PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SEGUIDO CONTRA LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. EL ACUERDO QUE ORDENA SU INICIO ES IMPUGNABLE MEDIANTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE AGOSTO DE 2017. UNANIMIDAD DE VEINTE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, MARÍA ANTONIETA AZUELA GÜITRÓN, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ, MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ, FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA, RICARDO OLVERA GARCÍA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, HUGO GUZMÁN LÓPEZ Y MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO. PONENTE: MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ. SECRETARIO: HERMES GODÍNEZ SALAS.
Ciudad de México. El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la sesión correspondiente al día veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, emite la siguiente resolución:
VISTOS
Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción. Mediante oficio **********, recibido el seis de abril de dos mil diecisiete, por la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por dicho tribunal, en auxilio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito(1) y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.(2)
SEGUNDO.-Radicación, admisión y solicitud de informes. Por acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis 14/2017, así como el cuaderno auxiliar de turno virtual relativo.
En el mismo proveído, el presidente de este Pleno de Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y solicitó a las presidencias de los tribunales contendientes que remitieran las ejecutorias correspondientes e informaran si los criterios ahí contenidos seguían vigentes o no.
TERCERO.-Subsistencia de los criterios contendientes. En su oportunidad, los Tribunales Colegiados contendientes manifestaron que continúan vigentes los criterios materia de la denuncia de contradicción de tesis.
CUARTO.-Turno. El presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por acuerdo de uno de junio de dos mil diecisiete, turnó el expediente virtual a la Magistrada María Alejandra de León González, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región.
TERCERO.-Criterios contendientes. Resulta conveniente destacar los argumentos que integran a los criterios contendientes para, a partir de ellos, estar en aptitud de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada.
Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región.
Al conocer del amparo en revisión **********, del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado con el expediente auxiliar **********, el mencionado órgano colegiado resolvió lo siguiente:
"... CUARTO.-Antecedentes. El nueve de mayo de dos mil dieciséis, el quejoso promovió juicio de amparo indirecto en contra del titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Policía Federal, con motivo del acuerdo de inicio del procedimiento disciplinario radicado con el número ********** (fojas 2 a 22 del juicio de amparo indirecto).
"Por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien mediante acuerdo de once de mayo de dos mil dieciséis, admitió a trámite la demanda número ********** de su índice, le dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación y solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables (fojas 24 a 26 del juicio de amparo indirecto).
"Seguido el procedimiento en sus etapas procesales, el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en esa misma fecha, en la que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acuerdo de ocho de abril de dos mil dieciséis, correspondiente al inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa **********, y emitiera otro en el que expresara las razones, los fundamentos jurídicos y las pruebas con motivo en las cuales se inicia el procedimiento de mérito.
"Lo anterior, al estimar el a quo que la autoridad responsable titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Policía Federal, debió indicar en el acuerdo reclamado, las conductas y razones por las cuales consideraba procedente el procedimiento administrativo por responsabilidades instruido al quejoso, así como las pruebas en las que se fundamentó para ello (fojas 352 a 367 del juicio de amparo indirecto).
"QUINTO.-Actualización de improcedencia. Es de señalarse que el artículo 93 de la Ley de Amparo establece las reglas que deben seguirse al resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentra, la que rige en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, consistente en examinar de oficio las causales de improcedencia que pudieren actualizarse, e inclusive la de reexaminar las ya estudiadas por el a quo, lo que en realidad implica -congruentemente con el principio de que la procedencia es de orden público- que a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimada determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto con base en diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo.
"Sirve de apoyo a las consideraciones precedentes la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, registro «digital»: 192902, Tomo X, noviembre de 1999, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.-Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme.’ (lo resaltado es propio)
"En la especie, como se desprende de autos, en el juicio de garantías el quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado: ‘del titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en la Policía Federal, reclamo el acuerdo de inicio del procedimiento disciplinario radicado bajo el número ********** ...’ -foja 2 del juicio de amparo indirecto-, siendo que, al rendir el informe justificado, la autoridad responsable manifestó que respecto al acto combatido se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, al tratarse de ‘un acto no definitivo y tampoco causa vulneración o menoscabo de derechos fundamentales ... al respecto, debe puntualizarse que tales actos no tienen aparejada ejecución que sea de imposible reparación, en razón de que forman parte de una serie de actos que componen un procedimiento seguido de manera similar a un juicio, y sobre todo, aún no ha sido resuelto, por tanto, innegablemente revisten el carácter de actos intraprocesales’ (fojas 30 a 40 del juicio de amparo indirecto).
"Por su parte, al estudiar las causales de improcedencia, el a quo desestimó que se actualizara la invocada por la autoridad responsable -prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al numeral 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo-; ello, toda vez que equiparó el acuerdo de inicio del referido procedimiento administrativo de responsabilidad de los servidores públicos de la administración pública federal, a un acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de requisitos de permanencia propias de la Policía Federal, por lo que erróneamente estimó que se trataba de un acto de imposible reparación, lo que hacía procedente el juicio en cuestión.
"Sin embargo, se advierte que la causal de improcedencia de referencia, en el presente caso, contrario a lo razonado por el a quo, sí se actualiza, por lo que, en términos de lo establecido en el artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo,(3) lo que procede es revocar la sentencia sujeta a revisión, atento a las siguientes consideraciones:
"Primeramente, es menester señalar el contenido de los artículos artículo (sic) 61, fracción XXIII y 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, mismos que a la letra establecen:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."
"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"‘...
"‘III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:
"‘a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y
"‘b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; ...’
"En el último artículo transcrito se contiene la especial procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos administrativos emitidos por autoridades distintas de tribunales jurisdiccionales; empero, tratándose de actos que emanen de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, éstos no pueden válidamente reclamarse en la vía constitucional, sino hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual, podrán reclamarse tanto las violaciones contenidas en la propia resolución como las que se hubieren cometido durante el procedimiento.
"La excepción a esta regla, se encuentra en el propio artículo que establece la procedencia de la acción constitucional, tratándose de actos que puedan causar daño de imposible reparación que dejen sin defensa al quejoso; es decir, aquellos que afectan directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén garantías individuales o que afectan a las partes en grado predominante o superior.
"Al respecto, debe precisarse que el acto referido que aquí se impugna no conlleva una ejecución que sea de imposible reparación, toda vez que forma parte de un procedimiento seguido en forma de juicio que aún no se ha resuelto en definitiva y será hasta la resolución de éste, cuando el impetrante esté en aptitud de combatirlo, por tanto, el acto en estudio es de carácter intraprocesal.
"Ello es así, en virtud que los servidores públicos de la Policía Federal, con independencia del procedimiento de separación por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, también están sujetos al régimen disciplinario de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la administración pública federal, por lo que en caso de existir presuntas irregularidades, el órgano interno de control respectivo, previa investigación, inicia un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el caso, de conformidad con el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el que se le cita al servidor público a una audiencia en la que puede ofrecer y desahogar pruebas, hecho lo cual, se emitirá la resolución correspondiente.
"Es decir, el acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidades de los servidores públicos de la administración pública federal es sólo la apertura del procedimiento, el cual consta de diversas etapas, por lo que no es a través de él donde se resuelve si efectivamente un servidor público es responsable o no administrativamente, sino que tal circunstancia es determinada, en dado caso, con la resolución que pone fin al procedimiento administrativo disciplinario, de lo que resulta que el acuerdo de inicio de ocho de abril de dos mil dieciséis -fojas 194 a 195 del juicio de amparo indirecto-, no causa por sí mismo una afectación grave, trascendental e irreparable al quejoso y, por ende, no puede ser considerado como acto de imposible reparación, sino que únicamente forma parte del proceso disciplinario de responsabilidad de servidores públicos que se le inició, que debe sustanciarse en todas sus etapas, para determinar si es o no responsable administrativamente de los hechos que se le imputan.
"En esas condiciones, el acuerdo reclamado no irroga afectación al impetrante en grado predominante o superior y mucho menos afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos, ya que, en todo caso, será la resolución que llegue a dictarse la que pueda depararle perjuicio, en contra de la cual, puede promover los medios de defensa que considere pertinentes.
"Se considera así, atento a que el acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa del régimen correspondiente a los servidores públicos de la administración pública federal, incoado al quejoso el ocho de abril de dos mil dieciséis, dentro del expediente administrativo **********, es de naturaleza distinta a un acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de requisitos de permanencia, ello, toda vez que su finalidad así como la legislación que los regula, y la autoridad sustanciadora, contrario a lo resuelto por el a quo, tienen implicaciones y propósitos distintos.
"En efecto, respecto al tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de tres de septiembre de dos mil catorce, al resolver el amparo en revisión **********, razonó, lo siguiente:
"‘...Como puede observarse, el primer párrafo de la fracción XIII, del apartado B del artículo 123 de la Constitución, señala que los servidores públicos que ostenten los cargos de agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.
"‘Por otra parte, en el segundo párrafo, se prevé que ese tipo de servidores públicos podrán ser separados o removidos. En el primer caso (separación), cuando no cumplan con los requisitos de permanencia que las leyes vigentes señalen; en el segundo (remoción), por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Es decir, la norma constitucional en estudio distingue el supuesto jurídico que puede motivar la separación de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, respecto de aquel que puede originar una remoción.
"‘Así, la separación atiende al incumplimiento de los requisitos de permanencia que la ley exige para los cargos de agente del Ministerio Público, peritos o miembros de instituciones policiales; y la remoción obedece a la conducta del servidor público que constituya una causa de responsabilidad.
"‘...
"‘Ahora bien, los preceptos legales y reglamentarios tildados de inconstitucionales no tienen relación alguna con el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos a que se refiere el artículo 113 de la Constitución Federal; de ahí que su contenido y sentido jurídicos de manera alguna se opone a esta Norma Fundamental.
"‘Derivado de lo anterior, resulta infundado el argumento relativo a que los preceptos legales y reglamentarios tildados de inconstitucionales sustituyen a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; esto porque el procedimiento de separación y el de remoción constituyen dos sistemas normativos distintos y claramente diferenciados entre sí, de manera que la existencia de uno, no sustituye el otro.
"‘Como se dijo con anterioridad, el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, establece que en el caso de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales, quienes se regirán por sus propias leyes, la separación del servicio atiende al incumplimiento de los requisitos de permanencia que la ley exige; y la remoción obedece a la conducta del servidor público que constituya una causa de responsabilidad. ...’
"Las mencionadas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 112/2014 (10a.), visible en la página 1017, registro «digital»: 2007857, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto:
"‘POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Los artículos 4, fracción II, 16, fracción II, 17, apartados A, fracción VI, y B, fracciones VI y XV, y 24 a 42 de la Ley de la Policía Federal, así como 19, 101 y 197 a 205 de su Reglamento, al desarrollar y reglamentar el procedimiento relativo a la profesionalización y el régimen disciplinario de los elementos de la Policía Federal por incumplir los requisitos de permanencia o incurrir en infracciones, no contravienen el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé los principios y bases en que se sustenta el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, al no tener relación con éste, ni sustituyen a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, porque el procedimiento de separación y el de remoción de los elementos de la Policía Federal constituyen dos sistemas normativos distintos y claramente diferenciados entre sí, de manera que la existencia de uno no sustituye al otro. Pues el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal establece que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes, por lo que su separación del servicio atiende al incumplimiento de los requisitos de permanencia que ésta exige; y la remoción obedece a la conducta del servidor público que constituya una causa de responsabilidad, por lo que, acorde con la fracción XXIII del artículo 73 constitucional, el Congreso de la Unión cuenta con facultades para legislar sobre responsabilidades administrativas de los miembros policiales, así como para crear un Consejo Federal con atribuciones para emitir normas relativas al ingreso, selección, permanencia, estímulos, promoción y reconocimiento de los integrantes, aplicar y resolver los procedimientos relativos y verificar el cumplimiento de los requisitos de su permanencia, entre otros.’ (lo resaltado es propio)
"En ese orden, no es dable estimar que el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en el título octavo de la Constitución Federal, específicamente en los artículos 109, fracción III, y 113,(4) cuya configuración legal en el orden federal está desarrollada en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es semejante al de responsabilidad por incumplimiento a los requisitos de permanencia, contemplado en el segundo párrafo de la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y regulado en el numeral 31 de la Ley de la Policía Federal.
"Para una mejor explicitación (sic), se inserta el cuadro comparativo siguiente:
Ver cuadro comparativo
"Del anterior cuadro comparativo se advierte:
"• Que se trata de dos procedimientos administrativos de naturaleza, normatividad, objeto y sustanciación distinta.
"• Asimismo, que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, al establecer que los cuerpos de seguridad pública se rigen por sus propias leyes, únicamente establece que a los miembros de dichas instituciones deben ser considerados como sujetos de una relación de naturaleza administrativa laboral con la institución a la que presten sus servicios; sin embargo, en ningún momento los exceptúa de ser sujetos de los regímenes generales de responsabilidades administrativas aplicables a todo servidor público, en términos del título cuarto de la propia Constitución Federal, independientemente de los regímenes específicos de los que puedan ser sujetos dada la especial actividad que desempeñan.
"• Que el acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos de la administración pública federal es sólo la apertura del expediente del procedimiento, con motivo de una queja presentada ante el presunto actuar irregular por parte del incoado en el ejercicio de sus funciones, el cual consta de diversas etapas, y que tiene su inicio con la citación dirigida al servidor público mediante el cual se le hace del conocimiento de que se le considera probable responsable de la comisión de una conducta irregular, indicándole en qué consiste la misma, así como el día y hora en que tendrá verificativo la audiencia de ley, para que manifieste lo que a su derecho corresponda y ofrezca los medios de convicción que estime pertinentes.
"• Por lo que el mencionado acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos, no constituye un acto privativo de derechos, sino un acto de molestia, respecto de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, donde el afectado tendrá expeditos sus derechos de audiencia y adecuada defensa; de suerte que sólo la resolución definitiva que se dicte en dicho procedimiento es la que podría considerarse -en caso de ser adversa- como un acto privativo.
"• En tanto que el inicio de procedimiento administrativo de separación, como su nombre lo indica, se instruirá por incumplimiento a los requisitos de permanencia o por infracción al régimen disciplinario de la Policía Federal, por lo que marca el arranque del procedimiento en sí, ya que de forma previa, el titular de la Unidad de Asuntos Internos ha integrado el expediente de investigación respectivo, el cual debe estar debidamente fundado, motivado y sustentado con las pruebas correspondientes; por lo que en dicho acuerdo deberá hacerse del conocimiento del incoado la conducta que se le reprocha, así como los medios probatorios con que cuente la instructora, los cuales deben ser suficientes.
"• En este caso, el acuerdo de inicio del procedimiento de separación, conlleva una ejecución de imposible reparación, ya que con independencia de que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuera injustificada, indefectiblemente en ningún caso procederá la reincorporación al servicio de dicho elemento policiaco.
"• En lo que respecta a la cuestión probatoria, es de resaltarse, como ya se señaló en párrafos precedentes, tratándose del procedimiento administrativo de responsabilidad de los servidores públicos, existe una etapa específica durante la secuela procesal para ofrecer, objetar y desahogar pruebas; y en lo que respecta al procedimiento administrativo de separación, son precisamente los medios de convicción recabados y aportados por la Unidad de Asuntos Internos, lo que da lugar a que el presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial instaure el procedimiento contra sus integrantes; ya que son dichas pruebas las que le permitirán determinar, presuntamente, si aquéllos incumplieron los requisitos de permanencia o incurrieron en alguna infracción al régimen disciplinario que amerite su separación del cargo, toda vez que si considera que no se acredita alguna de esas hipótesis, deberá devolver el expediente a la unidad remitente.
"• En el procedimiento administrativo de responsabilidad de los servidores públicos, el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Policía Federal, realiza la valoración de las pruebas hasta el momento de dictar resolución; en tanto que, en el procedimiento administrativo de separación, atendiendo a la naturaleza de éste, existe obligación por parte del presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de precisar y analizar los medios probatorios desde el dictado del acuerdo de inicio, porque, de ese modo, el servidor público se encontrará en posibilidad de preparar su defensa, esto, ya que puede conducir a la separación o remoción del cargo del servidor público si no cumple con los requisitos impuestos por las leyes respectivas o incurren en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
"En esa tesitura, y como lo razonó el Máximo Tribunal del País, tales procedimientos, atendiendo a su naturaleza, no son susceptibles de equipararse, menos aún excluirse uno del otro, esto, conforme a las causas que los originan, ya que mientras el procedimiento administrativo de separación obedece al incumplimiento de los requisitos de permanencia que la Ley de la Policía Federal exige; el procedimiento administrativo de responsabilidad de los servidores públicos, atiende a la conducta del servidor público que constituya una probable causa de responsabilidad, por lo que cada uno tiene una sustanciación específica; estimarlo de otra manera, sería tanto como desconocer o inobservar el marco normativo establecido para cada uno de los procedimientos administrativos en comento y, consecuentemente, a la propia Constitución Federal en los apartados específicamente diseñados para cada procedimiento, esto es, para el de separación, como para el de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.
"Máxime que, se reitera, con independencia del régimen específico al que pertenecen los elementos de la Policía Federal, tal circunstancia en ningún momento los excluye de ser sujetos de los regímenes generales de responsabilidades administrativas aplicables a todo servidor público en términos del título cuarto de la Constitución Federal.
"Ahora bien, en la especie, el procedimiento incoado al quejoso, así como el oficio que contiene el citatorio a efecto de que comparezca ante el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Policía Federal, están previstos y regulados en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27479-c7c63853/procedimiento-de-responsabilidad-administrativa-seguido-contra-los-miembros · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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