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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL POR INCUMPLIR LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY RELATIVA. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SU ACUERDO DE INICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2015. · Registro digital (IUS): 26083
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-01-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, Pág. 2416.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ. 10 DE NOVIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE DIECIOCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA, DAVID DELGADILLO GUERRERO, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ Y PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA. DISIDENTES: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA Y GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES. PONENTE: JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO. SECRETARIO: ANÍBAL JESÚS GARCÍA COTONIETO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce; así como en lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; modificado por los Acuerdos Generales 22/2013 y 53/2014, también del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil trece y el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, respectivamente. En virtud de que se trata de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia administrativa, de la especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.-La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que la formuló **********, quien fuera la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, del que derivó el amparo en revisión 140/2014 del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; esto es, una de las partes en los asuntos que motivaron la contradicción.

TERCERO.-Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio jurisprudencial que debe prevalecer, es preciso tener en cuenta las consideraciones esenciales que sustentan las posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito que aquí intervienen.

a. En sesión de tres de octubre de dos mil catorce, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, resolvió el cuaderno auxiliar 677/2014, relativo al recurso de amparo en revisión ARA. 140/2014 del índice del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, interpuesto por el presidente y suplente permanente del presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, en contra de la sentencia emitida el treinta de abril de dos mil catorce, en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal -en el que se reclamó el acuerdo de inicio de procedimiento por incumplimiento de los requisitos de permanencia, incoado a la parte quejosa como integrante de la Policía Federal-; conforme a las consideraciones siguientes:

"SÉPTIMO.-Estudio de los agravios respecto del acto reclamado al aquí recurrente, suplente permanente del presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial, consistente en el acuerdo de inicio de ocho de marzo de dos mil trece.-En la primera parte de su único agravio (foja 5 del escrito de revisión), el recurrente expone que contrario a lo que señala el Juez de Distrito, en la solicitud de inicio del procedimiento efectuada por el titular de la Unidad de Asuntos Internos, se observa que fue realizada poniendo a consideración del presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial el inicio de dicho proceso ya sea por incumplimiento de los requisitos de permanencia o por infracciones al régimen disciplinario; ello dado que la conducta probablemente realizada por el presunto infractor, puede ser motivo del inicio del procedimiento por cualquiera de las dos vías, mas no por ambas; razón por la cual el presidente del Consejo Federal antes citado, en uso de su facultad establecida en el artículo 31 de la Ley de la Policía Federal determinó iniciar dicho procedimiento por el probable incumplimiento de un requisito de permanencia, consistente en no abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras, que produzcan efectos similares.-Por lo cual, no existe violación a los derechos de defensa del quejoso, toda vez que, de manera clara y precisa se hizo del conocimiento de éste la conducta que se le atribuye; más aún que conoció las pruebas existentes.-En ese sentido, la autoridad responsable invocó lo preceptos legales aplicables y refirió los hechos en que sustentó el inicio del procedimiento administrativo de separación, a saber, que el quejoso no aprobó la evaluación toxicológica y, por ende, presuntamente no cumple con uno de los requisitos de permanencia para ser integrante de la Policía Federal, exigidos por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal.-Este agravio es inoperante. En la sentencia recurrida se destacó que en el acuerdo de inicio del procedimiento la autoridad responsable expuso que el quejoso probablemente incumplió el requisito de permanencia -contenido en el artículo 88, apartado B, fracción IX, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el artículo 17, apartado B, fracción IX, de la Ley de la Policía Federal-, ello en razón de que al practicársele la evaluación toxicológica el diecisiete de junio de dos mil once resultó positivo al metabolito de marihuana.-Sin embargo, se resolvió que de dicho acuerdo de inicio de procedimiento no es posible advertir cuáles son las razones que la autoridad demandada consideró para iniciar el procedimiento de mérito, ni qué elementos tomó en cuenta para llegar a tal conclusión pues únicamente indicó que incumplió con el requisito de permanencia como integrante de la Policía Federal y citó, al efecto, dos artículos, uno de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otro de la Ley de la Policía Federal y fue omiso en motivar dicha circunstancia, por lo que se consideró que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación.-Lo que se señaló resulta relevante, dado que la titular de la Unidad de Asuntos Internos, dentro del expediente de investigación **********, solicitó el inicio de los procedimientos por incumplimiento a los requisitos de permanencia o infracciones disciplinarias y no sólo por el primero; sin embargo, en el acuerdo de inicio la autoridad fue omisa en pronunciarse acerca de cuál procedimiento es el que se encuentra sustanciado, o bien, si ambas imputaciones se resolverán en el mismo expediente ocasionado, con esto, inseguridad jurídica al quejoso.-Luego, si el recurrente no combatió las consideraciones que sustentan la sentencia, el agravio es inoperante.-A lo anterior, se comparte por analogía, la jurisprudencia IV.3o.A. J/4, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 1138, Tomo XXI, abril de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe).-En la última parte de su único agravio (foja 6 del recurso de revisión), el recurrente alega que su intervención en el acuerdo de inicio del procedimiento únicamente se ciñe a recibir la solicitud aludida, a verificar si se encuentra fundada, motivada y si se acompañaron los elementos de prueba que se estimaron pertinentes y que dan origen a la solicitud de dicho procedimiento; circunstancia que de ninguna forma obliga a la autoridad a realizar un análisis a priori de la cuestión que se plantea; por tanto, si el requisito de permanencia que se estimó incumplido es cierto o no, si las pruebas que acompañó se encuentran o no completas si las evaluaciones son suficientes para determinar la permanencia del integrante en la institución; tales cuestiones son propias de la resolución que se emita en el procedimiento administrativo, tanto de las pruebas que se adjuntaron a la solicitud, como de las aportadas por el presunto infractor.-De la misma manera, insiste el recurrente, de acuerdo con lo establecido por la Ley de la Policía Federal, lo dispuesto en el auto de inicio de procedimiento administrativo no prejuzga sobre la responsabilidad imputada al presunto infractor, pues dicha circunstancia será determinada hasta en tanto se concluya el procedimiento, de conformidad con el caudal probatorio que se haya aportado en éste, por lo que en el juicio de amparo promovido por el quejoso únicamente debe estudiarse si el acuerdo reclamado tiene algún vicio formal que haya dejado sin defensa al impetrante.-Este agravio es infundado.-El procedimiento administrativo se especifica en los artículos 31 a 41 de la Ley de la Policía Federal, de los cuales el que interesa dispone: ‘Artículo 31.’ (se transcribe).-Del análisis de dicho numeral se advierte que la valoración de pruebas no se debe realizar únicamente en la resolución que se emita en el procedimiento administrativo, sino que debe realizarse una valoración previa desde el dictado del acuerdo de inicio de procedimiento.-Como se ve, el presidente del Consejo Federal debe resolver si ha lugar a iniciar el procedimiento en contra del servidor público y, para ello, deberá analizar las pruebas ofrecidas por la Unidad de Asuntos Internos correspondiente para estar en posibilidad de determinar de manera presunta si efectivamente el servidor incumplió con los requisitos de permanencia o por infracción al régimen disciplinario que dé lugar a la separación del cargo, ya que si considera que no se acredita la infracción deberá devolver el expediente a la unidad remitente.-Esto es, resulta trascendente la valoración previa, para que el presidente cuente con los medios necesarios para determinar la procedencia o no del inicio del procedimiento.-Por otro lado, la valoración previa de las pruebas encuentra su justificación en la naturaleza del procedimiento, ya que el mecanismo de control y evaluación para el desempeño de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno puede conducir a la separación o remoción del cargo si no cumplen con los requisitos impuestos por las leyes respectivas o si incurren en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; previéndose que, en ese caso, aun cuando pudieran obtener una resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no podrán ser reinstalados en sus cargos; limitándose el Estado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho.-Por tanto, si no se realiza una valoración previa de pruebas para determinar la viabilidad del inicio del procedimiento, implicaría sujetar a los servidores, en automático, a un procedimiento en el que de no obtener resolución favorable ya no podrán ser reinstalados en sus cargos, teniendo una ejecución irreparable; de ahí la trascendencia de la valoración previa de pruebas.-Además de lo anterior, es necesaria la valoración previa de las pruebas desde el dictado del acuerdo de inicio, porque de ese modo el servidor se encontrará en posibilidad de preparar su defensa demostrando que no incumplió con los requisitos de permanencia o que cometió una infracción al régimen disciplinario.-Ello pues, la referida valoración previa del material probatorio que debe realizarse en el acuerdo de inicio del procedimiento respecto de aquellas pruebas que ofrezca la autoridad al solicitar el inicio de éste no implica que no se pueda revertir dicho valor esto dado que no imposibilita a los servidores para que aleguen y aporten los medios que consideren necesarios para dicho fin, lo que tendrá repercusión en el momento de que la autoridad dicte la resolución definitiva en la que se pronuncie respecto de las manifestaciones de las partes y valore todos los medios de prueba que éstos aportaron durante el procedimiento.-Entonces, la valoración previa de las pruebas en el acuerdo de inicio es relevante por las siguientes razones: es el fundamento para que el presidente pueda declarar la procedencia de éste; asimismo; protege al servidor ya que iniciado el procedimiento, aun cuando pudieran obtener una resolución favorable, de la autoridad jurisdiccional, no podrá ser reinstalado en su cargo; y, finalmente, porque pone del conocimiento del servidor la conducta que se le imputa, lo que le otorga posibilidad de defensa durante el procedimiento.-Por tales razones, este órgano colegiado no comparte, en la forma en que lo pretende el recurrente, el criterio emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2058, Libro XVIII, Tomo 3, marzo de dos mil trece, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA SU INICIO NO ES FACTIBLE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DECISIÓN DE CONSIDERAR PRESUNTIVAMENTE COMO GRAVE LA CONDUCTA POR LA QUE SE INSTRUYE NI EL TEMA RELATIVO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA AUTORIDAD.’ (se transcribe).-En esas condiciones, al haber resultado infundada la última parte del agravio analizado, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida que concedió el amparo. ..."

b. Por su parte, en sesión de nueve de febrero de dos mil quince, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió el recurso de revisión RA. 347/2014, interpuesto por el quejoso ********** -ahora denunciante de la contradicción-, en contra de la resolución pronunciada el catorce de octubre de dos mil catorce, en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal -en el que se reclamó, entre otras actuaciones, el acuerdo de inicio de procedimiento por incumplimiento de los requisitos de permanencia, incoado a la parte quejosa como integrante de la Policía Federal-; en términos de los razonamientos que se reproducen a continuación:

"SÉPTIMO.-Como antecedentes del asunto que se revisa conviene establecer que en los autos del juicio de amparo ********** del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, obran las siguientes actuaciones: 1. Mediante oficio ********** de trece de diciembre de dos mil trece la directora general de Control de Confianza de la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial de la Policía Federal informó el resultado del proceso de evaluación de control de confianza realizado a **********, en cuyo resultado único e integral se concluyó ‘no cumple con el perfil’ (fojas 2 y 3 del anexo del juicio de amparo).-2. Por acuerdo de tres de abril de dos mil catorce el suplente permanente del presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal inició el procedimiento administrativo de separación ********** incoado al quejoso con motivo de los siguientes hechos: ‘... III. Imputación. La Unidad de Asuntos Internos, en su acuerdo de determinación, solicitó el «inicio del procedimiento», en contra del C. **********, derivado del incumplimiento al requisito de permanencia, previsto en el artículo 17, apartado B, fracción VI, de la Ley de la Policía Federal.-En relación a lo anterior y, atención a la propuesta de inicio de procedimiento, se colige que la conducta que probablemente incumplió C. **********, se hace consistir en la siguiente: ... «no cumplió con el requisito de permanencia, consistente en aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, el cual tenía la obligación de cumplir ...».-En razón de los señalamientos planteados en el reporte integral de evaluación, que al efecto realizó la Dirección General de Control de Confianza, como consecuencia de los resultados de las evaluaciones practicadas, se le tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, para los efectos legales a que haya lugar. Sin embargo, en este momento procesal no se hace de su conocimiento dicha información, en virtud de no hacer públicas las razones por las cuales incumple con los requisitos de permanencia que se le imputan, aunado a que contiene datos que se encuentran clasificados con el carácter de reservados de conformidad con la normatividad aplicable en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los criterios emitidos por el comité de información de esta institución policial.-Por lo anterior, se considera que el integrante C. **********, probablemente incumplió con el requisito de permanencia que como integrante de la Policía Federal tenía la obligación de cumplir, en los términos de lo dispuesto por el artículo 17, apartado B, fracción VI, de la Ley de la Policía Federal, al no aprobar los procesos de evaluación de control de confianza que le fueron realizados.’ (páginas 36 a 44 del anexo del juicio de amparo).-3. A través del oficio ********** de veintisiete de junio de dos mil catorce se hizo del conocimiento del quejoso el acuerdo de inicio de procedimiento y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ley, la cual se verificó a las diez horas del ocho de julio de dos mil catorce (hojas 49 a 53 del legajo de pruebas).-OCTAVO.-En su primer agravio el recurrente aduce que la resolución de catorce de octubre de dos mil catorce impugnada, transgrede el principio de exhaustividad pues el Juez de Distrito omitió hacer un análisis sistemático de todos los conceptos de violación expuestos en el escrito de demanda violando lo dispuesto por el artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo siguiente: • Porque de la lectura de los primero, tercero y cuarto conceptos de violación plasmados en la demanda de amparo, al menos en veintitrés veces se hizo alusión y se impugnó el inicio, radicación o incoación del procedimiento administrativo ********** y se expresaron las razones por las cuales se transgreden derechos fundamentales, apartados en los que textualmente se expresó: ‘... en el presente caso, de permitir que se continúe la sustanciación del procedimiento hasta que fuera dictada la resolución definitiva y, toda vez que, como se precisará en los conceptos de violación siguientes, con la indebida radicación del citado procedimiento se me coloca en un estado de indefensión material que me impide en los hechos desacreditar la imputación a la que esto sujeto ...’.-‘... pues el motivo de la radicación del citado procedimiento administrativo y la consecuente citación al suscrito como parte en el mismo, lo es juzgar respecto de hechos y situaciones de derecho que inciden de forma real e inmediata en mis garantías fundamentales contenidas en el artículo 5o., párrafo primero y 123, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: ...’.-‘... Así, estamos ante un caso excepcional dada la afectación superlativa, de grado predominante o superior, a la que se constriñe mi esfera de derechos fundamentales como consecuencia de los actos reclamados, es decir, ante un procedimiento administrativo en el cual, como se demostrará, no se me permite ejercer de forma real y efectiva mi defensa y que acarrearían como consecuencia la separación de mi fuente de manutención e ingresos, sin que exista posibilidad alguna de ser reinstalado, aun cuando con posterioridad demuestre que dicha resolución fue injustificada por ilegal ...’.-‘... Supuesto que sucedería en el presente caso pues, se insiste, bajo el fundamento del contenido del artículo 123, inciso B, fracción XIII, de nuestro Pacto Federal, en caso de decretarse la separación de mi fuente de trabajo, con motivo de la sustanciación del procedimiento administrativo en los que tienen lugar los actos reclamados, sería imposible aun por medio de una resolución definitiva de amparo directo que fuera reinstalado y con ello se vulneraría de manera irreparable, jurídica y materialmente, entre otras, la garantía fundamental consagrada en los citados artículos 5o. y 123 de la propia Constitución Federal y en diversos tratados internacionales ya citados ...’.-‘... Es de fundamental importancia destacar, como se narró en los antecedentes, que además en el referido acuerdo de fecha tres de abril de dos mil catorce dictado por el suplente permanente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, se adoptó como determinación: ...’.-‘... De esta forma, en el procedimiento administrativo del cual emergen los actos reclamados, existen diversas causas que derivaron en colocar al suscrito en un estado de indefensión, incertidumbre e inseguridad jurídica violando así el principio del debido proceso y sus formalidades correspondientes, causando una afectación superlativa, es decir, de grado predominante o superior, por su extrema gravedad, pues concurren circunstancias de gran trascendencia dentro del procedimiento, dependiendo de ellas la suerte de todo el juicio natural, al no asegurar su desarrollo con respeto a mis garantías procesales esenciales, como a continuación se precisa: 1. Motiva la sustanciación del procedimiento, el denominado reporte integral de evaluación, con fecha emisión del resultado trece de diciembre de dos mil trece ... Al respecto, como se desprende de todas las constancias que integran el expediente del procedimiento administrativo con número **********, en ninguna de ellas se hace constar cuál es el «perfil» que el suscrito debe cubrir y que concluyen no satisfago. No existe información alguna en la que se haga constar cuál es el «perfil» que debo cubrir en mi grado y funciones de «sub oficial» ...’.-‘Lo anterior no sucede en el presente caso, ninguna de dichas operaciones es realizada por las autoridades responsables y aun así se da inicio al procedimiento administrativo para decretar la procedencia de mi separación de la institución. De forma tal que se me deja en estado de indefensión, incertidumbre e inseguridad jurídica, al quedar imposibilitado de forma material y jurídica para controvertir el resultado de mis pruebas de control de confianza que motiva el inicio del procedimiento administrativo.-Es decir, que previo a la celebración o práctica de los exámenes de los cuales fue objeto, no se me hizo nunca de mi conocimiento cuáles son las características de personalidad, rasgos físicos, éticos, socioeconómicos y médicos que debían colmar mi grado y funciones policiales, tampoco se me informó dichas circunstancias al momento de sujetarme a las pruebas de referencia y menos aún después de celebrados los mismos, incluso ahora que estoy sometido al procedimiento administrativo que nos ocupa no se me ha informado y no conozco cuáles son las características en mención.’.-‘... Lo cual es de una importancia trascendental, superlativa, pues justamente el hecho de que no cumplo con el perfil, es lo que motiva que las autoridades responsables estimen que incumplo uno de los requisitos de permanencia en la institución y, por ello, se ordena la incoación del procedimiento administrativo, en el cual aun existiendo formalmente todas las oportunidades de defensa, estoy imposibilitado materialmente y efectivamente para desvirtuar la acusación, pues no conozco ni tengo la posibilidad de conocer dentro de todo el procedimiento y las constancias que le dan sustento, cuál es el supuesto «perfil» que no cumplo, es decir, no puedo controvertir, alegar o probar, respecto de lo que desconozco y es a lo que se somete en el presente caso, en abierta violación al debido proceso que es una de mis garantías fundamentales como persona.-El denominado «reporte integral de evaluación», que contiene el resultado de las evaluaciones de control de confianza, documento que da sustento a considerar que el suscrito «no cumple con el perfil’, adolece notoriamente de diversas inconsistentes que tienen como consecuencia inmediata y directa que no pueda, material ni jurídicamente, ejercer mi defensa en el respectivo procedimiento administrativo y que, por tanto, vulnera mis garantías fundamentales ...’.-‘... De esta forma, me permito esgrimir las razones, en virtud de las cuales se evidencia que el documento denominado «reporte integral de evaluación». Se encuentra elaborado de forma tal que imposibilita mi defensa dentro del procedimiento de origen, dejándome en un estado de indefensión, incertidumbre e inseguridad jurídica, vulnerando así mis derechos humanos, sin que tales circunstancias fueran tomadas en consideración por la autoridad demandada, ordenando ilegalmente la incoación del procedimiento administrativo, entre otras cosas por lo siguiente: ...’.-‘... Así, de todas y cada una de las co

stancias que obran en el expediente del que derivan los actos reclamados, no me es posible conocer las premisas, reglas o fundamentos, así como las formas, el método, con el que estás fueron aplicadas, para respaldar las muy diversas opiniones y afirmaciones, subjetivas todas, que permitieron arribar a las conclusiones y el resultado plasmado en el multicitado reporte integral de evaluación, con lo cual se imposibilita de forma material y jurídica mi defensa, viéndome así vulnerado y privado de mis derechos fundamentales.’.-‘Esto sumado a que toda vez que se careció del conocimiento de las citadas premisas, reglas, fundamentos, métodos, procedimientos e instrumentos técnicos, el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, no estaba en la posibilidad idónea para motivar la valoración de dicha probanza y menos aún para considerarla como la motivación principal, por no decir única, para dictar la radicación del procedimiento administrativo al que fui llamado, en la que se vulneraran mis derechos fundamentales.’.-‘... En el caso concreto se percibe con claridad que el reporte integral de evaluación contiene los resultados de diversos exámenes que integran el proceso de control de confianza (médico, psicológico, poligráfico, entorno socioeconómico y toxicológicos), que debieron realizarse por especialistas en cada una de las materias, respecto de los hechos que fueron sometidos a su conocimiento, es decir, se trata indudablemente de un dictamen y en consecuencia como tal debió ser valorado y se debe decretar que el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, de manera equívoca e ilegal dictó el proveído que ahora se recurre careciendo de la fundamentación y motivación necesaria para ello ...’.-‘... Es decir, no existe material alguno que permita inferir que manifesté mi conformidad con la veracidad y exactitud de lo plasmado en el multicitado reporte, sino, por el contrario, nunca tuve conocimiento de lo que resultó ser su contenido, siendo que lo insertado en el mismo fue en diversos casos tergiversado, sacado de contexto, seleccionado de forma arbitraria y subjetiva, incluso existen afirmaciones, hechos o abstenciones que no son acordes con lo relatado por el suscrito en ninguna de las evaluaciones, que faltan a la verdad y; sin embargo, como el contenido integral de todas y cada una de las evaluaciones no forman parte del material probatorio del procedimiento administrativo, aduciendo que el tantas veces citado reporte contiene el resultado único e integral de las pruebas, se me coloca, una vez más, en un estado de indefensión, al no poder invocar y recurrir al soporte de las propias evaluaciones para con ello dejar de manifiesto lo equívoco e ilegal del citado reporte integral de evaluación, privándome del material probatorio idóneo para que no parezcan mis afirmaciones como una descalificación simple de los resultados o una mera actitud defensiva. Hechos que no fueron valorados por el citado Consejo Federal de Desarrollo Policial, al ordenar la radicación del procedimiento administrativo del que derivan los actos reclamados.’.-‘c) A mayor abundamiento, ni en el multicitado reporte ni en todas las constancias procesales que obran en el expediente formado en el procedimiento del que deriva la resolución impugnada, es posible determinar, al menos de forma presuntiva, la identidad de los sujetos que me practicaron las pruebas de las que se compone la evaluación de control de confianza al que fui sometido y, consecuencia de ello, me veo impedido para conocer si tales personas cuentan con los conocimientos, técnicos, científicos y/o profesionales, para realizar las pruebas respectivas y que son necesa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26083-a155d4e0/procedimiento-administrativo-de-separacion-de-los-integrantes-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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