REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE ANULA UNA RESOLUCIÓN DE BAJA O TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE UNA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR VICIOS FORMALES, AUNQUE ORDENE INDEMNIZARLO CONFORME AL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 36/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 10 DE ABRIL DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIO: IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de diez de abril de dos mil veinticuatro.
VISTOS, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de criterios identificada al rubro, y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de criterios ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. El veintidós de enero de dos mil veinticuatro se recibió en la oficialía de partes de este Pleno Regional el oficio proveniente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual se remitieron diversas constancias, entre ellas, la denuncia de la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 4/2020, y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal R.F. 11/2022.
SEGUNDO.—Radicación y trámite. Mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional ordenó formar el expediente de contradicción al que correspondió el número 36/2024 y la admitió a trámite.
En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado, se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente:
"DETERMINAR SI ES PROCEDENTE O NO LA REVISIÓN FISCAL CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE ANALIZAN VIOLACIONES DE FORMA, AÚN CUANDO SE HAYA CONDENADO EL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES CON MOTIVO DE LA BAJA DE UN MIEMBRO DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL"
TERCERO.—Informes de los órganos jurisdiccionales contendientes. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los informes de los tribunales colegiados contendientes, a través de los cuales hicieron del conocimiento de este Pleno Regional que los criterios en cuestión continuaban vigentes.
CUARTO.—Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante oficio de doce de febrero de dos mil veinticuatro, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó a este Pleno Regional que, durante los últimos seis meses no se encuentra radicada contradicción alguna en la que el tema a dilucidar guarde relación con el que aquí se presenta.
QUINTO.—Confirmación de turno. Una vez integrado debidamente el expediente, por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1o., fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales (reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés); en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados especializados en materia administrativa, pertenecientes al tercer y decimoctavo circuitos, ambos comprendidos en la Región Centro-Sur, y el tema de fondo corresponde a la materia administrativa, territorios y materia respecto de las cuales ejerce jurisdicción este Pleno Regional.
SEGUNDO.—De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, toda vez que la realizaron los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, es decir, de uno de los órganos contendientes.
TERCERO.—Criterios denunciados. A continuación se transcriben, en la parte que interesa a este asunto, los criterios denunciados como contradictorios.
A. Revisión fiscal 4/2020, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito.
"...
"8) QUINTO.—Previamente al estudio del fondo del asunto, debe analizarse la procedencia del recurso, por ser una cuestión de orden público y de examen preferente.
"9) A efecto de estar en aptitud de realizar tal estudio, se estima conveniente señalar que, en el juicio contencioso de origen, la persona física **********, por propio derecho, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio ********** emitida el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, por la **********, a través del cual emitió su baja definitiva.
"10) En la sentencia que por esta vía se recurre, dictada el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, la Sala estimó que en el caso que nos ocupa, por cuestión de método, y al ser la competencia una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procedía al estudio del segundo concepto de impugnación formulado por la actora, en la parte relativa en la que señalaba que en el primer acto del procedimiento administrativo, la autoridad demandada, no había fundado ni motivado su existencia ni su competencia.
"11) Que la actora había señalado, que la autoridad demandada no estableció el artículo ni el cuerpo normativo en donde descanse el procedimiento administrativo que trajo su baja del servicio, es decir, el manual, reglamento o ley especial que previera la competencia de la autoridad ordenadora.
"12) Indicó que, por su parte, la autoridad demandada al formular su contestación a la demanda había sostenido la legalidad de la resolución impugnada, toda vez que había sido emitida con la legislación aplicable en la época de los hechos, es decir, en lo dispuesto en los artículos 17, 26 y 27, fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; 2o. apartado C), fracción XIV, 69, 70, 127 y 128 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; 5o., fracción VII, 9o., 10 y 17, fracción XVI del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; 1o., fracción VII, inciso b), del Acuerdo por el que se adscriben los Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, 1o., 2o., 6o., fracción VII, 11 fracción III, 13, fracciones I, III, XVI y XXI y 84, apartado A, inciso IV, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, por lo que había sido debidamente fundada y motivada.
"13) La Sala, estimó fundado el concepto de impugnación, respecto de la falta fundamentación de la competencia del primer acto del procedimiento administrativo, precisando que el análisis de la competencia de la autoridad no se limitaba a la autoridad emisora de la resolución impugnada, sino que también se consideraba en aquélla que hubiera ordenado o tramitado el procedimiento del que emanaba el acto impugnado, como lo era el acta administrativa número **********, con la que se había iniciado el procedimiento administrativo a la actora, al constituir el origen de la resolución que se impugnaba.
"14) La a quo expuso que, del contenido del acta ********** (fojas 2 y 3 del expediente administrativo), la cual reprodujo, se desprendía que tal como lo señalaba la accionante, la autoridad demandada había omitido fundar su competencia para iniciar el procedimiento administrativo, en contravención a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que reprodujo.
"15) Insistió en que el más Alto Tribunal del país, ha sostenido que la fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario, consiste en que los actos de molestia a que se alude en el citado artículo 16 constitucional, deberían tener como base una disposición normativa general, que previera la situación concreta en relación con la cual fuera procedente realizar el acto autoritario de molestia, esto es, que existiera una ley que lo autorizara.
"16) Así, la Sala del conocimiento arribó a la determinación que el acta con la que se había dado inicio al procedimiento administrativo instaurado en contra de la entonces actora, no cumplía con tal requisito para ser legal, pues el Director Administrativo, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación; no fundó su competencia para emitirla, al no citar precepto legal alguno que de manera expresa lo facultara para ordenar e iniciar el procedimiento correspondiente en contra de la entonces actora, como se determinó en tal acto.
"17) Por tanto, concluyó que toda vez que la autoridad demandada no había fundado su competencia en el acto con el que había iniciado el procedimiento administrativo instaurado en contra de la entonces actora, se actualizaba la causal de legalidad prevista en el artículo 51, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, siendo procedente declarar la ilegalidad de la misma, en términos de la fracción II del artículo 52 del mismo ordenamiento legal.
"18) No obstante la conclusión alcanzada, la Sala resolvió que como en el caso sujeto a su jurisdicción, no procedía la reinstalación de la entonces actora en el encargo de su función, toda vez que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponía que los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrían ser separados de sus cargos si no cumplieran con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalaran para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
"19) Y, en el caso que la autoridad jurisdiccional resolviera, como ocurría en la especie, que el cese había sido injustificado, no sería procedente en ningún caso su reincorporación al servicio, no obstante el resultado obtenido en el juicio; por lo que, en consecuencia, sólo se obligaría al Estado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tuviera derecho.
"20) La juzgadora consideró que si la hoy actora prestaba sus servicios como ‘**********’, asignada al Centro Federal de Readaptación Social No. 16 ‘**********’, adscrita a la Secretaría de Gobernación, tal y como se observa de la copia de su identificación con número de empleada **********, visible a foja 13 de autos, ergo, se apreciaba que la accionante era miembro de una institución Policial, de ahí que, no procediera ordenar su reinstalación, aun cuando había acreditado la ilegalidad de la resolución impugnada que había dado origen al cese de su encargo.
"21) De ahí que, si en la especie la autoridad al iniciar el procedimiento administrativo sujeto a debate no había citado con precisión la parte de la norma que preveía dicha atribución a su favor, consecuentemente, ese acto de molestia atentaba en contra del citado principio de fundamentación de la competencia, mismo que era menester observar en todo acto de autoridad, siendo así ilegal.
"22) Por tanto, en atención a la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.) de rubro: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.’; condenó a la autoridad demandada a que restituyera a la demandante en el goce de los derechos de que había sido privada con motivo de la resolución administrativa impugnada, mediante el pago una indemnización que debería englobar tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, sin que se excluyera la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal existieran normas que previeran expresamente un monto por indemnización, que como mínimo fuera el señalado, en cuyo caso sería el que la autoridad debería calcular.
"23) Una vez expuesto lo anterior, debe apuntarse que en consideración de este Tribunal Colegiado es improcedente el presente recurso de revisión.
"24) Para demostrar tal aserto, resulta conveniente tener presente la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, de la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, correspondiente a diciembre de 2010, página 794, que es del contenido que sigue:
"‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribe)
"25) Así como en la jurisprudencia 2a./J. 88/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, de agosto de 2011, página 383, cuyo rubro y texto señalan:
"‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).’–se transcribe–
"26) Conforme a los criterios reproducidos, el legislador en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo estableció los requisitos para la procedencia del recurso de revisión fiscal, los cuales se resumen en los siguientes:
"27) I. Por razón de la cuantía (fracción I);
"II. Por razón de la importancia y trascendencia del asunto, con independencia de la cuantía (fracción II);
"III. Por la autoridad demandada (fracción III); y,
"IV. Por razón de la naturaleza u origen de la resolución que haya sido materia de examen en la resolución o sentencia definitiva impugnada (fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX).
"También se advierte lo siguiente:
"28) * Que la intención del legislador fue dotar al recurso de revisión fiscal de un carácter excepcional en cuanto a su procedencia, reservándola únicamente a ciertos casos que por su cuantía o por la importancia y trascendencia que revistieran los asuntos que se pretendieran revisar a través de su interposición, ameritaran la instauración de una instancia adicional.
"29) * Que el Máximo Tribunal, concluyó que, si la instauración del recurso de revisión fue creada con la intención de que tal instancia fuera procedente sólo en casos excepcionales, éste sería improcedente en los supuestos en que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa detectó la carencia de fundamentación y motivación del acto impugnado.
"30) * Que lo anterior obedeció a que la Sala resolutora, en ese tipo de sentencias, no emite pronunciamiento alguno que implique la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que solamente se limita al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación.
"31) * Que, por tanto, el estudio de tales aspectos debería confiarse plenamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo se redundaría en lo ya resuelto.
"32) * Que, bajo tales premisas, el Máximo Tribunal del País determinó que se reservaba a los Tribunales Federales el conocimiento de aquellos asuntos en que, por su importancia y trascendencia, lo resuelto en ellos tuviera un impacto en las materias que el legislador consideró importantes, de acuerdo con el catálogo a que se contrae el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"33) * Que si bien era cierto que el referido numeral, en relación con la procedencia del recurso de revisión, no distinguía en cuanto a que si la resolución recurrida debía consistir en un pronunciamiento de fondo del asunto o, si bastaba con que la resolución se hubiere declarado nula por carecer de fundamentación y motivación, también lo era que en ese último supuesto no se podía considerar satisfecha la presunción de importancia trascendencia que justificara la procedencia de dicho medio de impugnación.
"34) Así las cosas, cuando se resuelve sobre la falta de fundamentación de la autoridad que emitió el acto impugnado o de alguna que intervino en el procedimiento, no se resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso ni se emite un pronunciamiento de fondo en el que se declare un derecho o se exija el cumplimiento de una obligación.
"35) Ilustra esta consideración la siguiente jurisprudencia:
"Época: Décima Época. Registro: 2009290. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo I. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 67/2015 (10a.). Página: 1064.
"‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO QUE DETERMINÓ CONTRIBUCIONES POR INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LO DICTÓ U ORDENÓ O TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA.’ (se transcribe) "36) En este sentido, como se evidenció en párrafos precedentes, en el caso, a través de la sentencia de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, los Magistrados de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, declararon la nulidad de la resolución contenida en el oficio **********, emitida el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, por la **********, a través del cual determinó la baja definitiva de **********, debido a que la autoridad demanda no fundó su competencia en el acto con el que inicio el procedimiento administrativo instaurado en contra de la entonces actora.
"37) Así, como se desprende del resumen efectuado en párrafos precedentes, la nulidad decretada versó sobre vicios formales, como lo es la falta de fundamentación de la competencia de la autoridad que levantó el acta administrativa **********; acto que dio inició al procedimiento administrativo que culminó con la baja decretada en la resolución impugnada por la entonces actora.
"38) En ese sentido, como se anticipó, el presente recurso es improcedente, toda vez que en la sentencia que se pretende recurrir, la Sala del conocimiento declaró la nulidad de la resolución de separación del cargo antes especificado, por vicios formales, puesto que en la sentencia recurrida no se emitió una decisión de fondo, ni sobre la declaración de un derecho, ni la inexigibilidad de una obligación sustantiva, por no resolver respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, ya que no se abordó el análisis de fondo sobre la legalidad de la resolución por la que se decretó la baja de la entonces actora, es decir, los motivos que generaron la nulidad no versaron sobre la ilegalidad de la separación del cargo.
"39) Entonces, la causa de anulación obedeció a consideraciones de naturaleza formal, hipótesis en la que, como ya lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el medio de impugnación extraordinario de que se trata siempre es improcedente, ya que la litis no versará sobre los temas excepcionales que estableció el legislador en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino, se reitera, sólo respecto de cuestiones formales.
"40) Esta determinación no inadvierte que la autoridad recurrente sostiene que el presente recurso es procedente en términos de lo establecido en el artículo 63, fracción VII, de la Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé: (se transcribe)
"41) Como se observa, el precepto invocado por la autoridad se refiere a la procedencia del recurso de revisión fiscal en los casos en que se reclama la resolución en la que se haya declarado el derecho a la indemnización o se condene al Servicio de Administración Tributaria en términos del artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que dispone:
"(se transcribe)
"42) Ahora, como ya se precisó, la Sala resolvió que de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que aún y cuando se determine que la separación, remoción, baja, cese o destitución, o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, en ningún caso procede la reincorporación al servicio, por lo que se debe subsanar la violación formal y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado la entonces actora mediante el pago de la indemnización respectiva y las demás prestaciones a que tuviera derecho, de conformidad a lo establecido en el artículo 123, apartado ‘B’ fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"43) El precepto que justifica la determinación de la juzgadora, en la porción aplicable, establece: (se transcribe)
"44) La porción normativa reproducida establece que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando determinen que tratándose de Agentes del Ministerio Público, Peritos y Miembros de las Instituciones Policiales de la Federación, la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, deberán constreñir a la autoridad demandada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, en términos de lo dispuesto en la fracción XIII apartado B del artículo 123 constitucional.
"45) En este punto, para una mejor comprensión en la exposición, se transcribe la parte conducente de la sentencia recurrida, en la cual, la Sala resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada:
"‘No obstante la conclusión anteriormente alcanzada, en el presente caso no procede la reinstalación de la hoy actora en el encargo de su función, toda vez que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser deparados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
"‘Y en el caso que la autoridad jurisdiccional resuelva, como ocurre en la especie que el cese fue injustificado, no será procedente en ningún caso su reincorporación al servicio, no obstante el resultado obtenido en el juicio; por lo que, en consecuencia, sólo se obligara al Estado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho.
"‘De modo que si la hoy actora prestaba sus servicios como «Oficial en Prevención Penitenciaria», asignada al Centro Federal de Readaptación Social No. «**********», adscrito a la Secretaría de Gobernación, tal y como se observa de la copia de su identificación con número de empleado 354887, visible a foja 13 de autos, ergo, se aprecia que el accionante era miembro de una institución Policial, de ahí que, no proceda ordenar su reinstalación, aun y cuando acreditó la ilegalidad de la resolución impugnada que dio origen al cese de su encargo.
"‘Lo anterior, está sustentado en la siguiente Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación y texto se citan a continuación:
"‘...
"‘Por tanto, se condena a la autoridad demandada a que restituya al demandante en el goce de los derechos de que fue privada con motivo de la resolución administrativa impugnada, mediante el pago una indemnización que deberá englobar 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización, que como mínimo sea el anteriormente señalado, en cuyo caso será el que la autoridad deberá calcular.
"‘Lo anterior siendo acorde con lo establecido por la jurisprudencia 2a./J. 198/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de nuestro más alto Tribunal, cuyos datos de identificación y texto se citan a continuación:
"‘...’
"46) Así, la Sala del conocimiento declaró la nulidad de la resolución impugnada al concluir que, ante la separación, remoción, baja, cese o destitución, o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, en ningún caso procede la reincorporación al servicio, en términos del último párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que declaró la nulidad de la resolución impugnada para que la autoridad demandada otorgara efectos resarcitorios a la actora en los derechos que le fueron afectados por dicha actuación.
"47) Bajo las consideraciones expuestas, el presente recurso de revisión resulta improcedente, porque si bien es verdad que la Sala Regional declaró la nulidad de la resolución impugnada, también resulta cierto que dicha nulidad obedeció a los vicios formales de indebida fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad que dio inicio al procedimiento de separación de la servidora pública; y dado que en el último párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se prevé que aun cuando se determine que la separación, remoción, baja, cese o destitución, o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, en ningún caso procede la reincorporación al servicio, pues únicamente se debió subsanar la violación formal y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso mediante el pago de la indemnización respectiva y las demás prestaciones a que tenga derecho, de conformidad a lo establecido en el artículo 123, apartado ‘B’ fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el asunto carece de excepcionalidad para considerarlo procedente, al no impactar en la materia a que se contrae el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"48) En efecto, lo resuelto por la Sala responsable no equivale a que se hubiere emitido un pronunciamiento de fondo del asunto que constituya la declaración de un derecho, ni la inexigibilidad de una obligación a la autoridad administrativa, pues, como se vio, se consideró que no procedía la reincorporación al servicio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de manera que era procedente la indemnización del servidor público, por lo que se puede concluir que lo único que se analizó fueron las cuestiones relativas a violaciones formales.
"49) Es aplicable la tesis P. XXXIV/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y contenido se precisan a continuación:
"‘Época: Novena Época. Registro: 170684. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario J
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32569-e5594a02/revision-fiscal-es-improcedente-contra-la-sentencia-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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