SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA SEPARACIÓN PROVISIONAL DE LOS ELEMENTOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA REGIDOS POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE BAJA, PARA EL EFECTO DE QUE SE CONTINÚEN PAGANDO LOS EMOLUMENTOS QUE LES CORRESPONDEN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE AGOSTO DE 2015. MAYORÍA DE DIECIOCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, GASPAR PAULÍN CARMONA, DAVID DELGADILLO GUERRERO, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ Y GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DE CONCEDER LA SUSPENSIÓN. DISIDENTES: GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES Y PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA. MAYORÍA DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, DAVID DELGADILLO GUERRERO, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ Y PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CON EL VOTO EN CONTRA DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, GASPAR PAULÍN CARMONA Y MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, QUIENES UNA VEZ ADOPTADO EL CRITERIO EN EL SENTIDO DE QUE PROCEDE OTORGAR LA MEDIDA CAUTELAR, CONSIDERAN QUE SÓLO DEBE TENER EL EFECTO DE QUE SE PAGUE AL QUEJOSO LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL MÍNIMO PARA SU SUBSISTENCIA, Y NO LA TOTALIDAD DE SUS EMOLUMENTOS, COMO SI CONTINUARA EN FUNCIONES. PONENTE: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA. SECRETARIO: PAÚL FRANCISCO GONZÁLEZ DE LA TORRE.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 9 del Acuerdo General Número 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa que integran el Primer Circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-A fin de resolver la denuncia de contradicción, es conveniente informar respecto de las consideraciones sustanciales que sirvieron de base a los órganos contendientes para asumir su postura.
1. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Dicho órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de revisión RA. 251/2010, en sesión de doce de agosto de dos mil diez, interpuesto por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, modificó la interlocutoria de once de junio del propio año, dictada por la Juez Segundo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el expediente relativo al juicio de amparo 789/2010, y otorgó la suspensión a **********, para el único efecto de que se le sigan pagando sus emolumentos mientras se resuelve en definitiva el procedimiento administrativo instaurado en su contra por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Para llegar a esa conclusión, el tribunal explicó que, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, en los procedimientos instaurados en contra de los elementos policíacos, es factible decretar la suspensión temporal de carácter preventivo contra el elemento que se encuentre sujeto a investigación administrativa o averiguación previa, por actos u omisiones de los que pudieran derivar responsabilidades y cuya permanencia en el servicio represente afectación a la corporación o a la comunidad en general; además, dispone que esa medida subsistirá hasta que el asunto quede total y definitivamente resuelto en la instancia final del procedimiento de que se trate.
También prevé que, en el caso de que se declare que no incurrió en responsabilidad, al elemento sujeto a proceso se le reintegrarán los salarios y prestaciones que hubiera dejado de percibir con motivo de la suspensión.
Expuso que si la norma en mención dispone que se deben suspender a los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública que estén sujetos a investigación administrativa desde el inicio de dicho procedimiento y hasta que el asunto de que se trate quede total y definitivamente resuelto, ha de asumirse que lo que pretendió el legislador fue que tales elementos sean separados temporalmente en el desempeño de sus funciones porque, de continuar desempeñándolas mientras se les instruye el proceso correspondiente, podrían afectar a la corporación policiaca o a la comunidad en general, al grado de obstaculizar la conducción o continuación del procedimiento en que se determinará sobre su responsabilidad.
A partir de lo anterior, definió que el solo entorpecimiento del procedimiento administrativo es una razón que impide conceder la suspensión en relación con la ejecución del acto reclamado en cuanto la solicitó el demandante para que fuera reinstalado, ya que la sociedad guarda interés en que ningún procedimiento se paralice toda vez que, de ser así, se contravendrían disposiciones de orden público.
Sin embargo, en relación con el segundo aspecto de la ejecución de la orden de separación provisional del quejoso, decretada con motivo del inicio del procedimiento administrativo que le fue instaurado, consistente en suspender el pago de sus salarios, dio noticia de que la obligación de suspender o separar a los servidores públicos de sus funciones durante el lapso que transcurra entre el inicio del procedimiento de investigación hasta que el asunto se haya resuelto en la instancia final del procedimiento correspondiente, involucra la interrupción en el pago de sus emolumentos, y esto último es una medida contra la que sí procede la suspensión.
Lo anterior, en primer lugar, porque dicha medida puede ocasionar a la parte demandante daños y perjuicios de difícil reparación, ya que el hecho de dejar de percibir su sueldo puede poner en riesgo su propia subsistencia y la de los que de ella dependan.
Tal afirmación se sustentó en el hecho de que, a consecuencia de la suspensión de sus funciones, el quejoso está impedido para obtener un nombramiento diverso con el objeto de prestar sus servicios en alguna otra dependencia o entidad de la administración pública ya que, en caso contrario, tanto el solicitante de amparo, como quien le otorgue el nombramiento, incurrirían en una causa de responsabilidad administrativa prevista en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, aplicable en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Además, el hecho de estar suspendido en el desempeño del servicio, por sí, explica las dificultades que ese servidor público puede tener para lograr su acomodo laboral con un patrón distinto al Estado, es decir, en términos del artículo 123, apartado A, constitucional, pues carece de disponibilidad para el empleo.
Explicó también el tribunal, que la suspensión del empleo de un servidor público significa, justamente, que no está disuelta jurídicamente la relación administrativa que lo vincula con el Estado ni ha dejado de existir, sino sólo está en suspenso mientras se resuelve el proceso administrativo que definirá su separación o permanencia, esto es, si subsiste o deja de existir ese vínculo administrativo entre ambos sujetos.
Es decir, en virtud de que no se ha determinado aún la subsistencia o insubsistencia de la relación laboral, es factible que se sigan pagando a la parte quejosa las remuneraciones que obtendría de estar en activo.
Por último, explicó el órgano judicial contendiente, la circunstancia de que se le pague su sueldo mientras dure el procedimiento administrativo, no vulnera normas de orden público ni lesiona el interés social.
Lo primero, porque, si bien es cierto que el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal prevé que se reintegrarán salarios y prestaciones que hubiera dejado de percibir el elemento que estuvo sujeto a proceso y que no haya incurrido en responsabilidad, también lo es que no existe disposición que prohíba que a los servidores públicos que estén suspendidos en la función, con motivo de la instrucción de un procedimiento administrativo, se les paguen sus emolumentos.
En otras palabras, si bien existe una norma que establece que se pagarán con posterioridad los sueldos a que tienen derecho los miembros de las Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a quienes les fue instaurado procedimiento administrativo, lo objetivamente cierto es que ni ese precepto ni alguna otra disposición prohíbe que se le siga pagando su remuneración hasta en tanto no se resuelva su situación laboral dentro de la institución de seguridad pública.
Determinó que tampoco se lesiona el interés social, porque el propósito de la ley al autorizar la separación provisional es que los elementos policíacos que están en esta situación no entorpezcan de alguna manera la continuación o conducción de los procesos o procedimientos instaurados en su contra, y tal pretensión queda satisfecha porque la suspensión otorgada no incidirá en ese aspecto.
Por tanto, concluyó el tribunal contendiente, es procedente la medida cautelar solicitada respecto de la suspensión del pago del salario del quejoso, pues la relación laboral sigue existiendo, su pago no contraviene disposiciones de orden público, ni afecta el interés social y, de no concederse, se le ocasionarían daños de difícil reparación.
Agregó que, en caso de que se continúe pagando el sueldo al quejoso y sea determinada su responsabilidad, no es suficiente para que se convalide la suspensión del pago de la remuneración a que tiene derecho, pues el bien jurídicamente tutelado en este caso es superior al relativo a que la dependencia a la que pertenece recupere las cantidades de dinero que le pague durante el lapso en que se lleve a cabo el procedimiento administrativo de que ha sido objeto; máxime que no existe disposición alguna que impida a la autoridad que, en caso de acreditarse la responsabilidad de la parte quejosa, se le requiera que devuelva las cantidades que percibió indebidamente.
Las razones que sustentaron la decisión del tribunal en cuanto a que se reúnen los requisitos previstos por la legislación de amparo, orientaron el sentido de las ejecutorias dictadas por el propio órgano, al resolver los recursos de revisión RA. 247/2011, RA. 296/2011 y RA. 266/2013, así como el recurso de queja QA. 115/2011.
A partir de las ejecutorias dictadas en tales expedientes, se integró la jurisprudencia I.1o.A. J/3, de rubro: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. SI DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO O DE SEPARACIÓN DE UN ELEMENTO DE UN CUERPO POLICIAL O DE UN ÓRGANO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA SE DECRETÓ SU SEPARACIÓN PROVISIONAL DEL CARGO QUE DESEMPEÑA, ES FACTIBLE CONCEDER ESA MEDIDA ÚNICAMENTE CONTRA LA SUSPENSIÓN EN EL PAGO DE SUS HABERES.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, página 924.
2. Criterio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Tal órgano judicial, al resolver en sesión de veintiséis de febrero de dos mil quince, el recurso de revisión RI. 400/2014, interpuesto por **********, quejoso en el juicio de amparo 2271/2014, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en la materia del recurso, confirmó la interlocutoria dictada por la titular del juzgado y negó la suspensión solicitada para que se le continuaran pagando su salario y demás prestaciones que percibía el promovente como agente de la Policía Federal.
Explicó que, en términos de los artículos 31, 33 y 34 de la Ley de la Policía Federal, el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal podrá instaurar un procedimiento en contra de los integrantes de dicha corporación policial por incumplimiento a los requisitos de permanencia o por infracción al régimen disciplinario, para lo cual, debe emitir un acuerdo en el que cite al presunto infractor a una audiencia, haciéndole saber la infracción que se le atribuye, el lugar, el día y la hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y formular alegatos, por sí o asistido de un defensor.
Igualmente, explicó el Tribunal Colegiado, el referido consejo federal tiene facultades para suspender temporalmente al presunto infractor en el empleo, cargo o comisión del presunto infractor, si a su juicio es conveniente para la continuación del procedimiento o de las investigaciones seguidas en su contra.
Corolario de lo anterior, la consecuencia es la suspensión del salario por concepto de retribución a la prestación de un servicio.
Esto es así, expuso, pues la realización del empleo, cargo o comisión que desempeña el presunto infractor es, precisamente, la causa generadora del pago de su salario y demás prestaciones, de modo tal que no puede afirmarse que el legislador sólo se refirió a la suspensión del empleo, cargo o comisión, sin incluir los salarios y prestaciones, pues, de ser así, lo hubiese establecido expresamente.
Consideró el órgano judicial contendiente, que la intención del legislador fue que la suspensión temporal del presunto infractor en su empleo, cargo o comisión, lleve implícita la suspensión del salario y demás prestaciones, pues el hecho de que deje de laborar en el cargo que ocupa, necesariamente afectará el pago de su salario y demás prestaciones, en tanto que el primero es el origen del segundo.
De ahí que no es posible afirmar que el legislador omitió establecer una disposición legal que impidiera suspender el salario y demás prestaciones del presunto infractor, mientras se encontrara sujeto al procedimiento de separación, pues del contenido del artículo 34 de la Ley de la Policía Federal, se advierte que el legislador previó implícitamente que la suspensión temporal del presunto infractor en su empleo, cargo o comisión, conlleva a la suspensión de su salario y demás prestaciones.
Luego, concluyó el Tribunal Colegiado, es claro que con el otorgamiento de la medida cautelar definitiva respecto de la suspensión del pago del salario y demás prestaciones, se afectará la suspensión del empleo, cargo o comisión, ya que la realización de este último es la causa generadora del segundo.
Además, expuso, aun cuando el artículo 34 de la Ley de la Policía Federal establezca que la suspensión temporal del presunto infractor tiene por objeto impedir que se obstaculice la continuación del procedimiento o la investigación, ello no imposibilita examinar la procedencia de la suspensión sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, entre los que destacan que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
Por tal razón, la finalidad que se haya establecido para la suspensión temporal del presunto infractor no impide estimar que con el otorgamiento de la medida cautelar definitiva se contravendrían disposiciones de orden público o se causaba perjuicio al interés social.
Por otra parte, desestimó los planteamientos del recurrente que hizo valer en el sentido de que, con la negativa de la suspensión definitiva, se le causarían daños de imposible reparación, pues el hecho de dejar de percibir su salario y demás prestaciones puede poner en riesgo su subsistencia y la de las personas que dependen de él, lo cual no podrá resarcirse en el supuesto de obtener una sentencia favorable a sus intereses.
Lo anterior con base en que, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de la Policía Federal, si el presunto infractor deje de laborar transitoriamente en el periodo que está sujeto a procedimiento, necesariamente se verá afectado el pago de su salario y demás prestaciones, en tanto que el primero es el origen del segundo.
Es decir, sostuvo el tribunal, la suspensión del empleo, cargo o comisión decretada en contra del presunto infractor imposibilita el pago de la retribución correspondiente, precisamente, porque la prestación del servicio genera el pago del salario, de modo tal que no puede subsistir uno sin el otro.
De ahí que no es posible que con la medida cautelar definitiva el elemento de la Policía Federal continúe recibiendo el pago de su salario y demás prestaciones, cuando se encuentra suspendido temporalmente de su empleo, cargo o comisión, con motivo de la instrucción del procedimiento administrativo disciplinario.
Lo anterior, porque el salario y demás prestaciones no pueden subsistir sin la prestación del servicio que tiene encomendado el quejoso, pues, para que se pueda entregar la retribución correspondiente, previamente debe realizar dicho servicio, lo cual no se actualiza en la especie.
En consecuencia, concluyó el Tribunal Colegiado, no basta para que sea jurídicamente posible otorgar la suspensión en el juicio de amparo para que se le continúe pagando su salario que, de negarse, se le causaría un perjuicio de imposible reparación, pues, reiteró, ello encuentra justificación en la efectiva prestación del servicio en la institución policial a la que pertenece.
CUARTO.-Una vez establecidas las posturas que originaron la denuncia de contradicción que nos ocupa, corresponde verificar su existencia.
Con esa finalidad, conviene precisar que, conforme a la mecánica que prevalece en la calificación sobre la existencia de la contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se configura cuando los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos implicados en la denuncia, examinan temas jurídicos esencialmente iguales, incluso cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a los cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones contenidos en las sentencias respectivas.
Dicho criterio está reflejado en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
También se ha estimado que, para el surgimiento de la contradicción, es indispensable que lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, y que, además, la problemática jurídica examinada en los criterios antagónicos goce de generalidad y no de individualidad, de manera tal que con la jurisprudencia que derive del fallo de la contradicción se cumpla el objetivo perseguido por tal institución, que es el de dar certidumbre jurídica.
En atención a lo expuesto, y con base en los razonamientos que tuvieron en cuenta el Primero y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, de los que se dio noticia en el considerando que antecede, se desprende que, en el caso, existe la contradicción de criterios denunciada, ya que los mencionados órganos judiciales, al resolver los asuntos que participan en esta contienda, examinaron temas jurídicos sustancialmente iguales, en particular, si en el juicio de amparo es procedente otorgar la suspensión contra la separación provisional de un elemento policial, decretada con motivo el inicio de un procedimiento administrativo en su contra, para el efecto de que se le sigan pagando su salario y demás prestaciones, y arribaron a criterios jurídicos discrepantes.
La circunstancia de que el análisis efectuado por tales Tribunales Colegiados haya derivado de asuntos en que se examinaron normas contenidas en ordenamientos distintos, esto es, la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Ley de la Policía Federal, no impide que se configure la contradicción de tesis, puesto que, como lo ha sostenido el Alto Tribunal, a pesar de que los criterios divergentes deriven del análisis de disposiciones legales o reglamentarias de distintas entidades federativas, incluso entre normas de órdenes de gobierno distintos, es necesario resolver la contradicción de tesis denunciada, porque las hipótesis analizadas por los órganos contendientes regulan una medida cautelar idéntica aplicable a los procedimientos instaurados contra elementos de instituciones policiales del Distrito Federal y del orden federal.
Sirve de apoyo a la conclusión alcanzada, en lo conducente y por igualdad de razón, la tesis aislada 1a. LXI/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2, página 1198, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ABORDARON EL ESTUDIO DEL TEMA, CON BASE EN UN PRECEPTO DE IGUAL CONTENIDO JURÍDICO PARA LEGISLACIONES DE DISTINTOS ESTADOS.-Cuando al examinar una contradicción de tesis se advierte que los Tribunales Colegiados pertenecientes a distintos circuitos hicieron el ejercicio interpretativo de una disposición en el ámbito de sus respectivas legislaciones, no procede declararla inexistente por esa sola circunstancia, siempre y cuando los preceptos en análisis sean de igual contenido jurídico; motivo por el cual, ante la divergencia de criterios, lo conducente es que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la tesis que debe prevalecer."
Corrobora la conclusión que precede, la circunstancia de que los agentes de instituciones policiales, sean federales o locales, los agentes y peritos del Ministerio Público están sujetos por disposición constitucional a un régimen excepcional que los coloca, en aspectos como su régimen disciplinario y requisitos de permanencia, en una situación equivalente, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Norma Fundamental; de ahí que, como se anunció, la circunstancia de que hayan sido analizados legislaciones de órdenes de gobierno distintos no impide la configuración de la contradicción de criterios, pues lo verdaderamente relevante es que el punto jurídico sobre el que existe discrepancia es, si se reúnen los requisitos para otorgar la suspensión en el juicio de amparo contra las medidas cautelares decretadas en procedimientos instaurados contra elementos de cuerpos policíacos, concretamente, a efecto de que se les sigan pagando sus emolumentos.
Asimismo, cabe agregar que, atendiendo a que el propósito de la denuncia de contradicción de tesis es que, a través de un criterio jurisprudencial, se supere la inseguridad jurídica derivada de posturas divergentes sostenidas sobre un mismo problema de derecho por órganos del Poder Judicial de la Federación, es intrascendente que el examen sobre la procedencia de la suspensión en cuatro de los cinco precedentes que dieron lugar a la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se haya efectuado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, y en la ejecutoria del diverso Décimo Segundo se haya analizado con base en la legislación actualmente vigente.
Así se concluye, porque los requisitos previstos en la normatividad vigente a partir del tres de abril de dos mil trece son esencialmente iguales, que los que disponía la ley abrogada; en consecuencia, como lo ha sostenido el Alto Tribunal, a pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentren en vigor, por haber sido derogados o abrogados los ordenamientos a que pertenecen, es necesario resolver la contradicción de tesis denunciada, porque la Ley de Amparo vigente repite, en lo esencial, los requisitos de procedibilidad de la suspensión que examinaron los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación contendientes; además de que, de este modo, se cumple con la finalidad de fijar criterios que conserven vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica para casos futuros y reiterados.
Sirve de apoyo a la conclusión alcanzada, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 87/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 70, cuyos rubro y texto son:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES.-A pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentren en vigor, por haber sido derogados o abrogados los ordenamientos a que pertenecen, es necesario resolver la contradicción de tesis denunciada en el caso de que los ordenamientos vigentes, que sustituyeron a aquéllos repitan, en lo esencial, las hipótesis normativas cuya interpretación por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio lugar a la contradicción de tesis, puesto que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica."
Consecuentemente, al no haber coincidencia entre las posturas adoptadas por los Tribunales Colegiados involucrados y, por tanto, actualizarse la contradicción de tesis denunciada, corresponde a este Pleno de Circuito definir, si en el juicio de amparo es jurídicamente posible conceder la suspensión a efecto de que, al elemento policial del Distrito Federal o de la Pol
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25876-b8312353/suspension-en-el-juicio-de-amparo-procede-otorgarla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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