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Modo: Corpus Pro

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN SEDE JURISDICCIONAL CUANDO SE ADVIERTAN VIOLACIONES PROCESALES, FORMALES O DE FONDO EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARARLOS, DESTITUIRLOS O CESARLOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/2016. · Registro digital (IUS): 26696
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-10-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, Pág. 865.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 6 DE JULIO DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTARON CON SALVEDAD JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: JORGE ROBERTO ORDÓÑEZ ESCOBAR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, ya que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de diversos circuitos, es decir, por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver un tema en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.

TERCERO.-Criterios contendientes.

I. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito

El órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo administrativo 738/2015 sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO.-Antecedentes. Resulta oportuno hacer mención de los precedentes del acto reclamado antes de emprender el estudio de los conceptos de violación expresados por el garante.

"Por escrito presentado el siete de abril de dos mil quince ********** demandó de diversas autoridades la nulidad lisa y llana de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, emitida en el procedimiento administrativo **********, mediante la cual se decretó la remoción del cargo que desempeñaba como policía preventivo adscrito a la Dirección General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos.

"Entre los aspectos que destacó en su escrito inicial de demanda, se advierte la manifestación que hizo el actor relacionada con aquella que informa que de las documentales con las cuales se le corrió traslado en el procedimiento de origen no se adjuntaron la totalidad de las constancias de cada una de las evaluaciones de control y confianza que se le practicaron y que concluyeron que no era apto para el desempeño de sus funciones, razón por la cual, se determinó destituirlo en el cargo (folios 30 y 31 del juicio de nulidad).

"Al producirse la correspondiente contestación de demanda, se sostuvo que era improcedente, porque los exámenes de control y confianza, polígrafo y personal que realizan dichas experticias son solicitadas por el Gobierno del Estado y no están a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana demandada, razón por la cual, no obran en el expediente de origen (folios 92 y 93 ídem).

"El veintinueve de septiembre de dos mil quince, el Tribunal de Justicia Administrativa emitió la sentencia que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, en la cual se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada (folios 119 a 138 ibídem).

"QUINTO.-Análisis de los conceptos de violación. ...

"Este órgano de control constitucional estima adecuada (sic) lo determinado por la responsable, porque las causas por las cuales no resultó aprobado en la evaluación de control de confianza le fueron proporcionadas desde el inicio del procedimiento, contra lo cual no ofreció prueba, además, no es suficiente para justificar la concesión del amparo, a fin de que la autoridad responsable ordene la reposición del procedimiento administrativo, porque ello no depararía en un mayor beneficio del ya obtenido por el quejoso.

"Esto es así, porque repuesto el procedimiento, y aun en el caso de que el servidor público pudiere desvirtuar el contenido de los exámenes a que se sometió, ello traería como consecuencia el determinar injustificada la separación en tanto que la causa de remoción no fue acreditada, ello no conduciría a la reinstalación del quejoso en la función que venía desempeñando, atendiendo al impedimento constitucional que en ese sentido prevalece en la especie y que, incluso, fue referido por la autoridad responsable en la sentencia aquí controvertida.

"Sirve de orientación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:

"‘SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE. ...’

"En el caso, la autoridad responsable, bajo los razonamientos que invocó, determinó procedente el pago de indemnización en favor del aquí quejoso, que sería el mayor beneficio que obtendría el servidor público ante lo injustificado de la separación, por tanto, es manifiesto que sí tiene razón el impetrante de amparo en los conceptos de violación que aquí hace valer; sin embargo, debe concluirse que la posible determinación de lo injustificado de la separación, no conllevaría a otro resultado, más que al pago de la indemnización correspondiente, que ya obtuvo.

"Cobra aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente:

"‘SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO. ...’

"...

"No pasa inadvertido el argumento del garante de que no ha sido removido del cargo pues aún continúa en el desempeño de sus funciones; sin embargo, debe precisarse que formalmente ya existe la determinación que ordena su remoción, la cual no ha sido posible cumplimentar, en virtud de los diversos medios de impugnación que ha presentado el inconforme, cuestión que no afecta el resultado de fallo, además, se toma en consideración que en la demanda, presentada ante el Tribunal de Justicia Administrativa responsable, el actor solicitó la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

"Tampoco se soslaya que el solicitante del amparo haya sustentado sus conceptos de violación en la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, de rubro: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN UN JUICIO CONTENCIOSO, QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DECRETE LA REMOCIÓN, BAJA O CESE DE ALGÚN MIEMBRO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. CONSECUENCIA JURÍDICA DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO EN AMPARO DIRECTO, ANTE LA EXISTENCIA DE VICIOS EN EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN.’; sin embargo, este tribunal federal no comparte ese criterio, ya que, según se dijo, no es posible que el quejoso obtenga un mayor beneficio al de la indemnización constitucional a que condenó la autoridad responsable, en virtud de que no es posible ordenar su reinstalación."

II. Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito.

Por su parte, el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 7/2014, sostuvo lo siguiente:

"III. 2. Confrontación de los criterios asumidos en los amparos directos administrativos ********** y **********.

"a. Ambos asuntos derivan de procesos administrativos locales, en los que la parte actora demandó la nulidad de la resolución culminatoria de un procedimiento administrativo que decretó su remoción, cese o baja como miembro de una institución policial, por no haber aprobado el proceso de evaluación y control de confianza, practicado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato.

"b. En las sentencias reclamadas, la autoridad responsable declaró la validez total de la resolución impugnada (remoción, cese o baja), teniendo como parámetro, entre otras cuestiones, la legalidad de los exámenes de control y confianza a los que se sometió el actor, por parte del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato, y cuyo resultado quedó plasmado en la constancia denominada ‘no aprobado’, haciendo la aclaración que de cualquier forma, no resultaría procedente su reinstalación o reincorporación en el cargo desempeñado.

"No obstante la legalidad del cese, la autoridad responsable reconoció el derecho del actor al pago de una indemnización; parte proporcional de aguinaldo; prima de antigüedad; y, que al inscribirse la resolución impugnada en el Registro Nacional y Estatal de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, se incluya la acotación de que la resolución mediante la cual fue separado de su cargo no se considera como sanción ni como medida disciplinaria.

"c. Ahora bien, en torno a la violación procesal materia del concepto de violación analizado en las ejecutorias de amparo, si bien, ambos Tribunales Colegiados de Circuito partieron de la premisa de que el accionante tiene derecho a conocer cuáles fueron las evaluaciones que no aprobó, dado que su contenido puede ser desvirtuado con toda prueba que sea conducente, pues lo contrario haría nugatorio su derecho de audiencia; empero, sostuvieron conclusiones diferentes.

"En efecto, ante la actualización de dicha infracción procesal, con base en el principio de mayor beneficio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito concedió el amparo solicitado por el quejoso para que la autoridad responsable declarara la nulidad para efectos del acto impugnado, y con la finalidad de hacer efectiva su garantía de audiencia, en reposición del procedimiento administrativo de separación respectivo, la demandada le proporcionara al actor las constancias de los resultados de cada una de las evaluaciones; hecho lo cual emitiera una nueva resolución en la cual se tomen en cuenta las pruebas que, de ser conducentes, hayan sido admitidas y desahogadas, en el entendido de que con ello deberían quedar insubsistentes las cantidades reconocidas por concepto de indemnización y demás prestaciones, hasta en tanto exista un nuevo pronunciamiento una vez superadas las inconsistencias procedimentales motivo de dicha nulidad para efectos.

"En tanto, el Segundo Tribunal en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, a pesar de considerar actualizada la infracción procesal de mérito, negó el amparo solicitado por el quejoso, dado que aun repuesto el procedimiento administrativo con la finalidad de desvirtuar el contenido de los exámenes a que se sometió y así lo hiciera, la concesión del amparo no depararía un mayor beneficio, dado que ello únicamente traería como consecuencia determinar injustificada la separación.

"Esto es, si la ilegalidad del acto impugnado no puede conducir a la reinstalación en el cargo y atento a que en el caso la autoridad demandada ya había determinado la procedencia del pago de indemnización (que sería el beneficio que obtendría el servidor público ante la eventual demostración de lo injustificado de la separación por la ilegalidad del resultado materia del procedimiento de evaluación respectivo), entonces, ningún efecto práctico tendría el otorgamiento de la protección constitucional solicitada, habida cuenta que la posible determinación de lo injustificado de la separación no conllevaría a otro resultado más que al pago de dicha indemnización que el solicitante del amparo ya obtuvo.

"Como se advierte, la divergencia de los criterios en análisis radica en que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito consideró que la eventual demostración de la ilegalidad del cese como consecuencia de la violación procesal analizada, por sí, puede reflejarle un mayor beneficio al quejoso que el relacionado con la procedencia de diversas prestaciones ya establecidas en la sentencia reclamada;(4) en tanto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito sostuvo que la eventual demostración de la ilegalidad del cese, como consecuencia de esa misma violación al procedimiento, ya no puede significar un mayor beneficio al amparista, cuando al margen de ello, la autoridad responsable condenó al pago de la indemnización correspondiente, es decir, que lo infundado de la separación no conllevaría a otro resultado.

"III. 3. Existencia y materia de la contradicción de tesis. De conformidad con lo expuesto, existe la contradicción de criterios en términos de lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al fallar el amparo directo administrativo **********, y lo determinado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en el amparo directo administrativo **********, cuya materia consiste en dilucidar los temas que a continuación se enuncian:

"a. Determinar, de acuerdo con la interpretación jurisprudencial establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la restricción prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, cuál es la consecuencia jurídica que debe darse en amparo directo, cuando en la demanda promovida por el quejoso en contra de la sentencia dictada en sede jurisdiccional, se advierte la existencia de un planteamiento fundado sobre la ilegalidad de la resolución que decretó la remoción, baja o cese de algún miembro de las instituciones policiales, por la presencia de vicios que conlleven a la reposición del procedimiento administrativo de separación respectivo, como en su caso lo es, la omisión de darle a conocer al presunto infractor cuáles fueron las evaluaciones que no aprobó;

"b. Con base en dicho estudio, determinar en qué condiciones y bajo qué parámetros se presenta el surgimiento de la obligación resarcitoria a cargo del Estado, a efecto de analizar, si con independencia de la determinación jurisdiccional que califica de legal la remoción, baja o cese de algún miembro de las instituciones policiales, el mayor beneficio que puede alcanzar el presunto infractor consiste o no en decretar el reconocimiento al pago de la indemnización respectiva y de las demás prestaciones a que tenga derecho; y,

"c. Consecuentemente, si en ese último supuesto procede o no conceder el amparo solicitado, y de ser así, cuáles deben ser los efectos del fallo protector.

"...

"QUINTO.-Estudio de fondo. ...

"De conformidad con la cláusula constitucional contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, se sigue que tratándose de miembros de alguna institución policial federal, estatal o municipal, existe la prohibición de reinstalarlos o reincorporarlos en el cargo desempeñado, con independencia de si eventualmente se llega a la conclusión de que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada.

"En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 253/2012, donde el tema en contienda se concretó a definir: ‘Si como efecto de una sentencia de amparo que concede la protección constitucional en contra de la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de algún miembro de una institución policial de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, por violación al derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe o no ordenarse a la autoridad responsable que pague la indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la propia Constitución Federal y demás prestaciones a que el quejoso tenga derecho.’

"En respuesta a esa interrogante, dicha instancia analizó el contenido del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, y al efecto, precisó que de éste se desprendían dos enunciados jurídicos, a saber:

"a. Por un lado, que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, pueden ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes señalen para permanecer en el servicio,(5) o bien removidos por causa de responsabilidad en el desempeño de sus funciones; y,

"b. Por otro, que si una autoridad jurisdiccional determina que fue injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que los miembros de las instituciones policiales tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio.

"En mérito de lo anterior, se dijo que los efectos de la sentencia que concede el amparo y protección de la Justicia Federal contra la separación, cese, remoción o baja de los miembros de las instituciones policiales, por cuestiones formales, como es la violación al derecho de audiencia, no deben consistir única y exclusivamente en ordenar a la autoridad responsable a que subsane la violación procesal cometida y dejar sin efectos los actos que hayan derivado del declarado inconstitucional, sino también, en términos de lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constreñir a la autoridad responsable a que resarza de manera integral el derecho del que se vio privado el servidor público, mediante el pago de la indemnización respectiva y de las prestaciones a que tenga derecho, ya que sólo de esa manera se compensa el que no sea posible la reinstalación.

"...

"Y por lo que se refiere al tema relacionado con los efectos de la sentencia que concede el amparo y protección de la Justicia Federal contra la separación, cese, remoción o baja de los miembros de las instituciones policiales, por cuestiones formales, como es la violación al derecho de audiencia, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 253/2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio contenido en la siguiente jurisprudencia:

"‘SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO. Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la autoridad jurisdiccional resuelve, sea por vicios de procedimiento o por una decisión de fondo, que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de, entre otros, los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, existe la imposibilidad de reincorporarlos en sus funciones. Por tanto, como la sentencia que les concede la protección federal contra el acto que dio por terminada la relación administrativa que guardan con el Estado, por violación al derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, no puede ordenar el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la terminación del servicio, acorde con el artículo 80 de la Ley de Amparo, en aras de compensar esa imposibilidad aquélla debe constreñir a la autoridad responsable a subsanar la violación formal correspondiente y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso, mediante el pago de la indemnización respectiva y las demás prestaciones a que tenga derecho, en términos de lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.) y en las tesis 2a. LX/2011 y 2a. LXIX/2011.’ [Décima Época. Registro digital: 2002199. Instancia: Segunda Sala. Tesis jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, materias constitucional y común, tesis 2a./J. 103/2012 (10a.), página 1517]

"Desde esa aproximación al tema de que se trata, pareciera que es correcta la postura que asumió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el **********, pues la ilegalidad de la separación decretada en sede jurisdiccional por vicios en el procedimiento administrativo (como en el caso lo es la omisión de darle a conocer al presunto infractor cuáles fueron las evaluaciones que no aprobó), en ningún caso puede dar lugar a la reincorporación en el servicio, por lo que si el resarcimiento integral del derecho privado al quejoso se obtiene mediante el pago de la indemnización respectiva y las demás prestaciones a que tenga derecho, entonces, con independencia de la declaratoria de legalidad o ilegalidad de la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, la existencia de una condena al pago de tales conceptos representaría el mayor beneficio que pudiera otorgársele al servidor público indebidamente cesado.

"Sin embargo, no debe soslayarse que dicho criterio únicamente es aplicable a los asuntos jurisdiccionales en los que se resuelve que el cese es injustificado o ilegal, como consecuencia del acaecimiento de una violación formal; y, al respecto, también debe tenerse en cuenta que recientemente, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acotó que la obtención de un fallo de amparo favorable por la presencia de vicios de forma, que conlleven a la reposición del procedimiento respectivo, por sí, no acarrea el surgimiento de esa obligación resarcitoria para la autoridad responsable, la cual dependerá, en todo caso, de la existencia de una resolución de fondo, en donde se ponga de manifiesto lo injustificado del acto que hubiera provocado la terminación de la relación administrativa correspondiente. Lo anterior se corrobora con la transcripción de la siguiente tesis:

"‘SEGURIDAD PÚBLICA. EL ALCANCE DEL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VICIOS DE FORMA, QUE CONLLEVEN A LA REPOSICIÓN DEL PROCESO, NO OBLIGA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO. Una reflexión complementaria alrededor del criterio inserto en la jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.) (*) de esta Segunda Sala, lleva a entender que la prohibición dispuesta en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de reinstalar o reincorporar a los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios) es absoluta, con independencia de la razón del cese o baja; siendo que, en esos supuestos, la imposibilidad de reinstalación se compensará con el pago de la indemnización respectiva y de las demás prestaciones a que se tenga derecho. Sin embargo, en esos casos, la obtención de un fallo de amparo favorable por la presencia de vicios de forma, que conlleve la reposición del procedimiento respectivo, no acarrea el surgimiento de esa obligación para la autoridad responsable, la cual dependerá, en todo caso, de la existencia de una resolución de fondo, en donde se ponga de manifiesto lo injustificado del acto que hubiera provocado la terminación de la relación administrativa correspondiente.’ [Décima Época. Registro digital: 2005255. Instancia: Segunda Sala. Tesis aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, materia común, tesis 2a. CXXV/2013 (10a.), página 1591]

"Ante ese panorama, si el acaecimiento de una violación que conlleve a la reposición del procedimiento administrativo de separación, no acarrea por sí misma a declarar la ilegalidad del cese, entonces, ello tampoco puede tener como efecto inmediato el pago de la indemnización y de las demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público que ya fue separado de la institución policial respectiva.

"De este modo, la obligación resarcitoria correspondiente no opera de manera directa frente a la mera presencia de la prohibición prevista por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, precisamente, porque su configuración se encuentra condicionada, en todo caso, a la calificación jurisdiccional sobre lo justificado o no del acto que hubiera propiciado la alteración del derecho que previo al cese o terminación de la relación administrativa se poseía.

"En otras palabras, tal como lo apreció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa al recurso de inconformidad **********, que dio lugar a la aprobación de la tesis 2a. CXXV/2013 (10a.), previamente transcrita, la existencia de un fallo que conceda el amparo por vicios formales se relaciona más con el imperativo de que, en esos casos, no se está en aptitud de proceder a la reincorporación del quejoso, que con el hecho de que automáticamente se proceda al pago de la indemnización y de las demás prestaciones a que tenga derecho el agraviado, lo cual, se insiste, dependerá, en cuanto al fondo del asunto, de la eventual demostración de lo injustificado del acto que provoca la baja o cese en perjuicio del derecho de aquél, y no de las formalidades con que éste se llevó a cabo, lo que sólo puede ser apreciado una vez que la autoridad administrativa subsane la violación procesal en la cual incurrió y vuelva a pronunciarse sobre la procedencia de la separación.

"En ese contexto, es cierto, como lo apreció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el ADA. **********, que la ilegalidad de un procedimiento administrativo de separación por vicios en el procedimiento, en ningún caso puede dar lugar a la reincorporación en el servicio, ya que, eventualmente, sólo puede servir de parámetro para decretar que el cese fue injustificado, y entonces sí, ordenar el resarcimiento integral del derecho privado al quejoso, lo cual se obtiene mediante el pago de la indemnización respectiva y las demás prestaciones a que tenga derecho.

"Sin embargo, no debe soslayarse que el caso materia del presente estudio, tiene la particularidad de que la autoridad responsable en los procesos administrativos conducentes, declaró que el cese resultó legal o justificado, y a pesar de ello, condenó a la demandada al pago de una indemnización y a las demás prestaciones que se consideraron procedentes como consecuencia de la terminación del nombramiento respectivo.

"En otras palabras, la resolución impugnada en la demanda de nulidad materia de los procedimientos contenciosos, quedó jurídicamente desvinculada de las prestaciones que, por regla general, sólo son procedentes como consecuencia de la ilegal terminación del nombramiento respectivo, lo cual implica que la eventual ilegalidad del cese no quedó ligado al pago de la indemnización, y por lo mismo, es que acorde con el principio de mayor beneficio jurídico, la violación procesal que se declaró fundada debió ser analizada de manera autónoma, tal como en un caso análogo fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la siguiente jurisprudencia: (transcribe)

"Así, no se soslaya que en términos del numeral 17 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 189 de la Ley de Amparo, el principio de mayor beneficio constituye una expresión del derecho a una impartición de justicia pronta y completa, de modo tal que, cuando el órgano jurisdiccional advierta que la eventual reparación de las violaciones procesales o de forma que resulten fundadas ya no puedan traducirse en un mayor provecho para el agraviado, con apoyo en la aplicación del aludido principio en su vertiente de justicia pronta, sí sería factible declarar su inoperancia y, por ende, negar la protección constitucional solicitada cuando con ello se pretenda evitar el aplazamiento innecesario de la resolución definitiva de un asunto.

"Sin embargo, de existir la posibilidad de obtener una mayor protección a los derechos del agraviado, no sería factible negar la protección constitucional solicitada, pues la finalidad de evitar el aplazamiento innecesario de la resolución definitiva de un asunto (justicia pronta), no puede prevalecer sobre la obligación de resolver el caso con base en los conceptos de violación que conduzcan a la protección más amplia posible (justicia completa).

"En tal virtud, ya que en las ejecutorias que dieron pauta a la divergencia de criterios, la eventual ilegalidad del cese realmente no quedó ligada al pago de la indemnización respectiva ni a la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26696-ce18ffdb/miembros-de-las-instituciones-policiales-efectos-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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