LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. EL APERCIBIMIENTO QUE DEBE FORMULARSE A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO HAYA SEÑALADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, CONSISTIRÁ EN NO TENER COMO ACTO RECLAMADO DICHO ORDENAMIENTO, EN CASO DE QUE NO EXHIBA LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE AGOSTO DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
7. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
8. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
9. En efecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227 de la Ley de Amparo,(3) fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, prevén que las Ministras y los Ministros, los Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, el fiscal general de la República, las Magistradas y Magistrados de Tribunales Colegiados de Apelación, las Juezas o los Jueces de Distrito o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
10. Según se expuso, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Jueces de Distrito, en el caso, la denuncia fue planteada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Luego, es claro que está legitimado para ello, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
11. TERCERO.—Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
12. I. Por lo que hace al recurso de queja 1406/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, resuelto el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se describen los siguientes antecedentes:
13. 1. María Teresa Jiménez López promovió juicio de amparo en contra del Congreso de la Unión y otras autoridades, por el acto consistente en el Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho.
14. 2. La demanda se turnó al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, cuyo titular por auto de once de diciembre de dos mil dieciocho la registró con el número 2366/2018; posteriormente se presentó ampliación de demanda en la cual la quejosa señaló como autoridad responsable, además de las mencionadas en la demanda inicial, al presidente de la República, reiterando como acto reclamado el ordenamiento ya precisado.
15. 3. De igual forma en ese juzgado, los secretarios encargados del despacho dictaron proveídos en los que plantearon impedimento para conocer del asunto, por lo que en acatamiento al Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la demanda se envió al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, cuyo titular por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se avocó al conocimiento del juicio de amparo con el número 1316/2019; así como formuló dos prevenciones a la quejosa, importando para el caso, la consistente en que aclarara la demanda en cuanto a los actos reclamados y autoridades responsables, con el apercibimiento que de no desahogarla, se tendría por no presentada la demanda de amparo y su ampliación.
16. 4. En proveído de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, el Juez de Distrito señaló que transcurrió el término otorgado a la quejosa para que desahogara la prevención, sin que lo hubiera hecho, por lo que hizo efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y tuvo por no presentada la demanda de amparo.
17. 5. En contra de ese proveído la quejosa interpuso recurso de queja, que fue turnado al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, cuya Magistrada presidenta lo registró con el número 1406/2019; y, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, declaró parcialmente fundado el medio de impugnación, por las razones que a continuación se reproducen:
"... QUINTO. Estudio de los agravios planteados contra el acuerdo de dieciséis de julio de dos mil diecinueve.
"...
"III. Argumentos en los que refiere que no existían motivos para prevención.
"30. En otro orden, la inconforme aduce en parte del primer concepto de agravio, así como en el segundo, tercero y cuarto, en esencia, que el Juez de Distrito indebidamente tuvo por no presentada la demanda, en razón de que no existía motivo para la prevención que le realizó, en virtud de que en su escrito de demanda, señaló los actos reclamados a cada una de las autoridades que citó como responsables, además de que por lo que hace a las omisiones legislativas reclamadas en su escrito de demanda, dentro de los conceptos de violación, desarrolló todo un apartado sobre dichas omisiones.
"31. Agrega que no existía motivo para que se le previniera a fin de que la parte quejosa especificara para qué efectos solicitó la suspensión de los actos reclamados, porque el Juez Séptimo de Distrito que inicialmente conoció del asunto, concedió la suspensión provisional y en su momento la definitiva.
"32. Reitera que los requisitos previstos en las fracciones III, IV y V del artículo 108 de la Ley de Amparo, por los que el Juez auxiliar le previno, fueron plenamente satisfechos al presentar la demanda el siete de diciembre de dos mil dieciocho, tan es así que el Juez que inicialmente conoció del asunto, la admitió, además de que concedió la suspensión provisional y en su momento la definitiva, por lo que la sanción impuesta por el Juez auxiliar, de tener por no presentada la demanda es injustificado y desproporcionado.
"33. En apoyo a sus argumentos invoca los criterios de rubros ‘RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO POR NO HABERSE DESAHOGADO UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN. DEBE DECLARARSE FUNDADO, SI DICHA SANCIÓN PROCESAL TIENE COMO PRESUPUESTO UNA PREVENCIÓN INJUSTIFICADA, CONTRARIA AL DERECHO HUMANO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.’,‘ACLARACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SI LA PREVENCIÓN RELATIVA CARECE DE JUSTIFICACIÓN, DEBE REVOCARSE EL ACUERDO QUE LA HACE EFECTIVA Y TIENE POR NO INTERPUESTO ESE ESCRITO INICIAL.’ y ‘DEMANDA DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL DESECHAMIENTO INTEGRAL DE LA, SI EL QUEJOSO NO PRECISA EN SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE O DE TERCERO PERJUDICADO DE UN ÓRGANO ESTATAL Y REQUERIDO PARA ELLO NO HACE TAL ACLARACIÓN.’
"34. Argumentos que resultan esencialmente fundados, como se demostrará a continuación.
"...
"44. Ahora por lo que hace a la diversa prevención en el sentido de que la quejosa precisara si era su deseo señalar como autoridad responsable al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, qué actos le reclamaba, así como que exhibiera copia de la demanda y del escrito aclaratorio para emplazar a juicio, si bien es verdad que la quejosa no desahogó dicha prevención, también lo es que ello, no era motivo suficiente para tener por no presentada la demanda de amparo, por lo que la sanción ante dicho incumplimiento resultó excesiva.
"45. En efecto, de acuerdo con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se debe señalar a las autoridades responsables; en tanto que el numeral 114 de la citada ley establece que si el órgano jurisdiccional advierte una irregularidad, deficiencia, omisión de alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la propia ley, o no hubiese exhibido las copias necesarias de la demanda, mandará requerir al promovente a efecto de que aclare y corrija su demanda, o bien exhiba las copias faltantes de la misma.
"46. Ahora, en la parte conducente del acuerdo impugnado, el Juez de Distrito auxiliar previno a la quejosa a efecto de que: ‘b) Manifieste si señala como autoridad responsable al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pues participo (sic) en el proceso legislativo de creación de la Ley (sic) de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. c) En caso de señalarla como responsable deberá indicar de manera clara y concreta el acto o actos que le reclame. d) Asimismo, deberá exhibir una copia de la demanda y siete copias de su escrito aclaratorio para emplazarla a juicio.’, y le apercibió que en caso de no desahogar la citada prevención, tendría por no presentada la demanda de amparo.
"47. Determinación que resulta excesiva porque del escrito de demanda, se advierte que, como lo refiere la inconforme sí cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, pues señaló las autoridades responsables que estimó pertinentes, así como los actos que a cada una le reclamó, ahora el hecho de que no haya señalado con tal carácter a una autoridad, en el particular, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ello no es motivo suficiente para tener por no presentado el escrito de demanda, en su caso, la prevención debió ser en el sentido de que el juicio se seguiría por las señaladas como tal y por los actos a ellas atribuidas, mas no en los términos en que lo hizo, ya que con tal proceder, obstaculizó el derecho de acceso a la justicia de la quejosa.
"48. Ello es así porque, si la prevención se formula sólo con relación a determinada autoridad y a los actos que en su caso le fueran atribuidos, es inconcuso que el incumplimiento de lo ordenado en la prevención, sólo tendría efectos sobre dicha autoridad y sus actos, pero no respecto de todas las demás autoridades; de ahí que el desechamiento decretado de manera general, resulta excesivo, desmedido e incongruente con el acuerdo preventivo.
"49. Lo anterior tiene sustento en la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Cuarto Circuito, cuyo criterio se comparte, de rubro y texto siguientes:
"‘DEMANDA DE AMPARO. LA SANCIÓN PROCESAL DE TENERLA POR NO INTERPUESTA, DEBE SER CONGRUENTE CON LA PREVENCIÓN FORMULADA.’ (Se transcribe).
"50. Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el derecho fundamental de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas y que también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia esto es, que los órganos judiciales tienen un deber positivo de proporcionar a todas las personas un recurso efectivo a través del cual puedan tutelar sus derechos; así como de remover todos aquellos obstáculos para su protección efectiva.
"51. Lo anterior tiene sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’ (Se transcribe).
"52. Se insiste, del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, no se advierte que el a quo haya prevenido a la quejosa porque a su demanda de amparo le faltara alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, como lo es el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, el nombre y domicilio del tercero interesado; las autoridades responsables; la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; la protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones del acto reclamado; los preceptos que contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la autoridad federal; y, los conceptos de violación, sino porque la quejosa reclamó la Ley (sic) de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y omitió indicar si reclama su promulgación y si se la atribuía al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
"53. Ahora, es verdad que la fracción III del artículo 108 en comento establece que cuando se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, sin embargo, la Ley de Amparo no prevé como sanción el tener por no presentada la demanda si la parte quejosa no desahoga la prevención que se le realice para que manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable a la autoridad encargada de promulgar la norma general reclamada, por lo que una prevención en ese sentido y la consecuencia de tener por no presentada la demanda ante su incumplimiento, resulta excesiva y desproporcional.
"54. Máxime que en el escrito de demanda la quejosa señaló a las autoridades responsables que estimó pertinentes, así como los actos reclamados a cada una de ellas, además, la prevención que realice el Juez de Distrito, respecto de cualquier deficiencia de la demanda de amparo no debe ser un obstáculo para no admitirla, pues es obligación de los tribunales resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial efectiva.
"55. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis de rubro y texto siguientes:
"‘TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO.’ (Se transcribe).
"56. Luego, el acuerdo de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en razón de que la quejosa no desahogó la prevención realizada por el Juez de Distrito en diverso proveído de veintiocho de junio del citado año, para el efecto de que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y en caso de ser así, precisara los actos que le reclamaba, así como para que exhibiera una copia más de la demanda para correrle traslado, es una medida injustificada que niega el acceso a la justicia que tutela el artículo 17 constitucional.
"57. En apoyo a lo anterior se invoca, en lo conducente, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, cuyo criterio se comparte, de rubro y texto siguientes:
"‘RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO POR NO HABERSE DESAHOGADO UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN. DEBE DECLARARSE FUNDADO, SI DICHA SANCIÓN PROCESAL TIENE COMO PRESUPUESTO UNA PREVENCIÓN INJUSTIFICADA, CONTRARIA AL DERECHO HUMANO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.’ (Se transcribe).
"58. En tales condiciones, se estima que no existe razón suficiente para tener por no presentada la demanda de amparo de la quejosa; por tanto, se considera que el Juez de Distrito, si no advierte alguna causa de improcedencia manifiesta e indudable, debe proveer respecto de la admisión de la demanda de amparo.
"59. Es aplicable la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:
"‘RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR.’ (Se transcribe).
"60. Determinación que se emite sin que se desconozca el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"‘DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE IMPUGNE, DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA’. (Se transcribe).
"61. Sin embargo, se estima que el citado criterio no aplica al caso en virtud de que éste no se encontraba vigente al momento en que la quejosa presentó su demanda de amparo (siete de diciembre de dos mil dieciocho), ni al momento en que se emitió el acuerdo de prevención (veintiocho de junio de dos mil diecinueve), así como tampoco al momento en que se dictó el acuerdo recurrido de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, pues la jurisprudencia en cita fue publicada el veintiocho de febrero de dos mil veinte y, por ello, no es aplicable a los asuntos que se encontraban en trámite o las demandas presentadas hasta el día anterior a su publicación.
"62. Conclusión. En principio, se acota el estudio del recurso de queja únicamente por cuanto hace al acuerdo de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por no presentada la demanda, por ser el que causa perjuicio a la parte quejosa, ello con independencia de que se analiza la legalidad del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, por el que el Juez de Distrito hizo diversos requerimientos a la inconforme; por otra parte, contrario a lo expuesto por el Juez de Distrito, la quejosa sí señaló las autoridades responsables, los actos que a cada una de ellas reclamó, además de que sí expuso agravio contra las omisiones legislativas también reclamadas, aunado a lo anterior, si en el incidente de suspensión el Juez de Distrito de origen otorgó la suspensión definitiva, no existía motivo para que previniera a efecto de que la quejosa precisara para qué efectos había solicitado la suspensión de los actos reclamados en la demanda de amparo, finalmente, el hecho de que la parte quejosa no haya desahogado el requerimiento realizado en el sentido de que debía manifestar si era su deseo señalar como autoridad responsable al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y en su caso precisara los actos que le reclamara, no era razón suficiente para hacer efectivo el apercibimiento y tener por no presentada la demanda, pues la sanción impuesta resultó desmedida, desproporcional y contraria al derecho de tutela judicial efectiva y, por tanto, lo que procede es declarar parcialmente fundado el recurso de queja a efecto de que, de no advertir causa manifiesta e indudable de improcedencia, el Juez admita a trámite la demanda de amparo en los términos presentada por la parte quejosa. ..."
18. II. En relación con el amparo en revisión 1764/2019, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, resuelto el veintidós de septiembre de dos mil veinte, se tienen los siguientes antecedentes:
19. 1. Leopoldo Burruel Huerta, promovió demanda de amparo en la que señaló como autoridades responsables al Congreso de la Unión, al director general adjunto del Diario Oficial de la Federación y al Consejo de la Judicatura Federal, en contra del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho.
20. 2. De esa demanda conoció el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular la registró con el número 1520/2018; y por acuerdo de seis de diciembre de dos mil dieciocho la admitió a trámite. Posteriormente, mediante auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve el Juez de Distrito se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, por lo que ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno.
21. 3. Conoció del sumario el Juez Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien registró el expediente con el número 724/2019, por auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y no aceptó la competencia declinada, por lo que ordenó la devolución del asunto al juzgado oficiante.
22. 4. Por auto de dos de abril de dos mil diecinueve, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México insistió en declinar la competencia, por tanto, ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que resolviera el conflicto competencial planteado.
23. 5. Tocó conocer de ese problema al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró con el número 30/2019; y en sesión de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, resolvió que debe conocer del juicio el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
24. 6. Como resultado de lo anterior, el titular de ese juzgado dictó acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en el que tuvo por recibidos los autos y de conformidad con el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de mayo de ese año, ordenó remitir el juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México.
25. 7. Correspondió conocer del sumario al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, quien por acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve lo registró con el número 1143/2019; y el treinta de julio siguiente, celebró audiencia constitucional en la que dictó resolución en el sentido de sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracciones III y IV, todos de la Ley de Amparo.
26. 8. Inconforme con esa determinación el quejoso interpuso recurso de revisión del que tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, cuyo Magistrado presidente lo admitió y registró con el número 1764/2019; y, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veinte, el órgano revocó la resolución recurrida y ordenó reponer el procedimiento, según las consideraciones que se reproducen a continuación:
"... CUARTO. De la regularidad del procedimiento. Una vez superados los temas relativos a la procedencia del recurso de revisión y su adhesivo, debe abordarse el examen de la regularidad del procedimiento de amparo conforme a la directiva identificada con el inciso C), del primer considerando de esta ejecutoria, habida cuenta que de existir alguna violación manifiesta a aquél, debe revocarse el fallo impugnado y ordenar la reposición del procedimiento correspondiente.
"En efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, las autoridades competentes para conocer del recurso de revisión podrán ordenar la reposición del procedimiento, entre otros casos, cuando encuentren que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales del procedimiento del juicio de amparo, siempre que tal violación haya trascendido al resultado del (sic) resolución recurrida.
"...
"En el presente caso este Tribunal Colegiado advierte que el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México, inobservó lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5o., fracción II y 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados en sentido contrario.
"Dichos artículos en lo que interesan establecen:
"‘Artículo 61.’ (Se transcribe).
"‘Artículo 5o.’ (Se transcribe).
"‘Artículo 108.’ (Se transcribe).
"El segundo dispositivo en consulta prevé las partes en el juicio de amparo, entre ellas la autoridad responsable.
"Por otro lado, el segundo precepto, establece como requisito de la demanda de amparo cuando se impugnan normas generales, la obligación del quejoso de señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación.
"Asimismo, el artículo 114 de la Ley de Amparo, señala:
"‘Artículo 114.’ (Se transcribe).
"Este último artículo establece que el órgano judicial requerirá a la parte quejosa para que subsane las irregularidades que tenga el escrito de demanda, entre ellas, si se omitió (sic) algunos de los requisitos que establece el artículo 108, con el apercibimiento que de no subsanarse, se tendrá por no presentada la demanda.
"Esta última circunstancia es relevante, ya que, implícitamente o aplicada en sentido contrario, constituye una causa de improcedencia del juicio de amparo, la cual tiene sustento en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, es decir, si la parte quejosa no señala como autoridad responsable a la autoridad encargada de la promulgación de la norma general que reclama, previo requerimiento, trae como consecuencia, si aún no se admite la demanda, que se tenga por no presentada, pero, en caso de haber sido admitida, que se actualice una causa de improcedencia que conduce al sobreseimiento del juicio.
"En el presente caso, la parte quejosa no señaló como acto reclamado la promulgación de dicho decreto, ni mucho menos la autoridad responsable encargada de dicho acto, a saber, el presidente de la República.
"Por otra parte la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha determinado en la ejecutoria de la cual proviene la jurisprudencia número 2a./J. 11/2020 (10a.), que si bien de la publicación del decreto reclamado no se advierte que tanto su aprobación como su promulgación fuera realizada, de manera expresa, por el presidente de la República, tal circunstancia es insuficiente para estimar que dicha autoridad no participó en el proceso legislativo del que el citado ordenamiento emanó.
"Indicó que para explicar la decisión que se asume, es útil tener presente que el artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indican:
"‘Artículo 72.’ (Se transcribe).
"En estrecha vinculación con lo anterior, indicó que el apartado B del citado precepto constitucional dispone que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto con observaciones a la Cámara de Origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, al término del cual, aquella autoridad dispondrá de un diverso plazo de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto.
"Finalmente, señaló (sic) en el propio apartado B del artículo 72 constitucional reproducido se señala que, transcurrido el segundo plazo, es decir, el previsto para la promulgación y publicación de la ley o decreto, de que se trate se considerará promulgado, y el presidente de la Cámara de Origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo.
"Señaló que del proceso legislativo respectivo, se obtiene que por oficio con folio DGPL-1P3A.-2074, de ocho de noviembre de dos mil once, el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remitió a su colegisladora, para los efectos constitucionales, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal.
"Seguido el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados, en su calidad de revisora, se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto en cita, tal como se observa del diario de los debates de ese órgano, de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Como consecuencia del acuerdo alcanzado en ese último cuerpo colegiado se ordenó remitir el proyecto al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, el que, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, no realizó alguna observación y tampoco lo promulgó ni ordenó su publicación al cabo de los diez días naturales posteriores al término del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30199-438add5c/ley-federal-de-remuneraciones-de-los-servidores-publicos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS (2a./J. 11/2020 (10a.))
- LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARI (2a./J. 11/2021 (11a.))
- DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN, ENTRE OTROS, LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FE (2a./J. 68/2019 (10a.))
- REFRENDO. NO ES APLICABLE A LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS, LA TESIS SUSTENTADA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, VISIBLE E (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis