Corpus
Modo: Corpus Pro

SEGURIDAD PÚBLICA. CONDICIONES Y PARÁMETROS DE LA OBLIGACIÓN RESARCITORIA A CARGO DEL ESTADO COMO CONSECUENCIA DEL PRONUNCIAMIENTO JURISDICCIONAL QUE CALIFIQUE DE ILEGAL LA REMOCIÓN, BAJA O CESE DE ALGÚN MIEMBRO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). SEGURIDAD PÚBLICA. LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN UN JUICIO CONTENCIOSO, QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DECRETE LA REMOCIÓN, BAJA O CESE DE ALGÚN MIEMBRO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. CONSECUENCIA JURÍDICA DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO EN AMPARO DIRECTO, ANTE LA EXISTENCIA DE VICIOS EN EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2014. · Registro digital (IUS): 25541
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-03-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II , Pág. 1972.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 9 DE DICIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO, JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ Y ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. DISIDENTES: JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ Y ARTURO HERNÁNDEZ TORRES. PONENTE: ARTURO HERNÁNDEZ TORRES. SECRETARIO: LUIS ÁNGEL RAMÍREZ ALFARO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos entre dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa pertenecientes a este circuito.

SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en función de que fue promovida por **********, actor en el proceso administrativo **********, del índice de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y quejoso en el amparo directo administrativo **********, del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, quien manifestó que el criterio expuesto en esa ejecutoria es contradictorio con el diverso expuesto en el amparo directo administrativo **********, de la estadística del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.

El escrito materia de la aludida denuncia es del contenido literal siguiente:

"Inicialmente deseo manifestar a su Señoría, que su servidor tiene la calidad de parte quejosa dentro del juicio de amparo directo **********, radicado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias (sic) Administrativa del XVI Circuito, con residencia en Guanajuato, capital; juicio de garantías en el cual, en forma definitiva, se negó amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por su servidor. De tal determinación, respetuosamente me permito realizar la siguiente transcripción: ‘No obstante lo anterior, ello no es suficiente para justificar la concesión del amparo, a fin de que la autoridad responsable ordene la reposición del procedimiento administrativo, pues ello no depararía en un mayor beneficio del ya obtenido por el quejoso. Esto es así, porque repuesto el procedimiento y aun en el caso de que el servidor pudiere desvirtuar el contenido de los exámenes a que se sometió, ello traería como consecuencia el determinar injustificada la separación en tanto que la causa de remoción no fue acreditada, ello no conduciría a la reinstalación del quejoso en la función que veía (sic) desempeñando atendiendo al impedimento constitucional que en ese sentido, prevalece en la especie y que incluso fue referido por la autoridad responsable en la sentencia aquí controvertida ... . ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara y (sic) protege a **********, en contra del acto del Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, consistente en la sentencia pronunciada el veinte de enero de dos mil catorce, en el juicio de nulidad ********** ...’. No obstante ello, cabe destacar que por asunto idéntico, un compañero de trabajo igual que el suscrito acudió para solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, el que le fue concedido dentro del juicio de amparo directo **********, radicado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias (sic) Administrativa del XVI Circuito, donde a él le fue concedido. De tal determinación, respetuosamente me permito realizar la siguiente transcripción: ‘Efectos de la protección constitucional. Congruentemente con lo expuesto, procede conceder el amparo solicitado, para que la Sala responsable proceda en los términos siguientes: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada; y, 2. Emita otra en la que, siguiendo los lineamientos insertos en esta ejecutoria, declare la nulidad del acto reclamado para el efecto de que determine la reposición del procedimiento, ya que debieron proporcionársele las constancias de los resultados de cada una de las evaluaciones al quejoso con la finalidad de hacer efectiva su garantía de audiencia; hecho lo cual, habrá de emitirse una nueva resolución en la que se tomen en cuenta las pruebas que, de ser conducentes, hayan sido admitidas y desahogadas. Ello, evidentemente implica que habrán de dejarse insubsistentes las cantidades reconocidas por concepto de indemnización y demás prestaciones, hasta en tanto exista un nuevo pronunciamiento una vez superadas las inconsistencias procedimentales motivo de la nulidad para efectos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del acto reclamado del Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, consistente en la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil catorce, en el expediente **********. El amparo se concede para los efectos destacados en la parte final del considerando último de esta ejecutoria ...’. El punto de la eventual contradicción radica, como brevemente se expuso con antelación, en que en asuntos completamente idénticos, los Tribunales Colegiados de Circuito enunciados con antelación asumieron decisiones en sentido contrario, siendo el caso que ambos se originaron por asuntos exactamente iguales, en los que se controvirtieron sentencias provenientes del Tribunal Contencioso Administrativo Estatal de Guanajuato, donde a su vez se impugnaron actuaciones derivadas de un procedimiento administrativo de remoción por no haber aprobado ambas personas el proceso de evaluación y control de confianza, practicado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato. De lo anterior, resulta evidente que el suscrito comparte el criterio asumido en la especie dentro del juicio de amparo directo **********, por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materias (sic) Administrativa del XVI Circuito, pues se estima que el mismo es compatible con el mandato constitucional consagrado por el artículo 1o., en el sentido de que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ello de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que a su vez genera que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, aspecto por destacan (sic) 2 cuestiones de suma importancia para el desarrollo del presente punto, las cuales son las inherentes la ‘interpretación pro-persona’, la ‘interpretación conforme’ y en lo correspondiente con la garantía de seguridad jurídica, específicamente con la subgarantía de audiencia. Es evidente que ambos criterios son sumamente respetables y producto del estudio a conciencia de aquellos tribunales que, respectivamente, lo emitieron, pero es natural que al respecto debe asumirse una postura y, finalmente, una resolución a lo que parece ser criterios contradictorios para un mismo asunto de origen, lo cual es lo que su servidor hace mediante la presente manifestación. Con absoluto respeto e independencia del criterio que sus Señorías pueden asumir respecto de la presente denuncia, admitirla, desecharla, determinar que procede y cuál criterio prevalece, su servidor estima que, como ser humano y servidor público, si es importante se hubiera determinado la concesión del juicio de amparo en el caso personal, ya que si bien es cierto el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió que a ningún fin práctico conduciría tal acción de concesión del amparo, pues aunque fue válida la causal de separación dirimida a su vez por la autoridad responsable, se determinó procedente el pago de una indemnización y por ningún motivo sería reinstalado, a título personal se estima que tal vez pasaron desapercibidas, cuestiones tales como las que a continuación se exponen: 1. Como ser humano, como padre, como esposo, como parte de una familia y como servidor público, más allá de la importancia y necesidad con relación a la cuestión económica, se estima importante analizar que existen aspectos relativos con la dignidad de la persona, la fama pública y el buen nombre. Por tanto, considerar que en el expediente personal de un servidor y/o en aquel que obra en la dependencia en materia de seguridad para la cual se laboró, de hoy en adelante obrará un dato, un registro, una constancia que indica que la remoción del cargo desempeñado fue válida y correcta es un estigma para mi persona, pues ello querrá decir que las presunciones y apreciaciones incorrectas realizadas a mi persona dentro del proceso de evaluación y control de confianza, fueron ciertas, cuando en realidad resultaron eso, simples presunciones sin fundamento y carentes de toda certeza. Por consecuencia, era y es de suma importancia para una persona cuidar aspectos inherentes a la dignidad, el buen nombre y la fama pública, lo cual se hubiera logrado en un procedimiento administrativo y/o juicio contencioso, donde se determinara de manera que tal remoción fue claramente injustificada, procediera la reinstalación o no, se me pagaran mayores prestaciones o no. 2. Igualmente y de haberse concedido el amparo solicitado, ello hubiera redundado en la emisión de una nueva sentencia por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, y esto, a su vez, hubiera impactado de manera importante con relación al procedimiento administrativo de remoción que se inició en perjuicio de mi persona. No se sabe, porque cada asunto es diferente, pero hubiera podido darse el caso de que eventualmente su servidor, al retrotraer los efectos legales de la actuación administrativa existente en mi contra, hubiera procedido una defensa en los términos que establece la jurisprudencia que a continuación se cita: No. Registro: 2003893. Jurisprudencia. Materias común y administrativa. Décima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, tesis 2a./J. 72/2013 (10a.), página 1135: ‘SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. A partir de la reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo un mecanismo de control y evaluación para el desempeño de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, que puede conducir a la separación o remoción del cargo si no cumplen con los requisitos impuestos por las leyes respectivas o si incurren en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; previéndose que, en ese caso, aun cuando pudieran obtener una resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no podrán ser reinstalados en sus cargos; limitándose el Estado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. Por tanto, si el interesado promueve juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento de separación respectivo en su carácter de agente del Ministerio Público, miembro de alguna corporación policial o perito, debe admitirse la demanda en términos del artículo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación, esto es, que de emitirse la resolución final aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo. Contradicción de tesis 35/2013. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto, Sexto, Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de abril de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Sergio A. Valls Hernández y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco. Tesis de jurisprudencia 72/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en sesión privada del diecisiete de abril de dos mil trece.’. Así pues, de haber procedido la primer hipótesis planteada, bien la segunda de ellas o tal vez ambas, pudiera darse el caso de que su servidor sí hubiera podido defender la permanencia en el puesto desempeñado y/o obtener mayores prestaciones a las que únicamente concedió la autoridad responsable, ya que no procede el pago de determinadas prestaciones en el caso de una separación injustificada (simple indemnización), como en aquella situación donde no lo es (pago de demás prestaciones a que tenga derecho, donde puede ser incluido la cuota diaria dejada de percibir merced de la citada separación injusta), así como lo dispone nuestra Carta Magna en su artículo 123, apartado B, fracción XII, y ha sido ilustrado por diversos criterios del propio Poder Judicial de la Federación que son de su pleno conocimiento, y que por tal motivo no se incluyen en el presente ocurso."

Por otra parte, se advierte que en el trámite de la aludida denuncia de contradicción de tesis, el Magistrado Víctor Manuel Estrada Jungo, como presidente del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, y como presidente del Primer Tribunal en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, advirtió la existencia del amparo directo administrativo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio circuito, en virtud de que en la ejecutoria relativa se sostuvo el criterio señalado por el denunciante, lo cual, implícitamente, debe entenderse como el planteamiento de la denuncia por contradicción de tesis prevista en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, proveniente de uno de los integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, pero en función de los criterios asumidos, respectivamente, en el amparo directo administrativo **********, y en el diverso amparo directo administrativo **********, de la estadística de los órganos jurisdiccionales ya señalados.

TERCERO. Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, son las siguientes:

1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el cinco de junio de dos mil catorce, el amparo directo administrativo **********, sostuvo en lo conducente, las siguientes consideraciones:

"OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Los motivos de inconformidad expuestos son ineficaces. A guisa de introducción, es menester precisar que los argumentos están relacionados con el valor probatorio de las consultas de cuenta individual exhibidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el juicio contencioso para desvirtuar la negativa externada por la actora respecto de los trabajadores cuyos datos aparecen en las cédulas de liquidación impugnadas. Cuestionan, respectivamente, la validez de la certificación de esos documentos, al no contener la cita del artículo 4 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, así como la confiabilidad de la información plasmada, en tanto que no consignan el primer movimiento de alta de los trabajadores cuyos datos aparecen en éstos. Ambos argumentos fueron declarados infundados por la Sala Regional, decisión que, como se verá, es jurídicamente correcta. I. Indebida fundamentación de la competencia del funcionario certificador de los estados de cuenta. En relación con dicho tema, la Sala consideró que la cita del numeral 96, fracción IX, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, es suficiente para sustentar la potestad ejercida por el secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el primer concepto de violación, la quejosa insiste en que la fundamentación de la competencia del funcionario que suscribió la certificación mencionada debe ser exhaustiva y, para ello, era necesaria la cita del numeral 4 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, así como de los diversos 3 y 5 de ese reglamento. Ese motivo de disenso es jurídicamente ineficaz. Las garantías de legalidad y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exigen que los actos de autoridad deban estar fundados y motivados; por eso, una de sus condiciones esenciales es que la autoridad cite con precisión y claridad, las normas legales que le otorgan la potestad para actuar en la manera en que lo hace. Sin embargo, el tipo de normas que deben invocarse, está en relación con la facultad que se ejerce. Así, tratándose de actos privativos o actos de molestia, la autoridad administrativa debe citar el precepto en el que expresamente se determina que puede ejecutar la conducta positiva u omisiva que realiza, que comúnmente se identifica como su competencia material, porque describe la actividad que puede efectuar. También deberá citar la norma que determina que, dada su jerarquía, es la autoridad facultada para ejercer esas atribuciones materiales y, finalmente, los preceptos que justifican que puede desempeñarla en determinado ámbito territorial, pues estas últimas normas garantizan que el particular conozca que la autoridad que lo priva de sus bienes, posesiones o papeles, o simplemente lo molesta en éstos, puede actuar en el lugar en el que se encuentran. No obstante, el acto de certificar, esto es, el dar fe de que la información que se plasma en un documento, corresponde a la que se conserva en otro o en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, si bien forma parte de la actividad administrativa, no es un acto de molestia, menos un acto privativo que trascienda de inmediato a la esfera jurídica de los particulares, pues ni siquiera está dirigido a ser notificado, simplemente se relaciona con la validez de una prueba. Es decir, su fin es dar autenticidad a un instrumento por las condiciones en que se elaboró, y si bien, sí requiere que el funcionario tenga la potestad de dar fe pública, no se exige que se invoquen todos los preceptos que justifiquen que ese funcionario puede ejercer tal atribución. Lo anterior, porque la obligación de fundar y motivar la competencia del funcionario emisor de un acto autoritario se encuentra vinculada con el derecho a una defensa adecuada del particular al que se encuentra dirigido, que desde luego no se ve afectado con motivo de una certificación cuyo propósito es hacer constar la existencia de determinada información para que obre como prueba en un juicio, no así incidir en la esfera jurídica del gobernado. Apoya lo anterior, la tesis de este Tribunal Colegiado, identificada con el número XVI.1o.A.40 A (10a.), publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el dos de mayo de dos mil catorce, de rubro y texto: ‘CERTIFICACIÓN DE ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SU VALOR PROBATORIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO DEPENDE DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LA REALIZÓ. La fundamentación exhaustiva de la competencia es una característica que deben revestir los actos de molestia, regidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ser considerados legales, motivo por el cual, el vicio de la indebida fundamentación de la competencia conlleva la ilegalidad de la resolución administrativa. Así, dicha exigencia constitucional está relacionada con el acto administrativo, dentro del cual se circunscribe la actuación de la autoridad demandada, y no con el alcance demostrativo de los medios de convicción allegados al juicio contencioso administrativo, pues este último tópico atañe a la verificación de las proposiciones que los litigantes formulan o a una forma de crear convicción en el juzgador. De acuerdo con lo anterior, es jurídicamente incorrecto sostener que el valor de una prueba ofrecida como documental pública dependa de la fundamentación de la competencia de la autoridad emisora, porque no está bajo escrutinio jurisdiccional su legalidad, sino su eficacia y alcance probatorio. En ese contexto, es incorrecto afirmar que la certificación de los estados de cuenta individuales de los trabajadores por el Instituto Mexicano del Seguro Social carezca de valor probatorio, porque la autoridad que la realizó no fundó debidamente su competencia para ello, pues no deben confundirse los requisitos de legalidad de los actos impugnados con el valor y apreciación de las pruebas, debido a que sería partir de la errónea premisa de que la eficacia probatoria de esa certificación deriva de que la autoridad cumpla con un requisito de legalidad de los actos de molestia, como es la cita exhaustiva de los artículos que le otorgan competencia, pues la capacidad de tal probanza de generar convicción en el juzgador depende de su contenido, así como de que la contraparte la objete en cuanto a su validez material y formal.’. Por eso, no se comparte la tesis de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de rubro: ‘CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSERVADA POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, A FIN DE OTORGARLES VALOR PROBATORIO EN EL JUICIO DE NULIDAD, LA AUTORIDAD DEBE FUNDAR LA FACULTAD RELATIVA.’, dado que, se insiste, al no ser la certificación un acto privativo o de molestia, la autoridad que la emite no debe fundar y motivar su actuación, sino que basta que tenga la atribución para efectuarla, como se obtiene de la diversa tesis del citado tribunal, que invoca la quejosa, de rubro: ‘ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES SI NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS POR FUNCIONARIO LEGALMENTE COMPETENTE PARA ELLO, NO PUEDEN TENER VALOR PROBATORIO PLENO Y POR TANTO NO PUEDEN CONSIDERARSE APTOS PARA ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL ENTRE LOS TRABAJADORES Y EL PATRÓN.’. Asimismo, tampoco se comparten las diversas consideraciones supuestamente plasmadas en la sentencia dictada por la Sala responsable, al resolver el diverso juicio de nulidad ********** y, por ende, no le benefician a la impetrante, en tanto que pugnan con las conclusiones alcanzadas por este Tribunal Colegiado. Corolario de lo anterior, carece de eficacia jurídica que con base en la exigencia de citar diversos preceptos en la certificación de los estados de cuenta, que se tiene visto es infundada, la quejosa alegue que la demandada no desvirtúa la negativa del vínculo laboral; que no es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 202/2007, y la irrelevancia de las consideraciones de la responsable relativas a que: las consultas están debidamente certificadas, porque cada una de las hojas contiene el sello del Instituto Mexicano del Seguro Social; de conformidad con la Ley del Seguro Social y su reglamento, este ente administrativo tiene atribuciones para guardar la información sin necesidad de presentar el documento suscrito por éste o el que contenga su firma electrónica, y es innecesario exigir el perfeccionamiento de las constancias con la exhibición de diversas documentales, porque en ellas aparece el número de registro patronal. II. Trascendencia de reflejar en el estado de cuenta individual el primer movimiento afiliatorio. En otro orden de ideas, es también infundado el segundo concepto de violación, relativo a que los estados de cuenta individual a través de los cuales se estimó acreditada la relación laboral, no reflejan un historial completo de los movimientos afiliatorios de cada supuesto trabajador atribuido a la quejosa, puesto que no se obtiene la primera alta o inscripción, ni existe la certeza de que se trate de un historial real. La ineficacia de dicha alegación estriba en que debe entenderse que los certificados de cuenta individual corresponden a la relación laboral con los sujetos a que se refieren, por el periodo en que son emitidos. Esto es, demuestran que los trabajadores enunciados y que coinciden con los mencionados en la cédula de liquidación, estaban subordinados a la empresa quejosa en el sexto bimestre de dos mil once, pues fue respecto de ellos y por ese periodo que se determinaron las cuotas omitidas, por lo que es intrascendente, para efectos de la liquidación, que el funcionario que emitió la certificación haga constar cuándo se dio el primer movimiento afiliatorio, esto es, la primera ocasión en que el trabajador fue dado de alta, porque lo relevante es que certifique que durante el periodo revisado existía un vínculo de trabajo con los sujetos respecto de los cuales la patronal omitió enterar las aportaciones correspondientes. Al respecto, es aplicable la tesis XVI.1o.A.36 A (10a.), de este Tribunal Colegiado, publicada el veinticinco de abril de dos mil catorce, cuyos epígrafe y texto señalan: ‘ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES EMITIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES INTRASCENDENTE, PARA EFECTOS DE UNA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OMITIDAS, QUE HAGAN CONSTAR CUÁNDO SE DIO EL PRIMER MOVIMIENTO AFILIATORIO. Los estados de cuenta individuales de los trabajadores emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, corresponden a la relación laboral por el periodo que indican. En virtud de lo anterior, es intrascendente, para efectos de una liquidación de cuotas omitidas, que hagan constar cuándo se dio el primer movimiento afiliatorio, esto es, la primera ocasión en que el trabajador fue dado de alta, pues lo relevante es que certifiquen que durante el lapso que comprenden existía un vínculo de trabajo con los sujetos respecto de los cuales la patronal omitió enterar las aportaciones correspondientes.’. Así, las tesis invocadas por la quejosa, intituladas: ‘ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER SU CERTIFICACIÓN POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CUANDO EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NIEGA LA EXISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL.’ y ‘ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. NO PUEDE CONSIDERARSE COMO TALES LAS IMPRESIONES DE PANTALLA DE LOS DATOS ALFANUMÉRICOS SIN PROCESAMIENTO NI CÓDIGOS DE INTERPRETACIÓN QUE APARECEN EN EL SISTEMA DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AUN CUANDO CONTENGAN SELLOS CON LA LEYENDA «CERTIFICADO» Y EN ÉSTA SE ASEGURE QUE SU CONTENIDO SE CONCORDÓ CON LOS ARCHIVOS.’, no son aplicables al caso, dado que en esta ejecutoria se analiza la exigencia de que las certificaciones de estados de cuenta individual contengan el historial completo de cada trabajador, lo que este tribunal considera innecesario, tema que no se aborda en dichas tesis. Por otra parte, tampoco se comparten las diversas consideraciones supuestamente plasmadas en la sentencia dictada por la Sala responsable, al resolver el diverso juicio de nulidad ********** y, por ende, no le benefician a la impetrante, en tanto que pugnan con las conclusiones alcanzadas por este Tribunal Colegiado. En términos similares se pronunció este Tribunal Colegiado, al resolver los juicios de amparo directos administrativos 18/2013 y 74/2014, en sesiones de veinte de marzo y veintitrés de abril de dos mil catorce. Así, ante lo ineficaz de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado. III. Alegatos de la tercera interesada. Sólo resta precisar que no serán materia de pronunciamiento expreso los alegatos formulados por el titular de la jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, habida cuenta que no se advierte que se hagan valer causales de improcedencia que deban ser estudiadas por este Tribunal Colegiado y, además, los planteamientos que hace quedan contestados con las consideraciones precedentes."

2. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el ocho de agosto de dos mil catorce el amparo directo administrativo **********, sostuvo, en lo conducente, las siguientes consideraciones:

"QUINTO. El quinto concepto de violación es infundado en una parte e inoperante en otra; una parte del primero es infundado, el tercero es inoperante, en tanto que la otra parte del primero, el segundo y el cuarto son fundados pero inoperantes. Por el tema que aborda, procede ocuparse, en primer lugar, del quinto concepto de violación que plantea la inconstitucionalidad de los artículos 68 a 75 del Reglamento de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, por extralimitar y exc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25541-6c212e95/seguridad-publica-condiciones-y-parametros-de-la-obligacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.