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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 312/2015. · Registro digital (IUS): 26294
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-05-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y QUINTO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Pág. 1288.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 312/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y QUINTO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 6 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTES: EDUARDO MEDINA MORA I. Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: JOCELYN MONTSERRAT MENDIZÁBAL FERREYRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver esta denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(2)

TERCERO.-El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo medularmente lo siguiente:

"OCTAVO.-Estudio de los agravios. A fin de determinar si asiste o no razón a la autoridad recurrente, se estima conveniente puntualizar brevemente algunas de las premisas normativas que fundamentaron el procedimiento administrativo de separación que nos ocupa, a fin de dilucidar si efectivamente el acuerdo de inicio de dicho procedimiento se encuentra indebidamente motivado; razón por la cual, el Juez de Distrito determinó conceder el amparo.

"En ese sentido, se destaca que, a partir de la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un mecanismo de evaluación para el desempeño de los miembros de las corporaciones policiales, que puede conducir a la separación de su cargo si no cumplen con los requisitos impuestos por las leyes respectivas.

"Así, conforme a esto último, el artículo 22, fracción I, de la Ley de la Policía Federal, prevé como causa de separación del servicio profesional de carrera policial, el incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, entre los cuales se encuentra, según lo señala el artículo 17, inciso b), fracción VI, de esa misma ley, el no aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.

"Como parte de estos procesos de evaluación, el elemento de policía debe someterse a evaluaciones autorizadas por el Consejo Federal de Desarrollo Policial, consistentes en exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos y socioeconómicos; mismos que, conforme al artículo 101, fracción III, del reglamento de la ley en comento, corresponde aplicar a la Dirección General de Control de Confianza de esa institución, y que se condensan en un reporte integral de evaluación que refleja un resultado único e integral respecto a si el elemento es o no apto para continuar en la corporación policiaca.

"Si encontrare motivos suficientes para solicitar el inicio del procedimiento por incumplimiento a los requisitos de permanencia, siendo uno de ellos, según el artículo 143 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial, el resultado negativo de una sola de las evaluaciones, así deberá hacerlo la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, mediante escrito fundado y motivado dirigido al presidente de dicho consejo, remitiendo para tal efecto, según lo prescribe la fracción XV del artículo 19 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, el expediente de la investigación del presunto infractor.

"Recibida la solicitud respectiva por el Consejo de Desarrollo Policial, su presidente resolverá si ha lugar a iniciar el procedimiento contra el presunto infractor o, por el contrario, acordar la no procedencia y devolución del asunto al responsable de asuntos internos; decisión que, según se colige de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de la Policía Federal, habrá de determinarse atendiendo a si la solicitud se encuentra debida y suficientemente fundada y motivada, acompañada del expediente del presunto infractor.

"Sin embargo, el acreditamiento pleno de la causa de separación imputada al policía, así como las circunstancias en que ello tuvo lugar, debe realizarse hasta el momento en que se emita la resolución que ponga fin al procedimiento por el Pleno del Consejo Federal indicado, previa audiencia de ley del procesado, en que rinda su declaración en torno a los resultados de las evaluaciones que se le imputan, y una vez desahogadas las pruebas de descargo que ofrezca, debiendo encontrarse la resolución del Pleno debidamente fundada y motivada, contener una relación sucinta de los hechos y una valoración adecuada de todas las pruebas de cargo y descargo aportadas durante el procedimiento respectivo; de conformidad con el artículo 40 de la Ley de la Policía Federal.

"En tal virtud, el acuerdo que da inicio al procedimiento de separación no precisa de un estudio en el que se determine la acreditación plena del incumplimiento del requisito de permanencia imputado al policía, en tanto que ello implicaría prejuzgar sobre la cuestión planteada, y cuya resolución definitiva corresponde al Pleno del Consejo Federal de Desarrollo Policial, actuando como órgano colegiado, una vez desahogado el procedimiento, y no a su presidente.

"En ese sentido, la intervención del suplente permanente del presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial en el acuerdo de inicio del procedimiento, se basa en recibir la solicitud aludida, y emitir una resolución fundada y motivada, con base en los elementos de prueba pertinentes que hacen nacer la solicitud, independientemente de que su valoración se efectúe al resolver el procedimiento.

"Ahora, esta fundamentación y motivación del acuerdo de inicio es exigible en la medida en que el servidor público conozca la esencia de las circunstancias que llevaron a la autoridad a determinar el probable incumplimiento del requisito de permanencia relativo, de manera que sea claro para el afectado poder cuestionar el mérito de la decisión, permitiéndole una adecuada defensa, que es lo que constituye el propósito primordial del derecho fundamental de legalidad.

"Sin embargo, no es válido exigirle a la autoridad una amplitud en su determinación de inicio de procedimiento de separación, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión, a efecto de que se considere fundado y motivado el acuerdo, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo, pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado.

"En otras palabras, basta con que el gobernado conozca la causa del procedimiento incoado en su contra, para considerar motivado el acuerdo de inicio respectivo.

"Partiendo de estas premisas, resultan fundados los argumentos sustentados por la autoridad recurrente, pues del acuerdo reclamado de veintidós de octubre de dos mil doce, se advierte el motivo y los fundamentos que propiciaron el inicio de dicho proceso, en los siguientes términos:

"Haber incumplido el requisito de permanencia consistente en aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que, como integrante de la Policía Federal, tenía obligación de cumplir, toda vez que al practicársele los exámenes de psicología, médico, toxicológico y de entorno socioeconómico el día siete de marzo de dos mil doce; así como el de poligrafía, el día seis de marzo de dos mil doce, obtuvo como resultado en el reporte integral de evaluación, emitido por la Dirección General de Control de Confianza, que ‘no cumple con el perfil’.

"Por lo anterior, se considera que **********, probablemente incumplió con el requisito de permanencia como integrante de una institución policial como lo es la Policía Federal, contenido en los artículos 88, apartado B, fracción VI, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 17, apartado B, fracción VI, de la Ley de la Policía Federal, al no aprobar los procesos de evaluación de control de confianza de que fue objeto (foja 217 del expediente de amparo, el énfasis es del acuerdo).

"Este motivo encuentra sustento fundamentalmente en el reporte integral de evaluación, pues en él se condensan los resultados de las evaluaciones médicas, toxicológicas, psicológicas, poligráficas y socioeconómicas practicadas al quejoso, y se dan a conocer los hechos y circunstancias específicos por los cuales se consideró que el elemento no es apto para continuar en la corporación policial; hechos cuya explicación y comunicación al particular resulta suficiente para posibilitar una adecuada defensa en el procedimiento administrativo, sin que pueda exigírsele a la autoridad una mayor amplitud.

"Ese reporte integral de evaluación, junto con las demás pruebas que sustentan el acuerdo de inicio, se encuentran a disposición del quejoso, a fin de que esté en posibilidad de preparar una adecuada defensa en el procedimiento iniciado, ofreciendo las pruebas de descargo que estime pertinentes, según se le informa en el propio acuerdo en comento, en los siguientes términos:

"‘VII. De igual manera, entérese al integrante, que el expediente instruido en su contra por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal que contiene todas las constancias y actuaciones que sirven de base para el inicio del presente procedimiento, se encuentra a su disposición para su consulta, en el domicilio que ocupa el Comité Técnico de Substanciación «A» (foja 218).’

"Lo anterior nos lleva a concluir que, contrario a lo aducido por el Juez de Distrito, el acuerdo emitido por la autoridad hoy recurrente no transgrede la garantía de legalidad, prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal, ni el artículo 14 constitucional, en cuanto a la adecuada y oportuna defensa del quejoso, dado que expresó los fundamentos y motivos suficientes para justificar el inicio del procedimiento de separación, sin que sea materia de dicha determinación la valoración exhaustiva del material probatorio invocado en el oficio que solicitó su emisión, dado que, precisamente, el desahogo del procedimiento debe incluir la audiencia del servidor público y será hasta la resolución final del procedimiento en que se valorarán las pruebas de la autoridad y las que, en su caso, aporte el servidor público.

"En consecuencia, al resultar fundados los agravios de la autoridad, con fundamento en el artículo 93, fracción VI, de la Ley de Amparo, este órgano de apelación se avoca al estudio de los conceptos de violación no analizados por el a quo.

"NOVENO.-Estudio de los conceptos omitidos. Es fundado y suficiente para conceder el amparo, el argumento sustentado en el inciso B) de los conceptos de violación de la ampliación de demanda (fojas 45-46), en el sentido de que los exámenes de evaluación no se encontraban vigentes al inicio del procedimiento de separación, por haber transcurrido más de un año desde que fueron practicados.

"Para sustentar tal aserto, debemos remitirnos a la normatividad que establece la vigencia de los exámenes de evaluación practicados en dos mil doce, es decir, el ‘Acuerdo a través del cual se pretende regular el procedimiento a seguir en contra de los integrantes de la Policía Federal que no asistan o se retiren de las evaluaciones de control de confianza’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil doce, cuyo artículo sexto prescribe lo siguiente: (se transcribe).

"Conforme al transcrito precepto, el periodo de vigencia de las evaluaciones de control de confianza será por regla general de dos años cuando, en los casos de nuevo ingreso o en casos de permanencia, el aspirante cumpla con los requisitos necesarios contenidos en esa disposición, y en los casos de promoción, en los que no se alcanzó la promoción no tiene vigencia, toda vez que se alcanzó el fin para el que fueron aplicadas.

El comentado precepto establece una excepción al término de vigencia señalado, el cual será de un año para el caso de que el aspirante haya obtenido el resultado de ‘no cumple’.

"Empero, por ‘aspirante’ no puede entenderse únicamente aquellas personas de nuevo ingreso, pues de una interpretación conforme y armónica de dicho precepto, debemos entender que el plazo de un año también resulta aplicable a los exámenes de permanencia, ya que, de lo contrario, se atentaría en contra del derecho fundamental de seguridad jurídica del servidor público, dejándolo en estado de incertidumbre jurídica, al no establecerse la vigencia de las evaluaciones de control de confianza que resulten no aprobatorias, y que pueden servir de base para separar del cargo al servidor público en cualquier tiempo, lo cual atentaría contra la seguridad jurídica que toda norma debe brindar en beneficio de los particulares.

"En el caso concreto, según se da cuenta en la parte antes transcrita del acuerdo de inicio del procedimiento reclamado, los exámenes de psicología, médico, toxicológico y de entorno socioeconómico fueron practicados el siete de marzo de dos mil doce, y el examen poligráfico el seis de marzo anterior.

"Lo anterior se corrobora con los exámenes mismos que fueron allegados al juicio de amparo y que obran en el legajo de pruebas, en el que constan las autorizaciones y exámenes relativos a la prueba psicológica (fojas 1-18), poligráfica (fojas 19-41), médica y toxicológica (fojas 42-61) y de entorno socioeconómico (fojas 62-89).

"Por otra parte, advertimos que si bien el acuerdo de inicio de procedimiento es de veintidós de octubre de dos mil doce, éste se le dio a conocer al quejoso hasta el diez de mayo de dos mil trece; fecha en que le fue notificado el citatorio respectivo que lo contiene (fojas 107-108 y 230-231), y en que el acto administrativo adquiere eficacia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 9, en relación con el 1, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

"En esas circunstancias, de la fecha en que se practicaron los exámenes de permanencia (seis y siete de marzo de dos mil doce) a la fecha en que se notificó el acuerdo de inicio del procedimiento (diez de mayo de dos mil trece), es indudable que excedió el plazo de un año establecido en el artículo sexto del ‘Acuerdo a través del cual se pretende regular el procedimiento a seguir en contra de los integrantes de la Policía Federal que no asistan o se retiren de las evaluaciones de control de confianza’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil doce.

"No pasa desapercibido que el acuerdo de mérito fue publicado con posterioridad a la realización de las evaluaciones practicadas al quejoso; empero, dicho acuerdo resulta aplicable al caso, en tanto que su aplicación retroactiva no se realiza en perjuicio del justiciable, como lo prohíbe el artículo 14 constitucional; aunado a que, de considerar lo contrario, nos encontraríamos nuevamente con la problemática de exámenes no aprobatorios con una vigencia indefinida, en contravención al derecho humano a la seguridad jurídica.

"En consecuencia, al violarse en perjuicio del quejoso el derecho fundamental a la seguridad jurídica, procede modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el suplente permanente del presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial deje sin efectos el acuerdo por el que se inició el procedimiento administrativo reclamado y, por ende, se deje sin efectos todo lo actuado con posterioridad, al ser producto de un acto viciado, incluida la audiencia de pruebas y alegatos. ..."

Similares consideraciones sustentó el referido Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, en sesión de ocho de octubre de dos mil quince.

Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, argumentó esencialmente lo siguiente:

"Estudio

"Resulta innecesario dar contestación a los agravios propuestos por la autoridad recurrente, en virtud de que este Tribunal Colegiado, de oficio, advierte una causal de improcedencia, que amerita revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio por las razones siguientes:

"En efecto, las causas de improcedencia hechas valer por las partes o que de oficio se adviertan, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, deben ser analizadas por los tribunales de amparo, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo.

"Apoya lo anterior, el siguiente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente:

"...

"‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL.’ (se transcribe)

"Así, en el presente caso se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción III, inciso b), del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo vigente que disponen: (se transcriben).

"En efecto, en el caso concreto, el acto reclamado lo constituye el ‘inicio del procedimiento de separación del cargo que prevé el artículo 172 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, dentro del expediente **********, seguido en contra del quejoso **********.

"Procedimiento que se encuentra regulado en los artículos 174 a 176 de la misma ley, cuyo contenido es el siguiente: (se transcriben).

"Como se observa, lo que reclama el quejoso es el inicio de un procedimiento, que concluirá con una resolución en la que se determinará si ha lugar o no a imponerle una sanción; acto que fue emitido dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sin que sea considerado como de imposible reparación, en virtud de que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pues afectarlos equivaldría a situar el asunto en el supuesto en el que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente respecto a algún derecho sustantivo; además, cabe la posibilidad de que la resolución final del procedimiento administrativo le sea benéfico al quejoso.

"Es decir, el dictado del auto de inicio del procedimiento no está afectando materialmente derechos sustantivos del quejoso, requisito indispensable para la procedencia del amparo.

"No se inobserva la jurisprudencia 2a./J. 72/2013 (10a.), que dispone que procede el juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento de separación de los miembros de alguna corporación policial, por tratarse de un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, esto es, que de emitirse la resolución final, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, no procedería reinstalar al quejoso; sin embargo, dicha ejecutoria fue emitida en términos del artículo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo abrogada, como se observa enseguida:

"...

"‘SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe)

"Razón por la que el anterior criterio no puede estimarse aplicable al caso concreto, ya que Nuestro Máximo Tribunal ha establecido que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ‘... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte’; por lo que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos.

"Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos, cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas.

"Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento:

"La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo.

"La segunda, en el sentido de que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de derechos ‘sustantivos’, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.

"Así, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual, a la fecha, ya no acontece; de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, pues, se reitera, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a ‘derechos sustantivos’, y otro rasgo que los identifica es la naturaleza ‘material’ de la lesión que producen.

"Tales consideraciones se encuentran contenidas en la siguiente jurisprudencia de Nuestro Máximo Tribunal:

"...

"‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’ (se transcribe)

"Conclusión

"En mérito de lo anteriormente expuesto, y toda vez que el inicio del procedimiento de origen no es un acto de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos del quejoso **********, lo procedente es revocar y sobreseer en el juicio, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción III, inciso b), del numeral 107, así como fracción V del artículo 63, todos de la Ley de Amparo vigente."

La sentencia aludida dio origen a la tesis aislada XV.5o.25 A (10a.),(3) cuyo rubro y texto establecen:

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN INSTRUIDO CONTRA LOS OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA. AL NO AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’, estableció que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por éstos se entienden ‘... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte’, y que para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por su parte, la fracción III, inciso b), del numeral citado establece que procede el amparo indirecto: ‘III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: ... b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.’. Por tanto, se concluye que el inicio del procedimiento administrativo de separación instruido en contra de los oficiales de seguridad pública del Estado de Sonora por la Comisión de Honor, Justicia y Promoción correspondiente, conforme a los artículos 174 a 176 de la Ley de Seguridad Pública local, no constituye un acto de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que ese acto no afecta materialmente derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, ya que en el procedimiento administrativo de que se trata el interesado cuenta con la oportunidad de ofrecer pruebas para su defensa y la resolución que se dicte deberá estar fundada y motivada, siendo hasta su pronunciamiento donde se concluye si ha lugar o no a imponer una sanción al servidor público."

CUARTO.-Con el propósito de dilucidar si existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en consideración, en primer lugar, lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 225 y 226 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los cuales regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito, al señalar lo siguiente:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer. ..."

"Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados de Circuito, en los asuntos de su competencia."

"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:

"...

"Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los Magistrados que los integran.

"La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias."

Como se advierte, los preceptos transcritos se refieren, específicamente, a aquellos casos en que existe contradicción o discrepancia entre tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito o los Plenos de Circuito, porque la finalidad de dichos preceptos, constitucional y legal, es unificar criterios ante los órganos de impartición de justicia en la interpretación de un determinado precepto, institución o problema jurídico. Ello, porque la resolución que se dicte, por mandato constitu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26294-58981cd8/procedimiento-administrativo-de-separacion-del-cargo-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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