ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL. ES INNECESARIO CITAR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE OCTUBRE DE 2007, PARA FUNDAMENTAR SU COMPETENCIA EN RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESE ORDENAMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 29 DE ABRIL DE 2014. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO, JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ, RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ, ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO, JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ Y DE JOSÉ JUAN BUENO VÁZQUEZ, SECRETARIO AUTORIZADO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO. PONENTE: RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ. SECRETARIO: RAMÓN LOZANO BERNAL.
Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Pleno del Decimosexto Circuito en Materia Administrativa, correspondiente al día veintinueve de abril de dos mil catorce.
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio número 34/2014, recibido por el secretario de Acuerdos del Pleno del Decimosexto Circuito en Materia Administrativa, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del citado circuito denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por ese órgano colegiado, al resolver el amparo directo 508/2013, y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del propio circuito (ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa), al fallar el recurso de revisión fiscal 4/2010 (fojas 1 a 4 del presente toca).
SEGUNDO. El oficio y sus anexos fueron motivo del acuerdo emitido por el presidente del Pleno del Decimosexto Circuito en Materia Administrativa, de once de marzo del presente año, donde precisó que la contradicción fue denunciada por parte legítima y que no advertía circunstancias que afectaran su procedencia, por lo que la admitió a trámite y fue registrada con el número 2/2014. Asimismo, solicitó al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito copia certificada de la resolución recaída al recurso de revisión fiscal 4/2010 e informara si el criterio sustentado en ese asunto seguía vigente. Además, solicitó del secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, que certificara que ese órgano sólo ha emitido un criterio en cuanto al tema de la contradicción (fojas 48 y 49).
TERCERO. Por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil catorce, el presidente del Pleno de Circuito tuvo por cumplimentado lo ordenado en el citado auto de once de marzo de la misma anualidad (foja 132).
CUARTO. El veinte de marzo de dos mil catorce, el presidente del Pleno de Circuito emitió acuerdo, en el cual turnó los autos al Magistrado Ramiro Rodríguez Pérez, para la formulación del proyecto de resolución respectivo (foja 135).
QUINTO. Por proveído de veintiséis siguiente, el nombrado presidente del Pleno de Circuito tuvo por recibido el oficio CCST-X-45-03-2014 de la Coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que acompañó el diverso SGA/GVP/140/2014 del secretario general de Acuerdos del mencionado Alto Tribunal, en el que se informa que no se observó la existencia de alguna contradicción de tesis relativa al tema de esta contradicción.
El proyecto de resolución se envió el uno de abril de dos mil catorce, vía electrónica, a los Magistrados integrantes del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, para su análisis y estudio, para efecto de formular observaciones, tal como se desprende de la certificación glosada al toca (foja 182); y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Pleno del Decimosexto Circuito en Materia Administrativa es competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de los numerales 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 9, primer párrafo, del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por versar sobre una contradicción de criterios de dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Decimosexto Circuito.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 227, fracción III, de la Ley de Amparo y 37, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues fue presentada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, uno de los órganos contendientes.
TERCERO. Para mejor comprensión del asunto y, posteriormente, determinar si existe la contradicción de criterios, es preciso señalar que el denunciante, expuso, básicamente, lo siguiente:
• El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito (actual denominación), en sesión de treinta de abril de dos mil diez, al resolver el recurso de revisión fiscal 4/2010, determinó que es necesario citar en el oficio de observaciones el artículo segundo transitorio, fracción VII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de octubre de dos mil siete, para estimar suficientemente fundada la competencia de la Administración Local de Auditoría Fiscal de León, para emitir ese acto; en tanto que más allá de si el nuevo reglamento interior creó o no unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, o sólo les fijó su esfera de facultades y atribuciones, para estar en condiciones de conocer si la autoridad emisora del oficio de observaciones y de la resolución determinante del crédito fiscal era la competente para continuar y concluir el procedimiento de revisión, a través de la determinación de los tributos, resulta indispensable que, además, se cite el artículo segundo transitorio, fracción VII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, como parte de la fundamentación de su competencia para dictar los mencionados actos con apoyo en el aludido reglamento, tomando en cuenta que el procedimiento derivado de la primigenia orden de revisión estaba pendiente a la fecha de entrada en vigor de ese ordenamiento e inició a raíz de un acto dictado con apoyo en el reglamento abrogado y conforme a las facultades conferidas en el mismo a la autoridad emisora de la orden.
• Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al resolver en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil trece, el amparo directo 508/2013, determinó que la circunstancia de que el procedimiento derivado de la primigenia orden de visita inició a raíz de un acto dictado con apoyo en el reglamento abrogado y estaba pendiente de concluir a la fecha de entrada en vigor del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil siete, no se hace necesario, para considerar suficientemente fundada la competencia de la Administración Local de Auditoría Fiscal de León, para emitir la resolución determinante, que se citara el artículo segundo transitorio, fracción VII, de aquel ordenamiento, como parte de la fundamentación de su competencia, pues por ubicarse en el ámbito de la regla general en que lo aplicable es el precepto vigente, bastaba que invocara los preceptos del nuevo ordenamiento que le autorizaron emitir la resolución determinante, sin necesidad de invocar el aludido precepto transitorio, que sólo consigna disposiciones de carácter general.
Así, es conveniente señalar los antecedentes de ambas ejecutorias.
Antecedentes del recurso de revisión fiscal 4/2010, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito.
Mediante oficio número 324-SAT-11-III-1-07-2278, de veintiséis de febrero de dos mil siete, la Administración Local de Auditoría Fiscal de León emitió la orden de revisión de gabinete número GPF0200009/07, a **********, donde le solicitó diversa información y documentación para su análisis, con el objeto de verificar el correcto cumplimiento como sujeto directo del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado por el ejercicio fiscal de dos mil tres.
La propia administración emitió el oficio número 500-35-00-04-01-2008-4050, de veintiséis de febrero de dos mil ocho, donde se dan a conocer las observaciones determinadas como resultado de la revisión.
La verificación culminó con la emisión del documento determinante, contenido en el oficio 500-35-00-04-01-2008-11175, de fecha treinta de junio de dos mil ocho, por la misma Administración Local de Auditoría Fiscal de León, Guanajuato, mediante la cual se determinaron los créditos fiscales **********, **********, **********, ********** y **********, por concepto de impuesto sobre la renta actualizado, impuesto al valor agregado actualizado, recargos y multas.
Contra esa determinación, el contribuyente promovió juicio de nulidad, del que correspondió conocer a la Sala Regional del Centro III, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la que emitió sentencia el tres de agosto de dos mil nueve y, en lo que incumbe, declaró fundado un motivo de nulidad.
Al respecto, la Sala, después de exponer en qué consiste la garantía de fundamentación y motivación, precisó que a través del oficio número 500-35-00-04-01-2008-4050, de veintiséis de febrero de dos mil ocho, la Administración Local de Auditoría Fiscal de León le dio a conocer al contribuyente y actor las observaciones de la revisión de gabinete; oficio del cual observó que la Administración Local de Auditoría Fiscal de León fundó su competencia en diversas normas del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil siete, así como en otras del acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el mismo medio el dos de noviembre de dos mil cinco y modificado mediante acuerdo publicado en el órgano oficial antes aludido el veinticuatro de mayo de dos mil seis, pero la fundamentación no es suficiente para tener por acreditada la competencia de la autoridad emisora.
Lo que estimó así, en razón de que la emisión del oficio de observaciones determinadas como resultado de la revisión, tiene su origen en la orden de revisión de gabinete contenida en el oficio número 324-SAT-11-III-1-07-2278, de veintiséis de febrero de dos mil siete, la que fue emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal de León, con base en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, el cual fue abrogado en los términos del artículo segundo transitorio, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil siete.
Consideró la Sala Regional que, de acuerdo al texto de los artículos primero y segundo transitorios, fracciones I y VII, del Reglamento Interior, publicado el veintidós de octubre de dos mil siete, se abrogó el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, y que los asuntos que se refirieran a actos o resoluciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor del reglamento que se emite mediante este decreto se tramitarán y resolverán por la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria que tenga para estos efectos la competencia por sujetos, entidades y materias que corresponda, conforme al citado reglamento.
Concluyó que en el oficio de observaciones número 500-35-00-04-01-2008-4050, de veintiséis de febrero de dos mil ocho, la Administración Local de Auditoría Fiscal de León debió fundar su actuar en el artículo segundo transitorio, fracción VII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil siete, pues ese ordenamiento legal es el que prevé que la administración de nombre análogo, prevista en el diverso Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, ya no tenía existencia jurídica, siendo la autoridad actuante en la fecha citada en primer término (veintiséis de febrero de dos mil siete) la competente para continuar con la prosecución del procedimiento de fiscalización; por lo que, al no haber citado tal disposición, no se fundó debidamente la competencia de una autoridad que actuó sobre la contabilidad de la parte actora, emitiendo un acto que, inclusive, sirve de motivación principal para la emisión de la resolución impugnada.
La sentencia fue impugnada por la demandada, mediante recurso de revisión fiscal, del que conoció el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este circuito (ahora especializado sólo en materia administrativa), con el número 4/2010, resuelto el treinta de abril de dos mil diez.
En la materia del presente asunto, el citado órgano colegiado determinó:
"En otro aspecto, contrario a lo expuesto por la recurrente, como lo apreció la Sala Fiscal, al calificar como fundados los conceptos de anulación segundo y tercero, sí era necesario que en el oficio de observaciones la Administración Local de Auditoría Fiscal de León citara el artículo segundo transitorio, fracción VII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de octubre de dos mil siete, para estimar suficientemente fundada la competencia de esa autoridad para emitir el acto.
"El referido precepto transitorio, en la parte que el actor estimó no citada en el oficio de observaciones (párrafo primero), establece que para los efectos del artículo primero del decreto que lo contiene, los asuntos que se refieran a actos o resoluciones que se hayan emitido con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo reglamento, se tramitarán y resolverán por la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria que tenga la competencia por sujetos, entidades y materias que corresponda, conforme al propio reglamento.
"Lo anterior implica la existencia de asuntos en trámite ante las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, pendientes de resolver a la fecha de entrada en vigor del aludido reglamento, iniciados con motivo de actos o resoluciones que tuvieron lugar con anterioridad.
"Esos actos y resoluciones fueron emitidos por las unidades administrativas respectivas con apoyo en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en la época de su emisión, y conforme a la distribución de las facultades y atribuciones establecidas en los propios ordenamientos, entre ellos, el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil cinco.
"En el caso, de las constancias del expediente del juicio de nulidad se desprende que la revisión de la contabilidad para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia del impuesto al valor agregado mensual e impuesto sobre la renta, por el ejercicio fiscal comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil tres, a la que se sujetó a la parte actora, inició con motivo de la solicitud de información y documentación contenida en el oficio número 324-SAT-11-III-1-07-2278, de veintiséis de febrero de dos mil siete, emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal de León, con apoyo en las facultades que para tal efecto le otorgaban los preceptos que citó del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco.
"El veintidós de octubre de dos mil siete se publicó en el mencionado medio de difusión un nuevo Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que abrogó al antes mencionado, conforme al artículo segundo transitorio, fracción I, del decreto relativo.
"El oficio número 500-35-00-04-01-2008-4050, de veintiséis de febrero de dos mil ocho, por el que se dieron a conocer al contribuyente las observaciones determinadas como resultado de la revisión y la resolución mediante la cual se determinó el crédito fiscal, contenida en el diverso oficio número 500-35-00-04-01-2008-11175, de treinta de junio del año en cita, ambos suscritos por el administrador local de Auditoría Fiscal de León, fueron emitidos con apoyo en las disposiciones del nuevo reglamento y conforme a las facultades que a esa autoridad otorgaba el propio ordenamiento reglamentario, citando como fundamento de ello las disposiciones que estimó pertinentes.
"Ante esas circunstancias, más allá de si el nuevo reglamento interior creó o no unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, entre ellas, la Administración Local de Auditoría Fiscal de León, o sólo les fijó su esfera de facultades y atribuciones, lo fundamental es que, como lo expuso la parte actora en los conceptos de anulación segundo y tercero, y también lo apreció la Sala resolutora, para estar en condiciones de conocer si la referida administración, en cuanto autoridad emisora del oficio de observaciones y de la resolución determinante del crédito fiscal, era la competente para continuar y concluir el procedimiento de revisión, a través de la determinación de los tributos, resultaba indispensable que, además, citara el artículo segundo transitorio, fracción VII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de octubre de dos mil siete, como parte de la fundamentación de su competencia para dictar los mencionados actos con apoyo en el aludido reglamento, tomando en cuenta que el procedimiento derivado de la primigenia orden de revisión estaba pendiente a la fecha de entrada en vigor de ese ordenamiento e inició a raíz de un acto dictado con apoyo en el reglamento abrogado y conforme a las facultades conferidas en el mismo a la autoridad emisora de la orden."
Antecedentes del amparo directo 508/2013, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito.
Mediante oficio 324-SAT-11-III-1053482, de nueve de junio de dos mil cinco, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal de León, se ordenó la práctica de una visita domiciliaria a la contribuyente **********, **********, con el propósito de verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales y aduaneras como sujeto directo y responsable solidario de los impuestos generales de importación y de exportación, derechos de trámite aduanero, cuotas compensatorias e impuesto al valor agregado; así como para verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de procedencia extranjera y el cumplimiento de las restricciones o regulaciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas correspondientes.
Resultado de dicha orden, se emitieron dos resoluciones determinantes: una contenida en el oficio 324-SAT-11-III-4A1-6-6859, de treinta y uno de mayo de dos mil seis, derivado del procedimiento de visita domiciliaria, y otra derivada del procedimiento administrativo en materia aduanera, emitida en el oficio 324-SAT-11-III-4A3-06-8858, de once de septiembre de dos mil seis.
La orden de visita y las resoluciones determinantes se emitieron con fundamento en las facultades que para tal efecto otorgaban los preceptos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, el que se abrogó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio, fracción I, del nuevo reglamento, publicado en ese medio de difusión, el veintidós de octubre de dos mil siete.
El crédito fincado en el procedimiento de visita fue impugnado por la contribuyente, mediante el recurso de revocación RL. 542/2006, resuelto el once de noviembre de dos mil seis, donde se confirmó; determinación impugnada en el juicio de nulidad 176/07-10-01-5, que concluyó con la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil nueve, en el sentido de declarar su nulidad por derivar de un procedimiento viciado de origen por indebida fundamentación de la competencia territorial del funcionario que emitió la orden de visita. Dicha resolución fue confirmada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 165/2009 de su índice, mediante ejecutoria de dieciséis de octubre de dos mil nueve.
Por lo que ve al crédito derivado del procedimiento administrativo en materia aduanera, la contribuyente interpuso recurso de revocación RL. 714/05, el que mediante oficio 325-SAT-11-III-3-63536, de treinta de noviembre de dos mil seis, confirmó la resolución impugnada.
En contra de lo decidido en sede administrativa, la contribuyente promovió demanda de nulidad registrada con el número de expediente 481/07-10-01, el que se resolvió por la Sala Fiscal el seis de abril de dos mil nueve, la que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y de la recurrida por la indebida fundamentación de la competencia territorial de quien emitió la orden de visita referida.
Inconforme, la autoridad demandada, por conducto de la Administración Local Jurídica de Celaya, interpuso recurso de revisión fiscal, cuyo conocimiento, por razón de turno, correspondió al ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en donde se registró como recurso de revisión fiscal 169/2009 y, el dieciséis de octubre de dos mil nueve, se revocó la sentencia recurrida y se ordenó reponer el procedimiento, porque, para declarar la nulidad en los términos que lo hizo, la Sala atendió a la orden de visita exhibida por la contribuyente, cuyo ofrecimiento no fue acordado en autos.
El cinco de noviembre de dos mil diez, la Sala Fiscal emitió una nueva sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.
Inconforme con esta resolución, la actora promovió el juicio de amparo directo 215/2011, del índice del Primer Tribunal Colegiado, en el que, por ejecutoria de diez de junio de dos mil once, se concedió la protección constitucional, en concreto, para que se volvieran a valorar dos facturas.
En cumplimiento a ese fallo, la Sala Fiscal emitió una nueva sentencia el veintidós de junio de dos mil once, en la que declaró la nulidad de la resolución determinante impugnada.
En atención a lo anterior, el dos de mayo de dos mil doce, el administrador local de Auditoría Fiscal de León emitió el oficio 500-35-00-07-02-2012-4733, por el que se determinó la situación fiscal de la actora.
Contra ese documento determinante, la contribuyente promovió juicio anulatorio, al que correspondió el número 12/2237-10-01-1-4-OT, resuelto por la Sala Regional del Centro III, del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, el dieciséis de mayo de dos mil trece, en la cual, al dar respuesta al tercer concepto de anulación, argumentó que conforme al artículo segundo transitorio, fracción VII, del decreto por el que se expidió el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil siete, los actos o resoluciones que se hayan emitido con anterioridad a la entrada en vigor del reglamento, se tramitarán y resolverán por la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria que tenga la competencia; lo cual, precisó, no implica que sea una norma que otorgue competencia a la autoridad demandada.
Agregó que si bien, en el caso, las facultades de comprobación fueron iniciadas por la Administración Local de Auditoría Fiscal de León, con fundamento en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, y que a la fecha de la emisión de la resolución impugnada, el vigente es el publicado en ese medio de difusión el veintidós de octubre de dos mil siete, es innecesaria la cita de la fracción VII del artículo segundo transitorio, ya que no otorga competencia a la autoridad demandada para continuar la sustanciación del procedimiento, sino que "estatuye en el ordenamiento legal un principio jurídico que se debe respetar, incluso, no estando inserto en dicho ordenamiento, como lo es la aplicación de las norma (sic) adjetivas vigentes en la época que se ejercen las facultades".
Por lo que, concluyó la Sala Fiscal, la autoridad cuenta con competencia para emitir la liquidación, de conformidad con los preceptos que son sustento de la resolución controvertida, consistentes en los artículos 17, párrafo primero, fracciones III, XVI, XVII, XX y XXXVIII, penúltimo párrafo, numeral 9 y último párrafo, y 19, primer párrafo, apartado A, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.
Inconforme, **********, **********, promovió demanda de garantías, que fue admitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito y se registró con el número 508/2013, el que fue resuelto en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil trece.
En dicha ejecutoria, en lo que interesa, el mencionado Tribunal Colegiado resolvió:
"En otro orden de ideas, aduce la quejosa que, al contrario de lo resuelto por la Sala Fiscal, en la resolución impugnada debió citarse como fundamento de la competencia de la autoridad que la emitió el artículo segundo transitorio, fracción VII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil siete.
"Es infundado el motivo de disenso.
"Los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, conforme a los cuales, los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, que sean emitidos por autoridad competente cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa, en parte, que todo acto de autoridad, necesariamente, debe emitirse por quien para ello esté legitimado, lo que implica justificar en una norma la existencia de la autoridad administrativa, es decir, invocar en el acto de molestia el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación; en otra, que dicha autoridad tenga atribuciones para emitir actos que incidan en la esfera jurídica de los gobernados, citando con precisión el precepto legal que les otorgue la atribución ejercida y, en su caso, la respectiva fracción, inciso y subinciso, cuando así corresponda.
"De no proceder de esa manera, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, ya que, al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es patente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y si éste es o no conforme a la ley o a la Constitución, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la Ley Fundamental.
"Por tanto, la formalidad de fundar en el acto de molestia la competencia de la autoridad que lo suscribe, constituye un requisito esencial, toda vez que la eficacia o validez de dicho acto dependerá de que haya sido realizado por el órgano de la administración de que se trate, dentro del respectivo ámbito de sus atribuciones, regidas por una norma legal que le autorice a ejecutarlas.
"Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia número 104 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 82 del Tomo VI, Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’
"Para complementar lo anterior, la Segunda Sala de dicho Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que para estimar cumplida la garantía de fundamentación, prevista en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la fijación de la competencia de la autoridad en el acto de molestia, es necesario que en el documento se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorga las facultades a la autoridad emisora, y en caso de que tales normas legales contengan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el apartado, fracción o fracciones, incisos y subincisos en que se apoya su actuación, pues de lo contrario se dejaría al gobernado en estado de indefensión, pues no es dable alguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo con la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado con relación a las facultades de la autoridad, por
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25152-e24185d2/administraciones-locales-de-auditoria-fiscal-es-innecesario-citar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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