CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. ESTÁ VINCULADO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE NULIDAD Y DE LA INTERLOCUTORIA DEL RECURSO DE QUEJA EN QUE SE LE CONDENÓ AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES QUE CORRESPONDAN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.19 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE DIECIOCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, EMMA MARGARITA GUERRERO OSIO, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, EUGENIO REYES CONTRERAS, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, CARLOS AMADO YÁÑEZ, ADRIANA ESCORZA CARRANZA, EMMA GASPAR SANTANA Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. DISIDENTES: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA Y AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ. PONENTE: FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ. SECRETARIO: RICARDO HUGO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece; pues se trata de una posible contradicción de criterios suscitada entre dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) pues, en el caso, fue denunciada por Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que se refiere el referido precepto.
TERCERO.-Posturas contendientes. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la divergencia de criterios denunciada y, en su caso, establecer el criterio que debe prevalecer, conviene tener presente las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus resoluciones.
Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 154/2015.
Antecedentes del asunto.
********** se desempeñaba como policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
El Consejo de Honor y Justicia de dicha Secretaría inició el procedimiento administrativo **********, en contra del quejoso.
El **********, se dictó resolución en el citado expediente administrativo, en la que se determinó destituir al quejoso de su empleo, cargo o comisión, al considerar acreditada la conducta atribuida al mismo.
Inconforme con esa resolución, el **********, el quejoso promovió juicio de nulidad **********, radicado ante la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
El **********, dicha Sala resolvió decretar el sobreseimiento y reconoció la validez de la resolución impugnada.
Disconforme con lo anterior, el **********, el quejoso interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal el **********.
El **********, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, resolvió el citado recurso de apelación, revocando la sentencia de **********, dictada por la Tercera Sala Ordinaria del dicho Tribunal y declaró la nulidad para el efecto de que dejara sin efectos la resolución impugnada, ordenara la cancelación del registro de la sanción declarada nula en el sistema de sanciones para los servidores públicos, y procediera al pago de la indemnización correspondiente y de las demás prestaciones a que tuviera derecho el actor, sin que en ningún caso proceda la reinstalación.
El **********, el quejoso interpuso recurso de queja en contra del incumplimiento de la ejecutoria de nulidad de **********, el cual mediante resolución de **********, se declaró fundado.
El **********, el quejoso promovió juicio de amparo indirecto, reclamando la falta de cumplimiento de la ejecutoria de nulidad de **********, así como a la resolución de queja de **********, dictadas en el juicio de nulidad **********, del índice de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Una vez admitida la demanda de garantías, el Juez de Distrito del conocimiento dictó resolución el **********, en la que resolvió sobreseer en el juicio por una parte y conceder el amparo, por otra.
Inconforme con esa resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó el fallo impugnado, sobreseyó en el juicio respecto del acto reclamado al Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, y concedió el amparo respecto del acto reclamado al director general de Administración de Personal de esa Secretaría. Las razones que apoyaron su decisión son las siguientes:
"TERCERO.-En razón de que el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación es un aspecto de orden público, y que corresponde a los tribunales del Poder Judicial de la Federación corregir las incongruencias y omisiones que adviertan al momento de analizar la legalidad de las resoluciones de primera instancia, este órgano judicial procede a reparar diversos vicios de los que adolece el fallo recurrido.
"Por una parte, en virtud de que el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto del acto reclamado del director general de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal por inexistente, toda vez que así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe.
"Por otra, toda vez que concedió el amparo para el efecto de que el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal dé cumplimiento a la sentencia de nulidad de cuatro de mayo de dos mil doce, así como a la resolución de queja de veintidós de octubre de dos mil doce, dictadas en el juicio de nulidad **********, consistente en acreditar que ha hecho del conocimiento de las autoridades que ha dejado sin efectos la resolución de uno de julio de dos mil diez, efectuar la cancelación del registro de la sanción declarada nula en el Sistema de Sanciones para los Servidores Públicos, y pagar al quejoso la indemnización y demás conceptos a que haya lugar.
"Para explicar lo anterior, debe precisarse que el Consejo de Honor y Justicia, es un órgano colegiado que depende directamente del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, tal como prevé el artículo 3, numeral 1, fracción III, inciso a), del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
"Las atribuciones de ese cuerpo colegiado se prevén en los artículos 53 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, los cuales establecen:
"Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal
"'Artículo 53'. (se transcribe).
"Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
"'Artículo 61'. (se transcribe).
"Del análisis de las disposiciones transcritas, se desprende que las facultades del Consejo de Honor y Justicia están relacionadas con la imposición de sanciones y otorgamiento de reconocimientos a los elementos que integren los cuerpos policiacos de la citada dependencia, lo que no implica el manejo, disposición o ejecución de su presupuesto.
"En el marco de tales atribuciones, el mencionado cuerpo colegiado tiene atribuciones para dar cumplimiento a parte de los extremos de la sentencia de nulidad, pues puede dejar sin efectos la resolución administrativa impugnada y las sanciones que impuso al servidor público.
"Sin embargo, carece de atribuciones relativas al manejo, disposición o ejecución del presupuesto de la dependencia, por lo que, en ese sentido, está imposibilitado para proceder al pago de la indemnización correspondiente, motivo por el cual ordenó a la autoridad competente efectuar las acciones necesarias para tal efecto.
"Por tal motivo, aun cuando no están totalmente satisfechos los alcances de la sentencia y la resolución de queja dictadas en el juicio de anulación, es evidente que tal omisión no es atribuible al Consejo de Honor y Justicia, pues el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho el quejoso no puede ser ejecutado por dicha autoridad.
"Bastan las explicaciones que preceden para sobreseer en el juicio de garantías respecto del acto reclamado del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal por inexistente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de que, como se dijo, no es la autoridad competente para dar cumplimiento a la sentencia de nulidad respecto del pago de la indemnización y demás prestaciones conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional.
"No obsta a lo resuelto que el quejoso reclamara en el juicio la cancelación de la sanción declarada nula en el Sistema de Sanciones para los Servidores Públicos, toda vez que se trata de un efecto directo generado por la sentencia de anulación, la cual, por su naturaleza, dejó sin efectos de manera directa el acto administrativo impugnado y sus consecuencias.
"Precisado lo anterior, conviene tener en cuenta que el artículo 42, fracciones V y IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal establece:
"'Artículo 42'. (se transcribe).
"De la transcripción se evidencia que, el director general de Administración de Personal es la autoridad competente para ejecutar resoluciones emitidas tanto por el Consejo de Honor y Justicia como por autoridades jurisdiccionales relativas al personal al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
"Por tanto, si bien, como lo mencionó el Juez Federal, el director general de Administración de Personal no fue señalado como autoridad demandada en el juicio anulatorio, lo cierto es que está soslayando que, de acuerdo con la normatividad aplicable, dicha autoridad es la legalmente obligada a dar cumplimiento a la sentencia de nulidad y a la resolución de queja, por cuanto hace al pago de la indemnización y demás prestaciones que le corresponden a la parte quejosa con motivo de su baja en la institución, toda vez que es la única facultada para hacerlo.
"Por consiguiente, lo procedente en derecho es levantar el sobreseimiento decretado respecto del acto reclamado del director general de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
"A continuación se analizarán los agravios propuestos por la parte quejosa.
"CUARTO.-En la sentencia recurrida, el Juez Federal concedió la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable realice la cancelación del registro de la sanción declarada nula, y el pago de la indemnización y demás conceptos a que haya lugar a favor del quejoso.
"El recurrente alega que la sentencia recurrida es ilegal en el sentido de que, si bien en su parte final se ordena a la responsable a acatar lo resuelto en la sentencia de nulidad cuyo incumplimiento es el acto reclamado, omitió obligar a la responsable al pago de la indemnización y de las demás prestaciones a que tiene derecho, en términos del artículo 123 constitucional.
"Afirma que no sólo debe pagársele la indemnización, sino también las demás prestaciones a que tiene derecho, dentro de las que se encuentran recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones y demás conceptos por la prestación de sus servicios que forman parte de los derechos a restituir con motivo de la baja injustificada del cargo que venía desempeñando como miembro de la Policía Preventiva del Distrito Federal.
"Del agravio sintetizado, se desprende que de lo que el quejoso se duele, es de la falta de precisión por parte del Juez Federal de las prestaciones que la autoridad responsable está obligada a cubrirle con motivo de su baja injustificada de la institución en la que laboraba.
"Este tribunal colegiado considera fundado el único agravio propuesto, porque el Juez omitió precisar los términos en que deberá realizarse el pago a la parte quejosa, sino que únicamente condenó a la responsable a realizar la cancelación del registro de la sanción declarada nula en el Sistema de Sanciones para los Servidores Públicos y al pago de indemnización y demás conceptos a que tiene derecho el promovente, conforme al cargo del que ha sido separado.
"El derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 constitucional, implica entre otros aspectos, que las sentencias dictadas por un órgano jurisdiccional sean efectivamente ejecutadas, esto es, que los mandatos impuestos en ella sean cumplimentados.
"En ese contexto, se debe tener en cuenta que uno de los factores que coadyuva a que tal situación ocurra de la forma más expedita, es que la sentencia defina con la mayor claridad posible las obligaciones que deben asumir las partes para tal propósito.
"En el caso de un juicio de garantías, la fijación clara y oportuna de los efectos del fallo protector evitará la prolongación innecesaria de la etapa de cumplimiento e, incluso, la eventual promoción de un nuevo medio de defensa, lo cual vulneraría la garantía de justicia pronta.
"Precisado lo anterior, se debe tener en cuenta que, al no haber definido la Norma Fundamental cuáles son las "demás prestaciones" a que hace referencia el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, provocó que el Alto Tribunal tuviera que definir tal aspecto a efecto de brindar certeza jurídica mediante la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, página 617, cuyos rubro y contenido son:
"‘SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO «Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO», CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.’. (se transcribe).
"El citado precepto prevé que, si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente, no se precisaron las razones para incorporar el enunciado ‘y demás prestaciones a que tenga derecho’; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una ‘indemnización’ y ‘demás prestaciones a que tenga derecho’. Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo ‘y demás prestaciones a que tenga derecho’ forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional, no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado.
"En el caso, como se adelantó, el Juez de Distrito se limitó a condenar a la autoridad responsable, a realizar la cancelación del registro de la sanción declarada nula en el Sistema de Sanciones para los Servidores Públicos y al pago de indemnización y demás conceptos a que tiene derecho el promovente.
"Por consiguiente, si se toma en cuenta, por una parte, que el referido concepto tuvo que ser definido por el Alto Tribunal para identificar cuáles son los rubros que deben integrar el resarcimiento económico a que tienen derecho los integrantes de las instituciones de seguridad pública cuando hayan sido dados de baja indebidamente y, por otro lado, que el régimen particular al que están sujetos les produce una merma considerable en la posibilidad de obtener nuevamente una fuente de ingresos, se debe concluir que, a efecto de garantizar, en la medida de lo posible, el cumplimiento expedito del fallo anulatorio, resulta no sólo oportuno, sino necesario que el Juez Federal vincule expresamente a la autoridad responsable a cuantificar la indemnización respectiva, tomando en cuenta lo definido por el Máximo Tribunal en la jurisprudencia citada.
"Por tanto, al resultar fundado el agravio propuesto, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y conceder el amparo solicitado para el efecto de que el director general de Administración de Personal de la citada secretaría pague la indemnización y demás prestaciones a que se refiere el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, tomando en cuenta los rubros que el Alto Tribunal estableció en la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.)..."
Por su parte, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió su criterio, al resolver el amparo en revisión 299/2015.
Antecedentes del asunto.
********** se desempeñaba como policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
El Consejo de Honor y Justicia de dicha Secretaría, inició el procedimiento administrativo **********, en contra del quejoso.
El **********, se dictó resolución en el citado expediente administrativo, en la que se determinó destituir al quejoso de su empleo, cargo o comisión, al considerar acreditada la conducta atribuida al mismo.
Inconforme con esa resolución, el **********, el quejoso promovió juicio de nulidad **********, radicado ante la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
El **********, dicha Sala resolvió decretar la nulidad de la resolución impugnada.
Disconconforme con lo anterior, el **********, la autoridad demandada interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal el **********.
El **********, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, resolvió el citado recurso de apelación, confirmando la sentencia de **********.
El **********, el quejoso interpuso recurso de queja en contra del incumplimiento de la ejecutoria de nulidad de **********, el cual mediante resolución de **********, se declaró fundado.
El **********, el quejoso promovió juicio de amparo indirecto, reclamando la falta de cumplimiento de la ejecutoria de nulidad de **********, así como a la resolución de queja de **********, dictadas en el juicio de nulidad **********, del índice de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Una vez admitida la demanda de garantías, el Juez del Distrito del conocimiento dictó resolución el **********, en la que concedió el amparo.
Inconforme con esa resolución, la autoridad responsable, Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública interpuso recurso de revisión. El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó el fallo impugnado y concedió el amparo solicitado por el quejoso. Las razones que apoyaron su decisión son las siguientes:
"Resultan infundados los argumentos de la autoridad recurrente, quien pretende convencer que el Juez del conocimiento no debió conceder el amparo en contra del incumplimiento del fallo de anulación derivado del juicio contencioso **********, porque no está dentro de sus respectivas atribuciones, el efectuar el pago de indemnización, porque de acuerdo a lo previsto por el artículo 42, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, corresponde a la Dirección General de Administración de Personal, efectuar ese tipo de pagos e indemnizaciones y en ese sentido la sentencia es incongruente en los efectos que se le imprimió.
"Al respecto, el artículo invocado dice:
"'Artículo 42'. (se transcribe).
"No asiste razón a la autoridad recurrente, porque la obligación de pago de indemnización de tres meses prevista por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las demás prestaciones a que tenga derecho el quejoso, se sustenta originalmente en la condena decretada contra dicha autoridad, en el fallo de nulidad, en su aclaración, en la diversa dictada por la Sala Superior de dicho Tribunal Administrativo en el recurso de apelación, así como de la resolución de queja, dictada por la mencionada Primera Sala Ordinaria de dicho tribunal, en el cual el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública fue vencida y, por ello, en esas resoluciones judiciales se individualizó la condena contra dicha autoridad.
"Aunado a que dicha autoridad no demostró en el juicio de amparo, que por sí o por la autoridad correspondiente, dio cumplimiento al fallo de nulidad, lo que originó que el Juez del conocimiento concediera el amparo al quejoso, para el efecto de que dicha autoridad, dentro de las atribuciones con las que cuenta, diera cumplimiento con la sentencia firme de anulación dictada en el juicio contencioso, esto es, pagará al quejoso la indemnización y demás prestaciones a que tuviera derecho, lo que ahora deberá acreditarse ante ese Juzgado de Distrito.
"La sentencia de amparo, que ordena la restitución de los derechos del quejoso, conforme los lineamientos del fallo anulatorio, constituye un mandato judicial cuyo cumplimiento es de orden público, de modo que la autoridad ahora recurrente, no puede excusarse de intervenir en el cumplimiento de la sentencia de amparo, bajo el argumento de su falta de competencia para pagar la indemnización a que fue condenada, puesto que, como se dijo, fue condenada en la vía contenciosa administrativa, al haber sido vencida en el juicio de nulidad, por lo que ahora ya no puede oponerse, invocando como excusa de cumplimiento al fallo anulatorio, su falta de competencia legal; máxime que la condena contenida en el fallo de anulación constituye cosa juzgada, propia de toda decisión jurisdiccional firme, que es irrebatible, indiscutible e inmodificable; por ello, la autoridad recurrente no puede tratar de desvincularse del cumplimiento de las obligaciones a que fue condenada a través del multimencionado fallo de nulidad, pues de aceptar su postura, sería tanto como privar de efectos jurídicos la autoridad de la cosa juzgada a la que se elevó la sentencia de nulidad.
"A mayor abundamiento, a través de la sentencia de amparo, lo que se pretende es que el quejoso sea restituido en el goce de los derechos infringidos en su contra, conforme los lineamientos del fallo anulatorio, puesto que ello no ha sido posible en sede contenciosa administrativa, de manera que tanto las resoluciones del juicio de nulidad, como la que del juicio de amparo, constituyen mandatos judiciales cuya observancia es de orden público e interés social; en ese contexto, la autoridad condenada no puede, ahora, pretender evadir la obligación de acatar ese fallo, dado que para lograr esa restitución, debe realizar las gestiones que conforme a sus atribuciones, sean jurídicamente posibles para ello, inclusive, entablar comunicación oficial con otras autoridades de la misma dependencia o diversa, con la finalidad de lograr el cumplimiento del fallo de anulación y de la sentencia concesoria del amparo.
"Dada la ineficacia de los agravios, debe confirmarse la sentencia recurrida...".
Las resoluciones que fueron materia de las ejecutorias dictadas tanto en el recurso de revisión R.A. 154/2015, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, como en el recurso de revisión R.A. 299/2015, del índice del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en la materia y circuito referidos, derivaron de los juicios de amparo indirecto ********** y **********, respectivamente, los cuales correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, promovidos el veinte de enero y cuatro de mayo de dos mil quince, esto es, conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.
CUARTO.-Existencia de la contradicción. Procede verificar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que ha fijado el Máximo Tribunal del País, a saber:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
Con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, el discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 72/2010, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNAL
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26327-2d36876f/consejo-de-honor-y-justicia-de-la-secretaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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