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Modo: Corpus Pro

ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL. PARA RESPETAR LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO DEBE HACERSE CONSTAR EN ESE DOCUMENTO, CUÁLES SON LOS HECHOS O CONDUCTAS QUE DAN ORIGEN AL PROCEDIMIENTO, ESTO ES, LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA NO APROBADOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 163/2014. · Registro digital (IUS): 25499
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-02-27
Promovente: SUPLENTES PERMANENTES DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO GENERAL, AMBOS DEL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL DE LA POLICÍA FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, Pág. 2140.

AMPARO EN REVISIÓN 163/2014. SUPLENTES PERMANENTES DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO GENERAL, AMBOS DEL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL DE LA POLICÍA FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA. SECRETARIO: ÁLVARO GARCÍA RUBIO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Tomando en cuenta que la procedencia del juicio es una cuestión de orden público, en este apartado se analiza una causa de improcedencia cuyo estudio omitió la Juez del conocimiento.

En su informe justificado, el presidente y el secretario técnico, ambos del Comité Técnico de Substanciación "E" del Consejo Federal de Desarrollo Policial, así como el titular de la Unidad de Asuntos Internos, todos de la Policía Federal, afirman que respecto del oficio ********** y citatorio **********, de ********** y **********, respectivamente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues se trata de actos que no producen afectación en la esfera jurídica del quejoso, al constituir únicamente la solicitud de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo y la notificación del proveído de inicio respectivo.

Para resolver su planteamiento, resulta necesario tener en cuenta que el acto que en realidad afecta al quejoso, no es el oficio **********, en el que se solicitó el inicio de un procedimiento administrativo de separación en su contra, sino el acuerdo de **********, que constituye propiamente el inicio del procedimiento administrativo de separación **********.

Es decir, el oficio ********** de **********, signado por el titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal no le causa perjuicio al quejoso, porque sólo constituye la solicitud al presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial para que se dé inicio al procedimiento administrativo en su contra, por el incumplimiento de los requisitos de permanencia, al no aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.

Esto es, el citado oficio es una comunicación entre autoridades, en donde se solicita el inicio del procedimiento en contra de **********, por no cumplir con los requisitos de permanencia, en virtud de no aprobar los procesos de evaluación de control de confianza para permanecer en la policía.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la finalidad de una notificación de cualquier tipo es dar a conocer al gobernado cierta decisión asumida por la autoridad gubernamental acerca de un asunto que es de su interés, para que, de no estar de acuerdo, pueda controvertirla en los plazos y a través de los medios de impugnación que establezcan las leyes procesales aplicables.

En otras palabras, la finalidad principal de una notificación es dar a conocer al interesado un acto de autoridad que puede irrogarle perjuicio, a fin de que esté en condiciones de defenderse.

Explicado lo anterior, se debe hacer referencia al caso concreto, en que el quejoso promovió juicio de amparo contra, entre otros actos, el oficio **********, de **********, a través del cual se le dio a conocer el inicio del procedimiento administrativo de separación **********, de **********, instaurado en su contra.

En otras palabras, dicho oficio es el acto a través del cual se le notificó que en autos del expediente administrativo **********, se dictó un acuerdo que decretó el inicio del procedimiento de separación.

De la lectura de las constancias que obran en los autos del juicio de amparo que se revisa, se advierte que la Juez consideró oportuna la promoción de la demanda de garantías contra el acuerdo de inicio respectivo.

Por tanto, los vicios que pudiera contener la notificación de esa resolución no afectan de forma alguna al quejoso, en virtud de que la Juez de Distrito consideró oportuna la demanda de garantías que promovió pues, de otra manera, habría sobreseído precisamente por extemporaneidad.

Es decir, las violaciones que pudiera tener la diligencia de notificación del acuerdo de inicio del procedimiento no le causan afectación porque, como ya se dijo, la finalidad de una notificación es dar a conocer al gobernado cierta decisión asumida por la autoridad para que, en caso de estar en desacuerdo, pueda impugnarla en los plazos y a través de los medios procesales oportunos.

De ahí que, como afirman las autoridades, el quejoso carece de interés jurídico para pedir amparo contra el oficio **********, y el citatorio **********, de ********** y **********, respectivamente, razón por la cual se debe decretar el sobreseimiento respectivo con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

Al no existir alguna otra causa de improcedencia que propongan las partes, o bien, que este órgano judicial advierta de oficio, a continuación se estudiarán los agravios que controvierten el fondo del asunto.

QUINTO. Para determinar el tratamiento que deba darse al asunto, se estima conveniente informar las consideraciones torales en que se apoya la sentencia recurrida.

En el considerando tercero, la Juez se ocupó de precisar los actos reclamados, mediante el análisis integral de la demanda de amparo, y estableció que son:

a) La emisión del auto de **********, en donde se inició el procedimiento administrativo de separación, radicado con el número de expediente **********, y su consecuencia, consistente en la suspensión del cargo o comisión del empleo del quejoso.

b) ...

c) La elaboración del reporte integral de evaluación que contiene como resultado único e integral de los exámenes de control de confianza, que se decreta que el gobernado "no cumple con el perfil".

En el cuarto considerando, la Juez de Distrito estimó ciertos los actos atribuidos al titular de la Unidad de Asuntos Internos, al director general de Control de Confianza, al director de Psicología, al director de Análisis Poligráfico, al director de Investigación de Entorno Socioeconómico, al director de Valoración Médica Toxicológica y al director de Integración y Análisis de Casos, todos del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, consistentes en la elaboración del reporte integral de evaluación que contiene, como resultado único e integral de los exámenes de control de confianza, que se decreta que el quejoso "no cumple con el perfil", respectivamente, por haberlos admitido en sus informes justificados y por acreditarse su existencia con las constancias que obran en el expediente del juicio de amparo.

Asimismo, la a quo señaló que si bien el suplente permanente del secretario general, ambos (sic) del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, al rendir sus informes justificados (fojas 85 y 88 del expediente de amparo) negaron el acto que se les atribuye, consistente en la emisión del auto de inicio del procedimiento administrativo de **********, radicado en el expediente **********, y su consecuencia, consistente en la suspensión del empleo, cargo o comisión del quejoso; sin embargo, consideró que deben tenerse por ciertos, pues del contenido de dicho acuerdo apreció que fueron firmados por las citadas responsables.

En esta parte, cabe aclarar que aunque en forma expresa la a quo no se refirió a la denominación del suplente permanente del presidente, implícitamente lo consideró al señalar que el acto reclamado de éste y del secretario son ciertos, y que pertenecen al Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, pues precisó las fojas en las que se encuentran agregados al expediente de amparo los informes justificados.

En el quinto considerando, la a quo examinó las causas de improcedencia hechas valer por el titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal y el director general, el director de Psicología, el director de Análisis Poligráfico, el director de Investigación de Entorno Socioeconómico, el director de Valoración Médica Toxicológica y el director de Integración y Análisis de Casos, todos de la Dirección General de Control de Confianza de la Policía Federal, respecto del auto de inicio del procedimiento administrativo seguido al quejoso, y las estimó infundadas, pues consideró, en primer lugar, que si bien es un acto emitido dentro del procedimiento respectivo, genera una afectación de carácter irreparable; en segundo término, dicho acuerdo genera perjuicio jurídico al quejoso, por lo cual éste posee interés jurídico para combatirlo a través del juicio de garantías y, en tercer lugar, porque tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo.

En el sexto considerando, la juzgadora federal estimó que las autoridades responsables tienen competencia para emitir el acuerdo de inicio del procedimiento dictado el **********, de acuerdo con los artículos 28 de la Ley de la Policía Federal, 197 y 200 de su reglamento.

Finalmente, en el séptimo considerando, la Juez de Distrito concedió el amparo, porque consideró que en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto, para ser legal, requiere estar debidamente fundado y motivado, para lo cual la autoridad emisora debió expresar, en el proveído dictado el **********, las razones, motivos y circunstancias especiales por las cuales consideró procedente decretar el inicio del procedimiento administrativo de separación del servicio activo en la Policía Federal.

Esto es, las responsables omitieron señalar de manera fundada y motivada por qué con el resultado "no cumple con el perfil" en el proceso de evaluación de control de confianza, el quejoso debía ser sometido a un procedimiento de separación del servicio activo, pues no hicieron un pronunciamiento sobre su situación particular en cuanto a los medios de prueba en que se basaron, ni a su alcance y valor probatorios, pues sólo se observa que expusieron que probablemente incumplió el requisito de permanencia -consistente en aprobar el proceso de evaluación de confianza-, en razón de que al practicarle los exámenes de psicología, poligrafía, médico, toxicológico y de entorno socioeconómico, obtuvo como resultado en el reporte integral de evaluación: "No cumple con el perfil".

Siguió diciendo la juzgadora que si bien se enumeraron una serie de documentos, entre ellos, el reporte integral de evaluación y diversas autorizaciones a nombre del quejoso, para someterlo a las evaluaciones de control de confianza, las autoridades responsables no hicieron un pronunciamiento sobre su situación particular con base en los citados medios de prueba, ni con su alcance y valor probatorios.

Sobre esas bases, la a quo concedió al quejoso el amparo para que el presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial deje sin efectos el acuerdo de **********, que inició el procedimiento administrativo de separación **********, y todo lo actuado con posterioridad.

En su primer agravio, las recurrentes señalan que es ilegal la determinación de la Juez de Distrito, de tener por cierto el acto atribuido al suplente permanente del secretario general del Consejo Federal de Desarrollo Policial, ya que dicho secretario no puede considerarse con el carácter de autoridad responsable, pues únicamente autentificó el acuerdo de inicio del procediendo administrativo instaurado al quejoso, mas no lo emitió.

En el agravio que nos ocupa, la recurrente plantea la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de que argumenta que el suplente permanente del secretario general del Consejo Federal de Desarrollo Policial, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, al haberse limitado a autenticar el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de remoción del servidor público.

Para dar solución a lo anterior, es necesario transcribir lo siguiente:

"Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:

"...

"II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ..."

El precepto legal transcrito dispone quiénes tienen el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo.

Los artículos 31, 33 y 41 de la Ley de la Policía Federal establecen:

"Artículo 31. El procedimiento que se instaure a los integrantes por incumplimiento a los requisitos de permanencia o por infracción al régimen disciplinario ante el Consejo Federal iniciará por solicitud fundada y motivada del responsable de la Unidad de Asuntos Internos que corresponda, dirigida al presidente del Consejo Federal y remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor.

"El presidente resolverá si ha lugar a iniciar procedimiento contra el presunto infractor, en caso contrario devolverá el expediente a la unidad remitente.

"En caso procedente, resolverá si el asunto se instruirá por el pleno, alguna comisión o comité del propio Consejo Federal.

"El responsable de la Unidad de Asuntos Internos será nombrado por el presidente de la República; contará con autonomía de gestión y tendrá, además de la atribución de supervisión de las operaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 8 de esta ley, las que el reglamento le otorgue."

"Artículo 33. Resuelto el inicio del procedimiento, el secretario general convocará a los miembros de la instancia y citará al presunto infractor a una audiencia haciéndole saber la infracción que se le imputa, el lugar, el día y la hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y formular alegatos, por sí o asistido de un defensor. ..."

"Artículo 41. Los acuerdos dictados durante el procedimiento, serán firmados por el presidente del Consejo Federal y autentificados por el secretario general."

Conforme a las disposiciones transcritas, el presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial es el facultado para ordenar el inicio del procedimiento en contra de los elementos de la Policía Federal por incumplimiento de los requisitos de permanencia.

Al secretario general corresponde la autentificación de dicho acuerdo de inicio del procedimiento dictado por el presidente.

Por otro lado, los artículos 197 y 200 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal autorizan la suplencia permanente del secretario general del Consejo Federal de Desarrollo Policial, de manera que el suplente actúa en sustitución con las facultades que le otorgan las disposiciones legales y reglamentarias al titular.

De ahí que el secretario general y su suplente permanente actúan con base en las obligaciones que les imponen las disposiciones legales.

Del pie del acuerdo de inicio del procedimiento (fojas 161 a 165 del expediente de amparo) se observa su intervención:

"Así lo acordó y firma el comisario general, maestro Oswaldo Luna Valderrábano, secretario general de la Policía Federal, en su carácter de suplente permanente del presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de la Policía Federal, quien actúa con el comisario jefe, maestro Javier Alejandro Bache Ayala, en su carácter de suplente permanente del secretario general del Consejo Federal de Desarrollo Policial, que autentifica, acorde con lo dispuesto en el numeral 41 del citado ordenamiento jurídico; lo anterior de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal de la Policía Federal, en relación con los numerales 197 y 200 de su reglamento."

Por consiguiente, está demostrado que el suplente permanente del secretario general del Consejo Federal de Desarrollo Policial cumplió con su obligación de autentificación del acuerdo de inicio del procedimiento de remoción reclamado.

Por tal razón, si el suplente permanente del secretario general del Consejo Federal de Desarrollo Policial autentificó el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de remoción reclamado, el cual tiene como efecto la separación provisional en el servicio activo con todas las privaciones que conlleva, resulta infundada la causa de sobreseimiento que pretende la recurrente, dado que, como fue demostrado, tiene la calidad de autoridad conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo.

En una parte de su segundo agravio, las recurrentes aducen que, en la sentencia recurrida, la a quo violó los principios de congruencia y exhaustividad al ordenar al presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, dejar sin efectos el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo incoado en contra del quejoso, sin que éste se encuentre señalado como autoridad responsable.

Para resolver el argumento en estudio, conviene decir que de la lectura de la demanda de amparo se observa que el quejoso señaló, entre otros, al secretario general de la Policía Federal y al suplente permanente del presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal.

Para justificar que el presidente no fue señalado directamente como autoridad responsable, es necesario remitirnos al contenido de los artículos 28 de la Ley de la Policía Federal; 197 y 200 de su reglamento.

"Ley de la Policía Federal

"Artículo 28. El Consejo Federal se integrará de la siguiente manera:

"I. Un presidente, que será el comisionado general;

"II. Un secretario general;

"III. Un representante del órgano interno de control;

"IV. Un representante de la unidad jurídica de la secretaría;

"V. Un consejero por cada área operativa, y

"VI. Un consejero por el área jurídica de la Policía Federal.

"Los integrantes del Consejo Federal serán de carácter permanente, y se designará a un suplente, de conformidad con el reglamento."

"Reglamento de la Ley de la Policía Federal

"Artículo 197. El Consejo Federal es el órgano superior colegiado encargado de normar, conocer y resolver toda controversia suscitada con los procedimientos relativos a la carrera policial, la profesionalización y el régimen disciplinario, mismo que se integra por:

"I. Un presidente, que será el comisionado general;

"II. Un secretario general, que será el titular de la Secretaría General de la institución;

"...

"Los integrantes del Consejo Federal serán de carácter permanente y se podrá designar un suplente permanente que deberá tener, al menos, el cargo de director general adjunto y el grado de inspector general.

"El Consejo Federal contará para el desempeño de sus funciones, con los secretarios de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta, actuarios, auxiliares administrativos y demás personal necesario, conforme a las disponibilidades presupuestales de cada división representada o la secretaría general.

"En las regiones y entidades federativas, el Consejo Federal contará con las comisiones o comités en las materias de carrera profesional, profesionalización, régimen disciplinario, estímulos y las que resulten necesarias para auxiliar el despacho de los asuntos que, conforme a la delegación de facultades, sean de su competencia."

"Artículo 200. Los integrantes del Consejo Federal podrán designar suplentes permanentes mediante escrito, los cuales deberán contar con el siguiente perfil:

"I. Tener al menos el cargo de director general adjunto y el grado de inspector general;

"II. No encontrarse sujeto a investigación y/o procedimiento administrativo, y

"III. Contar por lo menos con un año de antigüedad en la institución."

De los preceptos citados se advierte que el Consejo Federal se integra, entre otros, por un presidente, quien será el comisionado general y un secretario general; que los integrantes del Consejo Federal serán de carácter permanente y designarán a un suplente, de conformidad con el Reglamento de la Ley de la Policía Federal.

Esto es, el presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial cuenta con la facultad de designar a un suplente permanente en quien delegará sus funciones, de tal forma que el suplente ejercerá las funciones de aquél en nombre propio.

Esta posibilidad de suplir, presupone la necesidad de que las autoridades sean auxiliadas en desempeñar las funciones encomendadas, a través de la delegación de facultades, que no es más que adaptar la distribución competencial a las exigencias de la realidad, la cual es distinta de la suplencia por ausencia prevista en el artículo 116, fracción II-B, del Reglamento de la Policía Federal, consistente en una sustitución temporal que podrá ser ejercida en caso de enfermedad, impedimento, licencias, vacaciones, comisiones fuera de su adscripción u otros motivos.

Así, la suplencia temporal sólo podrá ejercerse por enfermedad, impedimento, licencias, vacaciones, comisiones fuera de su adscripción u otros motivos; en cambio, la suplencia permanente dispone diversas formalidades y requisitos que se deben reunir para el nombramiento de los suplentes permanentes, tales como efectuarse por escrito y la antigüedad de más de un año en la institución, además de no encontrarse sujeto a investigación y/o procedimiento administrativo.

Como puede verse, la suplencia de carácter permanente constituye una delegación de facultades, de tal manera que el quejoso, al señalar como autoridad responsable al secretario general y al suplente permanente del presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial, de emitir el acto reclamado, éstos actuaron en delegación de las facultades que conforme a la ley tiene conferidas el presidente, como titular integrante de la corporación.

Dicho de otra manera, el secretario general y el suplente permanente del presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial actúan en representación del presidente del Consejo Federal, que es el órgano superior colegiado encargado de normar, conocer y resolver toda controversia suscitada con los procedimientos relativos a la carrera policial; de ahí que si el presidente, su suplente y el secretario general y su suplente, tienen la facultad de dejar sin efectos el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo incoado en contra del quejoso, no era necesario nombrar como autoridad responsable al presidente.

Por otro lado, en sus agravios los recurrentes señalan que el presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial no fue notificado de la sentencia de amparo, por lo que, afirman, no fue llamado a juicio.

De las constancias que integran el expediente de amparo **********, se advierte que el director general adjunto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del suplente permanente del presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial, rindió su informe justificado, lo que demuestra que, por conducto de éste, fue emplazado con la demanda de amparo; de ahí que su argumento es infundado (fojas 85 a 88 de dicho expediente).

En otra parte del segundo agravio las recurrentes aducen que, pese a lo sostenido por la a quo, el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación reclamado, se encuentra debidamente fundado y motivado, pues en su texto se especificaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas tomadas en cuenta para iniciar el procedimiento respectivo, donde se estableció que el quejoso incumplió con los requisitos de permanencia en la institución policial, al detectarse, a través de la aplicación de los exámenes de psicología, poligrafía, médico, toxicológico y de entorno socioeconómico, que no cumple con el perfil para su permanencia; luego, afirman, que las conclusiones de ese acuerdo son suficientes para otorgar al quejoso seguridad jurídica sobre los motivos del inicio del procedimiento, pues sólo la omisión total de fundamentación y motivación causarían la inseguridad jurídica aducida por la Juez de Distrito.

Además, las recurrentes señalan que se valoraron las pruebas allegadas a la solicitud de inicio del procedimiento que nos ocupa, y que lo que en realidad llevó a decidir la apertura de éste fue el resultado de la valoración de tales documentos, reflejado en el reporte integral de evaluación.

Continúan diciendo que el resultado "No cumple con el perfil", no es calificativo que deba adminicularse con elementos de prueba para que tenga eficacia legal, y que en el reporte integral de evaluación respectivo se establecieron claramente los motivos por los cuales fue calificado de esa manera.

Como se ve, a través de sus agravios los recurrentes pretenden evidenciar que la sentencia controvertida es ilegal porque, en esencia, el acto reclamado está debidamente motivado, pues el quejoso está cierto y cuenta con los elementos e información suficientes para defender adecuadamente sus intereses, tan es así que conoce que omitió acreditar los exámenes de control de confianza que le fueron practicados, y que la solicitud de inicio realizada por la autoridad contiene los pormenores de su conducta infractora.

En sus agravios, las recurrentes afirman que la sentencia controvertida es ilegal por incongruente, pues en el acto reclamado constan los fundamentos que originaron el inicio del procedimiento administrativo de separación instruido al quejoso.

Para resolver el tema de fundamentación propuesto, conviene informar que en la sentencia recurrida, la Juez concedió el amparo contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación seguido al quejoso, al considerar que transgrede la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Norma Fundamental.

Para sustentar su decisión, la a quo explicó que, al tratarse del acuerdo de inicio del procedimiento, el gobernado debe estar cierto en cuanto a la conducta que se le atribuye y por qué, pues precisamente se le sujetará a una instancia administrativa en donde tendrá que demostrar lo contrario.

A continuación indicó que del análisis del acto reclamado se advierte que la responsable omitió dar a conocer al interesado las razones por las cuales inició aquella vía.

Para resolver el tema propuesto, se debe tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la garantía del debido proceso está conformada por dos grandes grupos o especies.

La primera, corresponde a todas las personas, independientemente de sus características o circunstancias; esto es, condición, nacionalidad, género y/o edad, y dentro de la cual se encuentra el derecho a ser asistido por un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio, entre otros.

La segunda comprende prerrogativas que surgen a partir de la combinación entre la garantía del debido proceso y el derecho de igualdad ante la ley, pues tienden a proteger a aquellas personas que se encuentren en situaciones de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, tal es el caso del derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con traductor o intérprete, el derecho de las niñas y de los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

A partir de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia estableció que el "núcleo duro" de la garantía en comento está conformado por aquellas prerrogativas que deben respetarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, mientras que las restantes, o sea, las que pertenecen al segundo grupo son aplicables en los procesos que implican el ejercicio de la potestad punitiva del Estado.

De esa manera, dijo, el "núcleo duro" de la garantía del debido proceso se identifica con las formalidades esenciales del procedimiento que, conforme a sus propios criterios, permiten que los gobernados puedan ejercer su defensa antes de que las autoridades modifiquen definitivamente su esfera de derechos.

Agregó el Alto Tribunal que conforme al criterio que informa la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", las formalidades esenciales del procedimiento son: 1) la notificación del inicio del procedimiento; 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar; y, 4) la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

Las afirmaciones que anteceden encuentran sustento en la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 396, que dice:

"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un ‘núcleo duro’, que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al ‘núcleo duro’, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la ‘garantía de audiencia’, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: ‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finqu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25499-18d08a52/acuerdo-de-inicio-del-procedimiento-de-separacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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