hecho de no haber sido parte en el juicio de amparo y, por tanto, desconocería el contenido de la sentencia, que en su caso, se dicte.

"En ese sentido, no se comparte el criterio del Juez de Distrito, pues si bien los quejosos no señalaron con el carácter de autoridad responsable al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, debió llamarlo a juicio, pues fue quien promulgó las normas reclamadas.

"Apoya lo anterior, en lo que informa, la tesis P. XV/2007, con número de registro «digital»: 172562, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA.’ (se transcribe) ..."

III. Finalmente, en el recurso de queja **********, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, resuelto el cuatro de junio de dos mil diecinueve, se tienen los siguientes antecedentes:

1. ********** y otros promovieron demanda de amparo en la que señalaron como autoridades responsables, entre otras, al Congreso de la Unión y al presidente de la República, en contra del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, así como por distintas omisiones que para legislar imponen los artículos tercero transitorio de la reforma constitucional de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, en relación con otros preceptos de la propia Constitución Federal.

2. De esa demanda conoció el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, cuyo titular la registró con el número **********; y, por acuerdo de catorce de diciembre de d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29321-a2aefef5/decreto-por-el-que-se-expide-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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