PERSONAS INTEGRANTES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, ES APLICABLE SÓLO A LAS QUE REALIZAN FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PERTENECEN A LA CARRERA POLICIAL. PERSONAS INTEGRANTES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. ELEMENTOS GENERALES PARA DETERMINAR SI LES ES APLICABLE EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 98/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO. 28 DE ENERO DE 2026. MAYORÍA DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARIANA FLORES VEGA Y DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. DISIDENTE: JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ. PONENTE: MARIANA FLORES VEGA. SECRETARIO: MOISÉS ISRAEL FLORES PACHECO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veintiocho de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 98/2025, suscitada entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Séptimo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, y con residencia en Zapopan, Jalisco.
La problemática jurídica a resolver consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y en caso de resultar procedente, dilucidar cuál es el régimen jurídico aplicable para conocer de los conflictos suscitados con motivo de la prestación de servicios del personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social; es decir, determinar cuál es la naturaleza de la relación entre dicha institución y sus servidores públicos.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Denuncia de la contradicción de criterios. El treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco, se recibió en este Pleno Regional un oficio a través del cual el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre el criterio sustentado por dicho órgano al emitir sentencia en el amparo directo ********** y lo determinado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos **********, ********** y **********.
2. Admisión a trámite y turno. Por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional registró la contradicción de criterios con el consecutivo 98/2025 y la admitió a trámite; asimismo, ordenó notificar a los órganos colegiados contendientes, a quienes solicitó la vinculación de los respectivos expedientes electrónicos a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y les requirió que informaran si el razonamiento que sostuvieron se encontraba vigente.
3. Por otra parte, en el mismo proveído se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que comunicara si existía alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal que guardara relación con la temática planteada en el presente asunto.
4. Por último, se realizó el turno electrónico del expediente a la ponencia de la Magistrada Mariana Flores Vega.
5. Recepción de informes. En auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinticinco, se tuvieron por recibidos los informes de los tribunales contendientes, en los que manifestaron que los criterios que sostuvieron al resolver los asuntos de sus respectivos índices se encuentran vigentes; asimismo, indicaron que sus expedientes electrónicos fueron habilitados para consulta.
6. En auto de seis de enero de dos mil veintiséis, se recibió el oficio DGCCST/X/672/12/2025 de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que en ella no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el presente asunto.
7. Confirmación de turno. En auto quince de enero de la anualidad que transcurre, se confirmó el turno electrónico a la ponencia de la Magistrada Mariana Flores Vega para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
8. Amicus curiae. En el presente asunto se recibió opinión de una persona física en vía de amicus curiae, mismo que se agregó al expediente de la presente contradicción. Lo que se hace constar para los efectos del artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
II. COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo previsto en el artículo 107, fracción XIII,(1) primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III,(2) de la Ley de Amparo; 39, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y con lo previsto en el artículo 14, fracción I,(4) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y del artículo 2(5) del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio.(6)
10. Lo anterior, dado que se denuncia la contradicción suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Séptimo en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órganos que se sitúan en la Región Centro-Sur, de conformidad con el artículo 8(7) del citado Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y que ambos colegiados tienen especialidad administrativa.
III. LEGITIMACIÓN
11. La denuncia proviene de parte legítima, en tanto fue formulada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en atención al sentido de la determinación que adoptó el órgano jurisdiccional al resolver el amparo directo 339/2024, que constituye uno de los criterios que motivaron el asunto que nos ocupa. Lo anterior, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(9)
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
12. Previo a resolver, es necesario relatar los antecedentes de cada asunto y la postura que asumió cada órgano colegiado en la ejecutoria respectiva, por el orden de su emisión.(10)
A. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito
i) Amparo directo 18/2023.
13. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de enero de dos mil veintitrés ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por propio derecho, la parte quejosa -quien se desempeñaba como “**********” en el Centro Federal de Readaptación Social Número ********** - demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguientes:
“III. LA AUTORIDAD RESPONSABLE; tiene (sic) ese carácter de autoridad responsable ordenadora y ejecutora los H. MAGISTRADOS DE LA PRIMERA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
IV. ACTO RECLAMADO; Lo es la sentencia definitiva de fecha 07 DE OCTUBRE DE 2022, dictada en autos del juicio de nulidad con número de expediente **********, del índice de la H. PRIMERA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.”
14. En esencia, la parte quejosa pretendía combatir la sentencia en la que se declaró la improcedencia y el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo contra la resolución por la cual el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio por terminado su nombramiento con dicha institución.
15. Admisión. Correspondió conocer de la demanda al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual la admitió a trámite y la registró con el número de expediente 18/2023.
16. Sentencia de amparo directo. Seguido el juicio en sus etapas, el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés se dictó sentencia en la que se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa contra el acto reclamado, bajo las consideraciones siguientes:
• Expuso que eran esencialmente fundados los conceptos de violación, aun suplidos en su deficiencia.
• Estableció que de la sentencia reclamada se advertía que la autoridad responsable determinó sobreseer en el juicio de nulidad al estimar que la resolución impugnada -el oficio a través del cual el “Comisionado de Prevención y Readaptación Social” (sic) dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio por terminados los efectos del nombramiento de la actora- no actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, puesto que de conformidad con lo establecido en el numeral 13 de la “Ley General del Sistema de Seguridad Pública” (sic), y de acuerdo con las funciones establecidas al cargo que ostentaba la parte actora -“********** , su nombramiento era de confianza; por ende, mantenía una relación de naturaleza laboral con el Centro Federal de Readaptación Social y se rige por la fracción XIV del artículo 123, apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no por la diversa fracción XIII del citado numeral.
• Precisó que la autoridad demandada mencionó en el oficio impugnado que:
– La quejosa tenía la calidad de personal de confianza.
– El personal “de confianza” es de libre designación y remoción; por consiguiente, esos trabajadores únicamente disfrutan de medidas de protección al salario y gozan de los beneficios de seguridad social. Como consecuencia de lo anterior, carecen de estabilidad en el empleo, situación en la que justificó la terminación de los efectos del nombramiento de la quejosa.
• Consideró que, en principio, la quejosa tenía razón al asegurar que el vínculo que tenía con su empleador (el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación), es de carácter administrativo, pues se encontraba adscrita a un centro penitenciario federal que tiene la tarea de vigilar, proteger y dar seguridad tanto a las instalaciones, como a las personas ahí recluidas; por lo que el carácter de su cargo se rige por los artículos 101 y 102 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, los cuales no realizan distinción, salvedad o excepción alguna en cuanto al personal de los centros penitenciaros federales.
• Indicó que la calidad laboral que poseía la peticionaria es especial frente al resto de los servidores públicos, a los cuales sí les son aplicables las disposiciones de derecho ordinario del trabajo. Tan es así, que el artículo 8 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado excluye expresamente de los efectos de ser regulados por dicha legislación a los empleados de los centros penitenciarios.
• Destacó que el artículo 13 de la “Ley General del Sistema de Seguridad Pública” (sic) resultaba aplicable al personal de confianza que el precepto señala expresamente, entre otros, a aquellos que pertenecen a las unidades administrativas del Sistema que prestan asesoría en materia jurídica a los integrantes del Consejo Nacional (hipótesis en que encuadraban las funciones de “**********”, que desempeñaba la quejosa en la Unidad Administrativa de su adscripción). Asimismo, puntualizó que el citado numeral establece que dicho personal se considerará de seguridad pública.
• Señaló que fue incorrecto que la autoridad demandada considerara carecer de competencia para conocer de la resolución impugnada, bajo el argumento de que, al haber tenido la parte quejosa un nombramiento de confianza, esta mantenía una relación de naturaleza laboral con el Centro Federal de Readaptación Social en el que se desempeñaba, ya que la calidad laboral de la impetrante no encaja dentro del derecho de trabajo común, pues existe normativa que indica lo contrario; por ende, tampoco puede sostenerse que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje fuera competente para resolver el conflicto planteado por la promovente, pues el régimen de la peticionaria es particular y debe aplicársele su propia normatividad, la cual escapa del común denominador de los servidores públicos.
• Reiteró que, conforme al texto del artículo 101 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, el personal que allí labora tiene la característica de ser “de confianza”, sin hacer distinción en cuanto a las funciones que realizan, es decir, no afecta en nada que la quejosa se dedicara únicamente a realizar asesoría jurídica y que no se encontrara sujeta al régimen de Carrera Policial, pues el puesto desempeñado por la quejosa forma parte del personal de seguridad pública.
• Concluyó que, conforme a la normativa invocada, al ser los Centros Federales de Readaptación Social las instituciones públicas de máxima seguridad, destinadas por el Gobierno Federal al internamiento de personas privadas de su libertad, con fines de readaptación social, se le confiere al personal adscrito a tales instituciones la calidad de “confianza”. Lo anterior, en virtud de que realizan una función de seguridad pública, siendo garantes de la seguridad y vigilancia del centro federal al que se encuentran adscritos, en el ámbito de sus respectivas funciones; además, por disposición reglamentaria, deben prestar sus servicios en cualquier centro federal, en atención a las necesidades de prevención y readaptación social.
• En consecuencia, indicó que los miembros de dichos centros no son empleados a los cuales puedan aplicárseles las normas ordinarias en materia laboral, sino que, por disposición legal, tienen una calidad especial (de confianza). Por ende, los conflictos suscitados con motivo de la prestación de sus servicios no deben ser sometidos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, aun cuando su objeto sea la obtención de prestaciones de carácter laboral, toda vez que escapa de la competencia del mencionado órgano jurisdiccional el conocimiento de esas controversias, al regirse dichos trabajadores en términos de su normatividad especial (artículo 101 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social).
• Argumentó que, toda vez que los empleados de los centros federales de readaptación social son servidores públicos vinculados con el Estado mediante una relación de naturaleza administrativa, pese a que no exista una disposición en específico en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para dirimir los conflictos suscitados con su empleador que sí son sujetos de impugnación, a aquél toca conocer de los mismos, por ser el órgano más afín para ello.
• Consideró que, con independencia de que el oficio a través del cual se comunicó a la parte actora la terminación de los efectos de su nombramiento en el puesto de "**********”, asignado a la Unidad Administrativa denominada Centro Federal de Readaptación Social Número **********, fuera o no la conclusión de una instancia, en aras de privilegiar la tutela judicial efectiva consagrada por el artículo 17 constitucional, la quejosa no podía quedar desprotegida sin recurso o medio de defensa alguno con el cual pudiera combatir tal determinación. Por el contrario, bajo el principio de afinidad, la competencia para conocer del asunto recaía en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
• En ese orden de ideas, estableció que, aun cuando el numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no indica específicamente como acto combatible el oficio a través del cual se comunicó a la parte actora la terminación de los efectos de su nombramiento, tomando en cuenta que la citada medida es de naturaleza administrativa y es materia de controversia entre la administración pública federal y un particular, corresponde a los tribunales de lo contencioso administrativo resolver la litis.
• Señaló que estimar lo contrario implicaría dejar a la quejosa en estado de indefensión al no contar con un recurso efectivo para inconformarse, incurriendo en una flagrante violación a los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagran el derecho humano de acceso a la justicia.
• Consideró aplicable las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente:
– “SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.”
– “SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.”
• Así, con apoyo en el artículo 3, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó que dicho órgano jurisdiccional debía conocer de la contienda planteada por la ahora quejosa; por lo que, ante lo fundado de los conceptos de violación, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para los efectos siguientes:
1. Dejara insubsistente la sentencia reclamada.
2. Emitiera otra en la que prescindiera de considerar que en el caso se actualizaron las causas de improcedencia y sobreseimiento indicadas en su sentencia, con motivo de que la resolución impugnada no se ubica en los supuestos establecidos en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, conforme a lo expuesto en la ejecutoria.
3. De no advertir diverso motivo de improcedencia, resolviera con libertad de jurisdicción el fondo de la controversia que le fue planteada, conforme a derecho corresponda.
ii) Amparo directo 260/2023.
17. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por propio derecho, la parte quejosa -que se desempeñaba como “**********” en el Centro de Readaptación Social Número **********- promovió el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y actos siguientes:
III. LA AUTORIDAD RESPONSABLE; tiene (sic) ese carácter de autoridad responsable ordenadora y ejecutora los H. MAGISTRADOS DE LA PRIMERA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
IV. EL ACTO RECLAMADO; Lo es la sentencia de fecha 23 DE JUNIO DE 2023, dictada en autos del juicio de nulidad con número de expediente **********, del índice de la H. PRIMERA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
18. La parte quejosa pretendía combatir la sentencia en la que se declaró la improcedencia y el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo contra la resolución por la cual el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio por terminado su nombramiento con dicha institución.
19. Admisión. De la demanda correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual la admitió a trámite y la registró con el número de expediente **********.
20. Sentencia de amparo directo. Seguidos los trámites legales, el trece de octubre de dos mil veintitrés se dictó sentencia en la que se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, bajo las consideraciones siguientes:
• Consideró que los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, eran esencialmente fundados.
• Advirtió que en la sentencia reclamada se sobreseyó en el juicio de nulidad al estimar que la resolución impugnada -el oficio por el cual el “Comisionado de Prevención y Readaptación Social” (sic), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio por terminados los efectos del nombramiento de la promovente-, no actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues de acuerdo con las funciones establecidas al cargo que ostentaba la quejosa (**********), su nombramiento era de confianza; por ende, mantenía una relación de naturaleza laboral con el Centro Federal de Readaptación Social y se rige por la fracción XIV del artículo 123, apartado “B” de la Constitución y no por la diversa XIII del citado numeral.
• Expuso que, en principio, tenía razón la quejosa al asegurar que el vínculo que tiene con su empleador (el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social), era de carácter administrativo, pues se encontraba adscrita a un centro penitenciario federal, que tiene la tarea de vigilar, proteger y dar seguridad tanto a las instalaciones, como a las personas ahí recluidas; en consecuencia, el carácter de su cargo se rige por los artículos 101 y 102 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, mismos que no realizan distinción, salvedad o excepción alguna en cuanto al personal de los centros penitenciaros federales.
• Consideró que la calidad laboral que tenía la quejosa era especial frente al resto de los servidores públicos, a los cuales sí les eran aplicables las disposiciones de derecho ordinario del trabajo. Tan es así, que el artículo 8 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado excluye expresamente a los empleados de los centros penitenciarios de los efectos de ser regulados por dicha legislación.
• Señaló que el artículo 13 de la “Ley General del Sistema de Seguridad Pública” (sic) resulta aplicable al personal de confianza que el precepto señala expresamente, entre otros, aquellos que pertenecen a las unidades administrativas del Sistema (cuyas funciones encuadran en las que realizaba la quejosa como **********, en la Unidad Administrativa de su adscripción); también, la porción normativa dispone que dicho personal se considerará de seguridad pública.
• Por tanto, indicó que fue incorrecto que la autoridad responsable considerara carecer de competencia para conocer de la resolución impugnada, debido a que el nombramiento de la quejosa era de confianza y que por tanto, mantenía una relación de naturaleza laboral con el Centro Federal de Readaptación Social en el que se desempeñaba, toda vez que la situación jurídica de que se dolía la impetrante no encaja dentro del derecho laboral común, al existir disposición en contrario y, por ende, tampoco podía sostenerse que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje fuera competente para resolver el asunto, pues el régimen de la promovente era particular y debía aplicársele su propia normatividad, la cual escapa del común denominador de los servidores públicos.
• Reiteró que, conforme al texto del artículo 101 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, el personal que allí labora tiene la característica de ser “de confianza”, sin hacer distinción en cuanto a las funciones que realiza.
• Adujo que, conforme a la normativa invocada, al ser los Centros Federales de Readaptación Social las instituciones públicas de máxima seguridad, destinadas por el Gobierno Federal al internamiento de personas privadas de su libertad, con fines de readaptación social, al personal adscrito se le confiere la calidad de “confianza”. Lo anterior, en virtud de que realizan una función de seguridad pública, siendo garantes de la seguridad y vigilancia del centro federal al que se encuentran adscritos, en el ámbito de sus respectivas funciones; además, por disposición reglamentaria, deben prestar sus servicios en cualquier centro federal, en atención a las necesidades de prevención y readaptación social.
• Argumentó que los trabajadores de los centros federales de readaptación social no son empleados a los cuales puedan aplicárseles las normas ordinarias en materia laboral, sino que, por disposición legal, tienen una calidad especial (de confianza). Por ende, es inconcuso que los asuntos suscitados con motivo de la prestación de sus servicios no deben ser sometidos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, aun cuando su objeto sea la obtención de prestaciones de carácter laboral, toda vez que escapa de la competencia del mencionado órgano jurisdiccional el conocimiento de las controversias que involucren a este tipo de servidores públicos con su empleador, por estar excluidos de aquel régimen y regirse en términos de su normatividad especial.
• Por tanto, concluyó que, con independencia de que el oficio a través del cual el “Comisionado de Prevención y Readaptación Social” se comunicó a la parte actora la terminación de los efectos de su nombramiento en el puesto de **********, asignada al Centro Federal de Readaptación Social Número **********, fuera o no la conclusión de una instancia, en aras de privilegiar la tutela judicial efectiva consagrada por el artículo 17 de la Carta Magna, la quejosa no podía quedar desprotegida sin recurso o medio de defensa alguno con el cual pudiera combatir tal determinación.
• Puntualizó que los empleados de los centros federales de readaptación social son servidores públicos vinculados con el Estado mediante una relación de naturaleza administrativa. Por tanto, pese a que no existe una disposición en específico en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es innegable que, para dirimir los conflictos suscitados con su empleador, que sí son sujetos de impugnación, la competencia recae en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el principio de afinidad.
• Manifestó que, aun cuando el numeral 3 de dicha legislación no comprende específicamente como acto combatible el oficio a través del cual se comunicó a la parte actora la terminación de los efectos de su nombramiento, lo cierto es que, de conformidad con el precepto 17 constitucional, correspondía conocer del asunto al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por ser el órgano más afín para ello, toda vez que la citada medida es de naturaleza administrativa, aunado a que es materia de controversia entre la administración pública federal y un particular.
• Consideró que estimar lo contrario implicaría dejar a la quejosa en estado de indefensión al no contar con un recurso efectivo para inconformarse, en flagrante violación a los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagran el derecho humano de acceso a la justicia.
• Señaló como aplicables las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
– 2a./J. 91/200711, de rubro: “SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.”
– 2a./J. 77/200412, de rubro: “SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.”
• Finalmente, con apoyo en el artículo 3, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó que debía conocer del asunto dicho órgano jurisdiccional, por lo que, ante lo sustancialmente fundado de los conceptos de violación, concedió la protección constitucional solicitada, para efectos de que la Sala responsable:
1. Dejara insubsistente la sentencia reclamada;
2. Dictara otra en la que, conforme a lo expuesto en esa ejecutoria, prescindiera de considerar que se actualizaron las causas de improcedencia y sobreseimiento fundadas en los supuestos establecidos en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y,
3. De no advertir diverso motivo de improcedencia, resolviera de manera fundada y motivada, con libertad de jurisdicción, el fondo de la controversia que le fue planteada, conforme a derecho corresponda, en congruencia con la litis que sometió a su consideración la actora.
iii) Amparo directo 163/2024.
21. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por propio derecho, la parte quejosa -quien se desempeñaba como “**********” en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 CPS Coahuila- demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguientes:
III. LA AUTORIDAD RESPONSABLE; tiene (sic) ese carácter de autoridad responsable ordenadora y ejecutora los H. MAGISTRADOS DE LA PRIMERA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
IV. EL ACTO RECLAMADO; Lo es la sentencia de fecha 26 DE MARZO DE 2024, dictada en autos del juicio de nulidad con número de expediente **********, del índice de la H. PRIMERA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
22. La parte quejosa pretendía combatir la sentencia en la que se declaró la improcedencia y el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo contra la resolución por la cual el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana daba por terminado su nombramiento con dicha institución.
23. Admisión. De la demanda correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual la admitió a trámite y la registró con el número de expediente **********.
24. Sentencia de amparo directo. Seguido el trámite del proceso, el veinticinco de junio de dos mil veinticuatro se dictó sentencia en la que se resolvió conceder el amparo solicitado, bajo las consideraciones siguientes:
• Consideró que los conce
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33922-59b455fc/personas-integrantes-del-organo-administrativo-desconcentrado-prevencion-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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