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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE OTORGARLA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RETENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. · Registro digital (IUS): 28318
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-02-01
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Pág. 2078.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 31 DE OCTUBRE DE 2018. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ERICK BUSTAMANTE ESPINOZA, ALBA LORENIA GALAVIZ RAMÍREZ, MANUEL JUÁREZ MOLINA, RICARDO SAMANIEGO RAMÍREZ Y MARIO PEDROZA CARBAJAL. DISIDENTE Y PONENTE: GABRIEL ALEJANDRO PALOMARES ACOSTA. SECRETARIA: VIRGINIA GUADALUPE OLAJE CORONADO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

Este Pleno del Quinto Circuito es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación.

La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(1) en virtud que fue realizada por **********, quien con las constancias exhibidas en autos acreditó ser autorizada legal de los quejosos ********** y **********, en amplios términos de lo previsto en el artículo 12 de la misma ley.

Es aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 152/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.—El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."(2)

TERCERO.—Criterios contendientes.

Las consideraciones torales de las ejecutorias objeto de denuncia, son:

I. Recurso de queja 113/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito:

"CUARTO.—El único agravio es infundado.

"...

"Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, precisa destacar que el quejoso promovió amparo señalando como autoridades responsables: al Congreso, a la gobernadora y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, todos del Estado de Sonora, a quienes les atribuyó la aprobación, expedición, promulgación y aplicación del artículo 25 de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con motivo de su primer acto de aplicación, lo que aclaró, se tradujo en el descuento del 7% en la jubilación mensual que dijo ocurrió en el mes de enero de dos mil trece.

"...

"Por su parte, el quejoso solicitó la suspensión de los actos reclamados considerando que de otorgársele no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, por tanto peticionó la medida para que: ‘... la autoridad responsable ISSSTESON, se abstenga de seguirme descontando el concepto de «servicio médico», en los pagos de mi jubilación mensual –cuyo fundamento es precisamente la norma general tildada de inconstitucional–, en tanto cause ejecutoria la sentencia definitiva de este juicio de amparo indirecto’.

"Y adicionó: ‘Al concederse la medida suspensional de referencia, es de suma importancia que con fundamento en los artículos 131, segundo párrafo, y 139, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se especifique a la autoridad responsable ISSSTESON, que no debe restringirme el derecho al servicio médico que corresponde a los pensionados y jubilados conforme al artículo 23 de la Ley Número 38, referente al seguir de enfermedades no profesionales. Lo anterior, toda vez que al dejarse de hacer el descuento del concepto de «servicio médico», es muy probable que la responsable pretenda restringir los servicios médicos que me brinda ...’.

"Por su parte, el Juez de Distrito negó la suspensión provisional de los actos reclamados al considerar que no se reúnen los requisitos contenidos en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que el efecto para el cual se solicita la medida, es decir, para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se abstenga de descontarle al quejoso los pagos de su jubilación mensual por concepto de ‘servicio médico’, es materia del fondo del amparo, aunado a que no puede dársele efectos restitutorios.

"Asimismo, el juzgador refirió a manera de mayor abundamiento, que tampoco se cumple con los requisitos previstos en la fracción II del artículo 128 citado, ya que es evidente que es mayor el perjuicio que podrían sufrir las metas del interés colectivo perseguidas con el acto concreto de aplicación del artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

"Pues bien, como se adelantó, los argumentos del recurrente son infundados.

"En efecto, aun cuando como lo afirma el recurrente, de conformidad con el numeral 148, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en los juicios de amparo en que se reclame una norma heteroaplicativa –como en el caso–, la suspensión se otorgará para impedir sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica del quejoso,(3) también lo es, que ese precepto debe interpretarse de manera sistemática con el resto de los preceptos aplicables del propio ordenamiento, que prevén diversas reglas para resolver la medida de que se trata, entre los que se encuentra el artículo 128 de la citada ley, el cual establece los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte.

"Por tanto, antes de verificar la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 148, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a que alude el recurrente, es necesario analizar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128 de la propia ley, ya que de advertir que no se satisface alguno de ellos, la suspensión provisional de los actos reclamados, resulta improcedente a pesar de que se reclame una norma con motivo de su primer acto de aplicación.

"En efecto, el artículo 128 de la Ley de Amparo: (se transcribe)

"Ahora, el Juez de Distrito, para conceder la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo debe verificar diversos elementos, esto es, si el acto reclamado es cierto, pues no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes, dado que no existiría materia sobre la cual decretar dicha medida.

"Para verificar la certeza de los actos reclamados, tratándose de la suspensión provisional, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realiza el quejoso.

"Por otra parte, es necesario revisar que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, dado que ningún efecto práctico tendría realizar un pronunciamiento sobre los requisitos que establece la ley, para conceder la medida cautelar, si el acto reclamado, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser paralizado a través de la suspensión, como podría ser el caso de actos negativos, consumados, declarativos, entre otros. Por último, debe verificar que se encuentren satisfechos los requisitos legales a los que se ha hecho mención, previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente.

"En el caso, el primero de los requisitos se encuentra satisfecho, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicitó la medida suspensional de los actos reclamados para el efecto de que no se le descuente el 7% de su pensión por concepto de servicio médico por aplicación del artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

"El segundo de los requisitos previstos en la ley para la concesión de la medida suspensional provisional de los actos reclamados, como se estableció en la resolución recurrida, no se encuentra satisfecho, toda vez que de hacerlo se causaría perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, pues de concederse la medida cautelar solicitada se vería comprometido el funcionamiento y desarrollo de la prestación del servicio de seguridad social que proporciona el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, dejando la carga económica de hacerlo únicamente al Gobierno Estatal u organismo público incorporado a que corresponda.

"En efecto, el artículo 25 de la Ley Número 38 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, reclamada por el ahora recurrente, establece: (se transcribe)

"Por su parte, los artículos 23 y 24 de la ley reclamada establecen las prestaciones a que tiene derecho el trabajador y el pensionista como el quejoso, así como los familiares que se precisan, en caso de enfermedad no profesional, esos numerales prevén: (se transcriben)

"De ello se sigue, que si se suspendieran los efectos de la norma tildada de inconstitucional para los efectos que pretende el quejoso, es decir, para que no se le efectúe el descuento del 7% del monto de la pensión mensual por jubilación que recibe, se trastocarían las normas de orden público y al interés de la sociedad, toda vez que como se indicó, se comprometería la obtención de los fondos derivados de las aportaciones que realiza en su carácter de pensionado junto con el Estado o alguna institución, los cuales son necesarios para lograr las funciones asistenciales entre las que se encuentra la prestación del servicio médico por enfermedades no profesionales y de maternidad, tanto para los trabajadores como para los jubilados y sus familiares, lo que se traduce en que el instituto no podría prestar sus servicios y cumplir con sus objetivos, lo que se traduce en la afectación del derecho a la salud de los derechohabientes y sus familiares.

"Es por ello, contra lo alegado por el recurrente, de concederse la suspensión para el efecto de que la parte quejosa incumpla con su obligación de aportar el porcentaje previsto en el artículo 25 de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se causaría mayor perjuicio al interés social y al orden público, en comparación con el perjuicio que pudiera causarle, como lo es el descuento del 7% de su pensión mensual, pues esas aportaciones son necesarias para cumplir con el objetivo del organismo señalado como responsable, como lo es, prestar el servicio de salud a los trabajadores y pensionados del Estado de Sonora y sus familiares, siendo que la sociedad está interesada en que ese servicio se preste de la mejor manera posible.

"Asimismo, como fue establecido en la resolución recurrida, de concederse la suspensión provisional del acto de aplicación reclamado para los efectos solicitados por el quejoso, se le darían efectos restitutorios, propios de la sentencia de fondo.

"Máxime, que en el supuesto de que se concediera el amparo, tendría por efecto que se le restituyeran las cantidades que le han sido descontadas desde el periodo que determine el juzgador.

"No pasa inadvertido para a este tribunal, la circunstancia de que el quejoso goza de una pensión suficiente para satisfacer sus necesidades básicas que le permiten tener una vida digna, ya que el mismo afirma disfrutar de una pensión mensual de veinte mil setecientos cincuenta pesos, en comparación con la aportación de mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos con cincuenta centavos.

"Por último, no es procedente lo solicitado por el quejoso en el sentido de que se le instruya al organismo de seguridad social señalado como responsable le siga prestando el servicio, a pesar de que no aporte la cantidad que se le está descontando, porque no se le ha negado la prestación del servicio médico, y no fue señalado como acto reclamado, sin que el Juez de Distrito quede vinculado a los efectos para los cuales se solicita la suspensión.

"Por tales razones, a pesar de que en el caso, se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con motivo de su primer acto de aplicación, se considera improcedente conceder la suspensión provisional de sus efectos, en términos del artículo 148, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que dicha regla contenida en el numeral citado no debe ser vista aisladamente sino de manera armónica con lo dispuesto en el artículo 128, fracción II, de la propia ley, es decir, aun cuando se trate de normas heteroaplicativas, es necesario realizar una valoración de los requisitos de interés social y disposiciones de orden público.

"Al respecto, es aplicable por las razones que informa, la tesis I.18o.A. J/1 (10a.) emitida por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte y está localizada en la página 1824, Libro 19, Tomo II, junio de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMEN DISPOSICIONES AUTOAPLICATIVAS, PARA RESOLVER SOBRE SU CONCESIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ANALIZARSE SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 128 DEL PROPIO ORDENAMIENTO.’ (se transcribe) ..."

II. Recurso de queja 134/2018 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito:

"QUINTO.—Es sustancialmente fundado el agravio planteado por la parte recurrente.

"Previo a dar respuesta al agravio hecho valer, se asienta como antecedente que de la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados por la quejosa, se hicieron consistir en:

"‘A) Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), reclamo la primera aplicación, y las subsiguientes, del artículo 25 de la Ley Número 38 (Ley del ISSSTESON), que regula la operación y funcionamiento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por la inconstitucionalidad de ese precepto legal.

"‘Al respecto debo aclarar dos cosas: primero, que la aplicación de esa norma se tradujo en un descuento del 7% (siete por ciento) en la jubilación mensual que percibo como jubilada del ISSSTESON y, segundo, que el acto que motiva esta demanda aconteció cuando recibí la primera mensualidad de mi jubilación, precisamente en el mes de diciembre de dos mil diecisiete.

"B) Del H. Congreso Constitucional del Estado de Sonora, reclamo la aprobación y expedición del artículo 25 de la Ley Número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por la inconstitucionalidad de ese precepto legal.

"‘C) De la C. Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, reclamo la promulgación del artículo 25 de la Ley Número 38 del ISSSTESON, por la inconstitucionalidad de ese precepto legal.’

"Asimismo, del referido escrito inicial se advierte que la suspensión se solicitó como sigue:

"‘XII. Suspensión del acto reclamado:

"‘Para finalizar, y tomando en consideración que en el presente caso no se actualiza ninguna (sic) de los supuestos previstos en el artículo 129 de la Ley de Amparo y, por consecuencia, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, solicito se me conceda la suspensión provisional del acto reclamado –y en su momento la definitiva–, para que la responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), se abstenga de seguirme descontando el concepto de «servicio médico», en los pagos de mi jubilación mensual –cuyo fundamento es precisamente la norma general tildada de inconstitucional–, en tanto cause ejecutoria la sentencia definitiva de este juicio de amparo indirecto.

"‘Al concederse la medida suspensional de referencia, es de suma importancia que con fundamento en los artículos 131, segundo párrafo, y 139, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se especifique a la autoridad responsable ISSSTESON, que no debe restringirme el derecho al servicio médico que corresponde a los pensionados y jubilados conforme al artículo 23 de la Ley Número 38, referente al seguro de enfermedades no profesionales. Lo anterior, toda vez que al dejarse de hacer el descuento del concepto de «servicio médico», es muy probable que la responsable pretenda restringir los servicios médicos que me brinda.’

"Asimismo, se asienta que de la documental exhibida con la demanda de amparo, consistente en el recibo de pago de pensión expedido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a favor de la impetrante, correspondiente al pago de pensión del mes de diciembre de dos mil diecisiete, aparece un descuento con la clave ‘25’ por el importe de mil novecientos seis pesos con noventa y ocho centavos ($1,906.98), relativo al concepto ‘servicio médico’, como alude en su demanda la peticionaria, hoy recurrente.

"En el auto recurrido, el juzgador de amparo resolvió negar la suspensión provisional para los efectos solicitados por la quejosa.

"Lo anterior bajo el argumento de que los efectos para los cuales la quejosa solicitó la medida cautelar, sería materia de análisis del fondo del amparo, además de que a la suspensión no podía dársele efectos restitutorios.

"Asimismo, precisó que de igual forma era improcedente conceder la suspensión provisional, porque en el caso no se cumplía el requisito establecido en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues resultaba evidente que era mayor el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional.

"Con el propósito de combatir tal determinación, la parte inconforme aduce que el juzgador de distrito viola por falta de aplicación el artículo 148 de la Ley de Amparo, porque de lo resuelto se puede inferir que equivale a establecer que la suspensión provisional no es procedente en tratándose de normas generales combatidas con motivo de su primer acto de aplicación, como sucedió en la especie, en virtud de reclamarse el numeral 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con motivo de su primer acto de aplicación, que se traduce en el descuento del siete por ciento de la jubilación que percibe por parte de instituto responsable.

"Agrega, que del contenido del citado numeral 148, se colige que sí es procedente la medida suspensional del acto reclamado, cuando se trate de una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, como aconteció en la especie, pudiendo tener la suspensión el alcance de impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera del quejoso, o bien, los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación; de ahí que resulta contrario a la verdad que no pueda conceder la medida suspensional en los términos solicitados.

"Como se anunció, es sustancialmente fundado el agravio hecho valer, aunque para ello se acuda a la suplencia de la queja deficiente a favor de la parte quejosa, por tener la calidad de pensionada, por lo cual en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, opera dicha figura jurídica en su beneficio.

"...

"Ahora, como lo aduce la inconforme, es procedente suspender los efectos del acto de aplicación en perjuicio de la parte impetrante de la norma tildada de inconstitucional, sin que ello se traduzca en dejar sin efecto lo establecido en la mencionada disposición que prevé el descuento relativo y, por consecuencia, establecer que con su otorgamiento resolvería el fondo del asunto, como de manera inexacta lo sostuvo en el auto recurrido el Juez de Distrito recurrido.

"Es así, ya que el suspender el descuento que señala la disidente, y que dice prevé el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, tildado de inconstitucional, de ninguna manera implica resolver la materia del fondo del asunto, como es la inconstitucionalidad de dicha norma, ni otorgarle efectos restitutorios a la aludida medida cautelar, sino que ello representa suspender provisionalmente a favor de la impetrante, mientras se resuelve sobre la suspensión definitiva, el descuento que prevé esa norma general; de tal suerte que sólo si se concede el amparo por considerarse eventualmente inconstitucional la citada norma, hasta entonces puede dejarse sin efectos el descuento establecido en la misma.

"Además, como lo afirma la recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 148(4) de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado es una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, como sucede en el caso, procede otorgar la suspensión a fin de impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la quejosa.

"De igual forma, contra lo señalado por el resolutor de amparo, en el caso a estudio este tribunal advierte que de concederse la medida suspensional solicitada, no se vulnera la fracción II del artículo 128 de la ley de la materia.

"A efecto de acreditar lo anterior en primer término, es necesario establecer que el importe mensual que se retiene a la parte quejosa participa de la naturaleza de una aportación de seguridad social, y ésta, a su vez, constituye una contribución, en términos del artículo 2o., fracción II, del Código Fiscal de la Federación.

"En apoyo a lo anterior, se invoca el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 111/2012 (10a.),(5) del contenido siguiente: ‘FONDO DE PENSIONES. LA APORTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA ES DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR TANTO, CONSTITUYE UNA CONTRIBUCIÓN SUJETA A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA FISCAL.’ (se transcribe)

"Ahora bien, el artículo 135 de la Ley de Amparo, en el cual se prevé la procedencia de la suspensión contra el cobro de contribuciones, establece lo siguiente: (se transcribe)

"Como puede verse, el citado numeral pone de manifiesto que la Ley de Amparo establece una regla específica para el otorgamiento de la suspensión en contra de contribuciones, para lo cual precisa que, por regla general, puede concederse de manera discrecional la referida medida cautelar, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, con lo cual se asegura el interés fiscal.

"Por tanto, el otorgamiento de la suspensión contra el cobro de contribuciones debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y a las particularidades de caso, a partir de un análisis ponderado de la apariencia de buen derecho, frente a la posible afectación al interés social, tal como lo establece la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, en relación con el numeral 138 de la Ley de Amparo.

"Ahora bien, en el presente caso, la hoy recurrente reclamó de las autoridades responsables el descuento contenido en el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora por ‘servicio médico’, ley que tildó de inconstitucional en el escrito inicial de demanda de amparo.

"De esa manera, cabe concluir que el Juez de Distrito no estuvo en lo correcto al negar la suspensión provisional del acto reclamado de que se trata, al estimar que no se reunió el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo.

"Lo anterior, pues el Juez Federal de manera inexacta precisó que de concederse la medida cautelar de que se trata, resultaba evidente que era mayor el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional.

"Se afirma que lo anterior es inexacto, en razón de que dicho juzgador no tuvo algún medio de prueba para considerar que el otorgamiento de dicha suspensión provisional tendría por efecto comprometer las metas de interés colectivo perseguidas con el cobro por concepto de servicio médico, que se traducen en el funcionamiento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

"Ello, toda vez que, para que se estime que la concesión de la medida cautelar puede privar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora de alguna suma en forma tal que se impida la prestación de los servicios médicos o las funciones asistenciales tanto para los trabajadores como para los jubilados y sus pensionados, no basta que la ley de donde emane el impuesto, cuyo cobro se pretende suspender sea de orden público, ni que el cobro de contribuciones tenga por objeto sufragar los gastos necesarios para el desarrollo de las referidas funciones del instituto, sino que se requiere la existencia de algún medio de prueba o dato concreto que, por lo menos indiciariamente acredite tales aspectos, lo cual no sucede en el caso.

"Luego, si no existe medio de prueba o dato concreto alguno que acredite por lo menos indiciariamente que de no pagarse la contribución prevista en la ley reclamada con motivo de la suspensión provisional solicitada por el aquí recurrente, efectivamente se ocasionarían perjuicios trascendentales al orden público y al interés social, esto es, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no podría prestar sus servicios y cumplir con sus objetivos, es claro que no existe razón, en principio, para negar el otorgamiento de la providencia cautelar de que se trata, bajo el argumento de una pretendida afectación en abstracto al interés social.

"Lo anteriormente expuesto conduce a estimar que asiste razón jurídica a la recurrente, pues además de que, por regla general, procede la concesión de la suspensión contra del cobro de contribuciones, en términos de la disposición contenida en el artículo 135 de la ley de la materia, debe tenerse en cuenta que en este caso concreto, hasta esta fase procesal, no existe dato concreto o indicio alguno que permita considerar que la concesión de la medida cautelar podría afectar las funciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a grado tal de impedir la prestación eficaz del servicio médico y, ante ello, resulta claro lo fundado del agravio de que se trata.

"En la inteligencia de que al analizar la suspensión definitiva, merced a los informes previos que rindan las autoridades responsables, dicha determinación podría variar, si el resolutor de amparo cuenta con mayores elementos, es decir, tanto los argumentos como las pruebas que en su caso se podrán hacer valer en dicha fase procesal.

"Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis sustenta por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes:(6) ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL CONSTITUIDA POR EL QUEJOSO, COMPRENDE EL POSIBLE DAÑO A LA COLECTIVIDAD, DERIVADO DE QUE CON LA CONCESIÓN DE DICHA MEDIDA AQUÉL NO PAGARÁ LA CONTRIBUCIÓN PREVISTA EN LOS PRECEPTOS RECLAMADOS E, INDIRECTAMENTE, EL INTERÉS SOCIAL.’ (se transcribe).

"En mérito de lo anterior, se impone revocar la determinación tomada en el auto recurrido de negar la suspensión provisional solicitada y, en consecuencia, al reunirse en el caso los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la invocada ley reglamentaria de la materia, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (sic) del Estado de Sonora suspenda la retención mensual que hace a dicha quejosa por la cantidad de mil novecientos seis pesos con noventa y ocho centavos ($1,906.98), por concepto de servicio médico, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva.

"De conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión otorgada surte efectos desde luego, es decir, desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo.

"De ahí que, como medida de efectividad de la suspensión y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo, la suspensión surtirá efectos desde luego; sin embargo, dejará de surtirlos si dentro del plazo de cinco días, la parte quejosa no constituye la garantía del interés fiscal de la cantidad total objeto de descuento con motivo del concepto que alude la peticionaria, en cualquier forma legal, ante la autoridad exactora.

"Además, la efectividad de la medida queda condicionada a que, mientras se resuelva la suspensión definitiva, la parte quejosa constituya la ga

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28318-238f4007/suspension-provisional-procede-otorgarla-en-el-amparo-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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