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Modo: Corpus Pro

FACULTADES DE VERIFICACIÓN. LA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 52-A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE, DEBE MOTIVARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 DEL PROPIO CÓDIGO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 429/2012. · Registro digital (IUS): 24489
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Pág. 825.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 429/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo tema de fondo se relaciona con la materia administrativa y en esta última se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO. No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o el mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de esta contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

Es aplicable al caso la tesis del Tribunal Pleno número P. I/2012 (10a.), que enseguida se reproduce:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Registro IUS: 2000331. Décima Época. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, tesis P. I/2012 (10a.), página 9)

TERCERO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por una de las partes que intervinieron en los juicios entre los que se suscita la posible contradicción.

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver la revisión fiscal 104/2011, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"CUARTO. El agravio hecho valer es parcialmente fundado, por las razones que se pasan a exponer. Previo al pronunciamiento respectivo se estima conveniente indicar que de las constancias que conforman el expediente fiscal de origen, se aprecia que la actora demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número ... de ... de diciembre de dos mil diez, emitida por la administradora local jurídica de Puebla Norte, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de la diversa resolución relativa al oficio ... de octubre de dos mil nueve, emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal de Toluca, determinante de un crédito fiscal, por concepto de impuesto sobre la renta de las personas morales, impuesto sobre la renta de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales, impuesto al valor agregado, actualizaciones, recargos y multas, por el ejercicio comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; el pago del reparto de utilidades a los trabajadores, inherente al ejercicio fiscal en comento; así como la resolución relativa al aludido oficio ... De la sentencia recurrida, se aprecia que la Sala Fiscal en el considerando tercero, declaró infundado el primer concepto de anulación de la demanda de nulidad, toda vez que la autoridad demandada sí fundó su competencia material, territorial y por grado. En el considerando cuarto, declaró fundado el segundo concepto de impugnación de la demanda de nulidad, toda vez que a criterio de la Sala no se satisface la afirmación de la autoridad demandada de que la información y documentación proporcionadas por el contador público que dictaminó los estados financieros no es suficiente (sic), dado que se deja en estado de inseguridad jurídica a la contribuyente, al no saber los motivos exactos por los cuales se ordenó directamente una visita domiciliaria, y si éstos se ubican en alguna de las hipótesis para la procedencia del ejercicio directo de facultades de comprobación a la actora, dado que no se trata de una facultad discrecional, sino que la autoridad se encuentra obligada a cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 52-A, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, es decir, a emitir una orden de visita domiciliaria en la que funde y motive correctamente su actuación, a fin de no dejar en estado de inseguridad jurídica a la promovente. En el único agravio, la autoridad recurrente esencialmente alega que la Sala Regional realizó una indebida interpretación de los artículos 42 y 52-A, fracción II, del código tributario federal, toda vez que basta el requerimiento de la documentación e información al contador público, y que la autoridad reciba dicha información y documentación, para que la autoridad demandada se encuentre en posibilidad de ejercer directamente con la contribuyente sus facultades de comprobación, sin que haya necesidad de efectuar mayor razonamiento, ya que el legislador en ningún momento condicionó el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, aun tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros. Añade la autoridad inconforme que el referido artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación establece tres hipótesis, respecto de las cuales la autoridad se encuentra en posibilidad de ejercer sus facultades de comprobación directamente con la contribuyente que ha dictaminado estados financieros, por lo que para cumplir con el principio de legalidad, basta que se indique cuál de las hipótesis del precepto legal en comento se actualizó para que se considere correcta la motivación de la orden de visita domiciliaria, es decir, no se exige que cuando la autoridad decide emitir la orden de visita domiciliaria, tenga que explicar pormenorizadamente la insuficiencia de la documentación e información aportadas por el contador público, máxime que en la fracción II de dicho precepto legal, el legislador dio un margen de autonomía y decisión propia para que la autoridad pueda determinar la situación fiscal de la contribuyente. Aduce la autoridad recurrente que la Sala Fiscal perdió de vista que el contador público al realizar el dictamen de estados financieros de la contribuyente, únicamente cuenta con los papeles de trabajo que utilizó al momento de determinar los estados financieros de la contribuyente, es decir, el contador en comento no cuenta con la contabilidad de la empresa contribuyente, razón por la cual en el precepto legal citado en párrafos anteriores, el legislador dejó un amplio margen de discrecionalidad para prever si a juicio de la autoridad no era suficiente la documentación e información aportadas por el contador público, la autoridad demandada a su juicio podía ejercer sus facultades de comprobación de manera directa con la contribuyente, a través de una visita domiciliaria, razón por la cual el legislador facultó a la autoridad demandada para que si a su consideración la documentación e información aportadas por el contador público registrado era insuficiente para determinar la situación fiscal de la contribuyente, entonces podría ejercer las atribuciones previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, requiriendo a la empresa contribuyente la documentación que estime pertinente, o en su caso ordenar la práctica de una visita domiciliaria, como ocurrió en el caso. Motivo por el cual, agrega la autoridad inconforme, es suficiente que la demandada señalara cuál de las hipótesis previstas en el artículo 52-A, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, se configuró, para que en ejercicio de sus facultades discrecionales girara una orden de visita domiciliaria, al haber indicado que ‘el citado profesionista proporcionó información y documentación, la cual una vez estudiada y valorada se conoció que no fue suficiente para observar la situación fiscal de la contribuyente’, sin que se tenga que ampliar esa obligación o tener que señalar en forma casuística los motivos por los cuales fue insuficiente dicha información y documentación, dado que ello implicaría determinar a priori en la orden de visita conclusiones inherentes al comportamiento de la empresa contribuyente, lo cual excede los requisitos de fundamentación y motivación que debe revestir la orden de visita domiciliaria. Agrega la autoridad recurrente que la Sala Fiscal perdió de vista que la autoridad demandada en ningún momento indicó en la orden de visita domiciliaria que la documentación del contador público estaba incompleta, sino lo que señaló fue que el citado profesionista sí proporcionó la información y documentación; sin embargo, del análisis efectuado por la autoridad, y en ejercicio de sus facultades discrecionales, estimó que dicha documentación no era suficiente para conocer la situación fiscal de la contribuyente; además de que no existe en el artículo 52-A, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la obligación que refiere la Sala, ya que dicho precepto legal no establece la obligación de motivar las circunstancias especiales que se conocieron del resultado del dictamen de estados financieros, por lo que con el razonamiento indicado en la orden de visita en comento se cumplió con el requisito de motivación. Añade la autoridad inconforme que el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, sí establece la facultad discrecional de la autoridad de decidir a su juicio si la información proporcionada por el contador público, dentro de la revisión del dictamen de estados financieros, es insuficiente para conocer la situación fiscal de la empresa contribuyente, facultad que se replica en la posibilidad de la autoridad para decidir si ejerce sus facultades de comprobación directamente con la contribuyente, aun cuando se trate de una empresa que dictaminó sus estados financieros, lo cual no fue considerado por la Sala Fiscal, quien únicamente se limitó a realizar ‘un breve resumen de un párrafo del argumento vertido por esta representación fiscal’, como se aprecia del párrafo final de la foja 10 de la sentencia recurrida, es decir, la Sala violó los principios de congruencia y exhaustividad, al omitir el estudio de las manifestaciones y probanzas que obran en el expediente fiscal de origen. Ahora bien, ... este Tribunal Colegiado considera incorrecto lo sostenido ... por la Sala Regional, por las razones que a continuación se exponen: Los artículos 42, párrafo primero, fracciones III, IV, y párrafo segundo y 52-A, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación aplicable, disponen lo siguiente: (se transcriben). De lo anterior se advierte que el artículo 42, fracciones III y IV, del código tributario federal, dispone que la autoridad hacendaria cuenta con facultades para ordenar visitas domiciliarias y revisar los dictámenes formulados por los contadores públicos registrados en relación con los estados financieros de los contribuyentes, los cuales se rigen por los procedimientos establecidos en dicho ordenamiento legal, por lo que para que la autoridad demandada se encuentre en posibilidad de ordenar una visita domiciliaria a un contribuyente que opta por dictaminarse por contador público registrado, la actuación de éste debe ajustarse a los lineamientos indicados en el artículo 52-A, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, siendo éstos los siguientes: 1. Que la autoridad fiscalizadora haya requerido al contador público registrado la información y documentación que considere pertinente, para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la contribuyente. 2. Que después de haber recibido la información y documentación solicitadas al contador público, se dé alguno de los supuestos siguientes: a) Que a juicio de la autoridad hacendaria no sea suficiente dicha documentación para conocer la situación fiscal de la contribuyente. b) Que la documentación no se presente dentro de los plazos establecidos en el artículo 53-A del Código Fiscal de la Federación. c) Que la información y documentación se proporcionen en forma incompleta. Ahora bien, en caso de que se actualice alguno de los supuestos indicados en el punto 2 anteriormente referido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52-A, fracción II, del código tributario federal, la autoridad fiscalizadora podrá ejercer sus facultades de comprobación directamente con la contribuyente dictaminada, razón por la cual, contrario a lo sostenido por la Sala Fiscal, se considera que en el caso no se trata de una facultad limitada, sino de una facultad discrecional expresa de que goza la autoridad hacendaria, respecto de la cual al emitir una orden de visita domiciliaria a una contribuyente que dictamine sus estados de cuenta financieros, como ocurrió en el caso, únicamente dicha autoridad se encuentra obligada a señalar alguno de los supuestos indicados en el punto 2 antes señalado, para que de esa forma se encuentre motivada la orden de visita en comento, como así sucedió en el presente asunto, puesto que de la orden de visita domiciliaria, se aprecia que la autoridad demandada indicó lo siguiente: ‘... En virtud de que mediante oficio ... de octubre de 2007, se le solicitó al contador público registrado ... lo siguiente: ... Mediante escrito de ... diciembre de 2007, recibido por esta administración el día 19 de diciembre de 2007, con número de registro ... el citado profesionista proporcionó información y documentación, la cual (sic) una vez estudiada y valorada se conoció que no fue suficiente para observar la situación fiscal de la contribuyente ... Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que esta autoridad no cuenta con los elementos necesarios que permitan tener un conocimiento pleno de su situación fiscal. Por lo antes expuesto, esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Toluca, con sede en ... Estado de México, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, en el ejercicio de sus facultades, le ordena la práctica de la presente visita domiciliaria, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta; y como retenedor, en materia de las siguientes contribuciones Federales: impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado.’. De lo antes indicado se aprecia que la autoridad demandada, después de que requirió al contador público registrado la información y documentación que consideró pertinente, para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la contribuyente, una vez que realizó el estudio y la valoración de dicha documentación estimó ‘que no fue suficiente para observar la situación fiscal de la contribuyente ...; por lo que esta autoridad no cuenta con los elementos necesarios que permitan tener un conocimiento pleno de su situación fiscal’; lo cual, contrario a lo sostenido por la Sala Fiscal, es suficiente para tener por motivada la orden de visita domiciliaria en comento. Se considera lo anterior, dado que, como fundadamente lo alega la autoridad recurrente, basta que en la orden de visita domiciliaria se indique la hipótesis que se actualizó en el asunto, para que se considere correcta la motivación de dicha orden de visita, además de que, contrario a lo sostenido por la Sala Fiscal, no se exige que cuando la autoridad fiscalizadora decida emitir una orden de visita domiciliaria tenga que explicar pormenorizadamente la insuficiencia de la documentación e información que en su momento fue proporcionada por el contador público registrado, así como las razones por las cuales ello no le permite a la autoridad conocer la situación fiscal de la contribuyente, puesto que ello será materia precisamente de la revisión que se practique. Ello es así, dado que ... la fracción II del referido artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, le otorga la facultad expresa a la autoridad hacendaria para ejercer sus facultades de comprobación de manera directa con la contribuyente, a través de una visita domiciliaria, razón por la cual se estima suficiente que la autoridad demandada haya indicado con precisión cuál de las hipótesis normativas previstas en el precepto legal antes mencionado se configuró, para que en ejercicio de dichas facultades discrecionales, mas no restringidas como incorrectamente lo sostuvo la Sala Regional, la autoridad girara la orden de visita domiciliaria a la contribuyente, dado que ésta es la única consecuencia jurídica regulada en la fracción II del mencionado artículo 52-A, que en este caso fue porque una vez analizada y valorada la documentación proporcionada por el contador público registrado, la autoridad demandada determinó en ejercicio de sus facultades expresas que no era suficiente para observar la situación fiscal de la contribuyente, la cual coincide con lo establecido en el referido artículo 52-A, fracción II, del código tributario federal, sin que la autoridad hacendaria tenga que ampliar o señalar en forma casuística los motivos por los cuales consideró insuficiente dicha documentación y motivación, dado que, como fundadamente lo alega la autoridad inconforme, ello implicaría determinar a priori en la orden de visita domiciliaria las conclusiones a las que, en su caso, arribaría la autoridad fiscalizadora en relación con el comportamiento de la empresa contribuyente, lo cual excede los alcances de la hipótesis normativa concreta que regula la fracción II antes referida y, por ende, requisitos de fundamentación y motivación que la orden de visita domiciliaria debe contener; lo cual al no haber sido entendido así por la Sala Fiscal, le irrogó el consiguiente agravio a la autoridad recurrente. Tiene aplicación al caso, en lo conducente y por compartirse, la tesis 49 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito ... cuyo contenido es el siguiente: ‘FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL SER DE CARÁCTER DISCRECIONAL PUEDEN EJERCERSE INDISTINTA, SUCESIVA O SIMULTÁNEAMENTE, INCLUSO TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO.’ (se transcribe). En las relatadas circunstancias, al haberse declarado fundado en el aspecto referido el agravio hecho valer, lo procedente es revocar la sentencia que se revisa, para el efecto de que la Sala Fiscal la deje insubsistente y, en su lugar emita otra en la que reitere el pronunciamiento efectuado en el considerando tercero (en el que estimó legal la competencia material, territorial y por grado de la autoridad demandada), al no haber sido controvertido en la vía idónea dicho pronunciamiento por la actora a quien perjudica y, siguiendo los lineamientos fijados en la presente ejecutoria, declare infundado el segundo concepto de anulación de la demanda de nulidad, vinculado con la motivación de la orden de visita domiciliaria y, con libertad de jurisdicción, analice los restantes conceptos de impugnación cuyo estudio omitió dado el sentido de su resolución, siguiendo para ello el orden establecido en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y resuelva lo que en derecho proceda. ..."

El criterio anterior dio origen a la tesis que a continuación se reproduce:

"REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL CONTRIBUYENTE CONFORME AL ARTÍCULO 52-A, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. FORMA EN QUE LAS AUTORIDADES FISCALES DEBEN MOTIVAR SU DETERMINACIÓN. El artículo 52-A, fracción II, del Código Fiscal de la Federación faculta a las autoridades fiscales, entre otros supuestos, a que en caso de que la información proporcionada por el contador público registrado, no sea suficiente a juicio de dichas autoridades para conocer la situación fiscal del contribuyente, ejerzan directamente con éste sus facultades de comprobación, para ello deberán motivar en tales términos la hipótesis actualizada de ese precepto legal, sin que sea dable exigir en esa etapa inicial de fiscalización una motivación exhaustiva, en virtud de que la única consecuencia jurídica normativamente prevista, es la relativa a que una vez analizada y valorada la documentación proporcionada por el contador público registrado, las autoridades fiscales hayan determinado, en ejercicio de sus facultades expresas, que no es suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente, sin que las autoridades hacendarias tengan que ampliar en forma casuística los motivos por los cuales consideran insuficiente dicha documentación e información, dado que ello implicaría determinar a priori en la orden de visita domiciliaria las conclusiones a las que, en su caso, arribarían en la etapa final fiscalizadora en relación con el comportamiento del contribuyente, lo cual excedería los alcances de la hipótesis normativa concreta que regula la referida fracción II del artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, el requisito de motivación que la orden de visita domiciliaria debe contener." (Décima Época. Registro IUS: 2000275. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, materia administrativa, tesis VI.1o.A.11 A (10a.), página 2403)

QUINTO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 461/2011, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Los argumentos hechos valer por la solicitante de amparo en parte son de desestimarse y, por lo demás resultan sustancialmente fundados. ... Finalmente, la peticionaria de amparo, alega que la sentencia reclamada transgrede la garantía de legalidad consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales, al estimar que fue emitida en contravención a la letra aplicable y a la interpretación jurídica del artículo 38, en relación con los numerales 52 y 52-A, fracción II, todos del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la Sala resolvió que la orden de revisión del dictamen u oficio de solicitud de información ... de veinticinco de septiembre de dos mil seis, que dio origen a la resolución impugnada en el juicio de nulidad, estaba correctamente motivada pues bastaba que la autoridad fiscalizadora haya señalado que los elementos de los estados financieros de la hoy quejosa por el ejercicio fiscal de dos mil uno, no eran suficientes para determinar su situación fiscal, sin que fuera necesario señalar los motivos por los que se considera que tales elementos eran insuficientes. Lo anterior, pues al parecer de la enjuiciante, dicha razón, no cumple con los requisitos de la debida fundamentación y motivación, que consiste en la obligación de señala

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24489-e79a4ed1/facultades-de-verificacion-la-establecida-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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