SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 253/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 22 DE AGOSTO DE 2012. MAYORÍA DE TRES VOTOS. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. DISIDENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos tercero, quinto y octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución General, cuyo contenido es:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador General de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
Es aplicable al caso la tesis del Tribunal Pleno número P. I/2012 (10a.), que enseguida se reproduce:
"Registro: 2000331
"Décima Época
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012
"Materia: común
"Tesis: P. I/2012 (10a.)
"Página: 9
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.
"Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: **********y **********.
"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.
"El Tribunal Pleno, el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número I/2012 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, quien dictó las sentencias materia de los amparos en revisión resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados; juzgador quien conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene legitimación para ello.
Sin que obste a lo anterior que en los párrafos primero y segundo de la referida fracción XIII, se señale que los Jueces de Distrito pueden denunciar ante los Plenos de Circuito las contradicciones entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados del mismo circuito, y ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, las suscitadas entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, pues atendiendo al principio de seguridad jurídica que se pretende regular a través de la disposición constitucional de que se trata, y siendo que aún no se encuentran en funciones los Plenos de Circuito, se estima que los Jueces de Distrito están legitimados para denunciar contradicciones de tesis ante este Alto Tribunal, incluso respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito.
TERCERO. Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito que participan de esta contradicción expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el Juez de Distrito denunciante considera disímbolos.
En ese sentido, cabe señalar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el diez de mayo de dos mil doce el amparo en revisión número **********, sostuvo, en lo que al caso importa, lo siguiente:
"SÉPTIMO. Estudio de los agravios. En este apartado, se estudiarán los agravios planteados por el presidente municipal de Santa Catarina, Nuevo León, los cuales resultan infundados. ... Establecido lo anterior, se procede al estudio de los agravios hechos valer por el quejoso **********, los cuales se estiman fundados y suficientes para modificar la sentencia recurrida. En su agravio sostiene el quejoso recurrente que el fallo viola en su perjuicio el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, pues asegura que el resolutor equivocadamente fijó la litis en el sentido de que sólo se dolía de su garantía de audiencia, sin embargo, la causa de pedir o agravio personal fue el de la privación o impedimento para desarrollar sus labores como elemento policiaco con motivo de la resolución o acto inconstitucional (cese) dictada el diecisiete de octubre de dos mil once, como consecuencia, la privación de las percepciones a que tenía derecho con la prestación de sus labores, incumpliendo así con su obligación en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, de resarcirlo en el pleno goce de su garantía violada, ya que si al momento en que se le conculcaron sus garantías se encontraba desarrollando o desempeñando el cargo de policía y si la sentencia constitucional es sólo para el efecto de emplazarlo y oírlo en un procedimiento administrativo, nunca se van a regresar las cosas al estado en que guardaba (sic) hasta antes de la violación, esto es, si existe prohibición constitucional para no (sic) ser reinstalado, entonces lo correcto sería que la restitución de su garantía sea para el efecto de indemnizarlo. Como se adelantó, dicho agravio se estima fundado y suficiente para modificar la sentencia recurrida, en base a las siguientes consideraciones. En principio, se estima pertinente recordar que el siete de noviembre de dos mil once, el hoy inconforme acudió por su propio derecho, a promover demanda de amparo indirecto contra actos del secretario de Seguridad Pública y Vialidad; director de Recursos Humanos; presidente Municipal; y, coordinadora General Administrativa, todos del Municipio de **********, de quienes reclamó la baja, cese, y destitución de su cargo o comisión como policía, el cual aseguró le fue notificado verbalmente el catorce de octubre de dos mil once. Del capítulo de conceptos de violación de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso básicamente alegó violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, pues afirmó, que la autoridad responsable de una manera unilateral y autoritaria, es decir, sin que exista procedimiento alguno, considere (sic) darlo de baja por pérdida de confianza. De la demanda relativa correspondió conocer por razón de turno al Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil once, la admitió a trámite con el número ********** de su índice, ordenó pedir los informes justificados a las autoridades responsables, dio la intervención que en derecho correspondía al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De la citada demanda de garantías correspondió conocer al Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, quien el seis de enero de dos mil once dictó sentencia en la que le concedió al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal, al establecer que las autoridades responsables transgredieron su garantía de audiencia al separarlo de su cargo, empleo o comisión de manera unilateral, sin que existiera un procedimiento en el que se le permitiera ser oído y vencido con anterioridad a la privación de sus derechos laborales. Sin embargo, al tratarse del (sic) quejoso de un miembro de una institución policial, el a quo le concedió la protección constitucional ‘para el efecto de que las autoridades responsables, secretario de Seguridad Pública y Vialidad; director de Recursos Humanos; presidente municipal y coordinadora general administrativa, todos del Municipio de **********, **********, Nuevo León (sic), restituyan al citado reclamante en el goce de la indicada garantía, es decir, la de audiencia, para que pueda ofrecer su defensa, presentar pruebas y formular alegatos, a fin de desestimar jurídicamente la causa de su baja o cese y, de ser el caso, esté en posibilidad de obtener una legal indemnización y prestaciones accesorias, si lograran (sic) demostrar su aludida defensa. En el entendido de que el presente fallo no tiene el alcance de obligar a las autoridades responsables a la reinstalación en el empleo que desempeñaba el quejoso antes de su cese o baja administrativa, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 103/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE.’. Como se adelantó, este Tribunal Colegiado estima que le asiste la razón al recurrente en cuanto refiere que el Juez Federal fijó la litis en el sentido de que sólo se dolía de su garantía de audiencia, pasando por alto que la causa de pedir o agravio personal fue el de la privación o impedimento para desarrollar sus labores como elemento policiaco con motivo de la resolución o acto inconstitucional (cese) dictada en **********. En efecto, tratándose de la separación de miembros de las instituciones policiales, como en el caso, su aplicación debe hacerse atendiendo a lo ordenado en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo tercero, constitucional, la cual indica: ‘XIII. ...’. (se transcribió), pues al resultar improcedente la reinstalación de los miembros de las instituciones policiales, supuesto que el precepto de referencia dispone que aquéllos sólo tendrán derecho a la indemnización, dada la supremacía constitucional del artículo 123, es inconcuso que la sentencia de amparo únicamente versará sobre la indemnización, pero en forma alguna puede referirse a la reinstalación y, sin que con dicha determinación se contravenga lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, que dispone que las sentencias que concedan el amparo tendrán por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En consecuencia, a fin de restituir al quejoso recurrente en el pleno goce de las garantías individuales violadas, con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Amparo, lo procedente es concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal, a efecto de que las autoridades responsables del Municipio de **********, **********, procedan a indemnizarlo, así como a pagarle las demás prestaciones a las que por ley tengan (sic) derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 123, apartado A, fracción XXI; y B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, dicha indemnización deberá estar integrada por el importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año laborado, pago proporcional de vacaciones y aguinaldo, de conformidad con lo establecido en los artículos 49, 50, 80, 87 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, aplicable supletoriamente a la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, por disposición de su artículo 7o. De la misma forma, la indemnización deberá incluir cualquier otra prestación a que el quejoso tuviere derecho, así como los salarios y emolumentos que haya dejado de percibir desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se decida su procedimiento administrativo; su restitución; o, en su caso, su baja sin justificación. Así es, las funciones que tienen encomendadas los elementos de las instituciones de seguridad pública como el impetrante de garantías, revelan que su labor resulta de tal manera sustancial para el orden, la estabilidad y defensa de la Nación, en el ámbito territorial al que pertenecen, lo que justifica aún más que en caso de separación injustificada, la indemnización a que se refiere el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos, se calcule con los mismos conceptos que se integra la indemnización tratándose de un empleado de los comprendidos en el apartado A del citado precepto constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en la consideración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al abordar el tema relativo al monto de la indemnización a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el amparo directo en revisión **********, estableció que: (se transcribió). Más aún, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis **********, emitió la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.), pendiente de publicar, en donde asentó literalmente: (se transcribió). La jurisprudencia en comento, es del tenor literal siguiente: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS.’ (se transcribió). Sobre el tema en particular este órgano colegiado, en sesión plenaria de veinticinco de noviembre de dos mil once, aprobó las siguientes tesis aisladas, pendientes de publicación: ‘POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN PROCEDE DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.’ (se transcribió). ‘POLICÍAS. LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES OBLIGA A QUE, ANTE LA SEPARACIÓN INJUSTIFICADA DE SU EMPLEO, SU INDEMNIZACIÓN SE CALCULE CON EL MÍNIMO DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS PARA LOS TRABAJADORES EN GENERAL.’ (se transcribió). Se afirma que no es factible que la concesión del amparo y protección de la justicia federal tenga como efecto la reinstalación del quejoso, en atención, tanto al contenido de la del (sic) artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Ley Fundamental, como a la jurisprudencia 103/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte, que determina que del aludido numeral se desprende que los miembros de las instituciones policiacas podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja o cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Tiene aplicación la jurisprudencia 103/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 310, del Tomo XXXII, julio de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE.’ (se transcribió). En cuanto a los efectos del fallo protector, similar criterio adoptó este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión ********** y **********, resueltos en sesiones de catorce de octubre y ocho de diciembre de dos mil once, así como en los amparos en revisión **********, ********** y **********, resueltos por unanimidad en sesiones de diecinueve de enero, diez y dieciocho de febrero, de dos mil doce, respectivamente. ..."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el veintitrés de mayo de dos mil doce el amparo en revisión número **********, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Es fundado pero inoperante el primer agravio planteado e infundado el resto. ... En otro orden de ideas, resulta infundado el tercer agravio planteado por el quejoso. En él, aduce que el efecto del amparo concedido por el Juez Federal debió ser que la autoridad responsable la (sic) indemnizará de conformidad con la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123 constitucional, pues en la sentencia determinó que su destitución como policía fue injustificada por haberse determinado dentro de un procedimiento en el que se (sic) no se llevaron a cabo de forma legal las notificaciones de sus actuaciones. Bien, el artículo 80 de la Ley de Amparo establece que el objeto de (sic) la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo. En ese orden de ideas, la garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Sirve como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 47/95 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: ‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’ (se transcribió). Luego, debe entenderse que tratándose de amparos concedidos por violación a la garantía de audiencia, el efecto de dicha concesión, dependiendo de las formalidades que no hubiese respetado la autoridad responsable, será ordenarle que notifique del inicio del procedimiento al quejoso, que le otorgue la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar y el que dicte una resolución en la que dirima las cuestiones debatidas. Ahora, como ya se precisó, el quejoso reclama el cese de su cargo como oficial de policía impuesto en la resolución del procedimiento administrativo ********** incoado en su contra por el secretario de seguridad pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León. Asimismo, se advierte que tanto en su demanda de amparo y su ampliación, el quejoso planteó argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del procedimiento citado, en virtud de que en su sustanciación no se respetó su garantía de audiencia, pues no tuvo conocimiento del mismo ni participó en él, ya que las notificaciones de sus actuaciones se llevaron a cabo de forma ilegal. Luego, de la sentencia revisada se advierte que el Juez Federal estimó fundados dichos argumentos, ya que consideró que en el procedimiento en comento las autoridades responsable (sic) violaron su garantía de audiencia, pues las notificaciones del mismo se llevaron a cabo sin respetar las formalidades establecidas para ello en los artículos 198 bis, 31 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado y su municipios (sic), y 69 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria a aquéllas; esto pues las notificaciones de las actuaciones del procedimiento, en particular el emplazamiento al mismo, no se realizaron en el domicilio del quejoso, sino en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, además de que no se le corrió traslado con la copia de la propuesta de remoción y sus anexos al servidor público para que tuviera la oportunidad de formular un informe sobre los hechos y rendir las pruebas correspondientes y, por último, debido a que la notificación de la resolución en la que se le sancionó con la destitución de su cargo se entendió con una persona diversa. En ese tenor, el Juez precisó que al haber resultado fundados los argumentos del quejoso, debía de concederse el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento incoado en su contra, y la volviera a emplazar conforme a los requisitos legales del caso, para efecto de que el quejoso pudiese ofrecer en su defensa, pruebas y alegatos, a fin de desestimar su cese, y en el caso demostrar que fue injustificado, obtener la indemnización correspondiente. Ahora, bien, si del marco normativo expuesto se desprende que tratándose de amparos concedidos por violación a la garantía de audiencia, el efecto de dicha concesión será, dependiendo de las formalidades que no hubiese respetado la autoridad responsable, será (sic) ordenarle que notifique del inicio del procedimiento al quejoso, que le otorgue la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar y el que dicte una resolución en la que dirima las cuestiones debatidas; y en el caso el Juez Federal estimó que debía concederse el amparo solicitado en contra del procedimiento reclamado, por no haberse llevado a cabo de forma legal las diligencias de notificación, en particular el emplazamiento al quejoso, y por ende haberse vulnerado su garantía de audiencia, para el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24082-c5272319/seguridad-publica-la-sentencia-en-la-que-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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